Álvaro del Río: “No hay contrapoderes, ni públicos ni en los partidos de izquierdas, a los gabinetes jurídicos de las eléctricas”

Álvaro del Río asegura estar «cabreado», aunque sabe que su enfado no sirve de mucho. Pero no puede evitarlo cuando ve la sucesión de acontecimientos en torno al sector eléctrico. Un ámbito que conoce bien y que le llevó a ser nombrado director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) tras la llegada de Felipe González al poder en la década de 1980. Durante los seis años que se mantuvo en el cargo (1983-1989) vio pasar hasta cuatro nombres por el Ministerio de Industria y Energía: Carlos Solchaga, Joan Majó, Luis Carlos Croissier y Claudio Aranzadi.

Considera que la bajada de impuestos anunciada por el Gobierno para abaratar la factura de la luz es una «reacción precipitada» ante la presión de los precios. No solo no cree que sea la solución sino que además defiende que se trata de «una victoria más del sector del IBEX 35», que de esta forma conseguirá que no se reduzcan ni la demanda ni sus beneficios. «¿Qué más pueden pedir?», se pregunta.

¿Cree que estas son las primeras decisiones que tendría que haber tomado el Ejecutivo? 

Me impresiona mucho una cosa: el confinamiento de la COVID-19 no se ha aprovechado desde la Administración para ocuparse de cosas importantes en áreas que sean distintas a salud y economía o empleo. Hubiera sido un gran momento para elaborar la transformación en profundidad del sector eléctrico. En 1996, el primer gobierno de [José María] Aznar necesitó apenas un año para montar un sistema eléctrico a la medida de los grandes productores/distribuidores so pretexto de que era una reforma para beneficiar al consumidor y bajar los precios de la electricidad. Como tantas otras cosas del PP, una falsedad absoluta por la que no han pagado nada. 

Ahora, porque suben los precios en el mercado del oligopolio, se bajan impuestos: miel sobre hojuelas para las ibextricas –las eléctricas del IBEX 35–. Al final bajas el precio pero como quiere el liberalismo loco/tarbernario: reduciendo impuestos.

Así que creo que la ‘solución’, entre comillas, es mala. Esta no es como las crisis del petróleo que sube el precio en origen y o compras o careces. Esto es una componenda en los despachos para que ‘vía mercado’ resulten unos precios de atraco. Y da risa que encima responsabilicen al gas natural.

Acabar con los conocidos como “beneficios caídos del cielo” es también una prioridad. Parece que es un concepto nuevo que ahora estamos aprendiendo pero se trata de una situación que lleva décadas dándose. ¿Por qué se ha permitido que esto suceda, tanto con gobiernos del PSOE como del PP? 

Es ‘divertido’, otra vez entre comillas, que se hable de mercado en la energía –más allá de un mercado con muchos puestos y muchos precios donde el consumidor organiza su propia bolsa de la compra–. Hay una enorme variedad de fuentes y tecnologías cada una con costes y producciones diversas. Que nos impongan un precio que un gestor del conjunto, razonable, nunca aceptaría, es en mi opinión la mayor muestra del desprecio real de los actores de la oferta por un sistema lógico y razonable. 

Tengo la impresión de que la situación desde los partidos más tradicionales y mayoritarios es muy opuesta. La situación actual la crea el PP con su ley del 98. Es su forma de aprovecharse de lo público en beneficio privado. El PP intentará mantener ese esquema tan contrario a la economía de mercado a cualquier precio, en particular desmantelando una administración competente y eficaz con buenos técnicos. 

Por el contrario, desde la perspectiva de la socialdemocracia española pienso que se debaten entre aplicar soluciones cortoplacistas. Y el tema del IVA y del impuesto eléctrico son un buen ejemplo. Pero carecen de la energía, el temple o la ambición necesarios para forzar mejoras de calado a los procesos económicos en España. 

Los beneficios de usura –llamados “caídos del cielo” con auténtico sentido del humor británico– son, desde hace muchos años, una burla a la economía de mercado, a la defensa del consumidor o a los beneficios abusivos. Y una muestra patética de una Administración muy alejada de sus responsabilidades más básicas así como de la dejación real de los partidos políticos con opción a gobernar, de su defensa de los aspectos constitucionales relacionados con la economía, lo social, con la evolución hacia una sociedad española mas rica –para cada español–, más sana y más evolucionada. 

En resumen, los beneficios de usura obtenidos por el sector ibéxtrico son defendidos por el PP, y no realmente cuestionados por un núcleo muy poderoso y controlador en el PSOE. Del PP no espero otra cosa que reafirmación con todo el apoyo ibéxtrico. Del PSOE no parece muy probable –entre otras cosas porque carece de un buen plantel tecnico-jurídico capaz de afrontar una labor compleja pero en absoluto imposible: desmantelar el oligopolio– que asuma esa defensa de consumidores y economía españolas.

Desde Unidas Podemos insisten en que la bajada temporal de impuestos y la supresión de los “beneficios caídos del cielo” es solo el primer paso y piden crear una empresa pública de energía. ¿Cree que es una buena solución? 

Yo creo que es un paso lateral, más que un primer paso adelante. Creo que hay por delante un ingente trabajo de liquidar la ley del sector eléctrico y hacer una nueva. Insisto en lo titánico del trabajo y en la oposición brutal y frontal que presentarán PP y las ibéxtricas. Una acción de aquellas que abordan lo urgente dejando lo importante. Y veremos cómo va a ser terminar con los beneficios de usura, no lo acabo de ver claro.

Respecto a la construcción de empresas públicas para solucionar los problemas, personalmente no lo veo. Creo más en los dinamizadores, los creadores de mercado que en la bondad empresarial pública. 

Hay un acoso, creo, contra la democracia y su base, lo público, propio de verdaderas bestias furiosas. La apropiación partidista de España y la Constitución a mí me parece indecente. Y un nuevo impulso de lo público es crucial. Pero con otras formas y otras dinámicas.

Dentro de este “ingente trabajo” del que habla, a corto plazo, ¿qué es lo que cree que habría que hacer? ¿Y a medio/largo plazo? 

Creo que hay una fase de transición que empieza por cerrar el mal llamado mercado eléctrico, volviendo a retribuir cada tecnología por sus costes y fraccionando primero la oferta de distribución y luego cada unidad de producción como empresa independiente. Y empezar la redacción ‘constitucional’ de una ley del sector eléctrico que regule un sector del que depende el vector energético de mayor importancia para la economía y el desarrollo social presente y futuro. Al tiempo, denunciar cada desvergüenza, abuso o corruptela de las eléctricas. Es decir hacer públicos los abusos, aplicar un nuevo sistema de fijación de precios y redactar una ley desde cero. 

La nueva ley tiene que ser capaz de proteger a los consumidores de los abusos de las eléctricas y fomentar la competencia entre numerosas empresas independientes realmente entre sí con una actividad específica y única entre producción por tecnologías y distribución/comercialización por áreas específicas. 

El aumento del parque renovable parece, sin duda, una de las soluciones obvias. Pero, ¿servirá de algo si acaban por concentrarse en las manos de las empresas del oligopolio? 

No estoy convencido de que las tecnologías renovables jueguen un papel importante. Como tecnologías tienen que ser más competitivas y sostenibles. Las tecnologías renovables, como cualquier otra, pueden ser manipuladas por las empresas que las utilizan para impedir una sana y eficaz competencia, produciendo beneficios deshonestos.  Son las administraciones públicas las que deben ser eficaces para impedir posiciones de control y fuerza y garantizar la competencia real protegiendo a los consumidores.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido 25.000 millones de euros para las nucleares y así evitar un supuesto colapso eléctrico. ¿De verdad las centrales no están ya amortizadas? 

Es muy irritante todos los amaños legales y contables que han realizado y siguen realizando estas empresas. Si no se hubieran amortizado esas inversiones con todas las ventajas que han tenido durante su construcción y su vida útil sería de juzgado de guardia. 

El simple hecho de que hayan pasado de empresas casi quebradas a poderosas multinacionales implantadas en EEUU, indica cómo ha sido su vida económica. Los beneficios de usura, los super salarios a los ejecutivos, los tratos preferentes de las administraciones (desde industria a hacienda o fomento). Solo una investigación minuciosa del sector y la normativa podría poner algo de luz en un sector tan oscuro. 

Hace ya más de 30 años que dejó la dirección general del IDAE. ¿Cuál era y cuál es la función del organismo público? ¿Cree que que está ejerciendo la labor que debería? 

Seguro que está ejerciendo la labor que le han encomendado en cada momento. A la postre es un organismo público con la maniobrabilidad de una empresa privada. Un instrumento dinamizador de la economía energética. Y hay políticos que consideran dar subvenciones el eje de la dinamización económica. 

Cuando me dieron la responsabilidad de dirigir el IDAE, la dinamización energética era participar de forma igualitaria con las empresas, compartiendo riesgos y beneficios. Eran tiempos más limpios, claros y desde luego orientados a impulsar una economía sana y competitiva, que mejore la vida de la mayoría de las personas, no la acumulación de riqueza en pocas manos, la concentración de poder económico, político y social en pocos grupos.

¿Cómo ha cambiado en estas tres décadas el poder del oligopolio eléctrico? ¿Ha crecido o ha disminuido su poder? 

Ha sido un cambio brutal. Desde los últimos gobiernos de González el sector empezó a cambiar reglas de juego establecidas por su primer gobierno. El sector estaba al borde de la quiebra. Controlaba muy bien a los funcionarios clave en distintos ministerios, empezando por la evaluación de la demanda previsible. 

Pero el cambio radical de posición dominante fue con la llegada de Aznar. En un año desmantelaron un sistema bien organizado, eficaz y competitivo, y que saneaba a las empresas mal gestionadas. Y con la elaboración en apenas un año de una nueva ley eléctrica se entregaron las directrices energéticas de las administraciones y el Estado a un conjunto de pocos propietarios con gran pedigrí –en las dictaduras y la monarquía– y muy sólidas relaciones político-económicas. 

El resultado ha sido la creación de un nuevo oligopolio eléctrico de naturaleza multinacional. Un grupo de poder asentado en el control del más reciente vector energético conocido, la electricidad.

Las puertas giratorias, ¿de qué manera influyen? 

El concepto de puertas giratorias es un eufemismo para describir un sistema de alianzas entre el mundo político y el económico –energético en este caso–. Son puertas giratorias de muchos tipos, pero el trabajo conjunto desde las cúpulas de partidos políticos y grandes empresas va parejo a los favores prestados a los políticos al terminar sus responsabilidades y enfrentarse a una vida económica ordinaria. Es una red de influencias multidimensional. 

¿Hay alguna forma de ponerle coto a su poder?

Es muy difícil. Ese tejido de intereses, beneficios mutuos –yo gano, tu ganas y pierde el consumidor, el cliente– es tremendamente sólido. Tal vez por vías como la penal se pueda poner coto. Ahí tenemos el caso reciente de la imputación de Ignacio Sánchez Galán por ejemplo, uno de los dioses de este mini olimpo.

También el énfasis en el servicio público y los beneficios de una economía competitiva, para imponer un control sobre los sobrecostes del actual sistema. O el fraccionamiento empresarial justificado para que exista verdadero mercado y verdadera competencia. Un Galán es socialmente corrosivo en mi opinión con una hidra descomunal. Pero no hay veinte galanes que unan esfuerzos. 

Y, desde luego, potencia jurídica. No hay contrapoderes ni públicos ni en los partidos de izquierdas a los gabinetes jurídicos de las ibéxtricas o del PP, verdaderas máquinas de producción legal.