Sociedad
Los desahucios que vienen
Como ocurrió en la Gran Recesión, la crisis provocada por la COVID-19 podría tener un efecto devastador en el ámbito de la vivienda.
Los colectivos antidesahucios tendrán un otoño caliente. La paralización de los desalojos durante el estado de alarma llega a su fin, lo que dejará sin protección a miles de familias. Las previsiones del Banco de España, además, no invitan al optimismo. Este organismo ha publicado hoy sus pronósticos económicos para 2020, 2021 y 2022 y, en el mejor de los casos, el paro alcanzará el año que viene el 19,4%. En el peor, dice, llegará al 22,1%.
El temor de las asociaciones por el derecho a la vivienda es que, tras la tregua, todos los expedientes acumulados mes tras mes desde el inicio de la pandemia se ejecuten ahora de golpe. En Barcelona, el proceso ya ha comenzado. El pasado martes se produjo el desalojo de una madre con cuatro hijos en el barrio del Besòs i el Maresme. El centenar de personas que se concentró a las puertas de la vivienda no pudo impedir la ejecución por parte de los Mossos d’Esquadra.
“No cobramos salario, no pagamos alquiler” fue un eslogan promovido por la Coordinadora de Vivienda de Madrid durante el estado de alarma, cuando se llegó a hacer un llamamiento a la huelga de inquilinos. Las medidas tomadas entonces por el Gobierno aplacaron los ánimos pero el problema sigue encima de la mesa. ¿Qué hacemos si no podemos hacer frente al alquiler o a la hipoteca? ¿Está relacionada esta cuestión con la ofensiva política y publicitaria sobre la okupación de pisos?
En la sesión de control del Congreso, el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, llevó hoy hasta el hemiciclo la cuestión de la okupación. “¿Usted está del lado de los okupas o de los ciudadanos?”, preguntó al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. “El problema de la vivienda en España no es la okupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación y es que en España, como consecuencia de la acción de gobierno del PP, los fondos buitre son el principal casero”, respondió Iglesias, antes de recordar el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos y todas a una “vivienda digna y adecuada” y el deber de los poderes públicos de “impedir la especulación”.
Según la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH), España se ha convertido en un “paraíso para los especuladores”. Cada día se producen 200 desahucios, de los cuales casi el 70% son ya por impago de alquiler. Y la situación irá a peor. La PAH prevé “un repunte alarmante de los desahucios” provocado por el covid.
Pero la crisis de la vivienda no afecta solo a España.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido que se congelen los alquileres ante la inminencia de una ola de desahucios sin precedentes. El Banco de Inglaterra advirtió hace unos meses de que la economía británica podría hacer frente a su mayor caída en los últimos 300 años. Ya en abril, el PIB se contrajo un 20,4% y las previsiones más alarmistas hablan de un crecimiento del paro del 9% a final de año (ahora está en el 4,1%). Según 187 ayuntamientos ingleses, medio millón de personas está en “riesgo alto” de quedarse sin un techo bajo el que vivir.
En Francia, entre 2008 y 2018, los desahucios aumentaron un 40%. Allí, cada año se produce una tregua invernal que impide dejar a las familias en la calle durante los meses más fríos. Este año, debido a la pandemia, esa tregua se alargó hasta julio. La esperanza de muchas asociaciones era empalmar una tregua con la siguiente, que llegaría en noviembre, pero no será así. Su petición de “un año en blanco”, es decir, sin desahucios, no ha sido escuchada.
El aumento de la oferta en alquiler (hasta un 64% en París y un 52% en Niza) como consecuencia del descenso en la demanda de apartamentos turísticos tampoco ha reducido el precio de acceso a una vivienda.
Un patrimonio incalculable arrebatado al pueblo.
La polémica por las inmatriculaciones está en el candelero y no son pocas las reclamaciones que están surgiendo al respecto, tanto por particulares en defensa de sus bienes que se apropió impunemente la iglesia católica, como desde diferentes organizaciones que reclaman la devolución del patrimonio histórico y cultural, y de aquellos bienes que eran de uso público del pueblo.
Este verano, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, admitía que «quizá haya algún bien inmatriculado que sea discutible», pero lo atribuye a posibles errores y que «nadie lo recurrió»; tampoco hubo reclamaciones en los dos años posteriores en que podían hacerlo, asegura; pero lo que no cuenta es que todavía a día de hoy, se desconocen muchos de los bienes que la iglesia inmatriculó y no son pocos los propietarios que desconocen que la iglesia les arrebató sus bienes aún cuando disponen de todos los documentos que acreditan históricamente su propiedad.
Cuenta Joan Casajuana, un agricultor catalán que un buen día descubrió que la casona familiar, la ermita románica y un pequeño cementerio ubicados ambos en una finca de su propiedad «desde hacía siglos», los había inmatriculado el obispo a su nombre, usurpando así los bienes que pertenecían a sus antepasados desde tiempo inmemorial.
Casajuana detectó que múltiples ermitas y cementerios privados de los payeses fueron inmatriculadas, alegando el Obispado haber cedido un sacerdote para la liturgia. Pero dice que esos bienes son solamente un 2 ó 3% de las inmatriculaciones; el resto forma parte del patrimonio histórico cultural de los pueblos, construido y pagado por los agricultores.
Esta apropiación de edificios, casas rectorales, fincas y bienes de todo tipo es el modus operandi que se repite en todo el Estado.
Las cuentas de la iglesia siempre han sido opacas. El propio Tribunal de Cuentas, basándose en las Memorias de 2016-17 y 18, cuestiona si el Estado no se está excediendo en lo pactado para su sostenimiento, puesto que las Diócesis han tenido un superávit que suma 94,7 millones de €; es decir, más de 31 millones por ejercicio. Por eso dice que hay que tener un control más exhaustivo sobre las cuentas de la iglesia.
En el ejercicio de 2019 la iglesia obtuvo el récord de recaudación por IR PF, (esa crucecita que 8,5 millones de contribuyentes marcaron en la declaración de la renta para la iglesia), alcanzando los 284,4 millones de €. Sin embargo los Obispos solo han cedido a Cáritas 21 de los 992 millones de € recaudados durante los peores años de la crisis.
En 2018, la Mezquita de Córdoba recaudó por visitas de turistas 15,7 millones de €, del total de 16,5 millones ingresados, de los cuales el Cabildo dedica la mayor parte a inversiones financieras. En 2019 la recaudación por visitas aumentó un 5%.
https://www.diariodepontevedra.es/opinion/remedios-copa-sanchez/patrimonio-incalculable-arrebatado-pueblo/202009181524311104391.html
Podemos lleva menos de un año en el gobierno por lo tanto dudo que el tema de desalojar okupas o inquilinos sea por su causa y si de los gobiernos de los neoliberales que hemos padecido por lo tanto dejemos de demagogias y haber si pensamos un poco sobre todo a la hora de votar que a lo mejor no todo es culpa del coletas.
Carmen López:
Pensaba que te referías a la iglesia (católica) que además de no pagar alquileres (ni IRPF) nos roba los edificios y solares públicos. Encima de mantenerla entre todxs lxs españoles, queramos o no.
Y va y tú te referías al Iglesias de la coleta. Pués nunca he votado a Podemos; pero creo que aún sería mucho peor para los de abajo si no estuvieran en el gobierno.
El gobierno «progresista» criminaliza la ocupación como haría cualquier otro gobierno bajo este régimen, pero no garantiza el derecho a una vivienda digna, con el que no habría ocupación. Normal que luego la oligarca jefa del banco Santander Ana Botín, defienda al gobierno. (Pablo Hasel)
Estoy hasta la coronilla de escuchas al Iglesia decir barbaridades con respecto a lis desahucios.
Pero que no Alquil su chalet o la casa de sus padres a la inquilina q hace 1 año y un mes q no paga el alquiler a mi madre una anciana de 95 años q no tiene dinero ni para medicinas. Porque tiene q pagar la luz, el agua, la Comunidad, el Ibi, el seguro de unos SINVERGÜENZAS Q NO PAGAN EL ALQUILER?
ES demencial q tengamos la justicia q tenemos. Desde Enero esperando un juicio para echar a esta tipa q no paga..
País de sinvergüenzas nos ha tocado vivir.