Síntomas mórbidos en Polonia

El avión aterriza en Varsovia el 14 de marzo, minutos antes de que el país selle las fronteras aéreas y terrestres. Ocurre cuando la cifra de contagios asciende a 125 y la de muertos es de 3. España, donde los números reflejan 9.722 infectados y 292 defunciones, aún no ha establecido ninguna medida de aislamiento social. Después de regalar pequeñas botellas de vino procedente de África a quienes serían los últimos pasajeros en meses, las azafatas entregan cuestionarios en papel para que introduzcan datos personales como el lugar de residencia en Polonia, el país de procedencia o el teléfono móvil –la información acabará en una plataforma creada por el Gobierno para asegurarse mediante un ‘selfie’ que cada ciudadano en territorio polaco cumple con el confinamiento–. Apenas unos minutos después del aterrizaje, dos jóvenes militares suben al avión y toman la temperatura de los allí presentes, incluida la tripulación. En el interior del aeropuerto Chopin solo quedan trabajadoras de la limpieza, hombres de seguridad y unos cuantos excluidos por tener la temperatura demasiado alta.

Menos de un mes después, el 10 de mayo, Polonia celebró –sin que ningún ciudadano acudiera a las urnas– las elecciones presidenciales menos respetuosas con la democracia liberal desde que abandonó el comunismo, según la prensa liberal. Sólo dos meses y dos días más tarde, tras una primera vuelta donde ningún candidato alcanzó la mayoría requerida para gobernar (esta debe ser superior al 50%), tendrían lugar los comicios más ajustados desde que Lech Walesa llegara al cargo en 1990. De hecho, ese fue el eslogan que escogieron los tabloides para lamentar la victoria de Andrzej Duda, candidato del partido Prawo i Sprawiedliwo?ci [Ley y Justicia] o PiS (por sus siglas en polaco), apoyado por el ultraconservador Jaroslaw Kaczynski, de quien el presidente toma instrucciones en cada visita a su oficina en el centro de Varsovia. Apenas dos puntos fueron los que le separaron de Rafal Trzaskowski, aspirante por la Plataforma Cívica, alcalde de la capital y exministro de Digitalización.

Como ha datado el profesor Miroslaw Wyrzykowski, Polonia vive una crisis constitucional desde otoño de 2015. Entonces, el Parlamento controlado por los ultraconservadores colocó a dedo a tres jueces del Tribunal Constitucional para reemplazar a los magistrados debidamente elegidos. También realizó cambios en la organización y estructura del Tribunal Supremo, obligó a más del 30% del poder judicial a la jubilación anticipada e interrumpió el mandato de seis años garantizado constitucionalmente a la presidenta del tribunal (Malgorzata Gersdorf). Este amago de autocracia también se ha manifestado en el establecimiento de reglas implementadas para otorgar al Tribunal Supremo competencia exclusiva a la hora de pronunciarse sobre la independencia judicial, exigir a los jueces que divulguen información sobre sus actividades no profesionales y ampliar la noción de delito disciplinario.

Permanente crisis constitucional

Bruselas ha respondido anunciando cuatro procedimientos de infracción en los últimos tres años y desde que juró el cargo en noviembre de 2015, el ministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro se ha negado a dialogar con la Comisión Europea. Tras más de cuatro años de silencio y acumulación de fricciones, en medio de la crisis sanitaria más dura del último siglo, el Gobierno insistió en mayo que era perfectamente posible organizar una votación a nivel nacional, como estaba planeado desde antes de la epidemia.

El Senado, apoyado por los propios socios del Ejecutivo, rechazó la legislación. Donald Tusk, antiguo primer ministro, expresidente del Consejo Europeo, actual jefe del Partido Popular Europeo y autor destacado en los supermercados de Polonia, llamó a los ciudadanos a boicotear el voto por correo. Los eurodiputados pidieron a la Comisión que determinara si Polonia violaba la ley europea e instaron al Consejo a que volviera “a incluir en el orden del día los procedimientos del artículo 7”, que habla de “un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro” de los valores fundamentales de la UE, lo que podría haber llevado a la suspensión de las elecciones. En lo que se asemejaba a un aquelarre, las tribunas de los periódicos europeístas se llenaron de voceros procedentes de diversos think thanks apelando a los valores de la Unión.

Finalmente, Duda no logró imponerse a las críticas, aparcó la hazaña a riesgo de ver reducida su popularidad y las elecciones tuvieron lugar, pero sin que los ciudadanos fueran convocados oficialmente a las urnas. Logísticamente, en el momento más álgido de la pandemia, la burocracia gubernamental no estaba capacitada y una ingente cantidad de personas podrían haberse quedado sin ejercer su derecho.

En Polonia, como en cualquier otro lugar del mundo, el machismo no comprende de esferas sociales o intelectuales. Desde el vendedor del Zavca (tienda de ultramarinos) que pregunta a una mujer si las cervezas de elevada graduación las va a tomar sola o acompañada hasta el profesor de la Universidad Politécnica de Varsovia que coloca a las dos únicas ingenieras de la clase en un grupo llamado washing machines. “Los hombres son serios, machistas y groseros. Es una combinación bastante desagradable”, apunta una estudiante de Erasmus.

En este país del Este hay una lucha orquestada por la Iglesia católica contra las mujeres. Centrada sobre todo en los derechos reproductivos, esta institución ha creado una importante plataforma pública y mediática para reafirmar su dominio político e ideológico a fin de convertir el debate social sobre la violencia machista en algo irrelevante. Dicho lobby religioso y los partidos de la derecha contribuyeron, por ejemplo, a que la Ley de 29 de julio de 2005 sobre la lucha contra la violencia familiar, promulgada por un gobierno de ‘izquierda’, no contuviera ninguna medida penal.

La profesora Magdalena Grzyb explica que en 2012, cuando se ratificó la Convención del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia doméstica (la llamada Convención de Estambul), la Iglesia católica polaca “provocó un pánico moral” en torno a una supuesta “ideología de género” haciendo uso del “populismo penal”. En el terreno social, mientras que el PiS se unía de inmediato a la campaña y respaldaba a la Iglesia, las ONGs polacas asumieron un papel de liderazgo en un movimiento transnacional más amplio y que incluye al Congreso Mundial de las Familias u otros sucedáneos nativistas. Si la influencia de la Iglesia ha traído leyes de aborto altamente restrictivas desde 1993, bajo la presión de ONGs de derecha como Ordo Iuris, estas se han tratado de hacer aún más duras, abogando incluso por penas de prisión para mujeres y ginecólogos que violan la ley. Como indica la académica Noémi Lendvai-Bainton, la prohibición de cualquier referencia al género en las leyes y políticas de la ultraderecha se complementa en el plano discursivo con “un nuevo lenguaje conservador de resistencia a la globalización neoliberal” que coloca a la mujer como subterfugio.

Durante la campaña, la batalla se trasladó al debate político. Después de que el candidato liberal Rafal Trzaskowski firmara una declaración a favor de los derechos LGTB, convirtiéndose en el objetivo de los ultras, Andrzej Duda prometió a su audiencia, compuesta por fanáticos religiosos, protegerla de la “ideología LGTB” y añadió que es más peligrosa que el comunismo. Las mujeres activistas respondieron mediante la organización de intensas campañas en redes sociales e hicieron uso de la creatividad para marchar por las calles sin correr riesgos de contagio y paralizar el intento del Ejecutivo ultraderechista de aprobar dos polémicos proyectos de ley durante el confinamiento. Uno se refería a la interrupción legal del embarazo y evitar el aborto; el otro contemplaba penas de cinco años de cárcel para quienes impartieran educación sexual a los menores. Y lo consiguieron.

Neoliberalismo salvaje

El partido en el Gobierno se presenta desde hace décadas como guardián del futuro de la nación a través de una política supremacista con el fin de asegurar la reproducción de niños polacos (blancos, cristianos y heterosexuales) a lo largo de las generaciones futuras. De acuerdo a las explicaciones del profesor Stuart Shields, la intención es asegurar la continuación de las relaciones sociales capitalistas y otorgar al Estado los mecanismos para reconciliar de manera aparentemente social las tensiones que surgen en dicho sistema. Esto se expresa de manera clara en la política pública 500Plus. Introducido en abril de 2016, este proyecto garantiza a todas las familias con dos o más hijos 500 zlotys por mes, algo más de 115 euros. Por ponerlo en contexto, en aquella época esa suma suponía el 40% del salario mínimo. “No se trata de fortalecer los servicios públicos sino de crear un vínculo entre los votantes y el partido que les envía dinero. De hecho, esto mismo impulsa la privatización”, ha señalado a ‘Jacobin’ el sociólogo Maciej Gdula.

Desde luego, la epidemia ha devuelto a los ciudadanos a una realidad distinta a la de los profetas del “milagro” neoliberal, que reivindican el crecimiento económico de la nación en comparación con sus vecinos de Europa Central y Oriental. Tras décadas de recortes, la infraestructura médica del país carece de financiación. Según los datos publicados en ‘Foreign Policy’, Polonia dispone de 238 médicos por cada 100.000 habitantes, la proporción más baja de la Unión Europea. En esos mismos parámetros se mueve el gasto en salud, muy por debajo de la media europea del 10%. Asimismo, el tiempo promedio de espera en un hospital aumentó de dos meses en 2015 a tres meses y medio en 2019. Los investigadores han documentado también otra manifestación conspiranoica promovida por la derecha radical: el rechazo a las vacunas.

El resultado de este modelo, iniciado en 1989 y alineado con el Consenso de Washington, ha sido bastante distinto al que hubieran deseado intelectuales polacos que durante la Guerra Fría combatieron las ideas ultraliberales de la escuela austriaca con una suerte de planificación socialista del mercado, como propuso Oskar Lange. Es significativo que el economista de orientación marxista tenga una avenida en el barrio de Sluzewiec, el distrito empresarial más grande de Polonia. Durante la época socialista era un barrio industrial, hoy es el corazón de la nueva economía de mercado fomentada por el gobierno y basada en la apertura del parque inmobiliario a los inversores extranjeros. Ahora es la banca, y no el Estado, quien domina el sistema de financiación de la vivienda y vende hipotecas en moneda extranjera.

Algunos datos recopilados por Mirjam Büdenbender muestran que entre 1996 y 2000 el crédito a los hogares e instituciones sin fines de lucro aumentó de menos de 2.000 millones de euros a casi 10.000 millones. Por otro lado, los niveles actuales de deuda hipotecaria con respecto al PIB son del 20% en Polonia. Y si bien no se trata de un país tan financiarizado como Estados Unidos, más del 60% de los bancos polacos han pasado a ser de propiedad extranjera en los últimos años. Un proceso similar han sufrido más de la mitad de las fábricas de Polonia. Siempre según los datos de Büdenbender, eso significa que aproximadamente 20.000 millones de euros se transfieren cada año fuera de Polonia debido a la propiedad foránea de las empresas. Esa desigualdad en las relaciones de propiedad, como es de suponer, no preocupa a los neofascistas, que han centrado sus inquietudes en los derechos de las mujeres.

Si a este contexto económico se le añaden las turbulencias del mercado provocadas por la epidemia, la situación material en muchas partes del país se asemeja bastante a la pobreza. El 69% de las empresas polacas planean reducir empleos en un país donde el crecimiento del PIB se prepara para reducirse a la mitad: del 4% de 2019 al 2% de este año. Y si la epidemia se recrudece no importarán ni los 212.000 millones de zlotys que Duda y Morawiecki anunciaron para ayudar a la economía (el equivalente al 9,2% del PIB) ni el fondo de recuperación pospandemia de la Unión Europea, 160.000 millones de euros. El país, literalmente, puede estallar.

Ccoronavirus y soberanía energética

Como demostró Rosa Luxemburgo, cuya tesis doctoral publicada en 1898 estudió el desarrollo industrial de Polonia, los centros fabriles de Lodz o Varsovia fueron desde muy pronto dependientes del insaciable mercado ruso que, en su opinión, impedía toda soberanía material polaca. Ocurrió lo mismo en el imperio alemán con las instalaciones portuarias de Riga, el campo ucraniano o Silesia. Estas lógicas económicas persisten en lo que se refiere a la energía y se encuentran ampliamente relacionadas con la gestión del país frente al coronavirus.

No es baladí que el primer caso de COVID-19 se registrara en Polonia el 4 de marzo de 2020 en la pequeña ciudad de Cybinka, cerca de la frontera con Alemania, donde se produjo el contagio. Tampoco que diez días después, cuando el Gobierno decidió introducir el estado de emergencia, los sectores de la economía polaca referidos a la minería y la manufactura no se sometieran al bloqueo. Las cifras muestran las consecuencias: cuando el número de casos confirmados en Polonia superó los 15.000 a principios de mayo de 2020, el mayor incremento procedía de Silesia. Por otro lado, en aquel mes se registró la cifra más alta de infectados por COVID-19 en ciudades y comunas mineras, incluidas Bytom, Katowice, Rybnik, Swierklany, Pawlowice, Gliwice, Ruda Slaska, Jastrzebie-Zdrój y algunas comunidades vecinas, donde las personas hacen largos viajes al trabajo desde las minas en Zory. Como escribieron varios académicos de la Universidad de Silesia en Katowice, la epidemia en este sector se ha convertido en un gran desafío, no solo desde el punto de vista económico sino también porque tiene una importante dimensión social y geopolítica.

El rápido aumento en el número de casos se encuentra estrechamente asociado tanto con la gran población de la región (4,6 millones de personas) como con infecciones entre los mineros del carbón. La minería ha sido fundamental en la economía polaca desde hace más de 200 años y aunque su papel ha disminuido en las últimas décadas todavía simboliza la independencia energética del país. De hecho, el actual Ejecutivo apoya una política energética de autosuficiencia basada en el carbón para distanciarse de Rusia.

La epidemia no ha hecho más que profundizar los problemas de la minería en un país cada vez más dependiente de la política energética de la UE y más presionado desde el exterior. Durante la estabilización de los casos confirmados de COVID-19 (en todas las provincias menos en Silesia) surgieron voces en el discurso público y mediático (desde el Financial Times hasta la prensa local) que pedían una apertura más dinámica de la economía, es decir, una transición energética. En otras palabras, terminar con la presencia del Estado en dicho mercado.

La respuesta estatal ha sido consolidar su dominio en las empresas energéticas y crear un campeón nacional: la mayor refinadora de Polonia comprará el mayor grupo de gas del país. En la operación existen cuatro grupos involucrados que darán lugar a una compañía con ingresos anuales de aproximadamente 200.000 millones de zlotys (46.000 millones de euros). El movimiento no resulta novedoso. El Estado posee la mayoría de las acciones o controla legalmente las principales compañías de servicios energéticos. En 2018, este era el caso del 70,83% de las acciones del gigante nacional de gas PGNiG, así como de las principales empresas de servicios públicos en el sector eléctrico: PGE (58,39%), Energa (51,52%), Enea (51,5%), Tauron (30,06 %) y Bedzin (5%). Kacper Szulecki, académico que ha estudiado los debates parlamentarios en torno a la energía nuclear desde sus inicios, observa que a la visión estatista de la economía del PiS se debe añadir una noción de soberanía propagada por varios intelectuales, analistas y políticos conservadores. Entre ellos, Piotr Naimski, secretario de Estado nominado para controlar esta infraestructura estratégica. En la actualidad, como muestra otro estudio académico, esta retórica ha degenerado en una suerte de populismo ecofascista que se justifica de la misma manera que el ataque a las mujeres. En palabras de Witold Waszczykowski, ministro de Exteriores de Polonia: “Todo ambientalismo es parte de una ‘cultura marxista’… Es como si el mundo estuviera formado por ciclistas y vegetarianos que usan energías renovables y luchan contra todas las formas de religión”.

No cabe duda de que combatir la nefasta ideología neoliberal podría llevarse a cabo sin criminalizar al movimiento feminista o negar el cambio climático. No obstante, existen pocos visos de que los neofascistas vayan a permitir que vuelva a implementarse la variante pseudo-progresista de este modelo. Básicamente porque ninguno de los dos ha funcionado en la época poscomunista. Casi cuatro meses después de aterrizar, despegamos del aeropuerto de Modlin rumbo a España instalados en el pesimismo.