La COVID-19 sí entiende de clases sociales

En las primeras semanas de abril, cuando la pandemia de la COVID-19 se expandió por Estados Unidos, los medios de comunicación se hicieron eco de una evidencia: el virus tenía una mayor tasa de mortalidad entre las poblaciones negras, latinas y racializadas del país. Se especuló sobre si determinadas etnias eran más vulnerables a la enfermedad y algunos analistas apuntaron ya a las posibles causas socio-económicas que podían estar detrás de este desenlace. 

Ahora, un estudio de un equipo de epidemiología de la Universidad de Harvard, elaborado en colaboración con el periódico Boston Globe, confirma esta segunda hipótesis. Las personas que viven en las ciudades, poblaciones y barrios con mayores tasa de pobreza y de hacinamiento en los hogares, son las que más terminan muriendo cuando se contagian de covid-19. Y sí, en estas áreas empobrecidas es donde vive mayoritariamente la población negra, latina y racializada. 

Periodistas del Boston Globe consiguieron, tras mucha insistencia, los datos básicos –nombre, edad, etnia, edad y código postal– de las 20.000 personas fallecidas en las primeras 15 semanas de 2020, por cualquier causa, en el estado de Massachusetts. Se los entregaron al equipo de Harvard, que cruzó esta información con la de los cinco años anteriores.

Los resultados fueron concluyentes: cuando la pandemia explosionó en Estados Unidos y la mortalidad se disparó a principios de abril, lo hizo especialmente en los guetos socioeconómicos. Las muertes han sido un 40% mayores en las ciudades y poblaciones con más población de personas negras y racializadas, un 14% más en aquellas con más habitantes por vivienda y un 9% en aquellas más pobres en comparación con las más ricas del Estado. 

El problema de la economía sumergida

Como explica en el reportaje resultante de la investigación publicado en Boston Globe, precisamente allí habitan las comunidades cuyos miembros tienen más dificultades para confinarse en sus hogares y dejar de trabajar, porque suelen estar empleados en la economía sumergida o en tareas muy precarizadas por las que no cobran subsidios por desempleo.

Personas que también se pueden encontrar en situación administrativa irregular y que, por tanto, no acuden a los hospitales no solo por el temor a unas facturas que no podrían asumir, sino también por el temor a ser deportadas a sus países de origen. Consecuentemente, muchas han terminado muriendo en habitaciones en las que pueden vivir familias completas. Por eso, en barrios habitados mayoritariamente por personas latinas, como uno de la ciudad de Lawrence citado por el periódico, los funerales se han duplicado en abril. 

“El análisis de Harvard ha evidenciado que la pandemia ha golpeado con mayor crudeza a las comunidades que ya se tambaleaban en los márgenes, que sufrían los precios inasequibles de los alquileres, la contaminación del aire, y la desigualdad en el acceso al sistema de salud. El coronavirus ha amplificado estas crueldades”, sostienen los periodistas en el artículo. En el mismo, el doctor Sandro Galea, epidemiólogo y decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Boston, pide a los líderes políticos que usen todos estos datos para entender mejor las necesidades sanitarias y estrechar las brechas en términos de acceso a la salud, no solo para la COVID-19, sino para otras muchas enfermedades que también “afectan desproporcionadamente a los barrios con bajos ingresos y a las comunidades racializadas”. 

Una situación extrapolable a Europa. Un reportaje del 25 de abril de Washington Post recogía cómo la pandemia y las medidas de confinamiento han desembocado en altercados en los suburbios de París y de otras ciudades francesas. Sus habitantes no solo soportan mayores tasas de mortalidad por el virus, sino que se enfrentan a identificaciones, registros y multas cuando se ven obligados a salir de sus viviendas para trabajar. 

Los autores del estudio de Harvard insisten en que han utilizado una metodología de fácil aplicación en otras regiones y países. Una herramienta de utilidad para adaptar el sistema público de salud a las características locales para posibles nuevas olas de contagios.