“Pedimos que se investiguen las 1.073 residencias de Catalunya y un plan de choque para la segunda oleada de la COVID-19”

Dos de cada tres personas que han fallecido oficialmente en España por COVID-19 o con síntomas compatibles lo han hecho en residencias, según los datos aportados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, a los que ha tenido acceso RTVE.es. En Catalunya, la segunda comunidad más afectada por detrás de Madrid, el virus se ha cobrado la vida de 3.409 ancianos y ancianas que vivían en geriátricos, lo que representa el 57,35% del total de las muertes, según el registro de las funerarias regionales desde el inicio del brote. 

La Coordinadora 5+1 ha registrado una demanda ante la Fiscalía Provincial de Barcelona en la que denuncia lentitud en aplicar medidas de prevención en la propagación del virus y discriminación por razones de edad para acceder a la asistencia sanitaria. La plataforma agrupa a familiares de residentes que piden se esclarezcan responsabilidades.

Esta plataforma nació en 2017, cuando familiares de cinco residencias públicas tuvieron conocimiento de que la Generalitat de Catalunya había privatizado su gestión, asignándosela a una filial de la constructora OHL. El +1 de su nombre lo pusieron con la voluntad de que allegados de residentes de otros geriátricos se sumaran a sus demandas iniciales. La plataforma ha sumado a familiares de más de una veintena de residencias, según María José Carcelén, portavoz de la plataforma.

¿Qué piden en la denuncia que han llevado a la Fiscalía?

Pedimos que se investigue a las 1.073 residencias que hay en Catalunya. Nosotros aportamos información concreta de 11 mediante una denuncia en la que participan 95 personas. Ahora estamos trabajando para presentar una nueva denuncia con más personas y residencias. 

Queremos la relación con nombre y apellidos de los muertos en los geriátricos desde el 1 de marzo, y si fueron trasladados o no al hospital. Si no fue así, queremos saber si desde la residencia lo solicitaron, y si se lo denegaron, queremos saber quién lo hizo. Queremos descubrir si se dio atención sanitaria y de qué tipo en las residencias. Nosotros no tenemos la capacidad de identificar a los responsables, por eso no denunciamos a nadie en concreto sino la situación, para que se impute a quien toque.

¿Qué cambios son necesarios?

Desde los inicios de la pandemia llevamos pidiendo que haya un plan de choque: mejorar las ratios de personal para que haya un gerocultor por cada cuatro ancianos, que las residencias tengan equipamiento médico y de enfermería las 24 horas, así como habitaciones individuales para todos sus residentes. Para esto último pedimos que no se cubran las vacantes de los fallecimientos en las residencias. Algunas de estas peticiones las llevábamos pidiendo meses antes de que empezara la pandemia.

Sin estos cambios es la crónica de otra muerte anunciada porque vendrá la segunda oleada de coronavirus y volverán a repetirse las altas tasas de fallecimientos.

También pedimos que se pase ya al desconfinamiento interior. Esto significa que los ancianos puedan volver a los espacios comunes. Y desde luego queremos que puedan ser visitados por los familiares, con todos los protocolos que haga falta. Las personas mayores no pueden estar aisladas en un espacio tan reducido, sin visitas, ni actividad física, ni la posibilidad de socializar. Eso tiene un precio físico y psíquico, y más para alguien mayor.

¿Quiénes forman la Coordinadora 5+1?

Somos familiares de residentes y otras personas que no están satisfechas con la gestión. Tenemos muy claro que al miedo se le vence plantándole cara a los que gestionan las residencias con el único fin de hacer dinero, como determinadas empresas y fondos buitre, y a una administración a la que le importa muy poco los ancianos.  Queremos que sean un servicio público de gestión pública. Hay que dar solución ya.

En esta pandemia también ha habido un tema de discriminación por razón de edad. No se les ha atendido por ser mayores. Debemos preguntarnos: ¿Qué grupo será el siguiente? ¿A quién vamos a dejar que decida sobre la vida o la muerte, sobre qué grupo es prescindible y cuándo?

En esta pandemia, ¿quién decide qué personas enfermas que se quedan en las residencias y cuáles se trasladan al hospital?

Se supone que el servicio médico porque desde luego el gerocultor o la directora no tienen potestad para hacerlo. Algunas personas que enferman, pero no de manera grave, igual no necesitan ir a un hospital, pero sí una atención médica. Nosotros propusimos crear espacios medicalizados. Eso se empezó a hacer muy tarde, y no con carácter general. A los hospitales han llegado personas de las residencias deshidratadas y desnutridas, tenemos informes médicos. 

Para que una persona se deshidrate, no basta con un par de horas sin beber: tiene que pasar bastante más tiempo, por lo que no depende solo de un cuidador o cuidadora, sino de varias personas de la estructura laboral de un geriátrico. ¿Qué ha pasado?

Ha habido falta de personal y de equipamiento, y puede haber habido dejación de funciones. Pero, además, hay un problema añadido: muchos ancianos tienen un problema de disfagia, es decir, les cuesta mucho beber líquido. Si además esta persona se encuentra mal y tiene todos los síntomas del coronavirus, o sea, le duele la garganta, tiene fiebre, tos y neumonía, es obvio que no va a beber líquido. Y si no tienes un equipo médico en la residencia para ponerle un suero intravenoso, ahí tienes la explicación de que hayan llegado deshidratados a los hospitales.

¿Cuándo se empezaron a aplicar en las residencias protocolos para prevenir los contagios?

Durante semanas se hablaba de la preocupación por los ancianos pero no se hizo nada para protegerlos. Se tardó mucho en realizar los tests y para entonces teníamos muchísimas muertes, y muchísimos residentes con síntomas. Nosotros contactamos con la Generalitat el 23 de marzo para advertirles que la ratio de personal por residentes no era suficiente, que no había equipamiento médico ni servicio médico 24 horas, ni espacios para hacer el aislamiento porque la mayoría de las habitaciones son dobles. A muchos ancianos se les impidió la posibilidad de ir a los hospitales y murieron en las residencias en unas condiciones absolutamente indignas.

Crearon esta Coordinadora en 2017 pero han seguido luchando a lo largo de estos tres años. ¿Qué logros han conseguido?

El año pasado conseguimos que se votara una propuesta de resolución en la comisión de Asuntos Sociales y Familia del Parlament de Catalunya. A parte de lo mencionado sobre mejoras en las ratios de personal y enfermería 24h pedíamos mejoras a todos los niveles: alimentarias, de control, de inspección y de personal, entre otras. También que se echara a Mutuam, que es una empresa privada que gestiona los equipos de atención sanitaria en muchas residencias desde que la Generalitat sustituyó la gestión pública de los Centros de Atención Primaria (CAP)*

Esa propuesta de resolución se aprobó, pero con la abstención de los partidos del Gobierno por lo que nunca se implantó. Y entonces, llegó la pandemia. Las personas mayores no están recibiendo la atención que se merecen y la resolución aprobada demuestra que la Generalitat lo sabía desde antes.

¿La Generalitat ha intervenido residencias?  

Primero, intervenir no es tener la supervisión del Centro de Atención Primaria (CAP). Intervenir es retirar la dirección. Sí que se han intervenido algunas residencias. Desde el punto de vista jurídico hay un decreto que establece que en las residencias intervenidas se impone una gestión temporal externa. Se retira la gestión a la empresa y hay un funcionario público que hace la supervisión.  En las dos residencias de las que tenemos constancia que han sido intervenidas por mala praxis, Bertran i Oriola, y Mossèn Vidal i Aunós, pensamos que la Administración le tiene que retirar la gestión a las empresas de manera permanente.  

¿Les consta que se hayan realizado inspecciones durante la pandemia?

Sabemos que en algunas se han hecho, pero no sé si para cubrir el expediente. Las inspecciones de la Generalitat son penosas, no sirven de nada. Si a una empresa la sancionas con 6.000 euros, pero en su incumplimiento ha robado 50.000 euros, y además resulta que eso no le perjudica para volver a gestionar otra residencia, pues ya tiene nuestra opinión. 

Durante años, los mecanismos de prevención contra la tortura han denunciado deficiencias y mala praxis en algunas residencias. Una de sus exigencias para combatirlas era que hubiese un libro de registros de las contenciones mecánicas, es decir, cuando se recurre a la inmovilización de personas, y cámaras de vigilancia en los espacios comunes. ¿La Plataforma ha pedido esos registros y alguna vez se los han dado?

No se nos ha facilitado esa información. Pero no solamente se trata de las contenciones mecánicas. También hay que hablar de las contenciones químicas, las que se hacen mediante fármacos, y esas son las más difíciles de detectar. Se dan situaciones de maltrato en un sentido amplio: no es solo que te peguen o te violen. Maltrato también es que no te atiendan bien, que no te hidraten, que la alimentación sea mala o que no te lleven al baño cuando necesites ir. Hay muchas maneras de maltratar y han estado presentes en parte de las residencias.

¿Ha habido ocultación de información a las familias durante la pandemia?

Prácticamente en todas las residencias de las que hacemos seguimiento hay quejas por parte de familiares de falta de información o de ocultación de información. Tenemos casos de personas que llamaban al geriátrico y les decían que su familiar estaba bien, y al día siguiente les avisaban para que fueran a despedirles. También ha habido residencias en las que se sostenía que no había muertos ni contagiados cuando los familiares sabían que sí los había. Aquí hay mucho que investigar. 

*Actualizado el 21 de mayo.