Ayuso adjudica un nuevo contrato de 119.000 euros a la empresa de una ex edil del PP

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha adjudicado el contrato del “servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital Central de la Cruz Roja” a la compañía Ariete Seguridad S.A.. La ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón entre 2011 y 2017, Silvia Cruz, figura como apoderada única de la compañía.

La convocatoria, que se abrió a finales de noviembre, fue resuelta el 29 de diciembre. Ariete Seguridad consiguió la adjudicación obteniendo 100 puntos de 100 posibles, 0,38 más que su único competidor, Bilbo Guardas Seguridad S.L., cuya oferta sin IVA fue 762 euros superior. De esta forma, será la empresa de la ex edil de Alcorcón la que prestará los servicios durante seis meses por un montante cercano a los 120.000 euros, IVA incluido, al haber presentado “la proposición más ventajosa”.

Esta no es, ni de lejos, la única licitación ganada por la compañía de seguridad de Silvia Cruz. A mediados de noviembre, consiguió hacerse con el “Servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal” gracias a un procedimiento de “tramitación de emergencia”, es decir ‘a dedo’ y sin concurso público. El contrato, de seis meses de duración (noviembre 2020-mayo 2021), supone unos ingresos superiores a los 800.000 euros para su sociedad. 

Desde la Consejería de Sanidad han explicado a lamarea.com que la formalización de la adjudicación fue realizada por trámite de emergencia debido a la “rápida construcción” del hospital y a la “apertura posterior inminente, una vez que las constructoras entregaron la obra y la seguridad pasa a ser competencia de la Administración”. Asimismo, aseguran que “el contrato se ha realizado por un periodo provisional de seis meses, que es lo que se va a tardar en licitar un contrato abierto por procedimiento ordinario”, y se ha elegido a Ariete Seguridad por ser una compañía “que ya ofrece este servicio en hospitales de la red pública”.

Según figura en el pliego de la resolución, Ariete Seguridad deberá aportar nueve vigilantes de seguridad para el Zendal y un jefe de equipo, “ascendiendo el precio unitario hora a facturar a la cantidad de 17,99€ (sin IVA)”. Una semana después de la firma del expediente, la empresa buscaba ocho “vigilantes de Seguridad con TIP para cubrir servicios de vigilancia” en Madrid a través de un conocido portal de empleo, aunque no se especificaba el lugar exacto en el que se iban a prestar los servicios. El salario bruto ofrecido era de entre 18.000 y  21.000 euros anuales con “turnos de mañana, tarde y/o noche”.

Contratos menores y de emergencia

De acuerdo con la información publicada por el diario infoLibre, a finales de 2020, la compañía realizaba labores de vigilancia en hasta nueve hospitales del Servicio Madrileño de Salud. En el último lustro, sus convenios con la Comunidad de Madrid le han reportado ingresos por valor de 13,18 millones de euros –5,82 millones en adjudicaciones directas y otros 7,35 millones a través de uniones temporales de empresas (UTE)– gracias a más de 80 contratos, la gran mayoría firmados por la Consejería de Sanidad. Si atendemos al procedimiento, nueve de ellos se han formalizado mediante “emergencia” y casi sesenta a través de contratación menor. 

Silvia Cruz figura como apoderada única de Ariete Seguridad desde septiembre de 2017, dos meses después de dejar su acta en el Ayuntamiento de Alcorcón. En ese momento, ejercía como teniente de alcalde. Entre 1999 y 2011 ya había sido directora general de la empresa familiar. Antes de su regreso tras su paso por la política, habían ejercido como apoderados únicos su padre Emilio Cruz Roldán (2009-2014), quien llegó a ser entrenador del Atlético de Madrid y del Getafe, entre otros, y su madre, Teresa Martín Suárez (2014-2017). 

En la última década, el sindicado UGT ha denunciado al menos tres convenios colectivos de Ariete, dos de los cuales fueron anulados por la Audiencia Nacional (2013 y 2018) y un tercero por el Tribunal Superior de Justicia (2017). Según publicó Vozpópuli, en febrero de 2015, la CAM aceptó un convenio colectivo particular de Ariete Seguridad “muy alejado del sectorial o estatal”. En el texto se explicaba que la compañía rebajaba  los precios de los servicios “para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad”. La Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre las polémicas en el ámbito laboral y los procedimientos utilizados para la contratación de la compañía en los últimos años.

Otras empresas de la exconcejala

Silvia Cruz figura como apoderada única en al menos otras cuatro compañías, dos de las cuales también han sido contratadas por la Comunidad de Madrid. Una de ellas es Emysi S.L. que, según el buscador de contratos de la administración regional, se habría hecho con 15 contratos desde 2015, los cuales suman casi 850.000 euros. La mayoría son contratos menores de pequeñas cantidades para servicios de atención al público, principalmente. 

El mayor convenio firmado por la compañía para el “servicio de atención al visitante” en diferentes museos de la comunidad le reportó unos ingresos de 822.437 euros para un trabajo a realizar durante los años 2018 y 2019. La fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación fue el 27 de noviembre de 2017, momento en el cual Silvia Cruz ya figuraba como apoderada de la empresa. La adjudicación se resolvió algunas semanas después, el 2 de enero de 2018.

El contrato, que finalizaba el 31 de diciembre de 2019, ha sido prorrogado hasta en tres ocasiones: del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril hasta el 30 de junio y desde el 13 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2020. Esto ha supuesto algo más de 300.000 euros para la sociedad de la ex concejala popular, que eleva por encima del millón de euros los ingresos por los servicios contratados por la CAM.

Cruz también es apoderada única de Eset Servicios Auxiliares, empresa contratada por la administración regional en al menos 26 ocasiones para desempeñar servicios de control de acceso en diferentes albergues juveniles. Son todos contratos menores que suman un total de 34.000 euros.