Los mapuches, ante la nueva constitución

TEMUCO, ARAUCANÍA (CHILE) | El ruido de las tanquetas de carabineros sobresaltó a las familias de Gladys y Arturo. Con las huellas de los carros blindados aún frescas en el terreno que pretenden recuperar, los líderes de la comunidad mapuche Rosario Huiscallanca cuentan con indignación cómo se arrimaron amenazantes a sus casas. “Estas tierras las trabajó mi bisabuelo, y las usurparon los colonos hace poco más de un siglo. Ellos tienen decenas de hectáreas, nosotros solo un cuarto. Apenas da para vivir”, se lamenta Arturo.

La escena se produjo en el pueblo de Boroa, a 20 kilómetros de la ciudad de Temuco, pero se repite día tras día en varios puntos calientes de esta región del sur de Chile. Numerosos colectivos mapuches están en pleno proceso de restitución de sus tierras ancestrales; noble misión para unos, allanamiento y robo de propiedades para otros. Esta cuestión ha generado un conflicto que se ha cobrado alrededor de una veintena de vidas desde 1997, y donde los atentados han aumentado en cantidad e intensidad desde 2016. Sin embargo, en estas comunidades se confía poco o nada en que los encargados de redactar la nueva constitución, elegidos a mediados de mayo, puedan solucionar el problema.

Los mapuches son el pueblo indígena más numeroso del Cono Sur, y habitan desde tiempos prehispánicos el Wallmapu (centro y sur de Chile y Argentina). Representan hoy el 80% de los pueblos originarios en Chile, que a su vez suman el 12,8% de la población total. Uno de cada tres mapuches vive en Santiago y alrededores; los demás están repartidos por el resto de regiones, y en especial en la Araucanía y Biobío, de donde provienen. En la Araucanía, los mapuches representan el 33% de la población total. De creencia animista, su cultura gravita en torno a la naturaleza, siendo los ritos espirituales, como el guillatún, una suerte de agradecimiento constante a la madre tierra, ñuke mapu en mapudungún. Proteger este idioma y sus costumbres ancestrales están entre las reivindicaciones de este pueblo originario.

La cuestión mapuche es un conflicto sin resolver que dura ya casi 500 años. Fueron el pueblo indígena que más resistió al imperio español, que nunca pudo conquistarlo. Después de la independencia de Chile, durante la conocida como Pacificación de la Araucanía, el Estado ocupó estas tierras, las repobló con colonos europeos, y los mapuches perdieron un 95% de su territorio. En los años sucesivos sufrieron discriminación étnica, económica y laboral.

Hoy existe cierta simbiosis entre este conflicto y la división ideológica que polariza a la sociedad chilena. Esta fractura procede de los años de gobierno de Salvador Allende. A raíz de la reforma agraria que impulsó, comenzó un proceso de recuperación de tierras y concesión de derechos a los pueblos originarios que se vio truncado con el golpe militar. El activismo mapuche, a menudo vinculado a la izquierda chilena, no lo olvida.

Aspiraciones políticas

Los escaños reservados a constituyentes indígenas para la redacción de la nueva carta magna chilena no despertaron demasiada ilusión entre los electores de los pueblos originarios. Según el censo electoral chileno, más de 1.200.000 personas estaban habilitadas por su pertenencia a los pueblos mapuche, aymara, diaguita, atacameña, colla, quechua, rapanui, kawashkar, chango o yagán. De las cuales, sólo ejercieron su derecho 283.000 personas (de media, algo más del 22%). Proporción similar a la que presentó el pueblo mapuche.

El país aprobó reservar 17 escaños, de los 155 constituyentes elegidos, para representantes de pueblos indígenas. Siete, destinados a los mapuches por ser el más numeroso. “Esta constitución será la primera de la democracia, y ya es un paso que los pueblos originarios hayan tenido un cupo asignado. Hasta ahora no reconocemos constitucionalmente la existencia de indígenas en nuestro territorio, ni tampoco su idioma o cultura”, detalla el experto chileno en constitucionalismo José Ignacio Núñez.

Aucán Huilcamán, político mapuche conocido por todos en la Araucanía, se presentó a gobernador de esta región. En las elecciones de mayo, en la que también se elegía a alcaldes y gobernadores, quedó en cuarto lugar, obteniendo un 12% de los votos con una de las posturas más beligerantes contra el Estado chileno. Huilcamán fue el representante de este pueblo ante la ONU y la Organización de Estados Americanos. Además, fundó el Consejo de Todas las Tierras, organismo de defensa de los derechos indígenas, cuya bandera –azul, verde, roja y amarilla– se ha convertido en símbolo de resistencia mapuche.

Este candidato se aferró durante su campaña a la internacionalización del conflicto para negociar un proceso de autodeterminación de todo el Wallmapu, a través del cual los mapuches podrían decidir su forma de gobierno y tener una mayor autonomía. Asume la imposibilidad de negociar de tú a tú con el Estado chileno, y se atrinchera en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado en Ginebra en 1989. En él, se reconocen las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida. También alude a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, en la que se recoge el derecho a la libre determinación de los pueblos ancestrales.

Otro de los asuntos que se tratará en la redacción de esta nueva constitución será cómo interpretar la ley de propiedad privada, mientras las demandas de devolución de tierras mapuches no cesan. En 1993 se aprobó la llamada Ley Indígena, que reconocía jurídicamente a los pueblos originarios, y con ella el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Fondo Para Tierras y Aguas Indígenas. El Gobierno destina desde entonces un presupuesto anual a la compra de terrenos a latifundistas o agricultores, y así devolverlos a comunidades mapuche. Esta partida rondó en 2020 los 80.000 millones de pesos chilenos (unos 92 millones de euros), pero se desconoce con exactitud el porcentaje de estos fondos que se ejecutó. En 2021, disminuyó un 20%.

El proceso de restitución de tierras puede alargarse años y no garantiza la recuperación, lo que crea insatisfacción entre los mapuches. Uno de los motivos está en el Artículo 20 de esta ley, que en su primer apartado contempla subvencionar a las comunidades para que compren las tierras. La polémica viene cuando se ocupa una finca y el propietario se niega a salir del terreno. En estos casos, para el Estado chileno la mejor solución es adquirir las hectáreas en disputa y entregárselas a las comunidades, a través de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

La parte mapuche lo interpreta como una estafa, pues los propietarios tasan por encima del precio de mercado unas tierras que fueron compradas por mucho menos, o directamente usurpadas. Los dueños, a su vez, consideran que este artículo supone un incentivo perverso que fomenta la ocupación violenta por ser la “manera más eficaz de conseguir los terrenos”. El latifundista Juan de Dios Fuentes atiende a lamarea.com y afirma lo siguiente: “Estamos ante una estrategia insostenible para el Estado chileno, ya que atenta contra el Código Civil. Según este, las deudas históricas prescriben, y crea falsas expectativas para los mapuches”.

Forestales e hidroeléctricas

La ley de propiedad privada también podría tener consecuencias para las grandes empresas forestales e hidroeléctricas que se extienden por el Wallmapu. El pueblo originario se autodefine como defensor del medio ambiente y condena las infraestructuras de estas corporaciones por arrebatarles “la tierra y el agua” y por “contaminar” sus recursos. El afán de lucro de estas grandes empresas colisiona con esta manera de entender la ñuke mapu, tejiendo una red de intereses que ha llegado a tener consecuencias fatales.

El caso más conocido es el de la difunta activista Macarena Valdés. Ella, junto a su pareja Rubén Collío, era una de las principales voces que se oponían a la instalación de la central hidroeléctrica que quería desarrollar la empresa austriaca RP Global en su comunidad, Panguipulli, en la región de Los Ríos. Valdés recibió numerosas amenazas de muerte anónimas. El 22 de agosto de 2016 apareció estrangulada en su casa. Su presunto asesinato sigue bajo investigación.

Los mapuches exigen la salida de su territorio de imperios hidroeléctricos como el del grupo italiano Enel (accionista mayoritario de la española Endesa), pero también de las grandes compañías papeleras dedicadas a la celulosa y a la explotación masiva de la madera. Entre ellas destacan el holding CMPC-Mininco y el Grupo Arauco, propiedad de la familia Matte y Angelini, respectivamente. Dos de las principales fortunas chilenas. La lucha mapuche se enfoca en que cesen sus plantaciones de pino y eucalipto, especies invasoras que provocan la acidificación de los suelos de la Araucanía y Biobío. Estas empresas no han querido dar su visión para este reportaje. Las forestales poseen 280.000 hectáreas de las 450.000 en disputa en la Araucanía.

A pesar de que durante la campaña para las constituyentes, todas las propuestas de los dirigentes mapuche fueron pacíficas, ninguno de ellos ha condenado abiertamente la violencia de los grupos radicales. Desde 1997, cuando tres camiones ardieron en un primer acto reivindicativo, se han sucedido los asaltos y los ataques incendiarios contra iglesias, empresas forestales y vehículos de agricultores. Esto se traduce en que los implicados en las disputas hayan optado por defenderse con armas. Según la Fiscalía chilena, desde 2016 se han producido 547 atentados en la Araucanía y Biobío.

La eficacia del Gobierno para mediar en este conflicto está en entredicho. Desde Santiago se ordenó militarizar la zona con carabineros o agentes especiales de policía. Comunidades mapuches denuncian el uso desmedido de una fuerza que incluso habría afectado a niños, heridos con perdigones; algo que ya condenó Unicef en 2012. La estrategia del Estado a lo largo de los años ha consistido en custodiar una parte importante de los terrenos en proceso de recuperación, y aplicar en algunas ocupaciones la expeditiva Ley Antiterrorista, redactada durante la dictadura de Pinochet.

Las acusaciones de narcoterrorismo se suceden en los medios de comunicación chilenos cuando se debate sobre los mapuches más radicalizados y su financiación. Se les llega a relacionar incluso con las FARC colombianas, hasta hoy sin pruebas. El episodio más importante relacionado con el tráfico de drogas fue la detención del exlíder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Emilio Berkhoff, en junio del año pasado. La CAM es la organización mapuche radical más conocida. En la operación se decomisaron casi 825 kilos de pasta base de cocaína.

Los dirigentes mapuches tienen bien aprendidas sus respuestas contra estas acusaciones: “Antes nos llamaban analfabetos, luego borrachos y ahora toca que nos tilden de narcotraficantes”. Para ellos, las plantaciones de marihuana son muy limitadas y niegan los cultivos de coca. El pasado mes de enero, en la comunidad de Temucuicui, 800 policías entraron por la fuerza para decomisar mil plantas de cannabis. Los agentes sufrieron una emboscada y un agente murió en la operación.

Tan solo un año antes, la denominada Operación Huracán se saldó con ocho mapuches detenidos por asociación terrorista; entre ellos el actual líder de la CAM, Héctor Llaitul. Posteriormente, la Fiscalía descubrió que se habían manipulado sus teléfonos para crear conversaciones inexistentes e inculparlos. Esto supuso la dimisión del director de Carabineros, el general Bruno Villalobos, y del director de Inteligencia, el general Gonzalo Blu.
Los mapuches recriminan a las grandes corporaciones y a los latifundistas que posean más hectáreas que la mayoría de sus familias. Sin embargo, bajo esa etiqueta de empresarios o colonos, también hay muchos agricultores que trabajan sus tierras, y que las heredaron de sus abuelos. Muchos de ellos entienden las reivindicaciones indígenas, y creen que no todos son violentos, pero argumentan que también tienen derecho a vivir allí.

Justo Gutiérrez es un huinca, como llaman a los chilenos de ascendencia europea. Su finca, colmada de avellanos cuyos frutos irán a parar a los italianos de Ferrero, se ubica en Vilcún, cerca del río Quepe. Al fondo del terreno, se divisan hasta seis tractores calcinados: “Nos los quemaron todos, nos dejaron con una mano delante y otra detrás”. Y apuntilla: “Es una injusticia sentirte extranjero en la tierra que te ha visto nacer”. Gutiérrez es vicepresidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA), una organización que, según él, documenta en redes sociales los ataques mapuches contra el resto de araucanos. Para la contraparte, solo se encargan de difundir odio y acusar al mapuche de violento.

Según el Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2021, las tomas de tierras aumentaron un 688% con respecto al mismo período del año anterior en las regiones australes de la Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
El pueblo chileno aguarda con recelo cómo se materializará la nueva constitución. Si no satisface sus demandas, puede provocar que los manifestantes vuelvan a salir a las calles con más fuerza. Mientras tanto, escépticos ante este proceso, en el pequeño pueblo de Boroa, familias como la de Gladys y Arturo se levantarán cada día con la misión de recuperar la tierra de sus antepasados. La tierra que empieza, precisamente, en el siguiente centímetro de campo que hay tras la valla de su cuarto de hectárea cultivada; y la misma por la que otros agricultores huincas no dormirán de noche pensando que puede ser ocupada.

Perfil de los constituyentes mapuches: defensores de los derechos humanos, profesores o ambientalistas

La participación del pueblo mapuche en las elecciones constituyentes fue la más baja de todas las comunidades indígenas (22,3%), con la excepción del pueblo diaguita (21,35%). La ley interna del proceso obligaba a confeccionar listas paritarias, lo que derivó en la asunción de cuatro mujeres electas y tres hombres.

Elisa Loncón ganó en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule. Es una reconocida lingüista de 58 años y se ha erigido en las últimas décadas como una de las principales activistas mapuches, sobre todo en el ámbito académico. Esta profesora de la Universidad de la Frontera (Temuco), que también ostenta un posgrado por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, ha trabajado para el reconocimiento y la promoción del mapudungún en todo Chile.

Francisca Linconao (62 años), La Machi, ha sido la cara más representativa de este pueblo en los últimos años. Activista por los derechos humanos, ambientalista y autoridad espiritual mapuche, en 2013 fue vinculada al asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, por el que tuvo que pasar nueve meses en prisión preventiva, comenzó una huelga de hambre y permaneció en arresto domiciliario. Después de esto, no se encontraron indicios incriminatorios sólidos y fue absuelta e indemnizada. Este episodio reforzó su liderazgo a ojos de su comunidad.

Natural de Tirúa (Biobío), Natividad Llanquileo es la constituyente mapuche más joven, con 36 años. Se define como una líder amerindia, licenciada en Derecho por la Universidad Bolivariana de Chile, y defensora de los derechos humanos. Su figura emergió en 2010, año en el que empezó a ejercer como portavoz de los conocidos como “presos políticos mapuches”, comuneros en huelga de hambre encarcelados en aplicación de la Ley Antiterrorista.

Adolfo Millabur (55 años), también oriundo de Tirúa, es el constituyente con mayor trayectoria política. Fue el primer alcalde mapuche de Chile, por su ciudad natal, cargo que desempeñó hasta en cinco legislaturas. Semanas antes de la elección, atendió a lamarea.com para sintetizar sus objetivos en la redacción del nuevo texto constitucional: “Conseguir eliminar los colonialismos clásicos, que el poder en Chile se reparta entre el pueblo y que deje de estar en las mismas manos de siempre”. Millabur, Llanquileo y La Machi fueron los más votados en las regiones de Araucanía, Biobío y Ñuble. Además de Rosa Catrileo (39 años), una temucana también licenciada en Derecho y vinculada a la defensa territorial y los derechos humanos.

En las regiones sureñas de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, los elegidos son Victorino Antilef (51) y Alexis Caiguán (46). Antilef es profesor de lenguaje y fundador del Consejo de Educación Mapuche Azeluwam, una organización enfocada a la enseñanza de la cultura mapuche. Comparte actividad con Caiguán, quien pertenece a los huilliche –rama austral de este pueblo– y que ha dedicado los últimos ocho años a la difusión de las tradiciones y la música mapuches entre las nuevas generaciones.

El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Latinoamérica

Chile aún no reconoce constitucionalmente a sus pueblos originarios, a pesar de que el 97% de la ciudadanía apoya que su existencia se vea reflejada en la nueva ley fundamental, según un estudio del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de 2020.

Salvador Millaleo, experto indigenista y miembro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cree que esta situación viene provocada por que “la élite de origen europeo trató de olvidar sus raíces indígenas”. El investigador explica a La Marea que, según su visión, el modelo neoliberal que estos tratarían de imponer “choca con las reivindicaciones de las tierras ancestrales” y no les habría convenido que fueran reconocidos en la constitución.

Aproximadamente el 17% de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema en América Latina son indígenas, a pesar de representar menos del 8% de la población. Los movimientos sociales indigenistas fueron espoleados por Naciones Unidas para afrontar desigualdades como esta. Un primer antecedente histórico fue el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (1957), relativo a la protección e integración de estos pueblos. Entonces sólo fue ratificado por Cuba, El Salvador, República Dominicana y Panamá.

México, que cuenta aproximadamente con el 38% de la población indígena de todo el continente, fue el primer país latino en firmar el nuevo Convenio 169 (1989). El artículo 2 de su constitución reconoce a la nación como “pluricultural”. Asimismo, incluyó el derecho a la educación bilingüe y la propiedad colectiva de estos pueblos.

Bolivia, con más del 60% de población declarada indígena, introdujo en su carta magna el derecho a un régimen de autonomía para estas poblaciones en 1991. Perú hizo lo propio en 1994, con un 12% de población originaria en su territorio. En 1996, Guatemala dio acogida a las demandas de los indígenas (40% del total de guatemaltecos). Ecuador, con menos del 10% de población originaria, los reconoció constitucionalmente en 1998.

Ninguna de las tres constituciones que ha tenido Chile (1833, 1925 y 1980) contempla estos pueblos. La nueva carta magna presumiblemente hará que Chile forme parte de los países que sí reconocen a su población autóctona. Así, solo Uruguay y Surinam seguirían en la lista negra de los derechos indígenas en la región.