La reforma de la Justicia de Gallardón pone en pie de guerra al sector

MADRID // El pasado 1 de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón aprobó un anteproyecto de Ley Orgánica sobre la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces en España, que contenía algo insólito desde el punto de vista jurídico: la suspensión de dos artículos de una ley vigente, la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Lo que se persigue con esta suspensión es paralizar el trámite de renovación del Consejo, de forma que, en lugar de producirse en marzo, cuando debía tener lugar, se aplace hasta septiembre, cuando ya estará en vigor la reforma que se tramita actualmente, promovida por el mismo Gallardón.

Esta polémica reforma, que quita competencias al CGPJ para atribuírselas al Ministerio, ha sido rechazada por la mayoría de los jueces, y por el propio pleno del Consejo, que esta semana ha aprobado un informe muy crítico, redactado por la vocal progresista Margarita Robles, en el que se acusa al ministerio de querer menoscabar «la independencia judicial» y subordinar este poder clave en una democracia al poder político.

Los cambios planteados por Gallárdón han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una judicatura hastiada de los recortes y de la sobrecarga de trabajo. Al tajo en los medios de los que dispone la Justicia, se ha añadido además la ley de tasas, una norma recaudatoria que, según los expertos, amenaza con minar la tutela judicial efectiva (el derecho que tienen todos los ciudadanos a que el poder judicial les ampare en el ejercicio de sus derechos fundamentales), al limitar el acceso a la Justicia a aquellos ciudadanos con menos recursos.

Las asociaciones del sector (excepto la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales) han convocado para el día 20 de febrero una huelga para denunciar esta reforma que la vocal del CGPJ Margarita Robles ha tildado sin ambages de «franquista».

La asociación progresista Jueces para la Democracia ha anunciado incluso que presentará un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional para denunciar lo que entienden que es un intento de injerencia del Ministerio de Justicia en las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. La voluntad de negociar del ministro Gallardón está en entredicho, aunque las asociaciones no tiran aún la toalla

El contenido de la reforma

La reforma de Gallardón prevé, entre otros puntos, que cualquier juez pueda presentarse como vocal del Consejo, sólo con tener 25 apoyos de miembros de la judicatura, cuando hasta ahora sólo los magistrados que tenían el apoyo de una asociación del sector podían entrar en una lista reducida de 36 candidatos. Dado que el estamento judicial en España es mayoritariamente conservador, esta veda que se ha abierto deja expedita la vía para la elección de candidatos afines a la derecha.

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que, con este cambio, se elimina «un primer filtro» de la independencia de los jueces: el de la profesión, que «muchas veces impedía que jueces excesivamente politizados, obtuvieran el apoyo mayoritario de sus compañeros, que era requisito imprescindible. De esta forma, cualquiera se puede presentar como vocal del Consejo, porque obtener 25 apoyos es muy fácil».

El segundo filtro, el político (los vocales del Consejo tienen que ser aprobados por mayoría de 3/5 en el Parlamento), parece también menoscabado debido a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP- Circunstancias que, para el portavoz de Jueces para la Democracia, apuntan a que la reforma de Gallardón podría tener el objetivo de garantizar «nombramientos en función de la naturaleza ideológica del candidato».

Dado que la próxima renovación del Consejo estaba prevista para marzo, antes de que la reforma de Gallardón haya entrado en vigor, la suspensión de los dos artículos que permite aplazar a septiembre la elección del nuevo CGPJ, parece vital garantizar un poder judicial afín ideológicamente, el objetivo que los críticos de la reforma le atribuyen.

En medio de los escándalos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y al Partido Popular, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas que salpican incluso al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y otros casos aún pendientes de ser juzgados, no pocas voces advierten de que una judicatura sometida a un poder político casí omnímodo en el Parlamento puede acabar en impunidad.

«En un país con niveles muy altos de corrupción como España, es imprescindible un poder judicial muy fuerte para hacer frente a todos estos casos que están surgiendo. El Gobierno está además recortando los medios de los juzgados y de los jueces, además de estar quitándole competencias del Consejo General del Poder Judicial, como trata de hacer Gallardón. Todo esto termina en la ruptura de un principio básico de la democracia: la separación de poderes», explica Bosch.

«Esta situación dificulta enormemente la lucha contra la corrupción», concluye el portavoz de Jueces para la Democracia.