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Un manifiesto promueve una economía ecológica desde Andalucía
El manifiesto ha sido impulsado por profesoras y profesores de las universidades andaluzas para afrontar el escenario que se abre tras la COVID-19.
«Desde Andalucía, y en sintonía con los problemas del mundo en que vivimos, se pone claramente de manifiesto la necesidad de otras maneras de entender la economía que […] se construyan sobre bases que permitan transitar hacia formas alternativas de organizar la vida». Esta es la base de un manifiesto impulsado por profesoras y profesores de las universidades andaluzas para afrontar el escenario que se abre tras los peores momentos de la pandemia.
El manifiesto es un llamamiento a un cambio profundo de lo que se ha venido entendiendo por economía: «Una economía parasitaria y dependiente de dos ámbitos cuya explotación queda encubierta tras el velo de lo monetario: la naturaleza, y el trabajo de cuidados y tareas domésticas desempeñadas mayoritariamente por las mujeres».
Quienes impulsan el documento explican que la COVID-19 ha hecho más evidente que la reproducción y expansión de este orden global solo es posible a costa de empeorar las condiciones en las que la vida se desenvuelve; y que, por tanto, estamos en el camino hacia el precipicio social y ecológico al que llevan «la modernidad y el capitalismo en su fase terminal».
Así, entre las propuestas para una transición ecosocial, destacan la urgencia de una economía ecológica: hacer que decrezca el deterioro de materiales y energía generado como consecuencia de la extracción de recursos y la emisión de residuos, promoviendo el uso de energías renovables y la conservación y el reciclaje de materiales y reduciendo el uso de los no renovables, desactivando el consumismo.
Un ejemplo es la agroecología, puesta en marcha ya en múltiples experiencias. Esta –explica el documento– supone una forma de replantear lo alimentario desde una perspectiva de la reproducción de la vida, añadiendo a la dimensión ecológica y tecnoagronómica la cultural y la sociopolítica, rescatando y democratizando los espacios de toma de decisiones en el ámbito de las comunidades rurales y estableciendo alianzas con el resto de grupos sociales.
La proximidad es otro de los principios sobre los que se construye esta forma de entender la economía, añade el manifiesto. «Los mercados locales y los circuitos cortos de distribución pueden ser garantía de sostenibilidad social y ecológica, propiciando un modelo de movilidad y transporte muy diferente al basado en las largas distancias, las grandes infraestructuras y el uso de energías no renovables».
Andalucia: esto nos pasa por un gobierno más que facha.
Nombran presidente del Parque Natural Sierra de Grazalema a un dirigente de ASAJA.
Ecologistas en Acción muestra su total rechazo a la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de nombrar como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema a Francisco Moreno, miembro de la Junta Directiva de ASAJA Cádiz. La Junta pone así a este parque natural en manos de la entidad más beligerante contra los espacios naturales protegidos lo que evidencia la absoluta falta de compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía con la conservación de los parques naturales, y su apoyo a la entidad que representa los intereses de los grandes propietarios de fincas privadas, que siempre se ha opuesto a la existencia de los parques naturales.
Ecologistas en Acción muestra su inquietud porque se haya puesto en las manos de ASAJA la presidencia de este parque natural, entidad que jamás ha apoyado medida alguna de conservación de este espacio protegido y que, por contra, ha defendido todo tipo de atentados ecológicos cometidos por propietarios privados. Así, por ejemplo, sus representantes en la Junta Rectora defendieron las pistas forestales construidas en la sierras de Labradillo y Margarita que han provocado importantes daños ecológicos y paisajísticos, y atacó de forma virulenta a los ecologistas que las denunciaron. También se han destacado por apoyar el uso de herbicidas tóxicos como el glifosato, o a los propietarios que cierran caminos públicos y vías pecuarias.
El que fuera primer parque natural de Andalucía, y uno de nuestros espacios más emblemáticos, no se merece este trato por parte de la Junta de Andalucía.
LOS CAZADORES,
los privilegios de un colectivo que lejos de ser garantes de la naturaleza, la ponen en peligro, la pervierten con sus granjas cinegéticas, la contaminan con sus balines de plomo, y se creen por encima de los otros usuarios del medio natural, los no cazadores, que somos la inmensa mayoría de la sociedad.
«ya era hora de que se empezaran a eliminar privilegios que han ido manteniendo el colectivo de los cazadores desde 1970 «.
Aseguramos que los cazadores, que practican su actividad con un arma en las manos, han recibido un trato de favor durante años: pagaban sanciones irrisorias, con máximos de 30 y 50 € por las sanciones muy graves (y desde 1,5 € en el caso de las leves) por infracciones que ponen, por ejemplo, en peligro la vida de otras personas. Aseguramos que ninguna otra actividad tenía unas sanciones tan desproporcionadamente bajas. «Y si se pagan rápido quedaban en la mitad.»
Hay que construir una nueva normalidad donde los privilegios de unos pocos dejen de ir en contra del derecho general a disfrutar de la naturaleza, ya sea como excursionistas, ciclistas o buscadores de setas. Una nueva normalidad donde la caza debería ser la última opción a la hora de gestionar la fauna. La naturaleza tiene enormes retos por delante en algunas Comunidades dónde la caza se gestiona todavía según la ley franquista de 1970, bajo la lógica de aquel régimen. Hoy existen numerosas alternativas para garantizar una adecuada convivencia entre actividades humanas y la conservación de la fauna, pero las dinámicas de décadas dificultan que la administración lo regule de acuerdo con los nuevos tiempos.
Es evidente el conflicto ético que suscita la actividad cinegética como medida para controlar poblaciones de animales. Las entidades hemos explicado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación que la actividad cinegética conlleva importantes daños tanto para los animales cazados como para sus crías y para aquellos supervivientes heridos y para multitud de otras especies, muchas protegidas, que sufren por la perturbación causada por las redadas y otras modalidades de caza, viendo mermado su éxito reproductivo. Por otra parte, en el caso particular de Cataluña, la caza para controlar la población de jabalíes se ha mostrado especialmente ineficaz. De acuerdo a los datos del programa de seguimiento de poblaciones de estos animales, el número de jabalíes cazados aumentó en más de 28.000 individuos en los últimos 23 años, cifra que indica que esta población se ha quintuplicado (desde la temporada de 1990-1991 a la de 2013-2014).
(FAADA, Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Fundación Fauna, ADDA, Depana, AVDA, Libera!, Tots Som Poble y Lex Ànima)