Jueces y fiscales hacen huelga contra las reformas de Gallardón

Jueces y fiscales están llamados a participar hoy, miércoles, a en una jornada de huelga para protestar contra la politización del Consejo General del Poder Judicial, la «privatización» del Registro Civil y la «paupérrima» situación de medios personales y materiales que soporta desde hace décadas la Administración de Justicia.

La huelga está convocada por cuatro asociaciones, que no son mayoritarias en la judicatura y que han presentado un manifiesto en el que muestran sus reclamaciones.

La principal reivindicación es la retirada del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ) aprobada por Real Decreto Ley el 28 de diciembre. A juicio de los convocantes de la protesta, esta LOPJ ha supuesto la supresión automática de entre 900 y 1000 jueces y 300 fiscales, lo que, a su vez, implica “sobrecargar todavía más a los jueces y fiscales que ya están tremedamente sobrecargados” y que afecta a la dilación de los procesos judiciales.

El otro punto fuerte de la protesta es la petición de la retirada de las nuevas tasas judiciales que “impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos”.

“Desde la entrada en vigor del tasazo se ha producido una disminución en torno al 25% de litigios respecto al año pasado”, explican en un comunicado sobre los motivos de la huelga.

Además, también reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto y más inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles. En este sentido, recuerdan que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.

Los jueces y fiscales estarán acompañados en sus protestas de los funcionarios de Justicia, también llamados a concentrarse frente a sus centros de trabajo en una acción convocada por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT contra «decisiones vergonzosas» como la «privatización» de los registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.