Hacer de la necesidad virtud fortaleciendo los servicios públicos (5)

Este es el quinto texto de una serie de artículos que intentan hacer de la necesidad virtud en mitad de la crisis. Hacer del trauma reflexión y aprendizaje; y de los duros cambios en nuestra vida cotidiana, por necesidad, lecciones virtuosas para ese futuro que debemos construir.

Durante las últimas décadas, se han promovido activas políticas de privatización, tanto en la sanidad, como en la educación, el transporte, la energía o los servicios de agua y saneamiento, entre otros sectores. Hoy, ante la aplastante evidencia de nuestra vulnerabilidad frente al virus, nadie defiende la lógica de mercado para gestionar la salud pública. Transformar esa necesidad de solidaridad, vivida desde el confinamiento, en virtud social y política, debe llevarnos a garantizar, mediante leyes, instituciones y adecuadas estrategias financieras servicios públicos básicos que garanticen una vida digna para todos y todas. En definitiva, debemos fortalecer los servicios públicos de los que dependen derechos humanos, que por su propia naturaleza deben de ser de acceso universal y que deberían ser gestionados desde la lógica del interés general, y no desde la lógica del mercado que imponen las políticas privatizadoras.

Hablamos de servicios públicos que cubren necesidades cotidianas requeridas para garantizar una vida digna a la que tenemos derecho todo el mundo. Poder ser atendido por un médico y acceder a los tratamientos precisos cuando se está enfermo no puede ser considerado un lujo; como no lo es poder ofrecer una educación de calidad a nuestros hijos e hijas; o garantizar agua potable y servicios de saneamiento a todo el mundo; o asistencia social a personas dependientes. Nadie va al médico por capricho, ni se desplaza al trabajo como un entretenimiento. En una sociedad democrática no es aceptable que pueda cortarse el agua o la luz a familias vulnerables o incluso desahuciarlas de sus viviendas y dejarlas en la calle por no poder pagar. Es de esperar que, desde la experiencia de nuestra vulnerabilidad compartida ante la pandemia, seamos más empáticos con la vulnerabilidad de los más débiles.

Todo ello es compatible con la existencia de servicios privados en los diversos sectores, pero no a costa de debilitar esos servicios públicos de acceso universal. Quien quiera y pueda pagarlo podrá contratar servicios médicos en sociedades médicas y hospitales organizados como negocios, o estudios en colegios y universidades privadas; al igual que se podrán contratar servicios de transporte especiales a precios que no son accesibles a todo el mundo, sin que ello degrade la dignidad de nadie.

Por otro lado, defender y fortalecer la gestión pública de los servicios básicos, en base a los principios y la lógica del interés general, no significa bendecir cualquier forma de gestión pública. Todo el mundo conoce los problemas de burocratismo, de autoritarismo e incluso de corrupción que pueden lastrar la eficiencia de la gestión pública. Pero si un cuerpo policial, como cualquier otro servicio público, se corrompe, la solución no está en privatizarlo, sino en depurar responsabilidades y reformarlo garantizando nuevos enfoques de gestión pública, transparente y participativa.

Pedro Arrojo Agudo es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza