Los cinco derechos fundamentales que siguen violándose en las residencias de ancianos por la COVID-19, según Amnistía Internacional

“Las violaciones de derechos humanos no solo han pasado durante la primera ola, sino que en esta segunda sigue vigente el protocolo que no ordenaba las no derivaciones a las instalaciones hospitalarias, los regímenes de visita siguen dependiendo de las residencias y sigue sin saberse cómo suplir el tema de las bajas de personal que tuvieron las residencias durante la primera ola”, explica Ignacio Jovtis, investigador para este informe de Amnistía Internacional. 

Hasta el 15 de noviembre, habían fallecido por COVID-19 en España 40.749 personas, según datos del Ministerio de Sanidad. Se estima que, durante la primera ola de contagios, un 70% de ellas habían tenido lugar en las residencias de personas mayores. Según Amnistía, el Gobierno publicará en breve un nuevo informe que, se prevé, situaría ese porcentaje entre el 50 y el 47%.  

Como documentamos los medios de comunicación durante la primera ola, los residentes de geriátricos vivieron un auténtico infierno durante aquellos meses. Ahora, Amnistía Internacional publica una investigación que explica desde el punto de vista jurídico nacional e internacional las ilegalidades cometidas. Y lo hace, poniendo el foco en los dos territorios con mayor incidencia de la pandemia en las residencias: en la Comunidad de Madrid y en Catalunya donde, denuncia la ONG, siguen vigentes los protocolos que limitan el traslado a los hospitales de las personas enfermas mayores. 

Según AI, los residentes de los geritátricos vieron violados su derecho a la salud, ya que no recibieron una atención médica adecuada; consecuentemente, el derecho a la vida, en los casos en los que la perdieron por esta causa; el derecho a la no discriminación, puesto que se les negó la atención médica; a recibir visitas y a una muerte digna por razón de edad; el derecho a una vida familiar y privada, aisándolas del mundo exterior; y el derecho a una muerte digna, que llegó al extremo de que hubo personas que murieron tras días o semanas aislados, deshidratadas, malnutridas, sin bombonas de oxígeno ni  cuidados paliativos. Un extremo que habrá que investigar en el futuro, cuando se puedan reunir más pruebas, si puede considerarse tortura o trato inhumano o degradante. 

Amnistía Internacional insta a las Administraciones a que garanticen el derecho de las personas residentes a recibir visitas de sus familiares y conocidos, que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realicen “con base en evaluaciones individualizadas” y urge al Gobierno de España a impulsar “la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes en todo el Estado”. 

En el informe, titulado Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España, AI vincula esta situación con “las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria”. 

Su presidente Esteban Beltrán recuerda que “una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos”.

Nueve meses después de que se decretara el estado de alarma, AI critica que no se hayan tomado “medidas de refuerzo de personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes”.

Como publicamos en La Marea, la falta de personal por las bajas fue tan aguda que derivó en una paradójica situación: mujeres migrantes, negras y trans consiguieron ser contratadas por primera vez para el cuidado de personas mayores en residencias. 

La ONG recoge en su informe la crítica de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG): “No nos preparamos suficientemente, creemos que había información científica proveniente de otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación (…) creemos que de haber tomado medidas antes hubieran permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados”.

La falta de transparencia por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat es otro de los aspectos a los que más atención presta el informe: “Tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de las mismas y fracasaron en su implementación».

Además, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de las personas mayores residentes”. Y añade que en ambos territorios, hubo periodos en los que no se ingresaban a personas mayores en los hospitales: “Y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya de forma fatalmente tardía. Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos.

Asimismo, Amnistía Internacional ha recogido diversos testimonios que daban cuenta de los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM)”. Amnistía también critica la falta de “supervisión eficaz por parte de las autoridades estatales (Fiscalía) y autonómicas (servicios de inspección)”. 

Para evitar que se vuelva a repetir, entre otras medidas, la entidad supranacional señala que es necesaria “una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos”. Para conseguirlo, invita a la ciudadanía a unirse a la ciberacción www.actuaconamnistia.org, dirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas. El objetivo, que pongan en marcha medidas concretas que protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias.