La derecha exige a gritos “libertad” en el debate de la Ley Celaá

El debate sobre el dictamen final de la nueva Ley de Educación terminó con gritos de “¡libertad! ¡libertad!” en los escaños de la derecha en el Congreso de los Diputados. Sus exclamaciones, sus enérgicas intervenciones desde el estrado y los golpes en las mesas añadieron un intenso ruido a la sesión pero no modificará el resultado final de la votación: la Lomloe o Ley Celaá (llamada así por la ministra titular de Educación, Isabel Celaá) saldrá adelante con una exigua mayoría de 178 votos a favor, los ya asegurados por PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias.

Los dos puntos fundamentales de fricción son la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza (algo que ya ocurre en Catalunya desde hace décadas y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional) y la modificación de algunos aspectos de la educación concertada. La reacción en la bancada de la derecha fue de indignación. “Esta es una ley de ruptura”, afirmó la diputada del PP Sandra Moneo en su discurso. “Certifica la ruptura de nuestro sistema de libertades”, añadió, cuestionando la propia legitimidad democrática de la mayoría del Congreso. Recurriendo a la retórica orwelliana, desde la formación conservadora aseguran que la Ley Celaá busca “asfixiar al que no se somete al pensamiento único”.

La ministra Celaá no habló en el debate pero sí expresó su satisfacción ante la prensa, a la salida del hemiciclo, por haber conseguido la derogación de la LOMCE. Aquella ley de educación, auspiciada por José Ignacio Wert en 2013, fue una demostración de fuerza del PP y se aprobó con todos los partidos de la Cámara en contra. “Esta es una ley modernizadora —declaró la ministra sobre la norma que la sustituye—. Teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe”. Según Celaá, la oposición ha tergiversado las verdaderas intenciones de la ley. Asegura que no hay “ninguna eliminación del castellano” y que el aprendizaje de la lengua oficial del Estado está “perfectamente garantizado”.

La postura del Gobierno contrasta con la encendida polémica que la Lomloe ha suscitado en la calle. Las manifestaciones se han multiplicado a la puerta de varios colegios (concertados) de toda España y ante el Congreso, donde se han reunido varios profesionales de la educación (concertada), convocados por la plataforma Más Plurales. Y seguirán todo el fin de semana. La citada plataforma ha habilitado, además, una mesa para recoger firmas contra la Ley Celaá. El líder de la oposición, Pablo Casado, estampó la suya entre las de los contrarios a la nueva ley.

Los cambios en la educación concertada

¿Pero qué cambia en la educación concertada con la nueva ley? Nada de verdadero calado. Solo deja por escrito que estos colegios no pueden pedir ningún tipo de cuota voluntaria, aportación o donativo a los padres. Al ser instituciones educativas gestionadas desde el ámbito privado (órdenes religiosas, fundamentalmente) pero financiadas con dinero público, se prohíbe así que usen esta ventaja para hacer negocio, una pretensión legítima entre los colegios privados pero no así en los concertados con el Estado.

La medida ha creado bastante controversia porque este tipo de pagos están muy extendidos entre estos colegios. Se calcula que, de media, los padres ingresan 255 euros por alumno al mes mediante este sistema. Su modificación, obviamente, trastoca sensiblemente la financiación de estos centros, que no han tardado en movilizarse y en llevar sus protestas a la calle. Entre los manifestantes, lógicamente, hay numerosos maestros y maestras preocupados por una eventual bajada de sueldo (que ya es menor en comparación con los salarios que se pagan en la educación pública) y temen, incluso, que sean despedidos.

Como es habitual, una de las voces más beligerantes contra el Gobierno ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Yo le quiero decir a la ministra y le quiero decir a todo el Gobierno de España que va a tener absolutamente enfrente [sic] al Gobierno de la Comunidad de Madrid si pretende tocar cualquier cuestión de las que he dicho”, dijo recientemente en referencia a “la educación concertada, la educación especial y el bachillerato de excelencia”.

El 53,8% del alumnado de Madrid estudia en colegios públicos, un porcentaje que está por debajo de la media nacional, que es del 67,1%, según datos del Ministerio de Educación. Desde hace décadas, esa cifra se va desequilibrando año tras año en favor de la educación concertada. Hay mucho dinero en juego, lo que ha provocado la movilización de las fuerzas conservadoras contra la Ley Celaá.

Quizás fue ese aspecto económico de la cuestión el que hizo que Ayuso se dispersara momentáneamente en su alocución e introdujera frases fuera de contexto en su defensa de la escuela concertada: “Aquí va a haber libertad de impuestos, no vamos a subirle los impuestos a los ciudadanos”. Tras el lapsus, retomó el hilo y aseguró que en Madrid “va a haber libertad educativa”.

Con esa aseveración Ayuso se refería a otro de los puntos polémicos de la ley, el que habla de la obtención de una plaza en un colegio. La Lomloe, literalmente, especifica que “cuando no existan plazas suficientes el proceso de admisión se regirá por los criterios prioritarios de existencia de hermanas o hermanos matriculados en el centro” y por la “proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales”, además de tener en cuenta otros parámetros como la renta familiar o el estatus de familia numerosa. A esto, desde el Gobierno madrileño, por medio de su presidenta, se ha contestado que “los padres van a elegir el tipo de educación y el colegio que quieran para sus hijos”.

“La educación concertada en la Comunidad de Madrid no se toca”, remachó la presidenta madrileña, sin reparar en que su declaración de intenciones atenta contra el principio de jerarquía normativa que rige el ordenamiento jurídico español.

Entre las cosas que sí se tocan, aun cuando Ayuso augure lo contrario, está la eliminación de la nota de Religión. No de la asignatura en sí, que se seguirá impartiendo, sino de su evaluación, que no contará para la nota final. Su calificación, por tanto, no afectará al alumno o alumna a la hora de pedir una beca o de solicitar su acceso a la universidad.