Economía
Nueve eurodiputados piden sancionar a España por la mina San Finx en A Coruña
Ecologistas en Acción ha promovido esta petición a la Comisión Europea y anuncia que "las consecuencias podrían ser millonarias".
Nueve eurodiputados de Los Verdes/ALE han solicitado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de infracción contra España por los “vertidos con metales pesados” que proceden de la mina San Finx, situada en la localidad coruñesa de Lousame, en Galicia. Así lo ha informado Ecologista en Acción, la organización que ha instado a los diputados europeos a llevar a cabo la petición.
“Las consecuencias podrían ser millonarias”, asegura la ONG en un comunicado. En él explican que los vertidos de esta mina de estaño y wolframio “se han denunciado repetidamente” por parte de ecologistas y colectivos locales ante las instituciones europeas desde 2016. Sin embargo, “hasta el momento no se ha adoptado medida alguna por parte de las autoridades responsables”, denuncian.
Tal y como explican en su web, la mina está situada a unos siete kilómetros del Esteiro do Tambre, un espacio incluido dentro de la Red Natura 2000, y de los bancos de marisqueo de la ría de Noia. Esto habría motivado lo que desde Ecologistas en Acción consideran una “acción extraordinaria” del Parlamento Europeo, “ya que apenas tramita 30 interpelaciones al año”.
La organización apunta hacia la Xunta de Galicia, a la que acusan de negar el problema e impedir una solución, a pesar de que los informes del propio funcionariado del departamento de minas “aconsejan la suspensión de la actividad minera”. No obstante, “la Xunta ha decidido acelerar el proceso para que la mina pueda retomar la actividad en cuestión de meses”, afirman los ecologistas.
La lucha contra la minería se ha convertido en un eje de actuación para muchos colectivos locales, que ven sus comunidades amenazadas por grandes empresas que pretenden extraer materiales en determinadas zonas. A mediados de julio, la plataforma Stop Uranio, contra la mina de Retortillo en Salamanca, se congratulaba de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunciase que decidía tumbar el proyecto de la multinacional australiana Berkeley tenía en el territorio. La lucha ha sido tal que el CSN llegó a denunciar supuestas presiones tanto por parte de la Junta de Castilla y León como de Berkeley para que autorizase la mina de uranio.
Es una noticia que esperan recibir otros colectivos antiminería como la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, que lucha desde hace años contra el proyecto de una mina a cielo abierto para extraer litio a dos kilómetros del centro histórico de la ciudad. Una de las empresas impulsoras de este polémico proyecto, Valoriza Minería, del Grupo Sacyr, es la misma que tiene la concesión de la mina de San Finx, y que a su vez pugna por sacar oro, hierro y cobre a cielo abierto en Alconchel, en la provincia de Badajoz. A finales de julio, el Ayuntamiento de Cáceres sancionó a la compañía por las supuestas “infracciones” que se dieron en el Paraje de Valdeflórez, considerando que “se excedieron” en los trabajos autorizados.
Contra Valoriza Minería se han levantado los vecinos y vecinas de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se mueven para evitar la puesta en marcha y cuya plataforma acaba de cumplir su cuarto aniversario este verano. Entre las muchas acciones para lograr visibilizar el problema que podría acarrear la aprobación de la actividad, el colectivo antiminero está llevando a cabo una exposición bajo el nombre Arte por la montaña, cuyas piezas pueden ser adquiridas. La recaudación será utilizada “para poner en marcha procesos judiciales e Informes técnicos de varias especialidades”.
Ecologistas en Acción ha denunciado cómo la financiación procedente de los fondos Horizonte 2020 se canalizó para pagar el salario del director de la mina, así como para investigaciones geológicas que se realizaron en plantas supuestamente inundadas de la explotación, pero que se desaguaron por bombeo forzado entre 2016 y 2020 a pesar de no existir autorización de vertidos. La Xunta de Galicia era igualmente conocedora de estos hechos pero tampoco ha actuado y ha permitido que la situación continúe hasta la actualidad.
“El caso de la mina de San Finx es un ejemplo de cómo en el Estado español proliferan las explotaciones mineras que buscan engordar su cuenta de explotación a base de incumplir la regulación. Las administraciones no pueden seguir consintiendo esta situación, deben actuar ante las agresiones al medio ambiente».
Hablando de economía,
como somos algo así como una colonia yankee, así invierten nuestros impuestos los gobiernos dependientes del yankee (se puede recortar en sanidad, en educación; pero en defensa de los intereses de los poderosos jamás, al revés, se aumentan año tras año los presupuestos, los que declaran y los camuflados):
El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado que gastará (ellos lo llaman inversión) 10 millones de euros en la ampliación de la capacidad operativa de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), la principal del Ejército del Aire en el sur de la península, con el objeto de «mejorar sus aérea de estacionamiento de aeronaves, incluidos bombarderos estratégicos».
Según pudo saber Infodefensa.com, la inversión en Morón, de utilización conjunta con Estados Unidos y a disposición de la OTAN, se realizará en dos ejercicios presupuestarios, con 4,2 millones de euros en 2021 y otros 5,3 millones en 2022, sin contabilizar impuestos.
La base aérea de Morón es una de las principales en suelo español que utiliza el Pentágono y ha sido clave en el pasado para sus despliegues en las guerras de Irak y Afganistán, así como para operaciones en Oriente Próximo y África. En junio pasado, fue sede de un ejercicio conjunto entre el Ejército del Aire español y la USAF que implicó la participación de cazas F-18 españoles y bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, los más grandes actualmente en el arsenal aéreo de Washington. Para participar en este ejercicio, el Pentágono desplazó a Morón cuatro B-52H, entre otras unidades.
El actual Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos permite el estacionamiento de un máximo de 2.200 millones de militares norteamericanos (solo alcanzable en época de crisis), 500 funcionarios y 36 aeronaves (21 aeronaves MV-22 Osprey y 15 aviones KC 130J Super Hércules para el repostaje en vuelo).
Actualmente despliegan alrededor de unos 600 marines en Morón. Recientemente, el partido Vox ha solicitado al Gobierno que refuerce la relación bilateral con Estados Unidos en todos los ambientes para que, “consecuentemente, se produzca la elección de las bases militares de Rota o Morón como sede del Africom”, el mando del Ejército estadounidense para África. (Insurgente.org)