El CSIC pide al juzgado parar el derribo de Fraguas

Las personas que han repoblado el abandonado pueblo de Fraguas, en la sierra de Guadalajara, han recibido una bocanada de aire: el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha pedido al juzgado competente del derribo su inmediata paralización. Según el director del Incipit, Felipe Criado-Boado, el pueblo puede catalogarse como patrimonio histórico y etnográfico.

El escrito que han registrado ante el Juzgado de lo Penal Nº1 de Guadalajara, además, menciona la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha (4/2013) y concretizan: “Así, la arquitectura negra, a la que pertenece la iglesia de la localidad, aparece mencionada explícitamente en la disposición adicional tercera de dicha ley como Patrimonio Cultural” de la región. El texto por el que se pide la paralización inmediata del derribo continúa: “Además, el pueblo en su conjunto se puede considerar patrimonio arqueológico tal y como se define en el artículo 49 de dicha ley: el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo”.

La historia de Fraguas, la nueva, se remonta a 2012, cuando algunas personas intentaron volver a llenar de vida las calles deshabitadas de este pueblo. Como consecuencia, seis de ellas están condenadas a casi dos años de prisión por un delito de ocupación y contra la ordenación del territorio y al pago de una multa de miles de euros. Pese a ello, los habitantes que se han instalado en la localidad han seguido con su cotidianeidad durante todo el tiempo máximo que el proceso judicial les ha permitido.

La sentencia llegó en julio de 2019: fueron condenados a un año y nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. La Audiencia Provincial de Guadalajara ratificó la pena, contra la que no pudieron hacer nada. Les denegaron poder recurrirla al Tribunal Supremo, un hecho que el Tribunal Constitucional tampoco quiso tomar en consideración. La condena llevaba asociada el pago de una multa económica: 2.160 euros por usurpación y 1.080 por el mismo delito por el que fueron condenados a cárcel. A todo ello se suma el pago de la demolición del pueblo, que finalmente Tragsa cifró en 32.000 euros.

Carles Mulet, senador de Compromís, se ha hecho eco de este nuevo movimiento cuestionando al Gobierno central por sus próximas acciones. Él mismo ya ha pedido en dos ocasiones el indulto para los repobladores, pero en este caso preguntará “¿qué medidas piensan adoptar, dentro de sus competencias, y en colaboración con la administración autonómica, para que no se provoque en el municipio de Fraguas una pérdida irreparable delpatrimonio cultural, arquitectónico, histórico y etnológico español?”.