Economía
La política fiscal de Madrid: desigualdad y falta de inversión en servicios sociales
Un informe elaborado por diferentes organizaciones recoge las causas de la desigualdad en Madrid y pide al futuro gobierno revisar la política fiscal que beneficia a las rentas más altas.
La vida en Madrid es “difícil”. Lo reconoció la candidata del Partido Popular a las elecciones a la presidencia de la región el próximo 4 mayo, Isabel Díaz Ayuso. “Es una forma de entender la vida: de pelear, de luchar, de madrugar, de sufrir, de pagar muchos impuestos todavía, muchos, se pagan muchos. Hay que pagarlos, pero son muchos”, aseguró durante un mitin.
La realidad es que la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde 1995, es una de las regiones “con una fiscalidad más regresiva, resultado de un diseño tributario y de numerosas bonificaciones fiscales en favor de las personas más ricas”. Así lo denuncia el informe Retos ante la crisis y propuestas para una recuperación inclusiva, elaborado por diferentes organizaciones, como la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Intermón.
Hay un dato especialmente revelador. Madrid tiene unas bases tributarias de las más altas del país, algo que es normal teniendo en cuenta que se trata del territorio con la mayor renta bruta per cápita y con niveles de consumo superiores a la media. A pesar de ello, “se sitúa a la cola en cuanto a ingresos públicos por habitante: 2.515 euros, frente a un promedio de las CC. AA. de régimen común de 2.989 euros”, se explica en el estudio.
Sus beneficios fiscales a las rentas más altas afectan a impuestos como el de Patrimonio. De acuerdo con los datos referentes a 2017, la comunidad dejó de ingresar por esta bonificación casi 1.000 millones de euros. De ella solo se aprovecharon 16.861; un 0,26 % de la población madrileña dejó de pagar casi 60.000 euros de media. “Si echamos la vista atrás, entre 2011 y 2018 los millonarios residentes en Madrid se han ahorrado casi 6.000 millones de euros al no pagar nada por este impuesto”, aseguran desde las diferentes organizaciones que firman el estudio.
Las deducciones aplicables al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por su parte, hicieron que la comunidad solo recaudase 426 millones de euros en 2017. Según se explica en el informe, “de no existir estos beneficios, alcanzaría los 3.089 millones. De este modo, la región madrileña deja de ingresar 2.663 millones de euros, lo que supondrían unos 409 euros adicionales de gasto público por cada habitante madrileño”.
Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido por las siglas IRPF, Madrid es quien tiene los tipos impositivos más bajos de España por las modificaciones que existen en los diferentes tramos. Esto supone que la región sea la que más ha perdido en cuanto a recaudación, tanto en términos absolutos como per cápita. “Si esta comunidad hubiese mantenido la tarifa estatal y no hubiese modificado su mínimo personal y familiar ni introducido deducciones, habría aumentado su recaudación en 504 millones de euros”, explican las ONG, que, además, denuncian que estas bonificaciones no afectan de igual manera a todos y todas las contribuyentes: “Son los que más ingresan los que se benefician en mayor medida”.
Inversiones mínimas en sanidad, educación y servicios sociales
Esta pérdida de recursos como consecuencia de las bonificaciones fiscales a las rentas más altas tiene una traducción en términos de inversión en servicios públicos. Por ello, la Comunidad de Madrid tiene el menor gasto sanitario de todo el país, con una media de 1.210 euros por habitante en 2020. Asimismo, es la región “que menos porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a atención primaria”, con un 11,5% del total, según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2018.
En cuanto a educación, Madrid tampoco mejora. Otra vez vuelve a situarse a la cola en términos de inversión educativa con 729 euros per cápita en educación durante el año 2020. De acuerdo con los datos proporcionados por el mencionado trabajo, antes de la crisis de 2008, Madrid invertía 1 de cada 4 euros del presupuesto público en educación, mientras que ahora solo dedica 1 de cada 5. En servicios sociales, la Comunidad de Madrid es la cuarta región que menos invierte, con 276 euros por habitante (2020), la mitad respecto a la que más invierte.
La pandemia de la COVID-19 y su crisis asociada no han hecho más que ahondar en los problemas estructurales derivados de la infrafinanciación de los servicios públicos. A pesar de la apuesta por no cerrar determinados negocios y la aplicación de medidas laxas para frenar el virus, Madrid se encuentra entre las provincias que más han sufrido las consecuencias económicas: el Banco de España ha cifrado la caída esperada del Producto Interior Bruto regional en un 10,5%. Además, según se explica en el informe, “tras Canarias, Cataluña y Navarra, Madrid es la comunidad donde el desempleo ha crecido con mayor intensidad”.
Asimismo, en términos sanitarios y de mortalidad, la Comunidad de Madrid es la región con el mayor número de casos de COVID-19 confirmados por número de habitantes, con una tasa acumulada de 8.897 casos por cada 100.000 habitantes, a lo que se suma la alta mortalidad durante estos meses: “A nivel sanitario, no todos se han visto expuestos al virus de la misma manera. Las desigualdades sociales están directamente relacionadas con las desigualdades en salud, de manera que los barrios y distritos con un menor nivel de renta han mostrado mayores índices de incidencia acumulada”, denuncian las organizaciones en el estudio presentado.
Propuestas para el futuro gobierno regional
El informe de la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid, la Red de ONGD para el desarrollo de Madrid y Oxfam Intermón tiene el objetivo de conseguir que el futuro gobierno de la CAM se comprometa a tomar determinadas medidas que vayan encaminadas a reducir la desigualdad y la pobreza. Por ello pide “aumentar la inversión en gasto social para una mejor educación, sanidad y protección social, y otros servicios sociales básicos” y “gestionar de forma eficiente, eficaz y transparente los fondos europeos de recuperación” para orientarlos hacia el “crecimiento inclusivo”.
Para ello creen que es necesario examinar la política fiscal y de gasto social y “avanzar hacia un sistema fiscal autonómico con mayor capacidad para generar recursos de manera más progresiva”. Ante ello, piden la revisión de los impuestos mencionados anteriormente y eliminar aquellos determinadas bonificaciones y deducciones “que ahora mismo benefician a unos pocos y se traducen en menos recursos para gasto social de una gran mayoría”.
Para terminar, las diferentes organizaciones solicitan el desarrollo de políticas y prácticas concretas contra los paraísos fiscales, los cuales definen como “agujeros negros de la fiscalidad”. Creen que la Comunidad de Madrid podría contribuir a frenarlos impulsando una contratación libre de empresas que operen en este tipo de lugares sin causa justificada o exigiendo a las empresas “que sean fiscalmente responsables para conseguir contratos públicos”.
» Madri..» capital europea del » Trumpismo…….» .
» » GRACIASSSSSSSSSSSSSSSS P$(-)€……… » ; ya sabéis…….
Salud y decencia en forma de 3ª República.
EL VALOR DE LO PUBLICO, Mª Luz Martínez Sejo.
La pandemia ha demostrado la importancia de los servicios públicos que son de todos y que se financian con los impuestos que pagamos.
Para todos ha quedado claro que necesitamos una red cuidadora y asistencial para nuestra salud. Incuestionablemente esta protección la ha ofrecido y garantizado el sistema público, en la atención primaria, pero también en los centros hospitalarios, la mayoría públicos.
Hemos podido comprobar que aquellas administraciones que han cuidado su sistema público han ofrecido una mejor atención.
Algunas administraciones han tenido incluso que recurrir al voluntarismo y a la delegación de competencias en el Estado para poder hacer frente a una situación provocada por el abandono de lo público y la irresponsabilidad de la imprevisión ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, pongamos que hablo de Madrid. Afortunadamente para aquellos que no pueden permitirse una atención privada, contamos con un Estado del Bienestar que ha actuado donde se ha necesitado.
No debemos olvidar que España cuenta con un sistema de salud público universal, porque se alimenta de los impuestos a los que los y las españolas contribuimos.
Pero lo público es mucho más que la salud. Es la educación, es la atención social, es cuidar a nuestros mayores, es infraestructura material, es atender a aquellos y aquellas que lo necesitan en momentos complejos como los que estamos viviendo.
Todos los colectivos de una u otra manera han pedido y exigido algún tipo de ayuda en estos tiempos difíciles que atravesamos: ayudas para los trabajadores a través de los ERTE, líneas de avales para las empresas, nuevos subsidios de desempleo, ayudas directas para los autónomos o ayudas al alquiler para los más necesitados. Son algunos de los ejemplos de medidas adoptadas en el ámbito económico y laboral y, financiadas con fondos públicos.
Lo público también provee el ingreso mínimo vital para ayudar a combatir la pobreza estructural existente y la que se ha generado en este último año. Lo público es imprescindible para ayudar a nuestros mayores a vivir con dignidad, cuando necesitan asistencia, cuando llegan a alcanzar un nivel de dependencia, en su casa o en centros asistenciales de mayores. Con ambas opciones reciben ayuda y solidaridad organizada desde lo público.
Nuestros niños, niñas y jóvenes también participan de lo público. El 67,2% del alumnado español está escolarizado en la escuela pública donde reciben la educación y formación necesarias para convertirse en ciudadanos y profesionales el día de mañana. Pero incluso el porcentaje restante también se beneficia de lo público, porque los centros concertados también reciben financiación pública y por eso están obligados a cumplir con las normas comunes al ámbito educativo.
La conclusión es que para mantener las garantías de asistencia, de calidad y de servicios básicos que todos necesitamos en nuestro día a día, se requiere un fuerte sistema público que algunos han debilitado a lo largo de los años y que han denostado y menospreciado. Ahora carecen de estos servicios y deben apelar a la ayuda ajena y externa para garantizar la atención a todas las personas, porque todos nos merecemos una vida digna.
El valor de lo público está demostrado. Pero lo público, que es de todos y todas, hay que mantenerlo. Lo público se financia con los impuestos que pagamos. Los recursos económicos no caen del cielo, por eso es necesaria una política fiscal justa, para que haya justicia social y mantener nuestros servicios públicos con los parámetros de calidad que como sociedad avanzada debemos consolidar. No caben ni la demagogia ni los populismos, que sólo engañan a las personas.
LIBERTAD PARA ESCLAVIZAR.
Libertad significa para estos ultraliberales “libre mercado”. Para que ese “mercado”, es decir, la economía capitalista, sea “libre”, necesita despojarse de la intervención del Estado. De ahí que aboguen por rebajar o anular completamente los impuestos directos a los empresarios, mientras se mantienen a la clase trabajadora; y que el Estado no redistribuya esa riqueza en forma de servicios a la sociedad (sanidad, educación, transportes, prestaciones por desempleo, discapacidad, pensiones, residencias…).
Libertad significa para ellos no sólo explotar al máximo a la clase trabajadora acabando con las leyes que regulan las relaciones laborales y con todo derecho laboral (vacaciones pagadas, días de asuntos propios, permisos de maternidad, pensiones…), sino también robarle a esa misma clase todo lo que le pertenece colectivamente. Este robo se consuma, en primer lugar, privatizando los servicios referidos.
Así estamos viendo cómo en la Comunidad de Madrid y otros lugares, la sanidad está dejando de ser un derecho universal para convertirse en nicho de negocio para beneficio privado. Lo mismo con otros servicios y derechos, como las pensiones de jubilación. La libertad que pregonan los ultra-liberales es la capacidad de convertirlo todo en mercancía -la vivienda, el agua, la energía… hasta incluso la sangre, los órganos y los propios cuerpos enteros de los seres humanos.
El objetivo ultraliberal es transformar la sociedad en una jungla donde prime la ley del más fuerte. Y, en el capitalismo, basado en la idea del individualismo egoísta, el más fuerte es quien posee más dinero. Por eso repiten constantemente que quienes pasan por dificultades no tienen derecho a pedir ayuda al Estado (a diferencia de los capitalistas, como se ve en los rescates a las empresas y la banca con el dinero de todos).
Cuando un partido como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid te da a elegir entre “comunismo o libertad”, por este último término lo que quiere decir es: “Dejadnos seguir despojándoos de todos los derechos sociales y laborales que habéis conseguido con vuestra lucha, para que podamos extraer más plusvalía de vuestro trabajo y más control sobre vuestras vidas”.
La verdadera libertad consiste en la autodeterminación, pero no individual, sino colectiva. Esa es la que tenemos que ganar los grupos oprimidos y explotados por el capital, para ser dueños de nuestro destino, con organización autónoma, de clase, única forma de librarnos de la esclavitud de su “libertad”.
https://canarias-semanal.org/art/30274/libertad-para-esclavizar-las-falacias-del-eslogan-comunismo-o-libertad