Economía
El modelo agroindustrial que cambió nuestro vínculo con la tierra y la alimentación
"El problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero", escriben las autoras.
Avance editorial de ‘Los monocultivos que conquistaron el mundo’ (Akal, 2019) de Nazaret Castro, Aurora Moreno y Laura Villadiego
Es sabido que, en el siglo XX, dos momentos cambiaron la historia de la agricultura y, con ella, la de la humanidad. Entre los años 50 y 60, la llamada Revolución Verde introdujo en el campo productos químicos como fertilizantes y pesticidas que permitieron sustanciales mejoras de productividad, pero que se cobraron también un alto costo socioambiental. Ya en los años 80, las innovaciones tecnológicas, sumadas a los cambios en la economía que impondrá el régimen neoliberal, configurarían el modelo del agribusiness o agronegocio, que conllevó una expansión del monocultivo que se tradujo en los territorios en deforestación, pérdida de biodiversidad y desplazamiento masivo de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El agronegocio se sigue presentando como el único modelo posible para calmar el hambre de un planeta que se acercará a los diez mil millones de habitantes en 2050. El argumento es falaz: según el Grupo ETC, la agricultura campesina provee el 70% de los alimentos con apenas el 25% de la tierra.
En el sistema agroindustrial global, la comida –y las fuentes de vida– quedan en las manos de cada vez un puñado más reducido de empresas; es lo que se ha llamado un régimen agroalimentario: la agricultura se industrializa y con ello adquiere fuerte dependencia de los insumos fósiles. Al mismo tiempo, los procesos de producción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales, en paralelo a un proceso de corporativización y oligopolización del sector. Lo que está en juego es nada menos que el control de la alimentación de los pueblos que, en la actual fase del capitalismo neoliberal y globalizado, está en manos de corporaciones cada vez más concentradas e influidas por los mercados financieros. “Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueblos», reza la cita atribuida al exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger.
Hemos dejado nuestra alimentación en manos de empresas transnacionales como Nestlé, Unilever o Danone, en la confianza de que pueden cocinar por nosotros. Pero esas empresas no cocinan alimentos: procesan ingredientes, de un modo más similar al de un laboratorio que al de una cocina; y son muy buenas en hacer dinero, pero pésimas en nutrir cuerpos. Lo estamos viendo con el ascenso en todo el mundo, al compás de la generalización de nuestro sistema alimentario moderno, de enfermedades antes propias de las sociedades opulentas, como la diabetes, la obesidad infantil o las afecciones cardiovasculares. Nuestra alimentación está, también, por detrás del aumento de otras muchas enfermedades provocadas por los déficits nutricionales que conllevan la sustitución de alimentos reales, como legumbres, frutas y verduras, por productos comestibles ultraprocesados altos en calorías y bajos en nutrientes. Dicho de otro modo: hemos cambiado la comida real por productos comestibles hechos por las empresas, diseñados en laboratorios para hacernos adictos y generar lucro, y no para alimentarnos.
Los impactos sobre la salud en nuestro cuerpos son la otra cara de los amplios problemas ecológicos – o mejor, ecosociales – que impone este sistema agroindustrial. Tras la aparente diversidad de marcas, colores y paquetes que encontramos en los estantes de los supermercados, se esconde una homogenización cada vez mayor de los ingredientes que consumimos; del mismo modo, el avance de los monocultivos arrasa con la biodiversidad de algunos de los ecosistemas más valiosos y vulnerables del planeta. El monocultivo sojero avanza sobre la Amazonia y el Chaco argentino mientras la caña de azúcar lo hace sobre El Cerrado brasileño; la palma aceitera ha arrasado los bosques nativos del Sureste asiático. La pérdida de especies, tal vez una de las aristas más graves de la crisis ecológica, se refleja en las semillas: las semillas nativas desaparecen mientras se van instalando unas pocas variedades, lo que vuelve los cultivos más vulnerables a las plagas; en Estados Unidos se cultivaban 307 variedades a primeros del siglo XX; en 1983, solo 12, y hoy, con el avance de la variedad transgénica bt, la gama se redujo a cinco. El correlato en la ganadería es la reducción del número de razas de gallinas, cerdos o reses, igualmente expuestas a las epidemias. Al mismo tiempo, disminuye el número de empresas multinacionales que controlan este sector de la economía. Tras el último ciclo de fusiones y adquisiciones, cuatro grupos de empresas controlan el 90% de las semillas transgénicas y el 60% de todas las semillas (incluidas convencionales): Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Corteva (Dow-DuPont) y BASF.
Detrás del desastre ambiental hay también, casi siempre, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que son expulsadas de sus territorios y se ven impedidas de continuar con sus modos de vida ancestrales, esos que durante siglos han asegurado la sostenibilidad de esos ecosistemas, y que hoy se juegan la vida por defender sus territorios: solo en 2017, según la organización Global Witness, murieron 40 personas en conflictos asociados al agronegocio. Hablamos de dos modelos de desarrollo en disputa: de un lado, un modelo corporativo que trata de maximizar el lucro aunque se disfrace de sostenible con técnicas marquetineras de greenwashing; de otro, proyectos anclados en la soberanía alimentaria, que abarcan desde las formas de vida ancestrales de las comunidades campesinas a los planteamientos de la permacultura.
ASI NO:
Para los altos cargos de la multinacional Bayer-Monsanto, no existen estudios que prueben una correlación directa entre el glifosato (sustancia esencial del Round up) y el cáncer como lo han asegurado miles de campesinos en todo el mundo. Bayer-Monsanto se sustenta en una serie de 800 estudios científicos que probarían que el glifosato no causa daños a la salud humana.
Sin embargo, de acuerdo con periodistas e investigadores, “la literatura especializada se puede comprar”, es decir, que la independencia de esos resultados es enteramente cuestionable debido a que el gigante agroquímico (como evidentemente lo ha hecho) puede manipular y comprar las conclusiones a su antojo.
Investigaciones independientes han demostrado que el glifosato es la causa de diversas enfermedades entre ellas el cáncer.
Como ya es una costumbre, Bayer-Monsanto intentan difamar cualquier estudio o científico independiente acusándolo de querer “evitar el progreso de las sociedades y la búsqueda de alternativas para la alimentación de la población mundial”.
Detox Project Japan, estableció que «de 28 muestras de cabello tomadas a miembros del parlamento japonés, 75%de ellas dieron positivo en la exposición a pesticidas a largo plazo, con un total de 14 pesticidas detectados».
Esta situación demuestra los riesgos crecientes que tiene la expansión del glifosato y un posible proyecto de control demográfico por parte de las multinacionales de alimentos.
https://arainfo.org/la-encrucijada-de-bayer-tras-la-compra-de-monsanto/
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ASI SI:
2500 personas y 150 tractores recorren las calles de #Calatayud «Por la supervivencia de las Explotaciones Familiares y del Medio.
La lectura del manifiesto recordaba que “el campo representa tierra, viento, aire, sol… pero también representa la libertad, la cercanía y la lucha por lo que se quiere” y pedía a la sociedad un mayor compromiso con los y las productoras que permiten mantener y asentar población en las zonas rurales.
En referencia a las últimas movilizaciones por la ‘España Vaciada’, apuntaba que “no dejemos que se caigan las explotaciones familiares y no dejemos que se vacíen nuestros pueblos, luchamos por mantener las huellas que han dejado nuestros antepasados en el camino, por mantener vivos nuestros paisajes, nuestros hogares y nuestros recuerdos.
Esto es cultura y ésto debería enseñarse obligatoriamente en las aulas.
Como la enseñanza está mercantilizada y los medios de comunicación de masas están al servicio del capital, ésto es pedir peras al olmo, así que hay que dar charlas e instruir al respecto en todo lugar dónde haya gente dispuesta a escuchar.
Las puertas de los Mercadonas serían un lugar ideal para dar estas charlas a no ser porque la gran afluencia de gente que los frecuenta no está muy interesada en contribuir a un mundo más justo, es la clase de gente que va más a lo suyo.
Ecologistas en Acción quiere recordar que nos encontramos en un momento de emergencia ecológica en el que detener la pérdida de biodiversidad, mitigar y adaptarse al cambio climático y reducir la inequidad social son objetivos prioritarios. En este contexto es más necesaria que nunca una sociedad civil unida y dispuesta a desobedecer las normas que nos han llevado a esta situación.
Para Ecologistas en Acción la calidad democrática de una sociedad se mide fundamentalmente por la capacidad de acoger la protesta y la discrepancia. No es la primera vez que se criminaliza injustamente a movimientos sociales: colectivos anarquistas, personas jornaleras o grupos ecologistas, entre otros, hemos sufrido ya la represión por ejercitar el derecho de libertad de expresión, de reunión o de huelga. La sentencia del juicio al 1-O, además de saltarse el principio de proporcionalidad al condenar a años de cárcel a personas que han organizado un referéndum, abona el terreno para escalar en esta criminalización de todos los movimientos sociales.
El 7 de octubre Ecologistas en Acción celebró una acción directa no violenta realizada por un grupo de personas que protestaban por la inacción política frente a la emergencia climática. La desobediencia civil pacífica, que forma parte de los principios ideológicos de Ecologistas en Acción, ha sido una herramienta fundamental para conseguir derechos ambientales y laborales, derechos para las mujeres y para otros colectivos que han sufrido, y aún sufren, discriminación. Por ello Ecologistas en Acción considera que la sentencia del Tribunal Supremo por los hechos relacionados con el 1 de octubre de 2017 contiene una inaceptable criminalización de la protesta y de la desobediencia civil.