Bibiana Medialdea: “Las vacunas no se pueden dejar de la mano de la ley del mercado”

La directora general de Consumo, Bibiana Medialdea (Madrid, 1977), dice sentirse “muy cómoda” en un gobierno de coalición. La pluralidad le parece una “ventaja”. Miembro del colectivo de economistas críticos Novecento, nunca ha militado “ni en Izquierda Unida ni en Podemos”. Durante esta entrevista, realizada el pasado julio en el Ministerio de Consumo, explica que la pandemia les ha hecho aparcar, por el momento, algunos de sus principales retos, como la apuesta por el consumo sostenible o el plan de Economía Circular. Espera retomarlos en breve, pero el parón ha sido “inevitable”.  Los recursos, tiempos y energías debían centrarse en la crisis sanitaria, argumenta Medialdea. 

La crisis de la COVID-19 ha reactivado el debate sobre el crecimiento. ¿Es usted partidaria de un decrecimiento de la producción y del consumo?

Cuando se plantea la dicotomía entre el crecimiento y el decrecimiento, la sensibilidad del proyecto ecologista está del lado del decrecimiento, y yo me sitúo ahí. Pero no me parece la mejor forma de enfocarlo, porque crecer o no crecer lo deja todo en el plano cuantitativo, mientras que el asunto que más debería importarnos es en qué se crece y en qué no. Esta crisis, y el parón de vida tanto productivo como de nuestro modus operandi como ciudadanos, sí que ha supuesto de forma forzada una oportunidad para replantear la lógica –o mejor dicho, la falta de lógica– de ese proceso. Por ello, este debate evoca la necesidad de plantear hasta qué punto el crecimiento es útil para generar bienestar. Y aquí nos damos cuenta de la necesidad de transformar profundamente el modelo de producción, la distribución y, como consecuencia, el modelo de consumo.

¿Se puede potenciar ese cambio desde un Ministerio como el de Consumo?

En el plano del consumo, tenemos capacidad de transformación; pero para dotarla de sentido, y para que sea lo más potente posible, hay que tener siempre una visión conjunta y global. No estoy de acuerdo con la mística del poder del consumidor que dice que las pequeñas decisiones individuales tienen capacidad de cambiar el mundo. Por sí solas, no; las pequeñas decisiones son muy importantes y el consumo es una suma de decisiones individuales, pero estas se toman incentivadas teniendo en cuenta una serie de elementos que son parte del sistema, que son estructurales y sobre las que hay que incidir. Por ello hay que mirar a lo global y ver el consumo como algo sintomático, como una pieza dentro del esquema general que habría que transformar.

¿En qué puntos concretos habría que incidir?

Ha quedado claro que las prioridades que tenemos como sociedad no coinciden con las prioridades de nuestro sistema productivo. Por ello habría que organizar la producción no en función de dónde la empresa privada encuentra el beneficio privado a corto plazo sino en función de las necesidades colectivas que contemplen los cuidados, los límites de planeta, el largo plazo y no solo el corto… Nos daría un mapa sobre dónde colocar los recursos y qué producir mucho más acorde con nuestras necesidades. 

Sin embargo, el consumo desmedido se ha vendido como símbolo del desarrollo de las sociedades. ¿Cómo explicar ahora que es necesario un cambio completo del sistema?

Aquí se juntan dos planos en los que se puede incidir desde las políticas públicas. Uno tiene que ver con la realidad material de las personas y, efectivamente, nos hemos dado cuenta de que es mucho más importante tener UCI, respiradores o un sistema de cuidados para los mayores que tener una televisión con determinadas características o un móvil de última tecnología. Por un lado, la situación de crisis reordena las necesidades materiales y te obliga a pensar en que lo prioritario para la sociedad debe estar cubierto; y luego está el plano ideológico, que es también muy importante. Simbólicamente, el capitalismo hace ahí su trabajo de una forma muy eficaz. El hecho de que tengamos asociado el éxito y la felicidad con la capacidad de consumo, y no con la capacidad que tenemos como país de atender a la población más vulnerable, está basado en esquemas mentales y valores sobre los que también desde las políticas públicas se puede incidir. 

¿Tiene competencias el Ministerio de Consumo para hacer algo más que pedagogía?

Sí. Nos centramos en temas de consumo, que es un eslabón dentro de la cadena y dentro del sistema global. Tenemos competencias en materias que son básicas; por ejemplo, en vigilancia de mercado, que supone garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía. Pero también tenemos competencias en otros dos aspectos importantes: la publicidad y el etiquetado. Imagina el potencial que hay aquí para tratar un tema tan importante como el asunto de la obsolescencia programada; generar un sistema de información y de obligación a las empresas para que las decisiones de compra que se tomen valoren el hecho de que los artículos que se fabriquen vayan a durar más o menos, y vayan a generar más o menos residuos. Es decir, hay instrumentos que si los miramos desde un punto de vista global e intentamos maximizar su capacidad de transformación estratégica son como una especie de palanquita que sí que pueden forzar cambios en el proceso de producción, en la mentalidad de las personas, y pueden ayudar a que esas formas de consumo colaboren en esta transformación.

La situación provocada por la pandemia ha hecho que se adoptaran medidas también excepcionales, como limitar el precio de las mascarillas. ¿Podrían emprenderse iniciativas similares para, por ejemplo, regular el precio de la vivienda?

La situación de crisis facilita tomar medidas excepcionales que tienen un valor por lo que solucionan en ese momento concreto pero también porque contribuyen a cambiar los imaginarios y abrir el espacio de lo posible, tanto en la ciudadanía como desde el punto de vista de la gestión pública. Creo que si hubiéramos planteado en frío la intervención de un sector como el de las mascarillas hubiese parecido algo fuera de lugar, temerario o insensato; pero en un momento en el que crudamente se ve la contradicción entre las necesidades y la capacidad de un sector de especular y enriquecerse, aparece como lógica la regulación. Eso abre la vía a que se vea con buenos ojos la intervención en otros mercados. No se puede trasponer una situación a la otra directamente, pero la vivienda es un sector muy especial que cumpliría las mismas condiciones: es un bien de primera necesidad y las características del mercado lo han convertido en un objeto de inversión y especulación que dificulta el acceso.

¿El Gobierno se va a quitar el complejo y va a actuar sobre ese ámbito? Mucho se ha hablado al respecto, y poco se ha hecho.

Creo que hemos avanzado hacia esa dirección. Es un camino que se irá recorriendo, aunque hay muchas dificultades. Técnicamente, por las complejidades del sector; y políticamente, por el grupo tan fuerte de presión que es el sector inmobiliario. 

Una de las imágenes de la pandemia son las llamadas colas del hambre. El Gobierno ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital. ¿Podría complementarse con una limitación de precios de productos básicos de alimentación?

Es una posibilidad que nos planteamos desde el primer momento. Desde que se decretó el estado de alarma y empezaron los primeros movimientos de compras compulsivas y los primeros rumores de subidas de precios, estuvimos atentísimos porque, igual que hicimos con las funerarias, estábamos preparados para proponer una regulación de precios. Hemos hecho un seguimiento exhaustivo en un mercado que se ha movido mucho –a veces en el corto recorrido, como en el caso de la levadura– y solo hemos detectado subidas de precios en alimentos frescos que tenía que ver con cambios en las condiciones de la cadena de producción. La regulación de precios es uno de los instrumentos que manejamos y se utilizará si lo vemos adecuado.

La situación de vulnerabilidad lleva aparejada una peor nutrición. ¿Qué esta haciendo el Ministerio en este ámbito?

Es algo prioritario. Aparentemente es algo que afecta a toda la población pero desde el principio vimos que tiene un componente de clase clarísimo. El nivel socioeconómico de las familias está directamente relacionado con los niveles de obesidad y malnutrición, y eso es especialmente acusado en la infancia. Los niños y las niñas de familias con menores recursos son quienes están más expuestos. Por un lado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya lleva tiempo trabajando en el Nutriscore, que es un etiquetado frontal que informa de la calidad nutricional de los alimentos. Cuando llegamos y vimos el trabajo que ya tenían preparado, hicimos un estudio  y vimos que tenía una aceptación por la comunidad científica bastante elevada. 

La palabra maldita es “racionamiento” por las reminiscencias del pasado que tiene. Pero los científicos llevan tiempo avisando de que será necesario racionar, por ejemplo, los vuelos para paliar la crisis climática. También hemos visto limitar el acceso a playas y a terrazas, en algunas de las cuales se apuntaban tiempo permitido de permanencia.

Racionamiento tiene una parte negativa, porque nos hemos tenido que limitar y dosificar en actividades importantes como salir a la calle, pero también nos ha hecho tomar conciencia tanto de nuestra vulnerabilidad como de lo limitado de los recursos. Ha sido una llamada de atención muy grande y sería estupendo que una vez pasada la excepcionalidad de la pandemia se nos quedara ese aprendizaje de hasta qué punto vamos a tener no que racionar pero sí racionalizar los recursos. Desde el punto de vista más subjetivo y más personal, este tiempo ha servido para hacer algunas reflexiones: qué partes de nuestras pautas de consumo o de ocio eran satisfactorias o son prescindibles… El ejemplo de los vuelos es bastante significativo. Quizá el hecho de que vayamos a tener que cuestionarnos cada vez que cojamos un avión nos permita ordenar prioridades y tomar decisiones mucho más acordes al coste real de ese billete en avión, que no son los ciento y pico euros que cuesta ir un fin de semana a Berlín, sino que es el coste medioambiental, y quizá haya una enseñanza.

EEUU y otros países han iniciado una carrera para  acaparar las futuras vacunas para la COVID-19. ¿Cómo se va a asegurar su distribución entre toda la población y no solo la que tiene más recursos?

Desconozco el mercado farmacéutico, por lo que no puedo explicar cómo se va a hacer la provisión. Pero como economista y ahora como gestora de recursos públicos, este es un ejemplo de libro para ver que hay cuestiones que no se pueden dejar de la mano de la ley del mercado. Es lo que en economía llamamos externalidades: es decir, que los ricos se vacunen ni siquiera protege a los ricos; para que todos estemos protegidos a nivel global, debe identificarse a los grupos más vulnerables y que estos sean los primeros en vacunarse. Por mucho que Trump se empeñe en acaparar o cerrar fronteras, no va a conseguir que EEUU se libre de la pandemia si en el resto del mundo está desbocada. Quizá, por desgracia, esta crisis nos ayude a visualizar que las cosas importantes no se pueden dejar en manos de la iniciativa privada porque nos puede llevar a lo absurdo. Alguien explicaba en el Congreso que el dinero no está mejor en las manos de los ciudadanos, porque un rico no ha podido comprarse una UCI en marzo aunque la necesitara.  

Esta entrevista forma parte del cuadernillo especial sobre decrecimiento en #LaMarea78. Puedes suscribirte desde 40 euros al año aquí.