La represión no consigue acallar las protestas en Colombia

El sábado, cuando las protestas en Colombia cumplieron 18 días ininterrumpidos, la indignación de la juventud irrumpió con un grito masivo difícil de silenciar: “¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?”. En Bogotá, bajo la estatua ecuestre de Simón Bolívar, al que ahora acompaña un grafiti de una guerrera indígena, más de 10.000 jóvenes han resignificado el histórico monumento de héroes, epicentro de las manifestaciones en la capital. La multitud bloqueó las vías y autopistas con cánticos de “resistencia, carajo”, demostrando que su indignación es pacífica y crece con cada denuncia de abusos policiales y vulneración de sus derechos. 

“Ahora se está visibilizando la violencia porque se metieron con la gente de la ciudad, que es la que mueve medios y opinión, pero no te imaginas la gente del campo cómo ha sufrido esto. La columna vertebral de la historia de Colombia es la violencia, la vulneración de los derechos humanos. Eso tiene que acabar”, explica a lamarea.com entre lágrimas la documentalista Sandra Molano, en una concentración feminista frente a una CAI o Centro de Atención Inmediata de la Policía. 

El viernes, cientos de mujeres con pañoletas moradas, pancartas y velas se reunieron frente a varias comisarías de la Policía en Bogotá y otras ciudades del país, en honor a la menor de edad que se suicidó en la localidad meridional de Popayán tras ser detenida y sufrir presuntos abusos sexuales por parte de cuatro agentes durante las protestas. “Cada vez que mi hija sale de casa me da susto que la maltraten, la desaparezcan o la maten. ¡Ya me harté! Por mi hija, por mí, por todas las mujeres que mataron por culpa de este machismo maldito. No es justo”, gritaba desconsolada Jenifer, cuyo único refugio era el abrazo de su hija también presente.

En el transcurso de las protestas sociales, la ONG independiente Temblores ha documentado al menos 16 casos de abusos sexuales contra mujeres, pero afirman que podrían ser muchos más. “Cincuenta y cinco niñas como yo son violadas al día en Colombia”, rezaba el cartel que una menor sostuvo durante horas. 

La violencia contra las mujeres es un problema endémico y sistemático en Colombia, como denuncian los colectivos feministas. Más de 130 mujeres han sido víctimas de feminicidios este año. Una violencia que, para la feminista Luz Ángela Gómez, no es más que una consecuencia del patriarcado “de un Estado opresor»: «Todavía nos ve como territorios de guerra, como botines. No nos cree incapaces de salir a ocupar el espacio público y por ello nos agrede con mayor intensidad”. 

Al finalizar el día, la comisaría de Policía de Teusquillo, barrio de clase media de la capital, quedó empapelada con carteles y pintadas que rezaban “tombo (policía) violador” o “ni olvido ni perdón”. En Popayán, las manifestaciones se tornaron violentas y durante la noche se conoció la muerte de otro joven por la represión policial del ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, creado en 1999, durante los años más intensos del conflicto con las guerrillas, e institucionalizado bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe. 

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril, la brutalidad policial ha dejado al menos 42 muertos, entre ellos un miembro de las fuerzas de seguridad, según las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo. La organización Temblores y otros organismos de derechos humanos denuncian más de 2.100 casos de abuso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, denuncias que han suscitado la condena internacional y han puesto en el punto de mira al Ejecutivo de Iván Duque. 

Para Rodrigo Uprimny, investigador del Centro de Pensamiento DeJusticia, “el Gobierno debe condenar todos los abusos y dar mensajes inequívocos de que no serán tolerados. Así como desescalar la violencia poniendo en el centro de la crisis los derechos humanos”. 

Los constantes abusos contra los manifestantes han sido ampliamente difundidos en las redes sociales a través de vídeos grabados por los propios participantes en las marchas y se han convertido en la mecha que ha prendido nuevas convocatorias masivas. Como señala a lamarea.com Uprimny, es una de las problemáticas que se han puesto en evidencia con esta crisis en Colombia: “La nación carece de una Policía capaz de cumplir su función democrática de garantizar la protesta”. 

Reforma policial

En las calles, la exigencia más contundente es una reforma policial inmediata. La Policía colombiana pertenece al Ministerio de Defensa, pese a ser un órgano civil según la Constitución. Esto se debe, según explica Uprimny, a los más de cincuenta años de conflicto armado contra la guerrilla de las FARC. 

Tanto analistas, políticos de la oposición como organizaciones internacionales de derechos humanos coinciden en que para llegar a un consenso y apaciguar a las masas es necesario desmilitarizar las ciudades. Una demanda que el mandatario colombiano está ignorando. Hasta la fecha, Duque no ha reaccionado ante los abusos policiales ni ha decretado el luto por las víctimas, por lo que muchos pronostican que las víctimas del paro quedarán en la impunidad. 

“Antes, el Gobierno justificaba estas violaciones de derechos humanos diciendo que en las protestas había infiltrados de grupos armados ilegales. Ahora eso ya no les funciona”, apunta por teléfono Ariel Ávila, analista y subdirector del centro de estudios Paz y Conflicto. Una práctica común desde la institucionalidad y los medios de comunicación tradicionales en las últimas semanas ha sido acusar de “vándalos” a los manifestantes, pero las imágenes de las protestas, a las que acuden diversos sectores de la sociedad, desde madres con sus hijas hasta jubilados, muestran lo contrario. 

“Ese cuerpo militarizado de la Policía lleva a que nosotros tengamos unas distorsiones, una anomalía. Por ello, la reforma policial consistiría en cinco puntos”, dice a través del teléfono Ávila, que incluye quitarle el fuero militar en cuestiones de derechos humanos, que hace que los agentes que cometen abusos sean juzgados por tribunales militares en lugar de civiles. Otras son desligar a la Policía del Ministerio de Defensa, educar a los agentes en derechos fundamentales y modificar los manuales de instrucción y las doctrinas de reclutamiento, de forma que se exijan exámenes psicológicos para entrar en el cuerpo.

Violencia del ESMAD

En las últimas jornadas de protestas, la presencia policial ha disminuido durante el día, pero cuando cae la noche el ESMAD sofoca las manifestaciones con aturdidoras, gases lacrimógenos y cañones de agua. “Siempre hemos denunciado el desmonte del ESMAD, la brutalidad, el maltrato. Hoy en Cali lo viven nuestros chicos, los que hemos educado. Los maestros se los entregamos a la sociedad para que puedan progresar no para que nos los maten”, criticaba el miércoles, durante un nuevo paro nacional, la sindicalista y profesora Aydris Perillas. 

Cali, la tercera ciudad más grande del país, ha sido el escenario de los enfrentamientos más violentos durante las tres semanas de protestas. En los barrios populares, los jóvenes de la llamada primera línea, que responden ante las agresiones policiales, han levantado barricadas y emprendido una fuerte resistencia con el apoyo de la Minga indígena, que ya ha regresado a las zonas rurales tras haber sido atacados por grupos de civiles armados o paramilitares que dispararon munición real –pese a la presencia policial– contra la denominada Guardia Indígena del Cauca, dejando más de 10 indígenas heridos. 

La Representante a la Cámara y miembro de la coalición Decentes, María José Pizarro, estuvo los últimos días en Cali acompañando el diálogo con los jóvenes que lideran las marchas. “He visto que no solo es una movilización de jóvenes, detrás están las madres, la comunidad. Hay un gran sentido de la solidaridad, pero también existe una indignación que es colectiva y la necesidad urgente de cambiar el futuro de la juventud”, cuenta. 

Respecto a los casos de racismo y violencia contra las comunidades indígenas, la política señala que es un problema de clasismo muy fuerte que permea en la sociedad colombiana: “Se da no solo contra las comunidades, sino contra los afrocolombianos o las clases más populares”. 

El caldo de cultivo de la desigualdad en Colombia

Dentro de Colombia existen muchas pequeñas naciones conformadas por una pluralidad de culturas, tradiciones y herencias históricas. Pero todas ellas comparten el sufrir la principal problemática del país, la desigualdad extrema, “la raíz de las debilidades de la democracia colombiana”, alega el investigador Uprimny. Según él, esa desigualdad estuvo silenciada durante años por la persistencia del conflicto armado, pero se ha visto agravada en gran medida por la pandemia, que afectó económicamente con mayor dureza a las clases más empobrecidas y a los jóvenes, en especial a las mujeres. Con tasas de desempleo juvenil del 25%, se ha convertido en el caldo de cultivo del movimiento de protesta. 

El movimiento de protesta tiene una multiplicidad de causas y de actores movilizados, tan amplios como sus reivindicaciones. Los principales son el reparto de la riqueza, una renta básica y mejores oportunidades para los estudiantes y la juventud del país. Pero los colombianos también están saliendo a la calle para expresar su descontento por las instituciones y los políticos gobernantes. 

“Ese descontento político atrae a las causas de las protestas”, comenta el economista Jorge Restrepo. “Hay una causa próxima y es la del descontento social”, que según Restrepo es fruto de la caída en picado de los ingresos, ya que el PIB descendió 6,8 puntos el último año, y la destrucción de miles de empleos.

Son también los jóvenes los que están manteniendo la fuerza de las protestas, “con su necesidad justa de expresar ese descontento masivo por la falta de oportunidades, de empleo, de trabajo e incluso de estudio. Esta última causa es la que más ha movilizado a la juventud de desafectos sobre todo en el sur del país”, señala Restrepo. 

Según Jennifer Pedraza, líder estudiantil y miembro del Comité Nacional del Paro, organización que engloba distintos sindicatos y agrupaciones y que lleva la batuta en el diálogo con el presidente Duque, las reivindicaciones son muy generales, pero el movimiento social ha obtenido sus logros. El derrocamiento de la reforma tributaria que suscitó en un principio las protestas; la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de la ministra de Exteriores, Claudia Blum; la pérdida de apoyo en el Congreso de la reforma de sanidad o el anuncio de la matrícula cero para los estudiantes de los clases bajas y medias son algunas de las victorias del movimiento. 

“El llamado es a que nos organicemos en nuestros barrios, en organizaciones juveniles. Nadie nos va a reglar la organización, la organización nos la ponemos nosotros y el movimiento organiza al propio movimiento, eso sería una gran ganancia de este paro si logramos consolidar un espacio de coordinación de todos los sectores sociales organizados”, señala Pedraza. 

Negociaciones estancadas

Con las negociaciones entre el Gobierno y del Comité del Paro en curso, muchos claman por una solución rápida que calme el descontento social y levante los bloqueos que están afectando a la maltrecha economía colombiana. Mientras tanto, el futuro de las protestas en las calles es un enigma. Ariel Ávila habla del efecto electrocardiograma y afirma que el movimiento “se va a tranquilizar un poco en estos días, porque ya hay mucho desgaste, y en un mes vuelve y estalla” como consecuencia de la falta de soluciones efectivas y de un mandatario que gobierna de espaldas al pueblo. “Duque es un presidente que ha naufragado, ahora solo trata de no hundirse, pero no tienen ningún manejo del país”, concluye Ávila. 

Para Pizarro, el problema es que el Gobierno no ha tenido voluntad de dialogar “ni con los sectores estudiantiles ni con los sectores que movilizó el paro ni con la Minga indígena (…), lo que hay es una serie de desconfianzas que continúan sintiendo los diferentes actores sociales en contra de un Gobierno que por la mañana propone diálogo y por la tarde reprime a la gente de manera brutal”. 

Muchos temen que el diálogo resulte tan fallido como el que se produjo tras las movilizaciones de 2019. Restrepo opina que no hay una disposición para el acuerdo por parte de ningún lado: «El Gobierno no ha logrado reconocer que tiene que cambiar los mecanismos para afrontar la protesta y quienes están en el paro no han reconocido que tienen que cambiar su carácter antisistema. Si no hay ese cambio, esa negociación será una frustración más”. 

En Colombia, los avances en las negociaciones o su fracaso parecen no amainar el sonido de los pitos, las cacerolas, los escudos de la primera línea golpeando el suelo, los tambores de las batucadas entre coloridas pancartas y banderas de la nación. Y una consigna al unísono de miles de ciudadanos: “A parar para avanzar, viva el paro nacional”.