Los discapacitados de Valencia pagarán 300 euros más al mes por los recortes

VALENCIA// La Conselleria de Bienestar Social valenciana anunció el pasado 17 de enero un recorte del 9%, de forma lineal y no progresiva, en las ayudas a los centros que acogen a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.

Este recorte supondrá que algunos centros, la mayoría de ellos sin ánimo de lucro, recibirán hasta 100.000 euros menos al mes por lo que esa pérdida económica repercutirá en los usuarios.

Según la Plataforma Discapacidad en Lucha, esto supondrá que cada usuario pagará unos 300 euros más al mes al centro para ser atendido. Asimismo, también supondrá despidos de personal y recortes en algunos servicios que ahora se daban de forma gratuita.

Esta medida viene a añadirse al recorte del ministerio de hace tres meses, que rebajó hasta un 15% la cantidad que recibía cada persona con discapacidad. El caso del hijo de Javier Garcerá es uno de los más duros: en apenas cinco meses, ha pasado de cobrar 500 euros a casi 20 euros. Además, recuerda, “tenemos que pagar los medicamentos”. Desde enero, las familias con algún hijo con discapacidad pagan casi la mitad del coste de los medicamentos.

Aunque ya hay centros que están asumiendo este nuevo recorte del 9% -algunos asociaciones de pacientes lo elevan hasta el 13%- con recortes en personal, empezará a aplicarse con más intensidad en mayo o en junio. La Conselleria de Bienestar Social será la que informe del porcentaje de lo que deberá pagar cada usuario, en función del centro y del nivel de discapacidad que se tenga.

Curaciones milagrosas

Y ese es otro recorte encubierto: la valoración. Según denuncia la Plataforma Discapacidad en Lucha, “desde finales del año pasado se han incrementando las valoraciones, incluso a gente que no le tocaba”.

Un técnico de la Conselleria, casi nunca un médico, es el que hace las valoraciones y, en función de ellas, la administración valenciana decide la cantidad que se aporta según su grado y nivel. Entre los profesionales del sector ya corre el rumor sobre posibles irregularidades en estas valoraciones para que sean menores y ahorren dinero a la administración.

“En mi caso -cuenta Garcerá- vino un técnico de la Conselleria hace dos meses, me hizo cinco preguntas sobre mi hijo, y al poco me llegó una carta en el que me anunciaban que se bajaba el gasto”.

Su hijo, que fue valorado por un tribunal médico con un 80% de discapacidad definitiva, es autista profundo. Además, hace años, la Conselleria le concedió el grado máximo de dependencia que ahora le ha bajado. “Parece ser que mi hijo se ha curado de forma milagrosa”, ironiza Garcerá de forma incrédula.