[ENTREVISTA] Santiago Yerga descarta la regularización de personas migrantes propuesta por Unidas Podemos

Santiago Yerga (Cádiz, 1963) es uno de ese puñado de nombres destacados que toda persona vinculada con las migraciones en España conoce. Durante sus más de 30 años de trayectoria profesional, ha alternado su dedicación como docente y abogado en diferentes ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las personas migrantes, con responsabilidades políticas en la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Defensor del Pueblo.

Quien ha sido una de las voces más críticas con las políticas de extranjería de España y de la Unión Europea, es ahora director general de Migraciones del Gobierno de España.

Conversamos con él por videoconferencia apenas unas horas después de que el portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunciase que su formación va a pedir la regularización de las 600.000 personas que, según sus cálculos, se encontraban en situación administrativa irregular cuando se decretó el estado de alarma. Una demanda que ya habían realizado decenas de entidades y movimientos sociales así como ONG durante las semanas más duras de la pandemia en una campaña llamada #RegularizaciónYa.

¿Hay posibilidades de que se realice esa regularización?

En este momento, no habrá esa regularización. Y por diferentes razones. En primer lugar, la cifra de 600.000 es un arcano, nadie sabe de dónde sale esa cifra. Creo que detrás de esas 600.000 personas hay una variedad de situaciones que no están perfiladas y que se solapan unas con otras. En segundo lugar, cualquier ejercicio destinado a plantearnos una medida de ese calado en el futuro tiene que estar necesariamente vinculado a cómo vamos a salir de esta situación de pandemia. En tercer lugar, no se puede manejar alegremente el futuro de las personas ni generar expectativas que directamente no están estudiadas. Hace unas semanas, se hizo público un estudio que disminuye drásticamente esa cifra. Generar expectativas en este sentido no solo perjudica a las propias personas que podrían verse afectadas por esa medida, sino también al conjunto de la sociedad española porque supone instaurar un discurso del que todos podemos salir perjudicados. A mí eso me preocupa especialmente. 

En estos momentos precisamente se está negociando el Plan Migratorio de la UE…

Eso además. No hay que perder de vista que España forma parte de la UE, que tiene unas normas y unas directrices que necesariamente tienen que llevar el consenso de los diferentes Estados miembro. Nuestro ministerio apuesta por que pueda haber una inmigración regular, ordenada y segura. Porque con esa ganamos todos. 

Uno de los grandes obstáculos que está lastrando las negociaciones del nuevo Plan Migratorio de la UE es el rechazo de los Estados miembros del centro y del norte a aceptar un sistema de cuotas de reparto de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que llegan a los países del sur. Estos recuerdan que son los que reciben un mayor número de personas migrantes, y los del centro y norte que tienen en su mayoría sus países como destino. Un circunloquio que no termina de desbrozarse.

En el caso de protección internacional, curiosamente, la mayoría de nuestros solicitantes de protección internacional no proceden de África, sino de América Latina (un 80% aproximadamente, según datos de CEAR). La mayoría, ciudadanos de Venezuela. Por tanto, la UE tiene una visión distorsionada de esta cuestión, ya que son personas que hablan español y que se pueden incorporar fácilmente a la sociedad.

Por otra parte, el sistema de acogida español se ve muy condicionado por la presencia de estas personas. No voy a entrar en que puedan o no reunir los requisitos para la protección internacional.

La llegada de solicitantes de asilo por costas es mucho menor, aunque la cobertura mediática de la recepción de estas embarcaciones la amplifique. Nuestra realidad mayoritaria, hasta la pandemia, son el aeropuerto de Barajas y del Prat, y eso requiere una consideración especial por parte de la UE. Por supuesto, todas las personas, lleguen por donde lleguen, merecen el mayor respeto a sus derechos humanos. 

¿Qué otras dificultades se están encontrando para aprobar el Plan Migratorio?

Pues que los países del Este tienen sus propios intereses, que no siempre se corresponden con los que tenemos los países frontera sur. Y eso cuesta trabajo en un club de 27 miembros.

Una de las bases del nuevo Plan es el refuerzo de la Agencia de control de fronteras FRONTEX, que va contar con un cuerpo policial propio de hasta 10.000 agentes, según los planes anunciados, y que va a aumentar las deportaciones gracias a nuevos acuerdos con hasta 82 países no pertenecientes a la UE. ¿Qué opinión le merece esta medida?

Esa es una cuestión que le debería responder el Ministerio de Interior. Sí le digo que el control de fronteras –que es una cuestión que hay que tener presente no solo por la llegada de personas, sino por otros motivos que no se nos escapa a ninguno–, debe ir acompañada de la existencia de vías flexibles, seguras y ordenadas de llegada a territorio europeo.

¿Cuáles considera que son los errores de base a la hora de abordar las migraciones desde las instituciones?

Yo hablo del hecho migratorio, no me gusta decir ‘fenómeno’ porque parece algo instantáneo y no lo es: nos encontramos con migraciones desde que el ser humano puebla la Tierra. No solo hay cortedad de miras en las instituciones, sino también en gran parte de la sociedad. Se conciben las migraciones desde un punto de vista instrumental: en tanto me sirven, las utilizo. La sociedad convive con esas migraciones: hay relaciones personales que van más allá de lo estrictamente laboral, situaciones que se generan como las de los menores extranjeros…

Las instituciones tienen un peso muy notable porque son las que dirigen, en teoría, las políticas públicas que se pueden realizar con las personas que se mueven. Pero también hay que abordarlas desde el ser consciente como sociedad de que, más tarde o temprano, todos nos vamos a impregnar de lo que nos traen personas procedentes de otros lugares. 

De hecho, el discurso instrumental y economicista a menudo se pronuncia desde personas u organismos que pretenden defender el hecho migratorio. ¿Cómo crees que ha influido ese relato en la percepción que se tiene de las migraciones?

Es una realidad incontestable que las personas migrantes contribuyen al crecimiento económico de una determinada sociedad, pero también aportan en otros sentidos y revierten beneficios sobre su propias sociedades de origen. Hay un proceso bidireccional que no podemos perder de vista. Nuestros emigrantes que se fueron a Europa y Latinoamérica contribuyeron en gran medida a la democratización de España porque importaron vectores democráticos que no se conocían aquí. Ese momento bidireccional es en el que hay que poner el acento. Quedarnos en lo económico supone volver a la Alemania de los años 50 0 60, en los que se aprovechaban del trabajador y, después, si no lo querían, lo echaban. Es mucho mas enriquecedor que todo eso. 

Uno de los objetivos de este Gobierno es la reforma del marco normativo español de inmigración, ¿cuáles son las líneas directrices? ¿Cuáles son las medidas más urgentes que, según su secretaría, deben adoptarse con respecto a las políticas migratorias?

En este momento, y así lo ha reconocido el ministro Escrivá, tenemos un sistema complejo tanto en la tramitación de la documentación, como en relación a las dificultades para llegar de una manera regular, ordenada y segura. A todo esto se une que nos encontramos en el siglo XXI y que hay que intentar incorporar herramientas telemáticas para el acceso. Se necesita una modernización y simplificación del amplio abanico de procecimientos que tenemos de extranjería que, al final, confluyen en conceder dos elementos: una situación de residencia o de residencia y trabajo. Entonces, ¿para qué tener esa multitud de espacios? Esta simplificación requiere de un esfuerzo por parte de la Administración para despejar la posibilidad de llegada por otras vías que no sean seguras.

El corazón de esa normativa es la Ley de extranjería, que está diseñada de tal manera que hace casi imposible acceder y conservar los permisos, con requisitos como un contrato de cuarenta horas semanales de un año de duración….

La Ley de extranjería española no es tan mala como se dice. Es el gran frontipicio, pero es una ley mucha más garantista que otras que existen en Europa y que permite flexibilidad a la hora de acondicionar el hecho migratorio a estos tiempos. La Ley de extranjería es como un contrato de seguros: tiene una primera página que es la que firmamos todos, pero después tiene la letra pequeña, que es el Reglamento de extranjería. Y ahí es donde se recoge el requisito del contrato de 40 horas de un año de duración que comenta, por ejemplo. Por eso creo que es en el Reglamento donde hay que poner el acento, porque es el que define el día a día de los ciudadanos y ciudadanas extranjeros que residen en España y de aquellos que quieren venir.

Todos los países de la UE necesitan a personas extranjeras, por diferentes razones pero, sobre todo, demográficas: nos hacemos viejos y Europa necesita savia nueva en todos los órdenes. Y eso hay que posibilitarlo. 

Una de las respuestas más recurrentes que suelen enarbolar los partidos políticos y segmentos de la población contrarios a la migración es que hay que «ayudar a los países de origen para que vengan». Pero incluso aunque se aceptara esa hipótesis, que violaría el derecho a la libre circulación de estas personas recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos con contextos mucho más complejos de abordar: las consecuencias de la crisis climática, que ya está generando nuevos conflictos, además de éxodos; el crecimiento de los grupos yihadistas en territorios como el Sahel, la creciente desigualdad… Incluso desde el pragmatismo y la eficiencia, ¿no debería la UE aceptar que las migraciones van a crecer en los próximos años y adoptar medidas para gestionarlas desde el respeto de los derechos humanos?

Además de todos esos factores que apunta, me preocupa que a final de año se produzca una nueva victoria electoral de Donald Trump. Eso supondría, quizás, un cierre aún mayor de Centroamérica, y Europa tiene que estar preparada para prevenirlo y gestionarlo. La gente necesitará vías de escape y la UE tiene que dejar de ser egoísta y abordar esa llegada de personas que, por otra parte, necesita. Lo que no se puede es cortar el círculo por ningún lado. Y creo que el Gobierno español intenta tener esa visión. De lo contrario, lo único que se va a hacer es generar un clima insostenible.

Si a eso añadimos las consecuencias de la crisis climática, el eventual repunte de conflictos armados que no podemos prever… No podemos volver a eso que se decía en los años 90 y a principios de los 2000, y que afortunadamente está decayendo, de la Europa fortaleza, porque no nos conduce a nada. Necesitamos las migraciones, no desde una perspectiva utilitarista, sino demográfica. Intentar taparnos los ojos ante esa realidad nos aboca al fracaso.

El último informe del Servicio Jesuita a Migrantes denunciaba también las trabas que se siguen encontrando las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la hora de solicitar protección internacional: desde policías que les impiden solicitarlo a deportaciones realizadas pese a que habían manifestado su deseo de pedir asilo. En los últimos años ha aumentado sustancialmente el número de solicitudes de protección internacional, pero ¿no es precisamente la falta de vías para migrar de manera segura y regular la que está forzando a algunas personas a solicitar asilo? ¿No está la normativa de extranjería debilitando, precisamente, a la de asilo?

Asistimos a una distorsión del sistema de protección internacional que necesariamente hay que corregir de dos maneras: gestionar adecuadamente los procedimientos y, al mismo tiempo, permitir que aquellas personas que sin reunir los requisitos para solicitar ese tipo de protección, puedan acceder a España y a Europa de una manera regular, ordenada y, fundamentalmente, segura. 

A todos, los que estamos ya aquí y a los que vienen, nos va la vida en ello. Tenemos que facilitar esos mecanismos para que la gente no tenga que recurrir al sistema de protección internacional, ni jugarse la vida en infraembarcaciones.

Otro de los asuntos que está siendo utilizado por la extrema derecha para confrontar a la sociedad es el de los menores que migran sin un adulto o los que se quedan desprotegidos cuando cumplen 18 años. ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para que estos jóvenes no queden desamparados cuando llegan a la mayoría de edad?

Como consecuencia de la interpretación jurisprudencial que ha hecho el Tribunal Supremo a finales de 2019, estos jóvenes han perdido el colchón que les servía de paraguas de cara a su sostenimiento una vez cumplían la mayoría de edad. Les aplica el régimen de residencia no lucrativa que les exige que tengan medios propios, algo más de 2.000 euros. No deja de ser un desideratum. El ministro Escrivá ha anunciado en diferentes ocasiones que, con ocasión de esta reforma del Reglamento de extranjería que queremos hacer, se va a establecer una pasarela jurídica que permita el tránsito de la minoría a la mayoría de edad en un régimen adecuado para que estos chicos no se queden desprotegidos.

A lo largo de la crisis de la COVID-19, hemos intentado poner en marcha una serie de medidas que permitan, si no subvertir esa situación, sí al menos ir consolidando una serie de situaciones. Hemos reconocido la posibilidad de trabajar de estos jóvenes de entre 16 y 18 años, en igualdad de condiciones que los chicos de esa edad españoles y residentes legales. No entendíamos por qué los que estaban sometidos a un régimen de protección no tenían esa posibilidad. Y también hemos creado la posibilidad de acceso al mercado de trabajo en el ámbito agrícola de los jóvenes de entre 18 y 21 años que hubieran estado sometidos al régimen de protección cuando eran menores. Decidimos que en el campo porque es donde más falta ha hecho de mano de obra. El resto de empresas estaban en situación de ERTE o en paro de actividad. Se aprobaron dos reales decretos que recogían esa oportunidad y que, tras una actividad continuada, les permiten trabajar durante dos años sin límite geográfico y en cualquier sector laboral. 

Pero la situación de estos jóvenes requiere un giro que pasa necesariamente por la reforma del reglamento, porque estamos muy encorsetados a a la hora de poder dictar otros tipos de instrumentos jurídicos. 

Ha hecho mucho hincapié en la filosofía que atraviesa las políticas que quiere poner en marcha este Gobierno y en la cuestión demográfica…

Hay tres cuestiones que hay que tener presentes: hay que gestionar las fronteras, la inmigración y la diversidad. 

En este sentido, se sigue escuchando desde muchos ámbitos el discurso de la integración que, como explica el psicólogo especializado en migraciones Nabil Sayed-Ahmad Beiruti, supone concebir a las personas como envases que se pueden vaciar de su cultura, vivencias y cosmovisión, y rellenarse con la de la sociedad de acogida. Él apuesta por la visión del mestizaje y la interculturalidad. ¿Cree que queda mucho por avanzar en ese sentido?

Por eso se llama Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque nadie tiene que llegar y despojarse de su ser para pasar a formar parte de un puzzle que no conoce. En ese sentido me remito a la Constitución española: hay que apostar por el elemento inclusivo. Su artículo 9 no solo reconoce el ejercicio de los derechos, sino el hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. De nada me vale que reconozcas una serie de derechos que después no puedo poner en marcha: hay que remover los obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de esos derechos. Y eso es para todas las personas que se encuentren en territorio español. Tenemos que alcanzar una sociedad que dentro de lo heterogéneo sea mucho más compacta. Ese es el reto para los próximos años.

Vivimos uno de los momentos más preocupantes de nuestra historia reciente, con una economía devastada que, según las previsiones, se dirige a una crisis solo comparable a la de 1939; un auge de la extrema derecha, una crisis climática que va a generar nuevos éxodos… Pero no se puede ocupar una responsabilidad tan alta como la suya si no se cree que hay un horizonte de mejora. ¿Cree que en los próximos años podrá mejorarse la gestión de las migraciones desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos?

Intento ser optimista, intento pensar que las medias de este Gobierno van a servir como red para frenar esa devastación económica de la que habla y que no produzca ese impacto. Considero que en la medida de lo posible, con el esfuerzo de todos, podemos contribuir a que ese panorama quede amortiguado. Distinguir entre personas que ya se encuentran aquí o que puedan venir me cuesta mucho trabajo porque creo que tiene que ser un esfuerzo colectivo y que todos nos necesitamos. Si no fuera optimista no estaría ocupando este espacio. 

Como decía Mario Benedetti, «en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos». Sin el esfuerzo de todos, ni saldremos de esta crisis ni crearemos esa sociedad diversa a la que hacía referencia. Nadie debe soltar la mano de nadie y todos debemos empujar al mismo tiempo.