“Esta investigación puede ahorrar mucho dolor y también mucho dinero público”

Más de 700.000 euros para “contratación del servicio de reparación de sistemas de radar” en diferentes lugares costeros; 150.000 euros para el “mantenimiento integral de instalaciones, recogida y transporte de mercancías” en el CETI de Ceuta; o 120.000 euros para el “servicio de mantenimiento de los despliegues fijos y unidades móviles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil”. 

Son solo tres ejemplos de los contratos adjudicados a compañías como Indra, Clece (Grupo ACS) o El Corte Inglés que forman parte de la base de datos de más de 1.600 contratos formalizados entre 2014 y 2019 por parte del Gobierno de España relativos al control migratorio. Estas y otras grandes empresas forman parte de lo que denominan como Industrial del Control Migratorio (ICM), asentada en la cultura de la Securitización, Privatización, Externalización, Criminalización y el Tráfico de Migrantes (SPECTRAM). 

Para tratar de poner luz en todo ello, Porcausa.org, comandada por su directora, Lucila Rodríguez-Alarcón, ha lanzado un crowdfunding en la plataforma Goteo con el objetivo de obtener los fondos necesarios para seguir investigando.

¿Qué ámbitos alcanzan los tentáculos de la ICM?

Aparte de los más obvios, como la industria armamentística, la de seguridad o la tecnológica, también sectores como la construcción, logística, o vuelos comerciales, por citar solo algunos, se benefician de una oferta de productos y servicios que mantienen las dinámicas del control fronterizo. Pero cuidado, porque este interés no es solamente económico sino que subyace una búsqueda de dominio y de poder a la que se unen intereses políticos e ideológicos que cimentan el espíritu de la antimigración y agitan el miedo.

¿En qué se traduce la ICM para una persona que tiene que migrar?

Si pensamos en la industria legal, lo más visible son las fronteras (edificios, cámaras, radares, sistemas de identificación, vigilancia, equipamiento, armas y uniformes), los centros de internamiento y detención (construcción, mantenimientos, vigilancia, catering, etcétera) o incluso en los Estados de origen y tránsito con políticas de disuasión a la migración pagadas por las políticas de ayuda al desarrollo o de vecindad. Es decir, para un migrante la ICM se traduce en sufrimiento.

Por la parte ilegal, toda una red de grupos criminales de tráfico de migrantes que prolifera y se enriquece cada vez que se endurece el control fronterizo. Ambos intereses, legales e ilegales, se retroalimentan en el contexto actual. 

A través del BOE, de los portales de contratación y otras fuentes públicas, PorCausa.org ha accedido a más de 1.600 contratos públicos del Gobierno de España relativos al control migratorio por valor de 660 millones de euros. ¿Esto es todo lo que gastamos? ¿Es posible conocer el 100% del gasto?

Llevamos seis años investigando y estamos lejos de identificar la cuantía total del gasto. Es prácticamente imposible conocer la totalidad del dinero público que se llevan estas empresas. Ya el origen de los fondos en Bruselas es absolutamente opaco porque se ha enterrado la gestión de la migración en una dimensión securitaria y muchos gastos escapan al escrutinio público. Los gastos en España también son muy difíciles de establecer con precisión. 

Nosotros trabajamos analizando los contratos publicados en el BOE y portales de contratación, y con peticiones de transparencia. Es habitual que las administraciones camuflen las licitaciones bajo títulos confusos que evitan identificar el objeto del contrato. Luego nos faltan las administraciones autonómicas. Y, además, muchos productos y servicios que sirven a la Industria del Control Migratorio son de otra naturaleza (logística, vuelos comerciales, catering, etc.) y pasan desapercibidos. 

Hemos intentado generar un vínculo entre el origen del dinero y la ejecución del mismo pero resulta imposible trazar el camino, es algo a lo que no hemos renunciado pero que, lamentablemente por falta de recursos, tenemos que ir aplazando. Y lo más frustrante es que sabemos que el sistema está diseñado para que sea así, para disuadir las investigaciones.

¿Cuál es el papel de las empresas del IBEX 35 en la ICM?

La ICM es una industria que proporciona bienes y servicios para permitir el control migratorio. Estos bienes y servicios coinciden también con los de otras industrias como la de defensa y la de construcción. Históricamente son las empresas del IBEX las que han dominado estas dos industrias y por eso su presencia en la ICM es muy significativa. Ten en cuenta también que el negocio antimigratorio depende por completo del dinero público, y las empresas del IBEX son las que tienen más puertas giratorias y lazos con el poder político. 

Digamos que la ICM resultó un espacio muy conveniente de diversificación de actividad en plena gran crisis de 2008, coincidiendo con los recortes en presupuesto militar, obras públicas… Un dato muy significativo es que el 65% del dinero público que conseguimos trazar destinado a la ICM en los últimos cinco años se encuentra concentrado en contratos con diez multinacionales, la mayoría de ellas españolas y muchas del IBEX, como ACS o Indra, u otras como Eulen y Air Europa, por mencionar a las más conocidas. Sacan tajada hasta Repsol y El Corte Inglés. En definitiva, el IBEX 35 es uno de los grandes beneficiarios de la ICM, y eso es clave también para entender cómo se habla del negocio antimigratorio en los medios de comunicación.

«Es prácticamente imposible conocer la totalidad del dinero público que se llevan estas empresas»

Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación por Causa

La ICM no podría actuar sin la connivencia de gobiernos nacionales y europeos. ¿Ha mostrado el nuevo gobierno entre PSOE y UP predisposición a abandonar la vía de la securitización fronteriza y la criminalización de la migración?

El Ministerio del Interior sigue apostando por el control y la cooperación con Marruecos para hacerle gran parte del trabajo. Las declaraciones del ministro Marlaska y las acciones de control migratorio emprendidas por Interior no dejan lugar a dudas sobre su enfoque político de securitización fronteriza y externalización de recursos de control. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene un discurso y un talante muy diferente. A priori parece interesado en cambiar el tono y el enfoque hacia la movilidad humana y ha tomado algunas decisiones necesarias, pero le falta un mayor empuje para sacar a la migración del enfoque securitario. La voluntad política está muy concentrada en individuos y se diluye finalmente al llegar a Presidencia, que no solo tiene que hacer confluir tendencias tan dispares como las de los dos ministerios mencionados sino que tiene que lidiar con lo que le piden desde Bruselas.

Desde nuestra perspectiva, este gobierno debería liderar el cambio de narrativa y de enfoque político, incluyendo la afectación de recursos públicos que deberían usarse para lo que ahora es indispensable. Tengamos en cuenta que reforzar la capacidad administrativa para mejorar la gestión migratoria es mucho más humano y digno, y además mucho más rentable social y económicamente que seguir gastando dinero en control y securitización. Si hay un espacio donde se puede disminuir ahora el gasto para redirigir inversión pública a espacios tan necesarios como salud, educación o seguridad social, es este. 

Para poder seguir investigando su fundación ha lanzado un crowdfunding. ¿Por qué ninguna institución quiere financiar esto?

Porque hay muchos intereses económicos, políticos, mediáticos y financieros detrás. Para dar una idea, algunas personas y entidades que colaboraron en la investigación anterior no quisieron aparecer en los créditos porque trabajan en alguna de las 189 empresas implicadas en la ICM y tenían miedo de que eso afectara a su puesto de trabajo. Da la impresión también de que hablar de la ICM es ideológico, y que mencionar el lobby de la industria es reaccionario. Y, sin embargo, nosotros entendemos que el escrutinio del gasto público no solo es apartidista y legítimo, sino que es indispensable para asegurar la salud de la democracia. Pocas acciones son tan útiles como generar información de calidad e introducirla en la agenda pública. Esta investigación puede ahorrar mucho dolor y también mucho dinero público.

Es muy frustrante porque en España se reacciona de una forma solidaria ante las catástrofes internacionales, sin embargo cuesta mucho levantar apoyos para proyectos como el nuestro, de investigación y periodismo. Lo que ha pasado con Moria es un claro ejemplo. Se quema el campo, se deja a 13.000 personas sin techo, muchas de ellas menores de edad, no hay recursos para alimentarlas pero sí para construir un nuevo campo temporal a la espera de construir uno permanente en el que se les fuerza a estar, pese a su estatus de refugiadas. La avalancha de solidaridad desde España ha sido enorme, pero toda la ayuda ha ido a paliar temporalmente la situación de crisis mientras el dinero público se ha destinado a control y securitización. Esto solo cambiará cuando se hable de la ICM y se pare la impunidad de gobiernos y empresas para gastar así el dinero de nuestros impuestos. Nosotros, que hacemos ese trabajo, corremos el riesgo de no conseguir los fondos suficientes para seguir investigando. Nuestra campaña en la plataforma Goteo va demasiado despacio.

Naciones Unidas ha utilizado la investigación de por Causa para uno de sus informes ¿qué efecto esperan que tenga?

No hay mejor foro que la ONU para debatir sobre un problema que es mundial. El que esta institución aborde los problemas derivados de la existencia de la ICM permite normalizar esta conversación, y eso es lo más importante para que cobre una dimensión mayor en el debate público. En ese informe que se presenta ante la Asamblea General se alerta de cómo la tecnificación y comercialización del control y la vigilancia migratoria fomentan el distanciamiento físico y moral –por ejemplo a través de los drones y otras tecnologías de detección– hacia las personas migrantes. 

Es solo un pequeño punto de los muchos que abarca la ICM pero es esencial: una industria cuyo objeto son los seres humanos no puede funcionar de forma deshumanizada. Es un debate similar al de la industria farmacéutica, por ejemplo. 

¿Con dinero público estamos, de forma indirecta, dando alas al discurso de la extrema derecha?

Totalmente. El discurso del miedo a la migración y de fortificación de fronteras es uno de los ejes de ese discurso. Un discurso que por desgracia representa la línea directora de la política europea y del nuevo Pacto migratorio propuesto el 23 de septiembre. Se ha cedido a esa visión xenófoba y populista para avanzar en otros puntos de la agenda política europea, y con ello se han cruzado muchas líneas rojas. Si junto al control fronterizo se visibilizaran otras políticas de gestión y sobre todo una narrativa positiva y real de que aporta la migración, al menos se podría compensar algo tanta injusticia. Pero apenas se comunica otra visión.

Cuando hablamos de inmigración, las cámaras apuntan hacia la frontera Sur, principalmente hacia las vallas de Ceuta y Melilla, pero ¿cual es la radiografía real de la inmigración en España?

Como desgranó un informe de por Causa con la Universidad Carlos III, de mayo de 2020, casi cuatro de cada cinco (77%) extranjeros sin papeles venía de América Central y del Sur, y entran por los aeropuertos, mientras que de África tan solo procedía el 9,2%, y de ellos, la mitad de Marruecos. 

Los datos hablan solos y se infiere una clara intención en torcer e intoxicar la realidad de nuestra frontera sur.

¿Qué usos se le debería dar al dinero que gastamos en la ICM?

Se trata de dinero público. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos los ciudadanos permanentemente. Parece que nos hemos acostumbrado a que la gestión del dinero de sus impuesto sea opaca y no se pueda debatir. En la situación actual el dinero público debería concentrarse en asegurar un sistema sanitario adecuado para evitar muertes masivas, un sistema de educación para permitir que las generaciones futuras tengan capacidad de elección, en un soporte para evitar que la crisis económica derivada de la crisis sanitaria arrase con el tejido empresarial más básico y precario, por poner algunos ejemplos obvios. 

Si entramos ya en el detalle de las políticas migratorias, incluso dejando de lado la parte social, cultural y de derechos, todos los estudios económicos que existen demuestran que los movimientos de personas son positivos y reportan beneficios a los países de origen y destino. Por ejemplo, la regularización que se llevó a cabo en 2005, generó a España un beneficio neto medio de 4.000 euros por persona regularizada. Teniendo esto en cuenta, lo lógico sería invertir en sistemas de gestión de las migraciones, no en sistemas de control, que son probadamente ineficientes. 

Mejorar los recursos administrativos para permitir movimientos ordenados y legales, donde las personas pudieran registrarse y entrar en los mercado de trabajo con todas las obligaciones que ello implica, entre otras el pago de impuestos. Asegurar sistemas fronterizos porosos y bien regulados que acabaran con las mafias que se embolsan miles de euros anualmente gracias al sistema de control. Hay que pararse a pensar que si un inmigrante en lugar de gastarse 10.000 euros en una mafia para cruzar de forma ilegal se gastara ese dinero en vivir y crear negocios en nuestros países eso significaría un enorme beneficio para nuestras economías. También es necesario mejorar los sistemas de acogida. 

Y de nuevo, desde una perspectiva económica, hay que verlo como una inversión. Por ejemplo, los menores que vienen solos a nuestro país son una de las inversiones más rentables que existen, como lo es cualquier persona joven. Recordemos que nuestro estado del bienestar reposa en que exista un cambio de generaciones equilibrado que permita mantener entre otras cosas las jubilaciones, por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos a asegurar este equilibrio con una pirámide generacional invertida?

En definitiva, acabar con la enorme inversión que representa la ICM debería ser un objetivo ciudadano. En por Causa, estamos empeñadas en seguir investigando y difundiendo lo que descubrimos sobre el negocio antimigratorio. De ahí que ahora estemos echando el resto para levantar la campaña en Goteo y así poder trabajar con calidad, recursos y agilidad en este tema.