Jordi Muñoz: “Las personas mayores han sido las más afectadas por la pandemia y no hay manifestaciones en la calle”

La pandemia de COVID-19 ha evidenciado las barreras para el acceso a la salud de las personas mayores, una cuestión que la Coordinadora 5+1, una agrupación de familiares afectados por las residencias, ha denunciado ante fiscalía. Pero la discriminación por razón de edad ya existía antes de esta crisis sociosanitaria. Según la OMS, “es el prejuicio más normalizado de todos y muy poco contrarrestado socialmente, produciendo actitudes que conducen a la marginación de las personas mayores y que tienen impactos negativos en su salud y bienestar”.  

Como sucede también con otras formas de discriminación, como el racismo o el sexismo, su normalización puede desembocar en el abuso y maltrato. Una cuestión acuciante en un contexto de envejecimiento social. Según datos del portal “Envejecimiento en red” del CSIC, en España un 19,4% de la población es mayor de 65 años, y se prevé que en 2050 llegue a ser del 31,6%. 

En el Estado español sólo existen dos asociaciones dedicadas a trabajar específicamente el maltrato a las personas mayores. Una de ellas es la Asociación para la Investigación del Maltrato a Personas Mayores (EIMA). Hoy 15 de junio, Día internacional para la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez entrevistamos a su presidente, Jordi Muñoz, una de las personas más activas en el desarrollo de protocolos contra el maltrato a este colectivo, y vicepresidente de la Comisión de derechos de las personas mayores del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

La OMS considera el edadismo como la tercera forma de discriminación más grave en el mundo. ¿Qué es el edadismo?

La edad es la tercera causa de discriminación después del racismo y el sexismo, con una diferencia importante: en general, las sociedades de todo el mundo no tienen conciencia de que existe. Hay políticas activas y reivindicaciones en la calle para luchar contra el racismo y el sexismo, pero cuando intentamos hacer frente al edadismo hay muy poca respuesta. Este fenómeno se ha evidenciado con la emergencia por la COVID-19, en la que las personas mayores han sido las más afectadas por la pandemia y no hay manifestaciones en la calle. Es importante un cambio cultural para hacer frente a la discriminación por edad.

¿Qué relación tiene esta forma de discriminación con un sistema que pone la productividad en su matriz de progreso y no contabiliza otras, como los cuidados?

En general, tenemos poca memoria. Asociamos el envejecimiento a dejar de ser productivo porque esta persona no trabaja y está jubilada o porque algunas pueden suponer un gasto en pensiones y sanidad. Olvidamos que durante muchos años contribuyeron al Estado del bienestar. Y no sólo eso, también han aportado cambios sociales y económicos de todo tipo.

Cuando abordamos una situación tenemos que mirar en conjunto el pasado, el presente y el posible futuro. En mayo, la Confederación Vallisoletana de Empresarios criticó que se contabilizaran los contagios en las residencias de Castilla y León para valorar si se pasaba de fase porque les consideraban población no productiva. No tengo el ánimo de señalar a esta patronal de edadista, solo quiero mostrar un ejemplo de lo que transmite esta sociedad. 

Esa mentalidad edadista la aplicamos a muchas situaciones. Hay gerocultoras que me han explicado que en alguna ocasión, cuando han contado a su entorno cercano que han encontrado trabajo en residencias, las han animado diciendo que ya encontrarían otro trabajo mejor. Este tipo de trabajos no tienen el reconocimiento económico ni social que se merecen. Una gerocultora cobra unos 900 euros al mes pese al desgaste físico y psicológico de trabajar con personas de alta dependencia que van a fallecer en poco tiempo. 

Durante esta pandemia se ha puesto en juicio el acceso a la salud por motivos de edad. ¿Ha habido discriminación?

La pandemia ha destapado la discriminación por edad. De hecho, se han hecho públicos documentos y escritos en los que se ha valorado este factor. No es lo mismo la edad cronológica, es decir, la que tienes por la fecha en la que has nacido, que la biológica, que responde a indicadores relativos al estado de salud de tu organismo. Esto se ha visto en el acceso a las UCI por parte de personas mayores. En plena pandemia, con hospitales y las UCI saturadas me cuesta mucho creer que se valorara la edad biológica de la persona y no la cronológica. 

En estos documentos también había otro indicador: el valor social. Se ha interpretado que el valor social de las personas más jóvenes es más alto, cuando este debería recoger lo que hemos hecho y contribuido durante toda nuestra vida, no sólo lo que somos y hacemos ahora. Todo esto me genera muchas dudas. Creo que ha habido discriminación en el trato que han recibido a nivel sanitario. Y no es culpa de los profesionales de la salud, es culpa del sistema en general: no estábamos preparados en términos de recursos.

Otro factor lo tenemos con lo que ha sucedido en las residencias. El no haber hecho una previsión de que estas personas eran altamente vulnerables es muy grave. Si hay responsabilidades penales o civiles ya lo decidirá quien lo tenga que decidir. 

En un reportaje que hemos publicado recientemente veíamos que de las 58 residencias intervenidas en el Estado español, 14 ya han vuelto a estar bajo la dirección anterior, y que algunas administraciones ya han anunciado que no las sancionarán. Además de la falta de esclarecimiento de verdad y justicia que pueden tener las familias, ¿qué puede significar no penalizar o investigar a fondo estas prácticas?

Si yo cometo cualquier infracción –de tránsito, tributaria, administrativa, etcétera– me sancionan. Si un médico o un abogado hacen una mala praxis, lo pueden inhabilitar. Pues esto es lo mismo. Si una empresa o una dirección no gestiona bien un centro residencial se le tiene que sancionar o inhabilitar. Evidentemente después de las comprobaciones que sean, pero el perjuicio es muy importante. Las personas mayores tienen un alto nivel de asistencia y las secuelas que pueden tener a nivel de salud y emocional (por no haber sido atendidas correctamente) pueden ser muy graves.

Hace mucho tiempo que conozco el tema de las residencias y un centro no lo cierran o intervienen por un hecho concreto sino porque hay un historial. Tengo pocas dudas de que esos centros ya no funcionaban bien antes de la pandemia. La pregunta es por qué la administración ha permitido que un centro que no funcionaba adecuadamente se mantuviera abierto. El problema que tiene la administración es que si cierra un centro de 100 personas tiene que encontrar una solución para reubicarlas. Pues debería ser capaz de dar una solución a estos casos.

Ha participado en el desarrollo de la mayor parte de protocolos de identificación de maltrato a personas mayores en Cataluña. De las siete tipologías de maltrato que ha clasificado, ¿cuáles son las más recurrentes y en qué situaciones se producen mayoritariamente?

Esas siete tipologías tienen incidencias muy variadas, pero digamos que hay algunas que se repiten más. El maltrato psicológico se produce muy a menudo porque se mezcla con otras tipologías. Por ejemplo, una persona que tenga maltrato físico a su vez tendrá un maltrato psicológico porque tendrá miedo, porque se deprimirá o porque tendrá ansiedad. Lo que ocurre es que muchos malos tratos se dan por un abuso de confianza. Eso se da en el maltrato económico y en los abusos sexuales.

La negligencia por parte del cuidador principal, que normalmente es del entorno familiar, también es otro tipo de maltrato. Posiblemente si tuviéramos una ley de dependencia efectiva y hubiera más recursos de atención domiciliaria, residenciales, centros de día, etcétera, ese familiar estaría mejor cuidado y su familiar sería menos negligente. 

¿Qué importancia tiene el vínculo de confianza en los abusos sexuales? 

El vínculo de confianza es relevante, pero además hay que añadir que socialmente se piensa que estas cosas no pasan, por lo que le damos menos credibilidad a la persona mayor. Se suele pensar que la persona mayor está empezando a perder capacidades a nivel cognitivo o que se imagina cosas. Lo importante es escuchar.

Hubo un caso de abuso a una persona de más de ochenta años que vivía en una residencia. Cada domingo su hijo la iba a buscar y se la llevaba a casa. Cuando volvía, la señora estaba triste y lloraba. Era muy difícil comunicarse con ella porque tenía demencia. La primera reacción del centro residencial fue normalizar la situación: esta persona había pasado el día con la familia, había vuelto a la residencia y era posible que eso le generara una tristeza. Al repetirse, los profesionales trabajaron muy bien el tema y se plantearon que quizás estaba pasando algo más. Llegaron a la conclusión de que esta señora era abusada sexualmente por su hijo. Contactaron con la policía, se activó un mecanismo de evaluación y se confirmó el abuso sexual. Si esa persona no hubiera contado con buenos profesionales, sin prejuicios y que estuvieran atentos a lo que le pasaba, aquel abuso hubiera pasado desapercibido y nadie le hubiera dado ninguna credibilidad a esta situación. En estas situaciones es muy importante no estigmatizar por edad. 

¿Qué situaciones se dan en el maltrato por motivos económicos?

Suele influir el tema de la soledad de la persona mayor. Alquien busca premeditadamente una relación de confianza y traiciona o abusa de ella. Un estudio del INE de hace unos años decía que el 90% de las personas mayores son propietarias de un inmueble, sobre el que no suelen pesar créditos ni hipotecas. Además tienen una pensión. Estos bienes pueden ser un objetivo. 

Hay pocos datos sobre el maltrato a personas mayores, pero en una encuesta del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña en 2015 reveló que el 90,2% de los casos no se denunciaban. ¿Sigue denunciándose tan poco a día de hoy? ¿Por qué?

Las denuncias por maltrato a una persona mayor continúan teniendo índices muy bajos porque no suelen tener ninguna respuesta desde el ámbito legal: no dejar decidir a esta persona, no atenderla, infantilizarla, empezar a controlar su dinero y otras situaciones no tienen ninguna respuesta penal. Y además, en muchos casos, quien ejerce el maltrato es del entorno afectivo: un hijo, una hija, un cuidador o cuidadora, su vecino, o alguien con quien hay una dependencia emocional. Por ello, la persona mayor suele protegerla por miedo a que pueda ser sancionada, ir a la cárcel o por perder ese vínculo emocional. 

Hay más barreras, como la falta de recursos de protección y soporte psicológico o la lentitud del sistema judicial. Hubo una situación de un abuso económico que se produjo en 2011 y el juicio fue en el 2019. No es un caso aislado: hay otros que tardan tres o cuatro años. Durante este tiempo, la persona mayor tiene que continuar viviendo con su maltratador porque no existen casas de acogida para ellas, como ocurre con las mujeres o los menores maltratados. El único recurso disponible son las residencias, pero no es la solución si la persona a nivel físico y cognitivo está bien. Una persona independiente puede llevar muy mal el hecho de tener que convivir con otras con niveles de dependencia considerable. Por ello, suelen claudicar.

La administración debe facilitar recursos para que pueda vivir sola o acompañada de otras personas sin dependencia. Lo mejor sería que se vaya del domicilio quien maltrata, pero por otros tipos de violencia sabemos que es muy difícil.

La nueva propuesta de ley del Gobierno central de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia incorpora los delitos de odio por discriminación de edad, además de por aporofobia y por exclusión social. ¿Puede ayudar una ley así a luchar contra el maltrato a personas mayores?

Está bien que se incluya, pero se necesita mucho más. Para empezar, fíjate que esto sale dentro de una ley vinculada a menores. El titular que va a salir en los medios es que hay una ley que los protege, y luego, en pequeñito, igual sale que además se ha añadido la discriminación a las personas mayores. Esto ya está categorizando a estas últimas porque el delito de odio lo ponen colgando de una parte de la ley que puede pasar desapercibida. Tenemos que definir muy claramente qué va a ser odio por motivos de edad porque legalmente no está determinado que es una persona mayor.

Si queremos proteger a las personas mayores hagamos una normativa específica para proteger las que estén en situación de vulnerabilidad, en riesgo o dependencia, ya que no todas las personas mayores necesitan de protección. El problema no es la edad, si no en qué situación se encuentra la persona. Si no delimitamos bien la terminología y dotamos de recursos asistenciales, psicológicos y jurídicos, no habrá forma de que la persona maltratada se sienta protegida durante el proceso judicial y, por lo tanto, con capacidad para probar esos delitos de odio.

Está muy bien que hagamos leyes, pero lo importante es la efectividad de esa ley. Existe la ley de dependencia desde hace trece años, pero aún tenemos personas que llevan esperando tres y cuatro años un recurso residencial. El otro día salía la noticia de las 24.000 personas dependientes que se han muerto sin recibir la prestación de dependencia. El otro día salía la noticia de las 24.000 personas dependientes que han muerto sin recibir la prestación de dependencia.