El acuerdo entre Endesa y Catalunya para condonar deudas. ¿Podría extenderse a todo el Estado?

“Acuerdo histórico”. Así se tildó desde las organizaciones sociales al pacto entre la Generalitat de Catalunya y Endesa alcanzado a finales de marzo para que la energética condone el 75% de la deuda acumulada por las familias más vulnerables entre 2015 y 2020, mientras que la administración autonómica asumirá el resto. 

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) defienden el calificativo usado en esos momentos porque se trata de un acontecimiento “que no ha pasado antes”. Pero, ¿puede volver a pasar? ¿Es posible extender al resto de comunidades el acuerdo al que se ha llegado en Catalunya? ¿Se podría hacer con el resto de empresas? “Evidentemente es extrapolable, pero hace falta voluntad política”, explica María Campuzano, portavoz de la APE.

La realidad en el resto de país es que no hay un marco jurídico como el catalán que abra la puerta a este tipo de negociaciones. El convenio entre Endesa y la Generalitat se enmarca dentro de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y fue impulsada desde la sociedad civil gracias a organizaciones como la propia APE o la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH). “Como en Catalunya no había competencias para obligar a las empresas a asumir esas deudas, se propuso esta negociación para intentar conseguirlo”, explica Campuzano. Esperan, por lo tanto, que se firmen sendos convenios con otras grandes compañías como Naturgy o Iberdrola en los próximos meses.

Abordar la situación a nivel nacional

En la actualidad, tras el inicio de la pandemia, desde el Gobierno central se prohibieron los cortes de suministros a las familias más vulnerables, lo que no evita que la deuda se acumule. Esto se combina con el bono social que cualquier persona en situación de vulnerabilidad podría solicitar. 

Para la APE esta no es la solución y por ello han iniciado una campaña nacional: “La regulación debería hacerse a nivel estatal, obligando a las compañías a hacer tarifas sociales que incluso pueda llegar a un descuento del 100% […] y que sea la empresa quienes asuman los descuentos. Son empresas que gestionan necesidades básicas y hacen un negocio con la energía, por lo que deberían ser ellas quienes asuman los costes de quien no pueda pagar”, defiende la portavoz María Campuzano.

Desde el programa Ni un hogar sin energía, promovido por ECODES, también reconocen la falta de regulación en el resto de comunidades para extrapolar el acuerdo catalán. Ante ello, creen que “una regulación nacional haría el camino más rápido”: “La energía es un derecho esencial y el Estado debe garantizar que las personas más vulnerables puedan acceder a este servicio esencial de forma asequible”, defienden. Asimismo, consideran que debe impulsarse un programa de rehabilitación energética de viviendas, priorizando a los hogares con menos recursos “ya que la energía más barata es la que no se consume”: “Esta medida contribuiría también a la descarbonización de nuestros edificios, medida esencial también para hacer frente al cambio climático”.

El Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tiene las competencias para la elaboración de esta potencial legislación nacional, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.

A preguntas de lamarea.com, Endesa defiende que el convenio firmado con la Generalitat “no es replicable porque no hay regulación sobre la que sustentar una acuerdo así” en el resto de comunidades o a nivel estatal: “En España hay solo regulación para bono social”, explican. Aunque desde la energética inciden en que se ha tardado 6 años en conseguirlo, señalando así la dificultad para alcanzar el acuerdo, aseguran que se ceñirán a la regulación que se lleve a cabo en cada lugar. Iberdrola y Naturgy, por su parte, no han contestado a las cuestiones enviadas.

Las cifras de la pobreza energética

Según el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética del Ministerio de Transición Ecológica, que recoge los datos de 2019, un 16,7% de los hogares tenía un gasto energético desproporcionado y el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, es decir, por “un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional”. Asimismo, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno y un 6,6% presentó retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda. Para cada uno de estos indicadores, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 establece un objetivo de reducción mínimo del 25% para el año 2025 y fija una meta del 50%.

Desde la cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona cifran en un 8,3 el porcentaje de familias que no pueden pagar los suministros, es decir, 1,5 millones no pueden hacerse cargo de los pagos de los suministros de luz, agua o gas. Según Oxfam Intermón, las comunidades que presentan los peores datos son Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana, siendo las familias monomarentales y las personas mayores que viven solas las más vulnerables ante este tipo de situaciones.