Amnistía Internacional: “Nos preocupa el impacto que la sentencia del ‘procés’ tiene sobre los derechos humanos”

Horas después de la publicación del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa contra los líderes catalanes por parte de Amnistía Internacional, entrevistamos a Daniel Joloy (México, 1985), asesor legal y de políticas de la ONG, para conocer mejor los detalles de un texto que tilda el juicio de “justo” pero que pide la liberación “inmediata” de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y denuncia la vulneración del principio de legalidad.

En el informe se destaca que ha sido un juicio justo. ¿En qué términos?

Aquí lo que es importante es que nos fijamos en todo un grupo de estándares internacionales que se refieren al contenido de los artículos 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los que se desarrollan las normas internacionales del debido proceso, la parte más procesal. En este sentido, hemos participado en las distintas audiencias, hemos tenido acceso a muchos documentos, y hemos analizado las diversas alegaciones que los equipos de la defensa hicieron, y lo que hemos visto es que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que para valorar un juicio, si es justo o no, se debe hacer una valoración dentro del juicio en su conjunto, hemos encontrado que estas diversas preocupaciones que se hicieron a lo largo del proceso se subsanaron con la sentencia. Si bien no hemos encontrado preocupaciones que nos lleven a calificar el juicio como injusto, tenemos preocupación por el impacto que la sentencia del ‘procés’ como tal tiene sobre el ejercicio de los derechos humanos. Y es ahí donde nos hemos enfocado en nuestro análisis sobre las vulneraciones del principio de legalidad que conlleva la definición vaga del delito de sedición en el Código Penal como la interpretación extensiva que hace el Tribunal Supremo y, en particular, el impacto que esto tiene sobre el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de expresión.

¿Es más una cuestión formal, entonces? Sorprende que se afirme que es un “juicio justo” pero, a la vez, se indique que se ha vulnerado el principio de legalidad o se pida la liberación de Jordi Cuixart y de Jordi Sànchez.

El mismo principio de legalidad está contenido en otro artículo del Convenio Europeo, y allí nos referimos más al artículo 7. Por eso, en las recomendaciones nos enfocamos en nuestros aspectos de mayor preocupación donde instamos al Estado a tomar acciones concretas e inmediatas para subsanar esas violaciones de derechos humanos. Lo que estamos diciendo al afirmar que no consideramos que el juicio sea injusto es que no encontramos violaciones directas al artículo sexto, a las garantías contenidas en ese derecho. Eso no quita que no haya otras preocupaciones de derechos humanos que son igual de graves.

La mayor parte de la prensa en España está destacando la idea de que ha sido un juicio justo. ¿Cree que es lo más destacables del informe?

Nosotros nos hemos enfocado sobre todo en el impacto que tiene el delito de sedición sobre el ejercicio de los derechos humanos, por eso nuestro primer llamado ha sido la libertad inmediata y la anulación de la condena de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, porque consideramos que ellos como miembros de la sociedad civil nunca debieron ser acusados ni procesados por el delito de sedición. A la par de esto, nos estamos enfocando mucho en hacer un llamado al poder legislativo para cuanto antes reformar este tipo penal que puede abrir la puerta a mayores actos de criminalización y mayores violaciones de derechos humanos.

El informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y de EuroMed Rights sí que se denunciaba irregularidades procesales como la vulneración al derecho al juez natural a Sànchez i Cuixart, la falta de debate contradictorio o la posibilidad de los testigos de escuchar las declaraciones previas. ¿Por qué no están de acuerdo con las conclusiones de este otro informe?

Más que no estar de acuerdo, cada organización tiene su foco de análisis y su punto de entrada. Nosotros en lo que nos hemos enfocado es en hacer este análisis de cara a los estándares internacionales y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Amnistía utiliza este marco para hacer estas valoraciones y encontrar los motivos de preocupación que estamos comunicando.

En el análisis no tratáis sobre el hecho de que Oriol Junqueras no pudo recoger el acta de eurodiputado porque el Tribunal Supremo no se lo permitió.

El Tribunal Europeo tendrá un mayor margen de discreción de resultados en cuanto al ejercicio de los derechos políticos. En este sentido, en Amnistía, en aras de mantener la imparcialidad, no es un aspecto en el que tengamos un gran trabajo. Nosotros hemos decidido concentrarnos en los derechos de expresión y de libertad de reunión pacífica. Si bien puede haber vulneraciones ahí, no es el papel de Amnistía enfocarnos en estos puntos.

¿Qué tipo de acciones llevarán a cabo a partir de ahora?

Amnistía Internacional es una organización de movilización y de activismo, y por ello estamos tan comprometidos con el caso y las conclusiones a las que hemos llegado. No se trata únicamente de emitir nuestro informe, sino que vamos a instar a las autoridades a cumplir con nuestras recomendaciones, porque consideramos que esa es una vía para reparar estas violaciones a los derechos humanos. Lo primero que estamos haciendo es reunirnos con las parejas y con las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart para poder entender cuál es la estrategia más adecuada para Amnistía para alcanzar estos objetivos y garantizar la libertad inmediata de ambos y encontrar esas otras reparaciones para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se vuelvan a repetir en el futuro. Y algo fundamental en esto es la reforma del delito de sedición.

La respuesta habitual del Gobierno cuando se publican informes críticos con el proceso judicial o la sentencia del ‘procés’ es indicar que en España hay separación de poderes. ¿Puede hacer algo el poder Ejecutivo para cumplir con las demandas de Amnistía Internacional?

Hay distintos mecanismos al alcance de las autoridades. Amnistía Internacional es muy respetuosa con la independencia del poder judicial, por ello nosotros no nos estamos dirigiendo a los jueces directamente. Sí consideramos que el Estado español en su conjunto, y esto incluye el poder judicial, tiene una obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos. España se ha suscrito a distintos tratados internacionales de derechos humanos, y en virtud de ellos tiene la obligación de respetar y vigilar el cumplimiento de estos. Ahora le corresponde al Estado español en su conjunto habilitar esos recursos para poder subsanar y reparar de forma adecuada estas violaciones de los derechos humanos.

¿Se han violado derechos políticos en este caso?

Eso es algo sobre lo que Amnistía no ha mantenido una opinión hasta ahora. El tema de elecciones y de derechos políticos es un tema sobre el que Amnistía no mantiene opinión.

¿Pero debemos entender la libertad de expresión y de reunión como derechos políticos?

Esta distinción entre derechos políticos y civiles se vuelve, a veces, un poco arbitraria. Más allá de hacer esta distinción, nosotros decimos que en el caso de Cuixart y Sànchez la sentencia supone una restricción indebida a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, también hemos dicho que se ha vulnerado el principio de legalidad que, por sí mismo, es un derecho humano. En este sentido, sí estamos viendo que hay violaciones a derechos humanos por el procesamiento y la sentencia que se ha dictado en su contra.

¿Hay presos políticos en España?

La categoría de presos políticos es un tema que Amnistía Internacional no utiliza porque es una categoría que no existe en el derecho internacional. No brinda ningún estatus jurídico a la persona, por ello nos hemos alejado de este término porque puede generar mayor confusión, mayor polarización. Lo que nosotros estamos diciendo es que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no deberían estar en prisión. Que nunca deberían haber sido acusados ni procesados, ni mucho menos sentenciados, por el delito de sedición y por eso estamos pidiendo su libertad inmediata y la anulación de su condena.

¿Esta sentencia puede suponer que, por ejemplo, una persona que se manifiesta contra un desahucio con autorización judicial pueda ser acusada de sedición?

Justamente ahí es donde se centra una de nuestras mayores preocupaciones. Lo que implica esta vulneración al principio de legalidad es la falta de claridad sobre qué constituye una conducta legal y qué constituye una conducta ilegal. Esa falta de claridad que genera incertidumbre puede llevar que las personas se inhiban de participar en otros actos de protesta social, que puedan ejercer libremente y sin miedo sus derechos humanos. Además, lo hemos señalado no solo para el ejemplo que mencionas, sino para las mismas personas que participaron en los actos del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017. Estp es un gran fallo que vemos en la sentencia, puesto que el tribunal se limita a decir que, hasta la fecha, ninguna otra persona de las que participaron en esas protestas ha sido condenada o acusada por sedición. Pero esto no quita que en el futuro, debido a la interpretación extensiva que hace el tribunal de este delito, las personas que participaron pacíficamente en esos actos de protesta puedan encajar en esta definición tan vaga que ha hecho el tribunal del delito de sedición. El tribunal no menciona que el delito de sedición en el Código Penal prevé una pena de cuatro a ocho años de prisión para personas que no ostentan el cargo de líder o de autoridad. Eso quiere decir que cualquier persona que salga a protestar de forma multitudinaria podría estar en riesgo de ser acusada de sedición.