El Gobierno aprueba medidas para mejorar la detección de la violencia machista

Llegar antes. Este es el objetivo de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para reforzar la lucha contra la violencia machista.

El conjunto de iniciativas, a las que apenas se ha hecho una breve mención en la rueda posterior al Consejo de Ministros –eminentemente económico, como ha recordado la portavoz, Isabel Rodríguez–, se fundamenta en la sensibilización de la sociedad y del entorno de las víctimas de violencia machista para detectar de forma temprana la violencia en servicios públicos de proximidad, apoyar la autonomía de las mujeres para que rompan con la violencia, proteger a los niños y las niñas frente a la violencia y reforzar la protección y la seguridad de las víctimas en riesgo, con y sin denuncia.

Una de las novedades es la implantación de una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales de Base y en colaboración con las administraciones públicas competentes, que incluye las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos, según los estándares de accesibilidad, adaptabilidad y no discriminación, para centralizar la intervención y el acompañamiento social y garantizar y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia de género, informa el Ministerio de Igualdad.

Entre ellos, se encuentran la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas para informar sobre sus derechos y acompañar en el procedimiento: pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas, duelos; y la canalización de las demandas de las víctimas y supervivientes de violencia de género a las ayudas económicas, de vivienda y en relación con sus derechos laborales.

Por otra parte, y haciendo énfasis en la prevención, el catálogo de medidas urgente del Plan de Mejora y Modernización Contra la Violencia de Género prevé la elaboración de un instrumento validado estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria, objeto de una implantación progresiva en todo el Estado.

Con respecto a la formación, una de las graves deficiencias del sistema, se especifica una acción formativa conjunta por los Ministerios de Interior e Igualdad, «masiva y multidisciplinar», que tenga las características de curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todas y todos los agentes de los cuerpos policiales que tengan contacto con víctimas de violencia de género, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana.

También se ofrecerá formación específica en la detección precoz, manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista de los equipos profesionales involucrados en la atención integral y recuperación de las víctimas de atención primaria y hospitalaria (Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería, Matronas, Trabajo Social, Urgencias, Salud mental y Toco-Ginecología), además de la red de centros de Servicios Sociales, del ámbito educativo y de la Inspección de Trabajo y de los servicios consulares españoles en el extranjero.

Más allá de las campañas a lo largo de todo el año, el Gobierno, según la nota de prensa del Ministerio de Igualdad, también promoverá acuerdos de colaboración con las grandes proveedoras de servicios en línea para prevenir y actuar frente a los perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Además, impulsa «el adecuado tratamiento de las noticias y de la información sobre violencia de género que se ofrece por los distintos medios de comunicación» y pretende evitar que la publicidad ofrezca una imagen «cosificadora de la mujer».

Con respecto a los menores, se realizará el primer Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género, dirigido al ámbito judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados.

Entre otras cuestiones, se elaborará también una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para promover y asegurar la máxima difusión del Protocolo Cero: herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados, no condicionados a la interposición de denuncia previa. Y, por otra parte, se introducirá en todos los sistemas de gestión procesal utilizados por la Administración de Justicia la comunicación automatizada de las órdenes de protección y las resoluciones judiciales que las modifiquen a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

El plan de medidas urgentes también incide en la promoción de los programas de rehabilitación de los condenados por violencia de género, «en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados».