Jaime Palomera: “El Gobierno debe elegir entre estar con quienes especulan con la vivienda o con las mayorías sociales”

María Teresa no pudo hacer frente a la deuda contraída con el prestamista. Su madre había utilizado la vivienda familiar en Fuenlabrada (Madrid) como aval para que su hija, víctima de violencia de género, pudiese montar un bar e intentar así conseguir los ingresos necesarios para pagar la deuda. Después de un primer intento, el 11 de noviembre fue desahuciada. Este caso, sumado a otros lanzamientos, contradecía las palabras del ministro Jose Luis Ábalos: “Las medidas que aprobó este Gobierno no permiten los desahucios”.

Más allá de la última polémica en el seno del Gobierno por la enmienda a las Presupuestos presentada este martes por Unidas Podemos junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios hasta 2022, hablamos un día antes con Jaime Palomera sobre la situación actual en el ámbito de la vivienda. El portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters, asegura que “Ábalos miente” y que “una parte importante de los desahucios no se ha parado”. La realidad es que solo se prohíben los lanzamientos de aquellas personas afectadas por la crisis de la COVID-19, una medida que no convence a las organizaciones por el derecho a la vivienda, que consideran que se deja desprotegidas a todas aquellas personas que ya eran vulnerables antes de la pandemia.

¿Por qué estamos viendo desahucios en la actualidad si, según el Ministerio de Agenda Urbana, se habían paralizado?

El Decreto aprobado por el Gobierno lo que hace es prorrogar los contratos de alquiler, pero no afecta a las persona que ahora puedan tener una orden de desahucio, porque las que ya estaban en proceso antes de la pandemia, en cuanto se reanudaron los juzgados, se reactivaron de nuevo. En Barcelona, en cinco semanas, se ha desahuciado a 1.200 personas: más de 700 adultos y más de 400 niños menores de edad. 

Además, pasarán meses hasta que les llegue la orden de desahucio a todas esas personas que durante la pandemia no puedan pagar el alquiler por la crisis. Y, muy probablemente, esas órdenes de desahucio llegarán pasados los meses que dura el escudo social y, por lo tanto, esas personas no estarán protegidas. 

¿Cuál es la radiografía de los desahucios desde que comenzó la crisis asociada a la pandemia de la COVID?

La realidad es que personas de toda condición se encuentran ahora mismo bajo una amenaza de desahucio porque los alquileres siguen a precio de oro a pesar de que estamos en la peor crisis que se recuerda, y el Gobierno no ha paralizado buena parte de los lanzamientos. Otra cosa que estamos viendo es que una parte importante de las personas amenazadas por desahucios son personas que trabajan manteniendo los hospitales, residencias, cuidando de la gente mayor… Es decir, estamos echando de casa a las personas que nos cuidan y que garantizan la salud pública. 

Quienes cuidan de nosotros no son únicamente doctoras o enfermeros; también son lógicamente quienes permiten que los hospitales se mantengan o quienes cuidan de los mayores en las residencias. Estas personas que se dedican a los cuidados, muchas de ellas ven sobre sí mismas la amenaza de un desahucio mientras hace muy poco les estábamos aplaudiendo: es una total hipocresía.

De hecho, en mitad de la pandemia, Blackstone ha creado el mayor fondo de inversión inmobiliaria de Europa. ¿Los grandes fondos están aprovechando la crisis sanitaria para hacer negocio con el ladrillo?

Sí, una parte muy importante de los fondos buitre está ahora tratando de captar capital financiero a escala global para poder concentrar aún más vivienda y más locales comerciales cuando los precios bajen; para poder acaparar. Habrá que ver qué sucede pero no es difícil prever que los propietarios que se vayan a la quiebra y que tengan que vender sus casas o sus locales, van a encontrar entre sus clientes más fuertes a estos fondos de inversión, porque son quienes están atrayendo una mayor cantidad de capital y pueden adquirir estos inmuebles a tocateja. 

Dicho esto, vamos a ver si se repite lo que ya vivimos en 2008 cuando, en plena crisis, buena parte del capital financiero del Centro y del Este de Europa, además de China y Rusia, que eran lugares donde la crisis no entró de manera tan fuerte, tenían mucha capacidad para adquirir y acaparar miles de viviendas. En la actual crisis habrá que ver si esto se da, porque como la pandemia es global y afecta a todos los países del mundo en mayor o menor medida, los fondos en principio no estarían en posición de repetir lo que hicieron hace una década. 

Desde Unidas Podemos presionan al PSOE para ampliar la paralización de los desahucios mientras dure el estado de alarma. ¿Cómo valora la propuesta?

Lo que está haciendo una parte del Gobierno es recoger una propuesta que viene de la ciudadanía, de la PAH, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que pasa por algo que es de mínimos: mientras tengamos la obligación de quedarnos en casa y de velar por la salud pública, aquellos que especulan con los bienes de primera necesidad como es la vivienda, también tengan que responsabilizarse y dejar de echar a la gente de sus casas en plena pandemia.

Por lo tanto, al menos mientras dure la emergencia sanitaria, los desahucios deberían estar prohibidos. Y esto es algo que desde las organizaciones por el derecho a la vivienda hemos trasladado al Gobierno y celebramos que desde la vicepresidencia social se recoja esa demanda, pero es fundamental que quien tiene competencias dentro del Ejecutivo, que es principalmente el ministro Ábalos, haga lo propio y que desde el Ministerio de Agenda Urbana se atiendan estas demandas.

Pero no solo eso: también es vital regular ya los precios del alquiler. Hace unas semanas, gracias a la movilización de la sociedad civil y al apoyo de más de 9.000 organizaciones sociales, logramos un compromiso para regular los precios del alquiler a nivel estatal en los próximos cuatro meses como fecha límite. Esto es fundamental porque los alquileres a precio de oro de hoy son los desahucios de mañana.

Ya antes de la pandemia, un 70% de los desahucios era consecuencia de la Ley de Arrendamiento, que permite que te suban el alquiler un 100% o permite chantajear a una familia para que tenga que elegir entre pagar el doble o irse de casa. Esto sigue siendo un problema de primera magnitud porque el mercado no se está autorregulando, es decir, lo que la gente destina hoy al alquiler es aún mayor que antes de la pandemia.

En realidad esto es muy sencillo: el Gobierno tiene que elegir entre estar en el lado de quienes especulan con la vivienda o con las mayorías sociales que sufren esta especulación. Porque no solo sufren esto los inquilinos sino que afecta al conjunto de la economía: cuando el alquiler se come una parte tan importante de los ingresos doméstico, implica menos renta disponible que va a la economía productiva, a la vida de barrio… a todo lo que hace que la gente pueda levantar persiana.

La regulación de los precios del alquiler, de manera aislada, ¿es suficiente?

La regulación de los precios del alquiler es una medida de urgencia absolutamente necesaria porque el alquiler hoy en día se come más salario que en ningún otro país. Pero, esta medida no va a solucionar las cosas por arte de magia. Es cierto que no es únicamente una cuestión económica sino también de derechos que permite que quien vive de alquiler pueda negociar sin miedo a que le echen de casa. Una regulación como la que tenemos en Catalunya está dando a miles de inquilinos una capacidad de negociación que no tenían antes. Se gana en derechos para quienes hasta ahora no los tenían.

“Los alquileres a precio de oro de hoy son los desahucios de mañana”

Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters

Pero evidentemente no es la panacea y, para garantizar una mejora, las políticas públicas de estado tienen que dar un giro radical que pasa por aumentar de manera considerable el presupuesto destinado a vivienda. La manera de garantizar el derecho es a través de un sistema público comparable con los que existen en la Europa que más derechos garantiza. Tenemos un 1,7% de vivienda pública sobre el total, a años luz del más del 30% de Holanda. 

En este sentido, el giro exige regular la forma en la que se hace vivienda protegida. En Catalunya, igual que en Euskadi, ya existen leyes que obligan a los promotores privados a hacer vivienda protegida para que no sea realizada únicamente por lo público. El motivo es sencillo: si vas a hacer vivienda en suelo urbano, te vas a beneficiar de las inversiones públicas del entorno y de las plusvalías generadas por esas inversiones públicas. Por lo tanto, aquel promotor que haga vivienda tiene que devolverle algo a la ciudadanía. En Catalunya y en Euskadi ya hay legislaciones que hacen que cualquier nueva promoción de vivienda tenga que destinar como mínimo un 40% o un 50% a vivienda protegida a perpetuidad. 

Además, hay que lograr que la vivienda ya construida cumpla su función social. Esto no es un invento mío sino que está en el Artículo 33 de la Constitución que dice que el derecho a la propiedad privada está delimitado por su función social. Y dar función social a la vivienda significa que los cientos de miles de viviendas turísticas que ahora están vacías deben regresar al sistema de vivienda residencial.

Tampoco nos podemos olvidar de las viviendas de la Sareb que han sido avaladas con 50.000 millones de euros de dinero público y que actualmente se están destinando a la especulación porque están siendo gestionadas por fondos buitre, principalmente por Cerberus.

¿En manos de quién cree que debe estar esta regulación, ayuntamientos u otras administraciones?

No tengo una respuesta para eso. En Catalunya lo hemos hecho a nivel autonómico pero tanto si se hace a nivel estatal o regional en otros sitios, dependerá de la voluntad política que haya.

Pero ¿qué pasaría con administraciones que han dicho que no tienen la intención de llevar a cabo esta regulación, como es el caso de la Comunidad de Madrid?

Nosotros lo que decimos es que a aquellas Comunidades Autónomas que ya lo estén haciendo no se les pongan palos en las ruedas y que cualquier cambio legislativo que se haga no vaya en detrimento. Y que, aquellas que todavía no lo estén haciendo, deban cumplir con unas reglas mínimas; ya hemos visto durante la pandemia cómo el Estado podía marcarles reglas a las CCAA en aras de la protección de la salud pública. Por poner otro ejemplo: no se entendería que una región dijese que en su jurisdicción no se paga el salario mínimo. Esto debería ser igual porque se pone en peligro el bienestar de muchas familias.

Uno de los argumentos en contra de la regulación de los alquileres es la posibilidad de que se produzca una disminución de la oferta. ¿Esta hipótesis tiene algún sustento?

Es tramposo, pero es un argumento que se utiliza muy a menudo: centrar las consecuencias de la regulación de los precios en la reducción de la oferta. Es una forma muy reduccionista de abordar este tipo de políticas. Las regulaciones de los precios tienen múltiples consecuencias y la primera de ellas es que se da una protección a quien vive de alquiler que antes no existía y que permite negociar en base a unas reglas del juego mucho más claras.

En segundo lugar, las regulaciones del alquiler tienen como efecto inmediato la reducción significativa de los desahucios. Además de todo esto, hay otros efectos como es la mejora del bienestar de los millones de personas que viven de alquiler y, también, permite dar estabilidad al tejido social y comercial: cuando se reducen los desplazamientos y la precariedad residencial, también se permite mantener y estabilizar las comunidades. Cuando se dan procesos de gentrificación y expulsión, los comercios se ven afectados.

Todos estos efectos, múltiples, variados y positivos, por sistema no se tienen en cuenta en los análisis que se hacen en las regulaciones de precios. Reducirlo a un aumento o descenso de la oferta es enormemente tramposo porque la regulación lo que hace es incidir en la seguridad de las personas que pagan rentas inmobiliarias cada mes.

Volviendo a tu pregunta, esto es un mantra que se repite mucho y está basado en la opinión de algunos economistas que quieren hacer creer que es una opinión generalizada. Pero la evidencia científica que avala esta hipótesis es muy escasa o prácticamente inexistente. Ejemplos como el de Nueva York, donde se regulan los alquileres, demuestran que esto no es cierto.

Los morados ponen el foco en la ministra de Economía Nadia Calviño y aseguran que “es quien defiende los intereses del Santander, de Blackstone…”. ¿La situación actual es solo culpa del PSOE?

No es ningún secreto que la vicepresidencia social es quien está defendiendo que se paralicen los desahucios durante la pandemia tal y como venimos reclamando desde hace tiempo. Tampoco es un secreto que están proponiendo que la ley de regulación de los precios del alquiler que hemos impulsado y aprobado en Catalunya se convierta en un referente para  regular los alquileres en todo el Estado. Dicho esto, lo cierto es que en un gobierno, sea de coalición, las decisiones son compartidas y en ese sentido lo que termine haciendo el gobierno, independientemente de cual sea la correlación de fuerzas dentro de él, obviamente será responsabilidad tanto de PSOE como de Unidas Podemos.