Expresiones punitivas en la emergencia de la COVID-19

Son muchas las dimensiones desde las que se puede analizar esta emergencia de la COVID-19: económicas, culturales, geopolíticas, desde la biopolítica, desde los feminismos… como excelentemente y en tiempo record han hecho, entre otros, Agamben, Butler, Preciado, Galindo (1) o Jiménez Franco. Yo quisiera centrarme exclusivamente en una dimensión muy concreta, en la dimensión de la respuesta punitiva a este acontecimiento y en un lugar específico, el Estado Español, si bien algunas de las reflexiones bien puedan servir para otras realidades territoriales. 

Trataré de exponer cómo, a mi parecer, se relacionan algunas de las decisiones para el abordaje de la emergencia de la COVID-19 con la cuestión del abordaje del delito, de la pena y más ampliamente con la cultura sociopolítica basada prácticamente en exclusiva en lógicas del castigo y sus dispositivos. Creo que pensar la cuestión desde esta perspectiva es fundamental ya que los abordajes a esta emergencia se están dando desde este lugar, es decir, desde las prácticas que ya tenemos como sociedad. Con estas prácticas, con estas herramientas, estos bagajes, son con los que estamos tortuosamente transitándola (Así también Rodríguez Alzueta). La pregunta que me hago es: ¿acaso era/es posible otro modo de afrontar la pandemia al modo en que lo estamos haciendo? Considero que la respuesta es negativa porque las medidas que se han adoptado para afrontar esta crisis –en sus distintas dimensiones– no son casuales. Son simplemente el reflejo y resultado de la sociedad que tenemos. De las prácticas sociales que concurren en la respuesta a la COVID-19 algunas son más evidentes y otras no tanto. Nombraré y ejemplificaré aquellas prácticas sociales que se pueden reconducir en sentido amplio a expresiones punitivas y su presencia en la respuesta a esta crisis, apuntando algunas semejanzas o relaciones entre la respuesta a la emergencia y esas lógicas punitivas. En este sentido quisiera mencionar la concurrencia tanto de prácticas punitivas horizontales, es decir, entre miembros iguales de la sociedad basadas fundamentalmente en la cultura de la delación (que se enmarcan en el llamado control social informal) y las verticales o estatales, más claramente enmarcables en prácticas de castigo, abuso y hostigamiento –control social formal–.

La primera expresión que tiene una relación estrecha con el abordaje del delito es el manejo del miedo. El miedo a la pena, a la cárcel, al crimen, a la policía es un elemento fundamental de lo punitivo. De este modo lo punitivo utiliza el miedo en distintas dimensiones. El miedo a la exclusión social de las personas y la posibilidad de ser etiquetadas en la categoría de delincuentes para someterlas a su control. También se usa el miedo al crimen y al criminal y a lo diferente, fomentando en el común de la gente una alarma permanente para justificar el castigo y el control que conlleva. Por último se encuentra el miedo a la pena, la pura retribución, que como teoría preventiva justifica la existencia misma del castigo. En la emergencia de la COVID-19, el miedo está siendo también una parte nuclear al menos en tres dimensiones: el miedo a enfermar, el miedo a ser sancionado y el miedo a ser etiquetado no por delincuente sino por irresponsable. Estos miedos nos llevan a otras expresiones punitivas: el manejo del concepto “del otro”, el lenguaje de la guerra y la exacerbación de las sanciones. Me detendré en ellas. 

El concepto de otredad está siendo manejado de forma muy evidente en esta crisis. Del mismo modo que el estigma recae en el delincuente y desde ahí se establecen las diferencias entre quienes cumplen las leyes y quienes no, entre quienes están presas y quienes están libres, entre víctimas y delincuentes, etc; en esta emergencia el binarismo está extremadamente presente y todos los días acontecemos en los medios de comunicación a todo un elenco de casos que da cuenta de distintos ejemplos de personas incumplidoras e irresponsables. Es más, en las ruedas de prensa diarias de actualización de la situación ‘sanitaria’ el espacio para expresar los datos policiales de personas incumplidoras, sancionadas o detenidas es enorme. Se ofrecen datos específicos sobre actuaciones policiales que dan cuenta en detalle de los números pero también de actuaciones irresponsables atribuyendo en muchos casos características concretas a las personas que desobedecen. En contraposición se hiper elogian los comportamientos ejemplares de la policía y de personas “cooperadoras” con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estableciendo claras líneas divisorias en los atributos de unas personas y otras.

El lenguaje de guerra, no solo porque son mandos policiales quienes tienen una presencia indiscutible en esta emergencia ‘sanitaria’, sino porque se ha extendido a toda la población, nos lleva también a ciertas semejanzas con los lenguajes político-sociales de abordaje del delito (3) (4). La «guerra contra el virus», «la guerra contra la pandemia», «derrotaremos al virus», «héroes y heroínas de esta batalla» o «ganaremos la batalla al virus» son algunas de las expresiones que emulan las bien extendidas de «guerra contra el crimen», «guerra contra las drogas», «guerra contra el delincuente», «la batalla contra los agresores»…  La puesta en escena militar, en sí mismo el despliegue militar –y por supuesto policial– en todos los municipios como nunca antes se había visto en democracia, hace de esta emergencia una cuestión de orden público de primer orden y como tal se está abordando. Esto es una realidad a la vista de los acontecimientos. Frente a los comportamientos «irresponsables», expuestos del modo descrito por los altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y también por  medios de comunicación, la canalización para una indiscutible sanción es perfecta. Se debe decir que las posibles sanciones a imponer por no cumplir con las restricciones del Estado de alarma en España son las más altas de todo Europa y que es el país que, hasta el momento, y con los datos que se conocen, más sanciones –y más duras– ha impuesto de los países de nuestro entorno más cercano. En ningún momento se planteó que pudiera ser posible apelar a la responsabilidad y razonabilidad de las personas en el cumplimiento de las medidas impuestas y que la policía sirviese al interés de que las personas, en caso de salir, fuesen dirigidas a sus casas. Se decretó el estado de alarma y en el Decreto se remitió para la imposición de las correspondientes sanciones a lo dispuesto en las leyes. ¿Qué leyes son esas? Básicamente la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, bien conocida como Ley Mordaza. Desde el principio se escucharon voces advirtiendo que no era automático encajar las conductas de incumplimiento de las medidas de restricción del confinamiento a los supuestos de desobediencia de la Ley de Seguridad Ciudadana y menos todavía a un supuesto de desobediencia del Código Penal. Hace pocos días así lo ha mostrado la propia Abogacía del Estado cuestionando las multas por desobediencia si no hay una advertencia previa del agente y la persona no atiende a la advertencia. Sin embargo, cada día se sancionan a más de 20.000 personas con multas de entre 600 a 30.000 euros y cientos son las detenidas. ¿Nos estamos parando a pensar detenidamente en la gravedad de esta situación?

El Ministerio del Interior, a pesar de las objeciones jurídicas que se suscitan en la aplicación de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, ha dado instrucciones internas para que se utilice para sancionar a las personas incumplidoras prioritariamente esa ley “ya que es un instrumento ágil”. Esto lo dice el mismo ministro –Fernando Grande-Marlaska– que hace pocos meses anunció que una de las prioridades del Gobierno era derogar la Ley Mordaza. Pero no se trata solo del número de sanciones y personas detenidas, se trata también de los abusos de poder que están ejerciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del escarnio público al que someten a muchas personas a las que se les para, supuestamente saltándose el confinamiento. Estos hechos han sido algunas veces filmados y por ello conocidos. Casos de violencia extrema de la policía deteniendo a una mujer que corría por su ciudad mientras los vecinos vitorean la hazaña; violencia frente a personas que van en bicicleta; violencia frente a chicas y chicos jóvenes que están en la calle, violencia frente a personas con claros signos de sufrimiento mental… y los casos no son pocos. Por tanto, en esta emergencia, como en el abordaje del delito, también están presentes, las más claras y oscuras prácticas de hostigamiento, tanto por el número de sanciones como por la forma de intervención.

Otra dimensión punitiva que quería mostrar es la práctica del ‘chivato’, la del ‘policía de balcón’, la del ‘vecino’, la de ‘la vieja del visillo’, es decir, las prácticas de delación, cualquiera que sea el nombre que le queramos dar. Estas prácticas que parecían mayormente desterradas de nuestras vidas, están emergiendo de forma importante: personas que llaman a la policía porque hay una persona paseando, porque ha sacado tres veces al perro, porque están unos niños jugando en las zonas comunes del edificio, porque la vecina ha tenido visita de la familia, gritos desde los balcones con insultos a quienes van por la calle o gritos de “vete a tu casa”, “irresponsable”.

Otras se expresan poniendo piquetes en los accesos a pueblos, para blindar el municipio. Estas lógicas punitivas que antes denominaba horizontales, entre iguales, están adquiriendo una relevancia particular en el mantenimiento del miedo, del control, en posibilitar la intervención de mecanismos punitivos formales y lejos de ser expresiones solidarias, como se trata insistentemente de transmitir por los medios de comunicación, no son más que la expresión informal de un ejercicio de autoridad, en este caso de quienes se consideran que tienen la autoridad moral frente a quienes incumplen y la más antigua forma de escarnio público.

Para ir finalizando quisiera terminar con la expresión tal vez más evidente de la relación entre las prácticas punitivas y el abordaje de la crisis: el uso del encierro. Es sorprendente cómo se ha asumido que la solución a la crisis sanitaria sea el encierro, habiéndose dado una normalización nunca antes conocida de la contención y distanciamiento del cuerpo como solución a una emergencia. Es más, estamos ante el desarrollo del autoencierro o autoconfinamiento «por responsabilidad». Así, del mismo modo que la cárcel es comprendida por sus defensores como un mal necesario, también el encierro, la cárcel-casa, es un mal necesario debido al virus. De este modo, el encierro en las casas es entendido como algo irrefutable, incuestionable mientras no haya una alternativa, del mismo modo que la cárcel es irrefutable no teniendo –“por el momento”, se suele decir– alternativas. Sin embargo, ni se puede afirmar que el confinamiento ha funcionado –está funcionando– y mucho menos que la prisión esté siendo la solución a la criminalidad. La naturalización del encierro en el abordaje de esta y futuras pandemias nos llevará –nos está llevando– a una concepción de la libertad que necesariamente se transformará y será transformada.

Ello, pienso que inevitablemente, tendrá una incidencia en la comprensión de la pena privativa de libertad en el largo plazo. Veremos de qué modo. Son distintas las voces que consideran que esta situación puede ser un punto de inflexión para que comience un proceso empático con las personas presas e incluso para que se den transformaciones en la pena privativa de libertad donde se amplíen derechos. Yo no soy tan optimista más allá de que las nuevas tecnologías se introduzcan en las prisiones y/o en nuevas formas de castigo, pues lo carcelario está muy consolidado. No obstante, habrá que intentarlo y aprovechar esta emergencia en ese sentido. Lo que sí se puede decir hoy mismo es que la cárcel y otros espacios de encierro parecen menos irrefutables que ayer (5). En el Estado Español prácticamente se han vaciado los CIE y se han dado excarcelaciones de personas presas, lo que nos pone de frente a la realidad de que se está utilizando el mecanismo de la prisión y en general del encierro (6), más de lo que tal vez sea necesario, es decir: hay opciones de excarcelación y de semilibertad en casos donde, hasta hace pocas semanas, no se veían. Es cierto que el Estado Español ha excarcelado a pocas personas presas, lo cual está siendo denunciado por colectivos sociales. Sin embargo, en todo el mundo, se están dando excarcelaciones masivas sin objeciones porque es la recomendación dada por la OMS y el Consejo de Europa.

Para conluir, quisiera nombrar la importancia de los medios de comunicación en la transmisión de todas estas lógicas sociopolíticas, en la deformación de la legalidad y en la exacerbación del autoritarismo y la mano dura: exactamente igual que frente al delito. 

Como decía al inicio del texto, estamos transitando esta emergencia con las prácticas que tenemos como sociedad y algunas de ellas están tristemente emergiendo con una gran clarividencia. Con todo lo anterior, aceptar y naturalizar la práctica del aislamiento como medida-solución, aceptar y naturalizar la suspensión de derechos fundamentales en nombre de la emergencia y aceptar y naturalizar la ocupación del espacio público por la policía no es un buen síntoma y debe ser revisado siempre. Por supuesto, no se trata –no es lo que se está tratando de decir aquí– de irracionalmente considerar que no hay que tomar medidas ante una situación de pandemia. En lo que se insiste es en evidenciar algunos de los elementos de por qué no se ha respondido de otro modo a la pandemia, en repensar las medidas adoptadas y sus consecuencias cuando queda implicada la afectación de derechos básicos. Hemos cedido sin apenas preguntar y desde el miedo prácticamente todos nuestros derechos fundamentales. ¿Dónde están los límites? ¿Hasta dónde estamos dispuestas a renunciar? Evidenciarlo nos puede permitir pensar en cambiar otras formas de abordaje de emergencias en el futuro –porque vendrán– y esto es siempre rico y necesario y no una “irresponsabilidad”.

 Sin embargo, me temo que más bien al contrario, esta circunstancia se está aprovechando para componer consensos amplios que refuercen precisamente estas lógicas, sentando las bases con las respuestas de hoy, para todas aquellas que puedan venir mañana y peor todavía que esas lógicas y prácticas se sigan perpetuando en el resto de espacios y de toma de otras decisiones, siempre permeables al concepto del castigo y todo lo que a él es inherente.

*Paz Francés Lecumberri es profesora contratada doctora (interina) de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y miembro de Salhaketa Nafarroa.

(1) Una compilación de artículos publicados por estos autores y otros, sin perjuicio de otras publicaciones que han hecho después se puede encontrar en el trabajo colectivo Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias, Ed. ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), 2020.
(2) Rodríguez Alzueta, Esteban: Delación social y policiamiento de la cuarentena, en el seminario virtual Pensar la crisis. El Estado y la comunidad frente a las emergencias, organizado por la Asociación pensamiento penal.
(3) Diego Zysman Quirós en el seminario virtual Pensar la cárcel después de la pandemia, organizado por la Asociación pensamiento penal, 14 de abril 2020.
(4) Santiago López Petit en El coronavirus como declaración de Guerra, en: Sopa de Wuhan, Ed. ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), 2020, p. 55.
(5) Brandariz, José Ángel, en el seminario virtual Pensar la cárcel después de la pandemia, Organizado por la Asociación pensamiento penal, 14 de abril 2020.
(6) Sobre los CIE y su vaciamiento y su impacto futuro se expresa Ana Ballesteros Pena en el seminario virtual Pensar la cárcel después de la pandemia, Organizado por la Asociación pensamiento penal, 14 de abril 2020.