La Junta de Gobierno de Madrid, demandada por inutilizar Madrid Central

Madrid amanecía este lunes con una de las medidas estrella del nuevo Gobierno Almeida-Villacís: dejar sin efecto las multas por Madrid Central, que pasaba a estar eliminado de facto. Ese mismo día, en la capital de Indonesia, Yakarta, se registraba un índice de calidad del aire (AQI) de 158, según el índice dinámico IQAirVisual. La cifra, lejos de ser una anécdota, es una constante en la ciudad asiática, con uno de los aires más sucios de todo el mundo. Por comparar: ese mismo día, Nueva York marcó un índice de 21, Londres de 28, Berlín de 52 y Madrid de 59.

Por este motivo, un grupo de activistas y ambientalistas de Yakarta ha decidido demandar al Gobierno indonesio para que tome medidas ante la alta contaminación. Un hartazgo generalizado palpable a través de Twitter, donde la ciudadanía ha ido compartiendo imágenes que reflejan el estado de insalubridad.

Y volvemos a Madrid. También a través de esta red social, el actor Carlos Bardem preguntaba estos días si era posible “una demanda colectiva por delito contra la salud pública y malversación” tras revertirse “medidas anticontaminación” que generan “multas millonarias de la UE”. Similar planteamiento hacía la periodista Nieves Concostrina, quien afirma estar dispuesta a denunciar a título personal y «pagar lo que haga falta»: «Mi salud no tiene precio», señala. “Como ciudadana que vive en el centro no puedo quedarme de brazos cruzados mientras nos envenenan”, asegura a La Marea. Considera que “el alcalde [José Luis Martínez Almeida, PP] debe sentir la presión”, saber “que hace el ridículo”.

Opciones legales

Este jueves, la Plataforma en Defensa de Madrid Central se ha reunido con el alcalde, quien ha transmitido su intención de continuar con la moratoria. Según ha explicado, será a partir de octubre cuando vuelvan a ser efectivas las multas, aunque con las modificaciones en las zonas anticontaminación diseñada por el equipo de Manuela Carmena.

Desde Greenpeace, que consideran que el encuentro ha sido «decepcionante», aseguran que el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad, en el que se basa el nuevo equipo de Gobierno, no ampara tales decisiones. Por ello, este viernes han presentado junto a Ecologistas en Acción un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Gran Vía contra la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar la moratoria de las multas sin pasar por el Pleno del Ayuntamiento. Además, señalan que el texto estará disponible para que otras organizaciones también puedan presentar sus propios recursos.

El Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente también está barajando distintas acciones. Ana Barreira, directora de la organización, señala a La Marea que la medida ha generado un “clamor popular de rechazo” y no descartan ir por lo penal.

El profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid Rafael Escudero considera que la vía de lo contencioso-administrativo es una buena opción porque hay motivo jurídico suficiente para que salga adelante, es decir, podría considerarse “un tema arbitrario” del actual Gobierno. No obstante, advierte de la lentitud de este tipo de procesos, el cual “ni mucho menos” se resolverá en octubre. Ve más complicada la vía penal, pues es “casi imposible”demostrar “la relación causa-efecto”, una problemática muy común en temas medioambientales, argumenta.

Otros casos similares

Si prosperan estas iniciativas, Madrid se sumaría a una lista cada vez más amplia de demandas medioambientales. Un ejemplo reciente es el de dos grupos ecologistas sudafricanos, que presentaron el mes pasado ante el presidente del país, el responsable nacional de calidad del aire, y el ministro de Medio Ambiente, una demanda por el mal estado del aire.

También en Shijiazhuang, en la capital de la provincia norteña de Hebei, en China. Allí, un hombre ha decidido presentar una queja ante el tribunal de distrito. En la solicitud, dirigida a la Oficina Municipal de Protección Ambiental de la ciudad, pide que se cumpla la ley y se vigile el nivel de contaminación del aire, al mismo tiempo que ha exigido una compensación administrativa por los daños a su salud.

En esa misma línea, una madre y su hija demandaron el pasado mayo al Estado francés por no protegerlas de la contaminación del aire y causarles graves problemas respiratorios. Se convertía así, recoge Telegraph, en el primer caso de este tipo que llega a los tribunales. En el caso de Reino Unido, sí saben lo que es enfrentarse a una demanda de este tipo. Han sido varias las ocasiones en que el Gobierno ha sido demandado por colectivos e, incluso, han acabado perdiendo, siendo forzados a plantear nuevos planes anticontaminación.

Aire que mata

En España, se calcula que un 35% de la población respira aire contaminado, según cifras aportadas por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Al año, acorde a datos del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Medio Ambiente, el número de muertes prematuras asociadas a la mala calidad del aire asciende a 10.000. Ampliando el mapa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que cerca de 7 millones de las muertes que se produjeron en todo el mundo en 2012 estuvieron relacionadas con la calidad del aire que se respira.