Racismo y xenofobia durante la pandemia en España

«El perfilamiento étnico racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de las personas afrodescendientes y otros grupos étnico raciales, […] han aumentado durante la pandemia global provocada por el COVID-19″.

Así lo denuncia el informe ‘Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España’ elaborado por la ONG Rights International Spain en colaboración con el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendiente en España. El documento ha sido impulsado desde la sociedad civil y por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, según sus autores, “pone de manifiesto la necesidad y urgencia de tomar medidas a corto, medio y largo plazo hacia la eliminación de la discriminación racial”.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado que, a mediados de marzo, el Gobierno declarase el estado de alarma en todo el país por segunda vez desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Durante su vigencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) –como Guardia Civil, Policía Nacional, Policías autonómicas y Policía Local– han quedado bajo el mando del Ministerio del Interior. “Mientras la población permanecía confinada, numerosas organizaciones de la sociedad civil mostraron preocupación por las múltiples expresiones de racismo y xenofobia en todo el territorio nacional, incluidas paradas policiales por perfil racial, hostigamiento, ataques racistas y discurso de odio”, denuncia el informe.

En el trabajo se recogen más de “70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias” que han sido llevadas a cabo durante el estado de alarma. Entre estas situaciones se encuentra, por ejemplo, el uso de perfiles raciales por parte de las FFCCSE. En 2018, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) ya determinó que identificación en base al color de la piel es “una práctica endémica en España”.

La fuerte presencia policial en las calles desde la instauración del estado de alarma ha provocado un aumento de este tipo de casos, según han denunciando desde organizaciones como SOS Racismo Madrid. La ONG asegura que, entre el 15 de marzo y el 7 de abril, se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional al menos trece identificaciones únicamente motivadas por perfil racial. Se trataba de cuatro jóvenes marroquíes y ocho hombres afrodescendientes que “se dirigían a realizar compras básicas”.

Cuatro de estas personas se encontraban en situación administrativa irregular en España. Siempre según la denuncia de SOS Racismo, recibieron la amenaza de ser “expulsadas del país en cualquier momento” si volvían a ser identificadas. Esto provocó que se hayan visto obligadas a llevar a cabo un confinamiento total “por miedo a la policía”, evitando incluso salir a comprar alimentos de primera necesidad.

Arbitrariedad en las sanciones

A fecha del 2 de mayo, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior, el número de propuestas para sancionar a ciudadanos y ciudadanos por saltarse el confinamiento ascendía a 786.323, además de más de 7.000 personas que han sido detenidas. Según el informe, “en estas detenciones e imposición de sanciones administrativas se están produciendo situaciones de arbitrariedad e interpretación extensiva de las normas sancionadoras”, valiéndose de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Una norma que el actual ejecutivo prometió derogar.

La plataforma Defender a quien Defiende, que engloba a diferentes organizaciones de derechos humanos, ha denunciado ante el Ministerio del Interior y el Defensor del Pueblo diferentes “casos de violencia institucional a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía”, quienes presuntamente habrían incurrido en un uso de la fuerza no autorizado. La Marea preguntó en rueda de prensa al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, acerca de algunos vídeos que circulaban en redes sociales y en los que se podían apreciar presuntas actuaciones desproporcionadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en diferentes puntos del país. El DAO de la Policía Nacional calificó de “anécdota” este tipo de sucesos.

Según la información recabada por la ONG Rights International Spain a través de cuestionarios en línea, más del 70% de las personas que denunciaron identificaciones por perfil racial (33 de un total de 47), aseguran que “fueron objeto de brutalidad policial tras ser identificadas”.

M.E. es un joven marroquí que denunció haber sido agredido por la Policía de Barcelona “cuando salió a la puerta de su casa para disfrutar de luz natural de la que carecía en su domicilio”, según se explica en el informe. De acuerdo con su versión, uno de los agentes le gritó “vete a tu casa, puto moro de mierda”. Ante la respuesta recriminatoria de M.E., los agentes decidieron romper la puerta de su casa a patadas, arrinconarle, sujetarle y darle un puñetazo en el ojo. Tras la presunta agresión, decidió denunciar los hechos ante el juzgado de guardia.

Los ejemplos se repiten a lo largo del documento, poniendo el foco en el caso de personas con enfermedades mentales, en el ámbito del trabajo del hogar y cuidados, venta ambulante, temporeros/as, víctimas de trata…

Paralización de los trámites administrativos

La declaración del estado de alarma también supuso que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia suspendiesen los plazos relativos a los procedimientos de extranjería y de protección internacional. Según los autores del informe, esto ha provocado “casos de indefensión y falta de acceso a derechos en particular al derecho de asilo”. Así, el cierre de las dependencias de los ayuntamientos locales ha hecho que “las personas no se puedan empadronar y por lo tanto no tengan acceso al sistema público de salud excepto para urgencias”. Asimismo, “diversas organizaciones han denunciado que durante el estado de alarma se han restringido los derechos fundamentales de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional por razones de salud pública”.

Recomendaciones al Gobierno

Finalmente, los autores y autoras del informe realizan una serie de recomendaciones como la necesidad de “exhortar a los líderes políticos a que reaccionen de forma rápida y efectiva ante los mensajes de odio y la narrativa racista derivada de la crisis sanitaria del COVID-19”, prohibir por ley el uso de la perfilación étnico-racial a la hora de identificar a personas o llevar a cabo investigaciones “prontas, exhaustivas y efectivas” ante denuncias de presuntos abusos policiales.

En el caso de las personas trabajadoras temporeras que viven en condiciones de exclusión social, “las administraciones públicas deben regularizar su situación laboral garantizando sus plenos derechos, su acceso a unas condiciones de saneamiento y vivienda dignas, de manera inmediata y definitiva”. Piden lo mismo en el caso de las personas en situación administrativa irregular.