Justicia y vergüenza: el TJUE, junto a Junqueras

El Tribunal de Justicia Europea (TJUE) ha fallado favorablemente en el caso de la inmunidad de Oriol Junqueras y lo ha hecho con un redactado que no admite segundas interpretaciones: una persona elegida como miembro del Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de la institución en el momento de la proclamación oficial de los resultados. Desde aquel momento, goza de inmunidad. Tras conocer el veredicto del TJUE, el Tribunal Supremo daba un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la defensa de Junqueras y la acusación popular para presentar alegaciones sobre la sentencia. El TS también emitía una nota de prensa diciendo que «estudiará en profundidad el contenido íntegro de la sentencia del TJUE en contestación a las preguntas planteadas sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras, cuando esta persona se encontraba en prisión provisional”. ¿Qué posibilidades reales hay de que el TS rectifique? Entre cero y ninguna.

La legitimidad de la actuación de España en la «gestión» de la crisis del Procés no se aguanta de puertas hacia afuera. El mundo no tiene especial interés en el conflicto independentista y la Unión Europea no es el pater familias que el independentismo esperaba que los salvara de las garras del Estado español. Pero en contadas ocasiones, la negligencia del Estado es tal que sus acciones resuenan, haciendo inevitable que las miradas señalen las vergüenzas de un Estado incapaz de actuar a la altura de lo que se esperaría de una democracia contemporánea. Y ya es la tercera vez que esto ocurre: la primera fue el 1 de octubre de 2017, una fecha que se quedó grabada por las porras y las pelotas de goma en los brazos, piernas y ojos de muchas y muchas catalanas.

La segunda fue la sentencia al juicio del Procés: más de cien años de cárcel para votar no sonaba demasiado razonable al resto de las democracias europeas y menos teniendo el caso del referéndum escocés como referencia. El día 19 de diciembre, llega la tercera fecha en que el Estado español hunde un poco más su legitimidad democrática en un episodio que puede representar un auténtico tsunami político, tanto en el ámbito catalán como español; y lo hace, para más inri, el mismo día en que Quim Torra ha quedado inhabilitado -a espera de la apelación al Tribunal Supremo- durante un año y medio, por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat, en una sentencia que todavía puede recurrir al Tribunal Supremo.

Durante el juicio al Procés, el Juez Marchena había encarnado al Estado ante la ineptitud de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez de encarar políticamente el conflicto. Con unas formas aparentemente respetuosas y un trato inteligente, se blindó de las eventuales críticas por vulneración de las garantías procesales por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, no dudó en enviar a Luxemburgo tres cuestiones prejudiciales sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras, a propuesta de su defensa. Pero, en lugar de esperar a recibir la respuesta del TJUE, decidió dictar la sentencia durante el mismo periodo en que los magistrados del TJUE se reunían para valorar el caso. ¿Por qué Marchena decidió anticiparse a conocer la respuesta a las preguntas que él mismo accedió a enviar? No parece muy atrevido especular que ya sabía por dónde iría la respuesta.

A estas alturas Junqueras debería salir de la cárcel y el juicio del Procés debería ser declarado nulo. Pero no lo hará, porque eso implicaría admitir que Marchena (es decir, el Estado), estaba equivocado. Si aceptar un error fuera todo lo que debería hacer el Estado (es decir, Marchena) no sería para tanto y se podría llegar a considerar una rectificación. Pero aceptar que el Estado se equivoca implica que la razón la tiene Junqueras – es decir, el independentismo -, es decir, el secesionismo, es decir, la mayor amenaza a la supuesta unidad de España: y esta es una verdad contraria a la esencia de un Estado que vive fosilizado por el miedo al cambio. Porque este cambio debería pasar, entre otras cosas, por cuestionar la función -histórica y contemporánea- de la monarquía, así como por depurar las instituciones de aquella herencia de la Transición que tiene más que ver con el dictador que con la Constitución.

La sentencia, a la vez, tiene unas consecuencias que irán mucho más allá de continuar minando la imagen internacional de España y sus instituciones. Lo que se conocerá a partir de ahora como «Doctrina Junqueras» -ya que establecerá jurisprudencia sobre los derechos de los y las eurodiputadas electas- convertirá en héroe a Carles Puigdemont, que, ahora sí, deberá gozar de la inmunidad en toda Europa que le otorga su derecho como euro parlamentario. Debería disfrutarla también en España, pero claro, hoy en día se hace cuesta arriba pensar que esto sucederá.

En todo caso, si decidiera regresar y presentarse, por ejemplo, a las elecciones de la Generalitat, pondría en graves dificultades tanto a la Moncloa como al poder judicial del Estado, que deberían o bien contradecir la dirección de la sentencia del TJUE o bien realizar otro episodio de vergüenza internacional. Por otra parte, esta noticia llega en medio de las negociaciones entre el PSOE y ERC para la investidura. ERC ya ha reclamado, como no podía ser de otra manera, la nulidad del juicio y la liberación de Junqueras. Se añade así una nueva presión hacia Pedro Sánchez y fortalece la posición de ERC. En todo caso, Pere Aragonés ya ha anunciado, para descanso de los socialistas, que no se levantarán de la mesa y que continuarán dialogando.

Pero cada vez se va haciendo más evidente que el diálogo por el diálogo no soluciona nada. Hay que hablar de absolución y de indulto. Hay que hablar de referéndum.