Crónicas | Internacional
Cinco años de los Acuerdos de Paz | ¿Hay un final para la coca en Colombia? (IV)
“Las familias que viven del día a día subsistiendo de la economía de la coca no son narcoterroristas ni narcotraficantes. Es porque no les queda otra”, explica César Ruiz.
COLOMBIA | “Estamos luchando para que se cumpla el punto cuarto de los Acuerdos de la Habana. El campesinado tiene la voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero con garantías, porque no es arrancar por arrancar y dejar a la gente aguantando hambre”, afirma María Carvajal, lideresa de la Asociación Campesina de la región del Catatumbo (Ascamcat), en el departamento de Norte de Santander.
“Cuando conocimos los Acuerdos nos ilusionamos. Pensábamos que iba a ser un éxito, que de verdad el Gobierno quería sustituir la coca. Soñamos con las cooperativas, la comercialización de los productos y creíamos que nuestro sueño se iba a cumplir. Por eso le explicamos a la comunidad que se acogiera a la sustitución voluntaria, que vivir de la coca nos traía problemas. Y si la gente hoy en día ha vuelto a sembrar es porque el Gobierno la ha obligado. Porque, ¿qué más hace? Si se siembra yuca, la yuca no da para vivir. Si se siembra cacao, no hay carreteras para sacar la producción”, resalta la lideresa.
Carvajal ha liderado, entre otros procesos, el tema de la sustitución voluntaria de cultivos de coca, marihuana y amapola establecida en el punto cuatro del Acuerdo, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Muchas y muchos campesinos se acogieron al programa y arrancaron sus plantas de coca. Sin embargo, la comunidad rural se queja de que las ayudas del Gobierno no han llegado -o las que han llegado han sido insuficientes- y, además, el Estado manda operativos de erradicación forzada que crean enfrentamientos con la comunidad. “El Ejército llega a las comunidades con la orden de arrancar, pero el campesinado no lo permite y se organiza en asentamientos para proteger su único medio de subsistencia. En uno de estos intentos de erradicación el ejército mató al compañero Emérito Buendía y, en otro, asesinaron a mi sobrino Alejando Carvajal”.
Durante estos cinco años desde la firma del Acuerdo se ha visto un incremento de los cultivos de coca. Según el informe Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la producción potencial de coca ha aumentado en un 8% en 2020, siendo la región del Catatumbo la zona con mayor área sembrada en el país, con uno de sus municipios, Tibú, ocupando el primer lugar. Además de la erradicación forzada, el Gobierno está intentando reactivar la aspersión aérea con glifosato -un químico nocivo prohibido en Colombia en 2015- pese a la oposición de ONU.
En total, fueron 99.097 familias sembradoras de coca, de las más de 200.000, las que se inscribieron al PNIS en todo el país. “Muchas no llegaron a tiempo porque el registro cerró antes de que se pudieran apuntar”, destaca Olga Quintero, también lideresa de Ascamcat. “Tenemos quejas de las mismas familias que arrancaron y de los actores armados de la región, porque les dijimos que era mejor hacer el cambio y quitar las plantas de hoja de coca. El incumplimiento del Gobierno está causando que quienes promovimos esta sustitución seamos objeto de amenazas”, resalta César Ruiz, líder de Ascamcat y también del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). “A pesar de lo que dice el Estado, las familias que viven del día a día subsistiendo de la economía de la coca no son narcoterroristas ni narcotraficantes. Es porque no les queda otra. Si otros cultivos tuvieran un comercio asegurado, todo el mundo los sembraría”.
La Bufalera, un ejemplo de éxito comunitario para sustituir la coca
La finca La Bufalera es una granja de cría y recría de búfalos que se encuentra en la vereda de Puerto Matilde, en el departamento de Antioquia. Es un proyecto que nace en el año 2000 de la mano de campesinas y campesinos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), con el objetivo de promover una economía lejos de los cultivos de hoja de coca. El abandono estatal del Gobierno no ha hecho fácil la producción de alimentos, ya que faltan carreteras que permitan sacar el producto y obtener un beneficio. Es por ello que muchas personas se ven obligadas al cultivo de hoja de coca o, como lo llaman ellas, la “mata que mata”. Al contrario de lo que se pueda pensar, las personas que cultivan la coca y la convierten en la llamada “pasta base”, tienen unos beneficios muy precarios, ya que quien saca el beneficio real son los eslabones altos de la cadena del narcotráfico. Para la realización de la pasta base se utilizan químicos tales como la gasolina, el ácido sulfúrico y el amoniaco.
El funcionamiento del proyecto bufalero se basa en proporcionar diez hembras y un macho a cada socio o socia, con la condición de que devuelvan el mismo número de animales cuando las hembras tengan sus primeras crías. Además, cada diez años se traspasa a otra organización campesina, con el objetivo de expandir el modelo de economía sostenible y generación de soberanía alimentaria en otras zonas del país. “Es un proyecto en cadena para beneficiar a las familias más necesitadas que nace de la misma comunidad”, afirma María Solnirian Gutiérrez, integrante del proyecto en Puerto Matilde.
Primero se llevó el proyecto a Ascamcat y ahora se ha traspasado al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en Catatumbo, donde viven excombatientes de las FARC-EP, junto a sus familias. Dairo Alberto Vallejo, exguerrillero de las FARC-EP, es quien lo coordina. “La mayor parte de los proyectos han sido en acompañamiento de instituciones internacionales y en conjunto con las comunidades y organizaciones del territorio, como este proyecto de búfalos. Aquí no hay ni un peso del Gobierno y es grave, porque nosotros hicimos el compromiso con la sociedad de apostarle a la paz y nos preocupa que no se cumpla lo pactado. Aun así, con todo el incumplimiento, estoy más seguro que nunca que estamos caminando hacia la paz”.
DEFENSORXS DE LOS DDHH EN COLOMBIA: O NOS MATABA EL VIRUS O NOS MATABA EL GOBIERNO.
Sois parte del Programa de Acogida a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Aragón, no sé si nos podéis contar un poco cuál es la situación en cada zona o ámbito en el que trabajáis.
Eliécer Cáceres llegaba desde su radio afincada en el interior, al este del país, en el Departamento del Arauca para contarnos cómo es ser periodista en un Estado donde sólo en 2021 se produjeron 651 violaciones a la libertad de prensa.
Además de ser periodista, soy defensor de los derechos humanos. Y el ser periodista allí en mi región, y bueno en Colombia, es algo difícil porque digamos que la libre expresión no es tan libre. O nos limitan o no nos limitan pero nos señalan, nos estigmatizan, y a través de eso, nos hacen persecución. Yo creo que hay cientos de periodistas que han salido del país exiliados por la persecución del Estado. Los medios de comunicación en Colombia no son tan asequibles a la información real.
No dan voz a las comunidades que sufren la violencia y el conflicto armado, y las violaciones de los derechos humanos. Uno se convierte en un periodista pero además, en un defensor de los derechos humanos porque la empatía que uno siente con esas comunidades hace que se convierta en uno más de ellos, luchas por reivindicar sus derechos.
Santiago Salinas, Defensor de DDHH, llegaba desde la capital de Colombia, Bogotá, en el centro de este gran territorio con un maletín cargado de casos, decenas de ellos, de personas cuyo único crimen ha sido defender la tierra y quienes viven en ella
Hay un incremento en los procesos de judicialización y persecución al movimiento social. Es una forma de represión al movimiento de las últimas manifestaciones que ha habido. Hace menos de 15 días, hubo 29 capturas todas de jóvenes que participaron en espacios de manifestación.
Se ha librado orden de captura contra el 90% de las organizaciones sociales, en particular del Congreso de los Pueblos, y se han abierto diferentes causas contra líderes de la oposición. Hay un claro uso político del poder judicial para criminalizar todas aquellas apuestas políticas que son diferentes a las del Gobierno.
En ese ejercicio nosotros lo que hemos evidenciado es que se están valiendo principalmente de testigos que obtienen beneficios por estas declaraciones, estos testigos suelen ser personas que pertenecieron a alguna organización insurgente, que se han desmovilizado o que han sido capturados y en todo caso, estas personas tienen una condición. Obtienen un beneficio por realizar estas declaraciones y se encuentran, además, en el ámbito del control de las fuerzas militares, es decir, que se encuentran recluidos en prisiones ordinarias o en condición de cooperante con las brigadas lo que les quita autonomía para poder realizar estas declaraciones.
María Fernanda Yath, activista feminista, llegaba desde Bogotá pero también desde la costa norte, en la Región Caribe, cargada de anécdotas sobre el Paro Nacional pero también de cómo se habita en los cuerpos disidentes y de cómo todo esto se expresa a través del arte. Encontrar un dato que sirva de radiografía a este respecto no es nada fácil porque en Colombia el patriarcado camina de la mano del conflicto armado. En este 2021 el Registro Único de Víctimas contabilizaba que 33.874 personas habían sido víctimas de Delitos contra la libertad y la Integridad sexual por el conflicto armado, de las cuales en un 91,8%, eran mujeres.
Lo artístico no está tan distante de los movimientos sociales. Nos dimos cuenta en estas movilizaciones que lo artístico era como el fuego en otras épocas como las juntanzas, el arte, o la propuesta que hacen desde los indígenas del Cauca que es la minga y es juntarnos. Eso era el pretexto para juntarnos.
En cuanto a la situación del feminismo en Colombia, es tan diversa como tantas realidades, como lo es cada región. Entonces, vemos un feminismo urbano que se está peleando en estos momentos por que el aborto sea una posibilidad para todas las mujeres sin distinción pero también vemos en las comunidades otro tipo de feminismo que está pensando más en la defensa del territorio, más urgente para ellas, la defensa del agua, las alternativas que las hagan más independientes en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, en cuanto a la formación que también tiene que ver con lo político. Como han sido las mujeres rurales las que se han visto afectadas por el conflicto armado y ahora con las multinacionales que extraen recursos naturales pues estas mujeres tienen otra agenda dentro del feminismo y otra forma de ver el feminismo…
https://arainfo.org/defensorxs-de-los-derechos-humanos-en-colombia-en-estas-movilizaciones-lo-artistico-era-como-el-fuego-parte-1/