Jánovas, el último capítulo de una expropiación impune

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La familia Buisán firmaba el pasado 22 de marzo la reversión de una expropiación injusta, la que sufrieron ante la amenaza de que su casa, su pueblo, sus vidas, quedaran anegadas para siempre por un pantano… que finalmente nunca se construyó. Firmaron la compra a Endesa de unos bienes que les confiscaron 68 años atrás. Porque esta historia empieza así, por su agridulce final. “No fue un motivo de alegría plena porque firmamos sabiendo que nos engañaban, que estábamos pagando más de lo que valen [los terrenos y los escombros]. En el fondo, se firma para terminar un proceso, para finiquitar una historia de dolor a sabiendas de que se abre otro proceso, esta vez de reconstrucción, que dependerá de las expectativas e ilusiones de cada uno”, resume Eva Muñoz Buisán.

Es el último capítulo de una expropiación que comenzó allá por 1951, concretamente, cuando el 14 de abril el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la autorización de las obras para la construcción de un pantano sobre el río Ara, en el término municipal de Jánovas, que otorgaba los derechos sobre el valle oscense a la empresa Iberduero (posteriormente Iberdrola, quien vendió el proyecto a Eléctricas Reunidas de Zaragoza, integrada en Endesa, ahora en manos de la transnacional italiana Enel).

La población de los municipios de Jánovas, Lavelilla y Lacort, 964 personas según el censo de 1960, fue expulsada de forma brutal ante las inminentes obras para embozar al río y así generar energía eléctrica. Dos familias resistieron en Jánovas 20 años más: la familia Buisán, la abuela y el abuelo de Eva, junto a la familia Garcés. Decidieron que no iban a marcharse hasta que las aguas llegaran al pueblo. Y nunca lo hicieron, aunque ellos fueron brutalmente desalojados en 1984, en plena democracia. “Estuvimos 22 años en Jánovas. Ya se habían ido todos. Ni había televisión ni nada y aguantamos muy bien”, apunta Francisca Castillo, la madre de la familia Garcés, desde Campodarbe, el pequeño municipio al que fueron “engañados”, porque allí no había nada de lo prometido tras la expropiación. Intentaron regresar a Jánovas, pero habían dinamitado su casa. Ya solo quedaban escombros.

Hoy el mayor río virgen del Pirineo, el Ara, sigue corriendo prístino. La construcción del pantano no prosperó ni tampoco la desaparición de todo un valle bajo sus aguas. Muchas luchas, lágrimas y sonrisas después, el Ministerio de Medio Ambiente certificaba, concretamente en el BOE del 10 de febrero de 2001, que el futuro de Jánovas estaba muy vivo: la construcción del pantano no era pertinente.

Fue una amarga victoria colectiva, ciudadana; un ejemplo de resistencia ante los envites del franquismo primero, de la democracia después, y de las empresas hidroeléctricas siempre. Porque aquello, a priori el fin de 50 años de lucha, supuso en realidad el inicio de un proceso (aún sin finiquitar) de reversión, tan complicado y doloroso como la expropiación, explican varias de las personas entrevistadas.

El Ara sigue libre, pero la lucha aún no ha escrito su última línea. Lograr que se les devuelva lo expropiado de manera justa, como recoge la ley, es su actual batalla. Caminar por las calles de Jánovas es hacerlo por un escenario que invita al duelo, pero también a la celebración tras un nacimiento. Mientras muchas casas siguen en ruinas porque fueron dinamitadas por la empresa, otras están siendo reconstruidas tras 50 años en el suelo. Lo que era la escuela, de la que la profesora fue «sacada de los pelos», es hoy un centro social para realizar actividades: “Es la casa de todos”, explica Antonio Buisán durante una visita en una mañana fría de febrero.

“Las expropiaciones que hizo Iberduero se hicieron con mala fe, nos echaron con un dinero que no era justo. Hemos sido perjudicados dos veces: cuando se hizo la expropiación, que no fue justa, y ahora que Endesa nos pidió el IPC [Índice de Precios al Consumo], lo que significaba pagar como 30 veces más de lo que nos pagaron en su día. Luego eso lo ha rebajado y ahora se habrá quedado en 12 veces o así”, afirma mientras muestra la casa donde vivía su abuela, frente a un horno ya reconstruido.

La dura reversión

“¿Le falta dinero a Endesa? Nosotros les tenemos que dar ahora millones. Yo tengo una ilusión grandísima… Me quiero enterrar allí”. Josefina Muro Morer, 85 años, lleva años ahorrando para poder volver a Lacort, su pueblo. El 3 de abril de 2019, los Morer firmaron: para “comprar nuestras tierras”, enfatiza Inma Muro, la hija de Josefina, quien afirma que han pagado “muchísimo dinero”, pero no tenían otra opción: “No puedes decir ‘no lo cojo’. A mi madre la matas”.

Según datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde 2009 y hasta el 18 de junio de 2019 se han iniciado 123 expedientes, hay 105 resueltos (que representan 934 fincas) y restan 18 por resolver.

Agonía, humillación, vergüenza, injusticia permanente, falta de voluntad política, deuda histórica. Son algunos de los términos que, con diferente tono y énfasis, se repiten en las conversaciones con la población desplazada. Y también la desigualdad de trato, porque existe la sensación unánime de que la empresa siempre ha sido beneficiada. “Entras a negociar con una mercantil, es un mercadeo absoluto. Si eres ‘amigo de’, igual te rebajan, pero si no, nada. En la reversión están haciendo lo mismo que en la expropiación: aprovechándose de la gente”, resume Eva Muñoz.

Pedro Arrojo, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza y exdiputado de Podemos, critica el papel de la Administración, “que fue diligente en sacar patadas a la gente, pero que no lo está siendo en cómo se lo devuelven ni en cómo supervisan para que el proceso no sea abusivo por parte de la empresa concesionaria”. Tampoco se olvida del deterioro que han sufrido los bienes públicos: “Había una línea eléctrica, un puente, viarios y alcantarillados… Eso lo está poniendo el Estado limpio para Endesa”, lamenta.

Porque en el deterioro (o menoscabo, el concepto jurídico recogido en la Ley de Expropiación Forzosa, que data en origen de la dictadura franquista) está la clave: si el artículo 55.1 recoge que la indemnización debe estar actualizada según el IPC, el artículo 55.2 habla de que, si hay menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración. “¿De verdad nadie se ha parado a leer el párrafo siguiente?”, reclama Miguel Muro, hijo de Josefina Muro Morer. Pasear por los pueblos evidencia el enfado. “No nos oirás decir una palabra a favor de Endesa ni de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nos han humillado, nos han vejado, nos han estafado”, añade Toni Garcés.

Desde la Confederación insisten en su papel mediador. Y en Endesa dan el tema por cerrado y únicamente remiten a una nota de prensa de diciembre de 2017 en la que se informa de un acuerdo con el Ayuntamiento de Fiscal (al que pertenece Jánovas y otros pueblos del valle) para la transmisión de inmuebles, terrenos y otros activos.

Mientras, son varias las fuentes que confirman que se va a indemnizar a la multinacional con dinero público por el fin de la concesión. De hecho, el Consejo de Estado reconoce en el dictamen número 711 de 2017 “el derecho a una indemnización económica (aún sin cuantificar) por haberse afectado a la empresa concesionaria por una acción pública fallida”. Es decir, el Estado reconoce unos perjuicios a la empresa que, al mismo tiempo, niega a las vecinas y vecinos, que siguen esperando un prometido plan de infraestructuras.

Esta historia de memoria y resistencia, pero también de humillación y abuso de poder, no ha escrito su última línea 68 años después: las familias Garcés y Buisán han llevado su lucha al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y está admitida a trámite. Toni Garcés no titubea: “Nos arruinaron y nadie se pone en nuestra piel. Queremos que no quede impune”.