Defensa se remite a la ley franquista de Secretos Oficiales para no facilitar los expedientes a soldados de extrema derecha

Al ritmo de un himno de la División Azul y dentro de un recinto militar en Paracuellos del Jarama, varios militares vestidos de calle hacían el saludo nazi durante la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de las tropas de Infantería, en 2019. Un año después, y después de que lamarea.com lo desvelara, el Ministerio de Defensa sancionó a tres militares por una falta leve. ¿En qué consistió el apercibimiento? Defensa se remite a la ley franquista de Secretos Oficiales para no responder las preguntas en torno al expediente. 

Al amparo de la Ley de Transparencia, lamarea.com solicitó el pasado julio al Ministerio de Defensa los expedientes de investigación, en el caso de haberlos, de diferentes acontecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas y desvelados por este medio. Además de la mencionada fiesta, también se pedía información sobre la gala de despedida de los guardiamarinas, en la conocida como Fiesta del Ciento, en noviembre de 2018. El acto se celebró en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, y en un vídeo grabado dentro se puede apreciar a numerosos asistentes cantando a coro el mismo himno fascista mientras realizan el saludo nazi. Una canción que también fue entonada en diciembre de 2018 durante un entrenamiento militar, como publicó el periodista Miquel Ramos en Twitter.

En el escrito, este medio solicitaba conocer la resolución de la investigación y las medidas disciplinarias aplicadas en cada uno de los casos, incluido el entrenamiento militar. El Ejército de Tierra fue designado por parte del Ministerio de Defensa como el organismo encargado de dar respuesta a la petición de transparencia. En la resolución informan de que, tras tener conocimiento de los hechos mencionados, “se ordena la apertura de una información previa para el esclarecimiento de los mismos a los jefes de las Unidades donde se producen”.

En la respuesta también se incluye cuál fue el resultado de dichas investigaciones. “En cuanto a los hechos acaecidos en dependencias del Ejército de Tierra” se ha sancionado a “dos cuadros de mando y [a] un militar de tropa pertenecientes a la Brigada ‘ALMOGAVARES’ VI de Paracaidistas”. Esto coincide con la información publicada por varios medios sobre la sanción leve a tres militares. Asimismo, y respecto a la Fiesta del Ciento de 2018 en la Escuela Naval de Marín, se indica que “se impuso una sanción académica a los responsables”. Sobre el entrenamiento militar de 2018, no se especifica nada en la respuesta.

lamarea.com, al entender que la información facilitada no satisfacía la petición –no se incluyen los expedientes de investigación ni se especifica en qué consisten las sanciones–, realizó en agosto una reclamación ante el Consejo de Transparencia. En las alegaciones realizadas por el Ejército de Tierra se expone lo siguiente: “Las sanciones disciplinarias que recaen en los expedientes disciplinarios se encuentran clasificadas sobre la base de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales”.

Ante esto, explican, “las materias clasificadas se encontrarían amparadas por un régimen especial y específico”, lo que constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública, quedando fuera del ámbito de la Ley de Transparencia. Explican, por tanto, que “no procede entregar los expedientes disciplinarios y el desglose exacto de las sanciones impuestas, ya que se encontraría legalmente protegido en los términos anteriormente señalados”. En el momento de la publicación de este artículo, el Consejo de Transparencia no había emitido ninguna resolución sobre esta reclamación.

La Ley 9/1968 es la misma norma que impide desclasificar documentos relativos al golpe de Estado del 23-F y de los GAL. Una ley preconstitucional cuya modificación es una reivindicación histórica del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que cuenta con el apoyo, entre otros, de Unidas Podemos. El pasado abril, la formación morada registró una proposición no de ley (PNL) en la que pedía este cambio para desclasificar aquellos documentos relativos a “violaciones de derechos humanos” o actos delictivos “incompatibles con los valores democráticos”. La modificación, por ahora, no parece estar entre las prioridades del Gobierno.