La sanidad pública continúa excluyendo a personas vulnerables

Las exclusiones en la sanidad pública persisten tres años después de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobara el real decreto para acabar con ellas. Es la denuncia que plantean diversas organizaciones que trabajan a diario con personas que no tienen acceso a determinados servicios públicos.

«Esta nueva normativa solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días», explica en un comunicado la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER). La ley, añade, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

El colectivo está integrado por más de 300 organizaciones sociales y profesionales, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Este lunes, se han reunido a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir de nuevo al Gobierno que cumpla con su compromiso y pueda recuperarse la sanidad universal laminada por el anterior ejecutivo del PP. Para ello, han iniciado la campaña Sanidad sin peros.

Solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 44 mujeres embarazadas, 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación. Además, como resultado de estas exclusiones, la ONG denuncia que no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

«Estas cifras, que son preocupantes, no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que, por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera las organizaciones consiguen llegar», explica el colectivo, que insiste también en la exclusión de estas personas del proceso de vacunación contra la COVID-19. «Algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios planes para esta población, pero otras no. Solo Médicos del Mundo ha registrado más de un centenar de casos en los que las personas a las que correspondía estar vacunadas han debido esperar meses para hacerlo o todavía siguen esperando su cita», prosigue.

Una ley urgente

Por tanto, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) exige, con carácter de urgencia, un anteproyecto de ley que permita eliminar la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular; eliminar el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo según la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia.

Además, la ley deberá reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar; y garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, y reconozca de forma expresa la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad.

Hasta la tramitación de esta ley, las organizaciones reclaman al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa.