Las agresiones urbanísticas a la Costa Brava que el nuevo Plan Director no ha parado

Este es un reportaje publicado originalmente en La Directa. Puedes leerlo en catalán aquí.

El 28 de enero se aprobó definitivamente el Plan Director Urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral gerundense. El plan revisa los suelos donde se puede construir, excluyendo los municipios que ya tienen un planteamiento municipal adaptado al contenido del Plan territorial parcial de las Comarcas Gerundenses. El PDU incluye Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar y Blanes. Por otro lado, excluye Palamós, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell y Castelló d’Empúries. En total, se han revisado 201 suelos (166 sectores de suelo urbanizable y 35 ámbitos de suelo urbano) donde se podrían llegar a levantar hasta 31.000 viviendas. Con el nuevo plan, 86 zonas pasarán a formar parte de la red de espacios abiertos y, por tanto, serán no urbanizables. Según la Generalitat de Catalunya, se evitará la construcción de más de 15.000 viviendas.

El PDU también define medidas de mejora de la integración paisajística de los suelos con edificaciones aisladas a los 22 municipios del litoral de Girona. Es decir, el plan fija unas directrices de integración paisajística que se deberán cumplir cuando se quieran construir viviendas aisladas rodeadas de jardín. Según la entidad ecologista SOS Costa Brava, las directrices son una herramienta importante para evitar desastres paisajísticos como el caso del Golfet, en Palafrugell, que según explican, «escandalizó incluso al departamento de Territorio y Sostenibilidad cuando tramitó un Plan de Mejora con la finalidad de ordenar unos terrenos y mejorar la integración paisajística con el entorno, derribaron la vivienda preexistente de unos 300 metros cuadrados y terminaron construyendo un armatoste de cien metros cuadrados desfigurando el acantilado, la cresta y la línea de paisaje de la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell».

Un pequeño paso, pero insuficiente

La entidad SOS Costa Brava se muestra satisfecha con la aprobación del plan, aunque considera que todavía es insuficiente. Argumentan que la Generalitat ha desclasificado o reducido el potencial de construcción de aquellos proyectos que no implican indemnizaciones o posibles procesos judiciales. Según Irene Gisbert, portavoz de SOS Palafrugell, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha intentado buscar un equilibrio entre desclasificar suelos y la posibilidad de entrar en procesos judiciales que podrían anular el plan.

Desde la entidad SOS Costa Brava piden que se den más pasos en la dirección del PDU. Consideran que la capacidad de carga de la Costa Brava ya está superada y que hay que parar la construcción de segundas residencias y salvar los pocos recortes de bosque que quedan en primera línea de mar. En esta línea, Irene Gisbert defiende que «aunque sean partes de bosque, hay que conservarlas para recordar cómo era la Costa Brava».

Sin embargo, Gisbert remarca las reticencias de los ayuntamientos para desclasificar terrenos, ya que en general hay muchos intereses para poder urbanizar estos espacios. Además, a menudo son terrenos de familias del mismo municipio y las relaciones personales y los intereses económicos dificultan su protección. Mientras tanto, la presión de las entidades ecologistas y los habitantes es la mejor herramienta para poder salvaguardar los terrenos. «Por suerte, están apareciendo muchos SOS y Salvem», explica Gisbert, haciendo que, ante esta presión popular, los ayuntamientos tomen decisiones más valientes.

SOS Costa Brava defiende también que hace falta un cambio de modelo, más allá del binomio turismo y construcción: «Las zonas más urbanizadas y turísticas del litoral gerundense son también las más empobrecidas». Por este motivo, la entidad defiende que «hay que parar la turistificación de la Costa Brava». Irene Gisbert considera que «hay que cambiar el modelo litoral de Girona, ya que no funciona».

Una nueva forma de hacer política urbanística

La aprobación del PDU ha tenido una gran incidencia en el litoral gerundense y la entidad SOS Costa Brava ha sido fundamental. «Por fin se demuestra que era posible desclasificar masivamente sectores urbanizables», afirma el abogado de la entidad, Eduard de Ribot, al valorar un plan que califica de «necesario, pero que todavía no es suficiente para salvar la Costa Brava», donde quedan cerca de 250 zonas en peligro.

En este sentido, el nuevo plan apunta a una nueva forma de hacer política urbanística en el país, aunque para Ribot la solución sería eliminar definitivamente la política de segundas residencias. «Es una política incoherente porque se sacrifica patrimonio natural por una ocupación ridícula e innecesaria de un solo mes al año en un territorio que ya ha superado su capacidad de carga». La coordinación entre organismos públicos se apunta como posible solución. «Estaría bien que el Observatorio del Paisatge informase de manera vinculante sobre todas aquellas promociones urbanísticas y actuaciones con importante impacto paisajístico», añade Ribot.

SOS Costa Brava ha sido el elemento dinamizador fundamental para conseguir el PDU, pero además ha demostrado que era posible cambiar los planteamientos e impedir que se destruyese el paisaje, según explica el abogado de la entidad, en referencia a los más de ochenta sectores que han sido desclasificados. «Hemos hecho una tarea muy importante de actos en cada uno de los pueblos del litoral, hemos exigido el plan director y hemos explicado los riesgos de urbanización que había. Cada año ha habido al menos quince actos para dar a conocer la situación de la Costa Brava». Por tanto, «si se quiere, se puede. Lo que falta es voluntad política», concluye.

Todavía queda mucho trabajo por hacer y el 2021 apunta ser un año importante para SOS Costa Brava. Además de cambiar de entidad jurídica y convertirse en una federación, tienen dos objetivos principales. Por un lado, iniciaran una campaña para salvar los recortes de bosques situados en primer línea de mar, que significará llevar la discusión urbanística al ámbito local. Por otro lado, quieren conseguir la creación del Conservatori del litoral, con una forma de financiación que garantice la adquisición de terrenos que tienen habitantes de interés comunitario y prioritario o bien zonas forestales. Además, continuarán con todas las alegaciones que todavía no han quedado resueltas, que no son pocas.

Después de la publicación del PDU, algunos de los proyectos que amenazan el litoral de Girona han sufrido ciertos cambios. En el mejor de los casos, los suelos han estado desclasificados, mientras que en otros se ha reducido la edificabilidad potencial. También los ha habido que se han visto parados por el juzgado instructor, pero aún hay decenas que el PDU no revisa o directamente levanta la moratoria que los frenaba, manteniendo la edificabilidad potencial y, por tanto, condenando a la destrucción la tierra donde se proyectan.

Llançà (l’Alt Empordà)

En el municipio de Llancà había tres proyectos urbanísticos en desarrollo: Super Fener, Roses 2 y Cap Ras, que han tenido diferente afectación a raíz del PDU. Por un lado, en Cap Ras se mantiene la parte que ya había comenzado a urbanizarse, mientras que el resto, que habría supuesto la construcción de 76 viviendas, queda desclasificada. Por otro lado, tanto el proyecto Roses 2 como el Super Fener deberán adaptarse a la normativa del PDU y reducir la edificabilidad potencial.

En este sentido, el PDU pide que el planteamiento general municipal debe volver a estudiar la delimitación de los ámbitos para generar una franja amplia y continua de espacio libre de edificación en el límite con el municipio vecino, el Port de la Selva, y afirma que la nueva delimitación puede comportar el cambio de parámetros urbanísticos, pero no debe comportar más edificaciones al este de los edificios ya existentes para garantizar la franja mencionada.

Además, el PDU recuerda que habrá de incorporar las líneas de dominio público marítimo-terrestre y la servidumbre de protección de acuerdo con la legislación sectorial de costas. Según Marta Ball-Ilosera, de la entidad SOS Costa Brava, este proyecto se ubica en unos terrenos localizados entre el mar y el parque natural del Cap de Creus y representa una conexión ecológica del Parque, del riego de Sant Feliu. Ball-Ilosera añade que es un área principalmente forestal con pendientes superiores al 20% que no apta para urbanizar.

Cadaqués (l’Alt Empordà)

En el municipio de Cadaqués se pretendía construir una urbanización de 104 casas y un hotel de lujo en Sa Guarda. El documento inicial del PDU preveía la reducción del 25% del sector, que ahora se eleva hasta el 50%. Se reduce la edificabilidad de toda la zona oeste y en el Turó de Calders se mantiene la directriz de reordenación excluyendo las edificaciones con mayor afectación a la visibilidad. En esta línea, David Tubau, miembro de la asociación Amics de la Natura de Cadaqués, explica que «el PDU garantiza que la parte de delante que se ve de todo el pueblo es la que se dejará como no urbanizable. De todas formas, la urbanización se vería igualmente desde Port Lligat y el Cap de Creus».

El proyecto de urbanización de Sa Guarda se anuló en el mes de junio en un pleno extraordinario telemático del Ayuntamiento de Cadaqués. En ese pleno se declaró nulo de pleno derecho el acuerdo de la junta de gobierno local que, el 21 de junio de 2013, aprobó definitivamente el proyecto. Esta anulación contó con un informe de la comisión jurídica asesora del gobierno autonómico catalán solicitado por el gobierno municipal. El informe considera que el proyecto urbanístico se había realizado sin una correcta previsión de suficiencia de recursos hídricos.

De hecho, la ausencia de planificación de recursos hídricos fue el motivo por el cual en junio de 2019 el Ayuntamiento de Cadaqués paró las obras ya comenzadas en Sa Guarda. Una vez anulado definitivamente el proyecto de urbanización, la Asociación de Amigos de la Naturaleza de Cadaqués reclamó la restitución de los terrenos a la situación previa. David Tubau explica que «hace falta que restituyan los terrenos y eso es muy costoso. Se han cargado piedra seca y más de 400 olivos verdals de denominación de origen Empordà».

Aunque el proyecto de urbanización queda anulado, los promotores del proyecto pueden presentar uno nuevo adaptado al PDU. Es decir, un proyecto que reduzca la urbanización un 50%. El objetivo de SOS Costa Brava es evitar cualquier proyecto futuro y conseguir que se clasifiquen como no urbanizables el 100% de los terrenos de Sa Guarda. Las entidades ecologistas también reclaman responsabilidades penales a los promotores del proyecto. Por eso, denunciaron el proyecto de urbanización por vía contenciosa y vía penal en la Fiscalía de medio ambiente de Girona. Actualmente, la denuncia se está tramitando en el juzgado número 4 de Figueres, pendiente del informe de los Mossos d’Esquadra.

Según David Tubau, hay entre siete y ocho propietarios, pero el 71% de la propiedad es de los hermanos Dalmau y de un inversor holandés. El miembro de Amics de la Natura de Cadaqués considera que el proyecto no tiene solvencia económica, ya que la urbanización estaba presupuestada en unos nueve millones de euros, de los cuales hay que avalar el 12%; pero buena parte de los terrenos de Sa Guarda están embargados. Es por eso que desde SOS Costa Brava y la Asociación de Amics de la Natura de Cadaqués denuncian que la urbanización se podría quedar a medio hacer y que después la comprase un fondo inversor.

Pau (l’Alt Empordá)

El caso de Pau casi no ha cambiado en los últimos dos años. La construcción de más de 200 nuevas viviendas y de un hotel prevista en este pueblo de poco más de 500 habitantes se ha parado por la modificación del POUM propuesta por el nuevo equipo de gobierno. Este hecho permitirá saber si se elimina definitivamente esta urbanización. De momento, un bufet de arquitectos está trabajando en su elaboración.

«Como IAEDEN-Salvem l’Empordà, entidad dentro de SOS Costa Brava, estamos muy pendiente de este POUM y haremos todo lo posible porque esta urbanización no sea posible», declara Raúl Domínguez, portavoz de Custodia del Territorio de SOS Costa Brava. La ejecución de este proyecto supondría la destrucción de una de las últimas conexiones entre el parque natural del Cap de Creus y el parque natural de Aiguamolls de l’Empordà.

La resolución todavía no se conoce, ni parece que se vaya a conocer pronto. Según Domínguez, «es un tema que está más bien parado, porque un POUM puede tardar casi dos años» y, por otro lado, «el alcalde no se acaba de posiciones, a veces dice que lo quiere desclasificar y otras dice que jurídicamente es difícil». Aun así, la entidad ambientalista defiende que este proyecto, que se arrastra desde el año 1999, no cumple la normativa ambiental y urbanística vigente.

Begur (el Baix Empordá)

El municipio de Begur sigue siendo uno de los más afectados por la urbanización del litoral gerundense, a pesar de ser uno de los que se ha beneficiado más por el PDU. Un total de once proyectos han sido desclasificados. El de Cala d’Aiguafreda ha sido la gran victoria: se ha evitado la construcción de 270 viviendas y tres hoteles y se han salvado unas setenta hectáreas de bosque. Este era uno de los proyectos con más impacto, detonante de la creación de la plataforma local y posteriormente de SOS Costa Brava. Un sector de Sa Riera, una parte de Sa Tuna y otra de Aiguablava también se han desclasificado, evitando así un total de cuarenta nuevas edificaciones.

«Algunas zonas se han salvado, pero otras ya están en marcha. El proceso urbanizador continúa y, por tanto, también nuestras denuncias», explica Lydia Chaparro, portavoz de Salvem la Costa de Begur. Así pues, aquellos territorios que se pedían en las alegaciones y no se han incluido en el PDU, como ahora las urbanizaciones de Sa Riera Living, de la pedrera de s’Antiga y de Montcal-2, así como el chalet en la cala Port des Pi, siguen respectivamente sus procesos judiciales.

«No entendemos como el Ayuntamiento no ve el PDU con buenos ojos cuando, en realidad, deberían alegrarse, porque el potencial edificatorio en Begur era enorme y continúa siéndolo; ahora, sin embargo, gracias a la presión ciudadana, hemos conseguido salvar algunos espacios naturales», añade Chaparro. Para conseguir salvar más han querido implicar a otros organismos como el Laboratorio del Paisaje de la Universitat de Girona, que debe pronunciarse técnicamente y de forma independiente sobre el efecto que tendría en el paisaje el proyecto de la pedrera de s’Antiga.

Palafrugell (el Baix Empordà)

Palafrugell es uno de los municipios que no han entrado en el PDU, ya que se considera que su planteamiento municipal está actualizado y adaptado a la regulación vigente. En Palafrugell hay cuatro casos vigentes: Aigua Xelida, el Golfet, la montaña de Sant Sebastià y el Cap Roig.

Aigua Xelida es un espacio al lado del Espacio Natural Protegido Muntanyes de Begur y con fuentes pendientes, donde se quieren edificar 33 viviendas de lujo de 300 m², cada una de ellas con piscina privada, afectando a 33.000 m² de suelo forestal. Se prevé, además, la construcción de un hotel. Las viviendas que se quieren construir deberán adaptarse a la nueva normalidad paisajística del PDU. Gisbert considera que las macroviviendas previstas deberán replantearse y eso reducirá las dimensiones de las viviendas.

El Golfet era una antigua casa que se ha convertido en un edificio de 1.004 m². Situada al lado del Espacio de Interés Natural de Cap Roig, esta edificación se encuentra en una pendiente superior al 30%, por tanto, no debería poder urbanizarse. Además, este edificio multiplica por cuatro el techo edificado del antiguo chalet, que tenía 200 m². El caso del Golfet está en los tribunales y SOS Costa Brava espera poder ganar este proceso judicial y derribar parte de la construcción. Eduardo Ribot, de SOS Costa Brava, remarca que recientemente la sentencia del juzgado contencioso número 1 de Girona ha anulado las tres licencias por falta de estudio paisajístico, de informe del órgano de paisaje, de análisis de alternativas de emplazamiento y por exceso de altura de los muros y de ocupación.

El proyecto de la montaña de Sant Sebastià consta de tres terrenos con un total de 49 viviendas. Dos piezas están en ejecución y otra está ejecutada. Actualmente, las obras están paradas. Este proyecto está al lado del GR-92 y una parte de los bloques y las piscinas estarían situadas en pendientes del 100%. Además, SOS Costa Brava denuncia que el proyecto implica la deforestación de los terrenos en una zona muy frágil debido a la densidad de construcciones ya ejecutadas. En este caso, también hay un proceso judicial administrativo pendiente de resolución por parte del Ayuntamiento.

El proyecto de Cap Roig también está en los tribunales. Se pretenden edificar 1.550 m² ubicados dentro del Espacio de Interés Natural de Cap Roig. Los terrenos también forman parte de la Xarxa Natura 2000, es un lugar de interés comunitario (LIC) y una zona de especial protección para las aves (ZEPA), además de ser de protección especial según el Plan Territorial Parcial de las comarcas de Girona y de estar al lado del Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) del Castell. En el Plan especial urbanístico de la Fundación La Caixa hay planificados cuatro edificios: un auditorio soterrado de 525 m², otro equipamiento polivalente de 400 m², otro edificio soterrado de 550 m² y un cuarto de dos plantas y de 338 m². Además, el proyecto prevé la ampliación del embarcadero de la cala d’en Massoni. El proyecto inicial se ha reducido y solo está prevista una de las cuatro edificaciones. Actualmente, sigue pendiente de resolución un recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Palamós y el pinar de Gori (el Baix Empordà)

Palamós es uno de los municipios que no se ha visto afectado por el PDU. Así pues, el proyecto de apartamentos de lujo al lado del espacio protegido de cala s’Alguer es uno de los que más ha avanzado desde 2019. Ya pueden verse dos de los tres bloques de 24 apartamentos cada uno construidos, incluso habitados, ocupando buena parte del pinar de Gori. En lo que respecta al tercer edificio previsto, también de 24 apartamentos, se ha conseguido que el Ayuntamiento de Palamós denegase la licencia de obras el pasado 28 de enero.

La entidad Salvem la Pineda d’en Gori ha defendido desde el primer momento que la licencia de obras de todo el proyecto de cala s’Alguer está mal dada e incompleta, ya que se comenzó a construir sin el informe previo de Cultura y, una vez emitido, era desfavorable, pero nunca se planteó. Así pues, parte del antiguo pinar ha desaparecido y su lugar lo han ocupado dos edificios, un aparcamiento, una piscina y se ha cortado uno de los caminos de acceso de vecinos entre las calas y la playa de la Fosca.

Aun así, este no es el único caso de vulneración medioambiental contra el cual lucha actualmente Salvem la Pineda d’en Gori. «El tercer edificio, el antiguo camping Bellafosca, la ampliación del puerto y el camino de Ronda son los proyectos que nos preocupan en estos momentos», afirma Zeta Figa, su portavoz. Continúan las movilizaciones ciudadanas periódicas, sobre todo contra el camino de Ronda que quiere unir Palamós con la playa de Castell, pasando por la Fosca y el pinar de Gori. «Se quiere hacer un parque urbano metido dentro de la naturaleza», explica Figa en referencia a la modificación que ya se está haciendo del camino tradicional por uno más amplio, construido con arenisca y con diversos miradores de nueva construcción a lo largo del recorrido».

El Ayuntamiento de Palamós concedió a la empresa Massachs la ejecución de este proyecto, que se dio a conocer la pasada primavera, en plena pandemia. La entidad ambientalista se reunió en varias ocasiones con el consistorio para exponer sus motivos para parar el camino de Ronda y así se consiguió que se revisasen los tramos pendientes para reducir el impacto. Finalmente, ya se han acabado las obras del camino de Ronda y en Semana Santa ya se podía pasear. Unos 3,5 kilómetros en total que unen el núcleo urbano de Palamós con la playa del Castell. Las entidades ecologistas han denunciado la actuación a Urbanismo, Cultura y Biodiversidad y Medio Ambiente, criticando la desnaturalización del espacio y el hecho de haber sacado adelante el proyecto a pesar de estar esperando una respuesta a la denuncia presentada hace tres meses en el Servicio de Protección de la legalidad urbanística, la Dirección General de Urbanismo y en la Comisión General de Urbanismo de Girona.

Tossa de Mar (la Selva)

En Tossa de Mar hay cinco sectores afectados por posibles urbanizaciones. Dos de ellos quedan totalmente desclasificados. Por tanto, no se podrá construir. Son Cala Morisca y Can Truges. El caso del proyecto de Cala Morisca lleva en cola desde hace más de veinte años. El Ayuntamiento de Tossa de Mar reactivó el proyecto de urbanización de ochenta viviendas unifamiliares en Cala Morisca previsto en el POUM del año 1988. Finalmente, los planes han quedado totalmente desestimados y no se podrá construir en Cala Morisca.

Los otros sectores son Can Coure, PMU Martossa-Portopí II, La Pola y Giverola. En los sectores de Can Coure y PMU Martossa-Portopí II se reducen las hectáreas urbanizables. En el caso de La Pola y Giverola hay dos sectores y es el más pequeño el que se desclasifica. El más grande queda modificado, de 33 viviendas, queda reducido a un 38% y tan solo se podrá urbanizar para usos de equipamientos o servicios.

Autopista de la Costa Brava, C-32 (la Selva)

Actualmente, el proyecto de ampliación de la autopista C-32 ha quedado suspendido a la espera de la decisión del juzgado. Es la tercera vez que se tramita el proyecto y que las entidades que agrupan la plataforma Aturem la C-32 han presentado alegaciones. En la primera ocasión, en el año 2015, la declaración de impacto ambiental estaba caducada y, por tanto, no era válida. La segunda, en cambio, no tenía en cuenta la nueva la ley de cambio climático que había entrado en vigor hacía unos meses, según explica Joan Mora, portavoz de la plataforma.

El nuevo proyecto de ampliación presentado por el gobierno autonómico catalán, sin esperar la sentencia del juicio anterior, incorpora ciertos cambios, entre ellos un estudio de alternativas en el cual se contempla la mejora de la red existente, que es lo ha pedido desde un principio la plataforma Aturem la C-32. Otro de los cambios es el presupuesto, que se ha duplicado respecto a los proyectos anteriores.

El Gobierno catalán se posiciona a favor de la autopista justificando que la inversión económica actual reducirá el impacto ambiental a largo plazo: disminuirá el tiempo de desplazamiento y, por tanto, las emisiones de CO2. La plataforma Aturem la C-32 sigue oponiéndose alegando que es una infraestructura innecesaria, que no responde a una necesidad ciudadana y que destruirá no solo el patrimonio natural sino también el cultural. Además, según Mora, «no tiene sentido que Abertis invierta en siete kilómetros de autopista un dineros que supondrán alargar los peajes más años», ya que el proyecto tiene un coste total de más de 86 millones.

Cada vez hay más voces que piden parar la autopista de la Costa Brava. A las consultas y las movilizaciones de los años anteriores se ha sumado el sector hotelero, conscientes de que el territorio es su principal reclamo. «Si queremos cambiar hacia una estrategia que vaya dirigida a favorecer una movilidad más sostenible, la autopista no es la solución. Es mucho dinero para pocos kilómetros de una carretera que te lleva a ninguna parte», concluye Mora, en un intento por defender un turismo más sostenible y un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. También se ha sumado el Ayuntamiento de Tossa, que aprobó una moción en el pleno celebrado el 19 de enero de 2021, en el cual se posicionaba en contra del proyecto por su gran impacto ambiental y por considerar que no es compatible con el deber de adoptar medidas de mitigación del cambio climático.