Las lecciones que debemos aprender de América Latina para construir memoria democrática

Para ello, entrevistamos a cuatro expertas de las áreas de la Historia, la Sociología y la Antropología que han participado en el Congreso de la Asociación de Estudios de la Memoria, que reunió esta semana a más de 1.600 especialistas en la Universidad Complutense.

Las memorias (así, en plural) no se rescatan, se reconstruyen
“La memoria es el proceso por el que siempre se está reconstruyendo la forma de entender el pasado”, dictamina María Angélica Cruz, doctora en Sociología de la Universidad chilena de Valparaiso y especializada en la memoria de la dictadura pinochetista. Explica que al principio, en los años 90, la memoria en su país se basó en demostrar que había habido «violencia de Estado: desaparecidos, torturas, detenidos… Pero eso tuvo un coste: limitar la memoria al reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, algo importante y necesario. Pero la consecuencia fue que redujo a las personas afectadas a su condición de víctimas”. 

Con el paso de los años, el concepto de memoria se fue ampliando, complejizando y transformando. Primero fueron los estudiantes movilizados los que recordaron que la dictadura también supuso la imposición de un modelo privado de la educación; después fueron las feministas las que recuperaron del olvido que en el último día de su dictadura Pinochet aprobó la ley contra el aborto terapéutico…. “Las memorias van cambiando según el presente. Y son siempre disputas entre las memorias oficiales, como la que recogieron las comisiones de la verdad, y las que proponen otros grupos. Por ejemplo, ahora se está investigando cómo las personas del colectivo LGTBI, cuando intentaron registrar sus testimonios, les cerraron las puertas porque no consideraban que su represión respondiese a motivaciones políticas”. 

En España, la memoria histórica oficial sigue pugnando por el reconocimiento de los crímenes cometidos por el franquismo, por la aplicación del concepto de genocidio al exterminio de miles de personas por sus ideas políticas, y por la derogación de la Ley de Amnistía y el fin de su impunidad resultante. 

Y aunque ya son numerosas las investigaciones que ahondan en otros aspectos y desde otras miradas, sus propuestas siguen sin cristalizar entre la opinión pública porque ni siquiera hemos construido aún una memoria social colectiva sobre este periodo de nuestra historia.

La importancia de entender cómo vivió la dictadura la población silenciosa 

Loreto López González es antropóloga de la Universidad de Chile. En la actualidad investiga la memoria del miedo de aquellos que no sufrieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

“Son esos que se han quedado como testigos de un naufragio ajeno sin poder narrar lo que les ha ocurrido porque no fueron represaliados, torturados o detenidos. Pero también sufrieron la dictadura”, explica esta profesional que desarrolla su trabajo como antropóloga en un programa de Psicología Social. Salvo una, todas las personas que entrevistó para su investigación, incluidas aquellas que apoyaron la dictadura y la siguen definiendo como un periodo de orden y paz, terminaban hablando del miedo sin necesidad de preguntarles por ello. “El miedo a los militares, a salir de noche, a que alguien pudiera denunciarles por alguna conducta y terminar siendo represaliados no ya por razones ideológicas, sino por desobedecer alguna norma. El miedo era transversal, independientemente de si consideran positiva o negativa la dictadura”, reflexiona.  

Y añade que “la gente común», como la denominan en sus estudios, «asumieron una posición de aislamiento e indiferencia, actitudes que han permanecido después de la dictadura y que obstaculiza que se comprometan en asuntos públicos”.

Para López González, lo más difícil de conseguir es que que estos sectores acepten que el modelo neoliberal radical, vigente desde entonces en Chile, se impuso mediante a las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 17 años de dictadura pinochetista. 

En el Estado español, los obstáculos que sigue encontrando la memoria histórica para abrirse paso entre las distintas controversias, la ha obligado a concentrarse en el reconocimiento de las víctimas. Pero es necesario esforzarnos por conocer qué pensaban y cómo se sentían las mayorías silenciosas que no se significaron contra la dictadura. Su testimonio es fundamental para entender cómo el régimen de Franco pudo regir el país 40 años. 

Desentrañar los procesos y factores que desembocaron en un régimen dictatorial

Marina Franco, historiadora de la argentina Universidad San Martín, especializada en el tiempo presente, explica con vehemencia que “hay que dejar de pensar las dictaduras como un plato volador que sale disparado porque unas fuerzas armadas muy malas tomaron el poder sobre la sociedad civil, víctima de esas fuerzas”. Franco ha indagado en los procesos y factores que favorecieron que países como Argentina terminasen gobernados por regímenes autoritarios. “Si los sectores de derechas pueden tomar el poder es porque representan intereses muy amplios y muy bastos con un gran consenso social. Las dictaduras no sobreviven sin un consenso social, por más que sean coercitivas y represivas”. 

Franco reclama que se deje de observarlas como grupos «de meros asesinos» para pasar a diseccionarlas “como aparatos del poder económico, social y  político que tienen un proyecto de país, al que hay que entender en su globalidad para saber cómo salir de su herencia, bajo la que seguimos viviendo”. 

En el caso español, conocemos más sobre la ideología en la que se envolvieron los golpistas que sobre el proyecto económico de concentración de la riqueza y de despojo de los recursos comunes que les impulsó a levantarse contra el régimen democrático y les consolidó como parte de la clase dirigente que sigue poseyendo y dirigiendo gran parte de los recursos y riqueza de este país.

Transiciones que construyen sociedades con una cultura de derechos humanos

Además de cómo se llega a una dictadura, Franco ha investigado qué impacto han tenido los procesos de justicia transicional –o su ausencia– en las sociedades democratizadas de Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Solo esta última ha juzgado significativamente a los represores. “Los procesos de verdad, justicia y reparación no solo tienen un impacto reparatorio para las víctimas, sino que generan transformaciones sociales muy profundas. Contribuyen a crear una cultura de derechos humanos: establecen maneras de pensar las relaciones sociales, las áreas de injerencia del Estado, el activismo social, cómo funcionan las cárceles, las fuerzas de seguridad en el presente y cómo deberían funcionar en el futuro”, sostiene la historiadora.  

En este sentido, a Franco le preocupan menos “las dictaduras extintas que los procesos de autoritarismo que se dan en regímenes democráticos, porque cuando estos Estados emplean la represión, a menudo es vista como un arma legítima porque se da en un marco democrático”. 

Para salir de la espiral según la cual los gobiernos democráticos crean enemigos externos para legitimar la represión (en Europa, la población migrante y los musulmanes, fundamentalmente) y la sociedad exige más mano dura para combatirlos, la solución empieza por “construir cultura de derechos humanos que una el pasado con el presente”, recomienda Franco. 

En España, la Ley de Amnistía ha convertido este país en un paradigma de la impunidad de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, lo que explica en parte la falta de una cultura de derechos humanos que ha permitido la aprobación de normas autoritarias como la llamada Ley Mordaza y prácticas como las ‘devoluciones en caliente’, llevadas a cabo de manera sistemática cuando eran ilegales y ahora, que fueron legalizadas por la reforma del Código Penal –aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las haya condenado–.

La falta de memoria produce monstruos 

En el extremo contrario del proceso transicional de Argentina, se encontraría Brasil, donde como en España nunca se juzgó una sola violación de derechos humanos cometida durante la dictadura. “La actual presidencia de Bolsonaro es, en gran medida, consecuencia de ello”, sostiene Franco, aunque introduce matices sobre los contextos de partida. 

En Argentina, las Fuerzas Armadas de la dictadura se retiran derrotadas, con lo que no pudieron exigir ningún tipo de marco normativo que les garantizase la impunidad, o tutelar el régimen democrático, recuerda Franco. En Brasil, no se retiraron en esas condiciones de debilidad, lo que explicaría su poder para garantizarse leyes de amnistía y una total impunidad.

En el caso español, Franco opina que Vox existe, entre otros factores, “por no haber construido una memoria colectiva sobre lo que sucedió que hiciera imposible la pervivencia de discursos negacionistas o revisionistas”. Franco sostiene que para crear esa memoria compartida tienen que quedar claro los crímenes y sus responsables. 

“Estos partidos de extrema derecha utilizan los procesos dictatoriales para justificarse, convirtiéndose en una voz pública válida que introduce conceptos vacíos como la reconciliación”, añade. 

La falacia de conceptos como la reconciliación 

“La reconciliación es una falacia que encubre la impunidad para los victimarios y que solo se sostiene cuando hay una falta de memoria, justicia y reparación. La reconciliación pertenece a la dimensión individual de las víctimas y solo ellas pueden decidirlo”, sostiene Franco, que recuerda que en el mundo académico a estos planteamientos se les llama ‘conceptos vacíos’. Concluye que, precisamente, haber centrado la memoria en un discurso centrado en las víctimas, en lugar de incluir también a los victimarios ha sido una de las claves para construir la impunidad.

El modelo de la Transición española se basó en el concepto de reconciliación, como si la Guerra Civil y la dictadura hubiesen sido un conflicto entre dos bandos, en lugar de entre quienes defendían la democracia y quienes la aplastaron –y les aplastaron– mediante una golpe de Estado, una guerra y una dictadura.

Igualmente, la memoria histórica española sigue estando centrada en las víctimas, mientras los victimarios gozan de esa impunidad envueltos en una capa de anonimato.

Recuperar la memoria de la resistencia de las mujeres

Desde hace algunos años, los estudios de la memoria recogen las formas diferenciadas de represión por razón de género durante las dictaduras contra las mujeres: violaciones como prácticas de tortura, feticidios, acusaciones de índole sexual, robo de hijos e hijas… Pero sigue habiendo una invisibilización de las luchas que las mujeres desarrollaron en la clandestinidad y que forman parte de la genealogía de luchas vigentes feministas, como el aborto seguro, libre y gratuito, el desandamiaje del patriarcado o a las violencias machistas. 

“La nueva ola conservadora que recorre el mundo se basa en las memorias de las dictaduras, en la que había una concepción determinada de la familia, la propiedad privada y la patria. Por ello, buscan retirar los derechos de las mujeres o de las disidencias sexuales”, en opinión de la socióloga María Angélica Cruz, volcada ahora en el estudio de la influencia de los movimientos de mujeres que se opusieron a la dictadura pinochetista en los grupos feministas actuales. 

Atendiendo a los estudios de Cruz, entre otras especialistas, las primeras en reaccionar frente al régimen de Pinochet fueron las mujeres: las madres de las víctimas de la represión que salieron a las calles en su búsqueda, el movimiento feminista que se rearticuló en los años 80 como herederas de las sufragistas de principios de siglo y las mujeres populares que colectivizaron los cuidados: crearon la olla común –juntaban lo que tenían para comer y cocinarlo conjuntamente– y organizaron sistemas de cuidados conjuntos, prácticas que en su momento no se interpretaron como políticas, pero que era claramente una politización de sus condiciones por razón de género y clase. “Unieron sus demandas contra el patriarcado y el autoritarismo con eslóganes como ‘la democracia en el país y en la casa’, sentencia Cruz. 

Fue con la llegada en estos últimos años del fenómeno del #NiUnaMenos y el #MeToo a las universidades cuando las estudiantes empezaron a tener relación con mujeres supervivientes de torturas, con exmilitantes, con feministas de los tiempos de la dictadura… “Constituyeron un movimiento muy diverso, al margen de los partidos políticos en los que empezaron a transmitirse conocimientos mutuamente”, expone Cruz. “Las jóvenes no solo reciben, sino que resignifican el legado, cuestionan las maneras de entender el pasado, ayudan a las más veteranas a identificar prácticas patriarcales y violentas de las izquierdas del pasado y actuales, así como de violencias que el Estado ha seguido empleando después de la dictadura”. 

En España, sigue faltándonos recuperar gran parte de la memoria de nuestra genealogía de la resistencia de las mujeres durante la dictadura. Afortunadamente, las asambleas feministas organizadoras de los 8M de los últimos años vivido una confluencia de movimientos feministas tradicionales, con militantes que vivieron la dictadura franquista o la Transición, con otros mucho más jóvenes. El proceso de aprendizaje mutuo ya se está dando.

La trampa de las transiciones 

Cruz explica que en el caso chileno fueron los líderes políticos de la élite que se habían quedado en la oposición durante la dictadura los que tomaron el relevo en la democracia. “El tejido social que luchó contra Pinochet (estudiantes, jóvenes, mujeres, artistas..) quedó relegado a un segundo plano”, sostiene. 

La socióloga chilena recuerda que no fue hasta la detención de Pinochet en Londres en 2006, pero sobre todo hasta las protestas estudiantiles de 2011, cuando la sociedad civil chilena empezó a reactivarse. Veintiún años después del fin de la dictadura pinochetista. “Aun así, sigue estando muy desarticulada porque el neoliberalismo radical que rige la vida en Chile se traduce en jornadas laborales larguísimas, el transporte es carísimo… Los únicos que se pueden organizar son los que tienen tiempo, fundamentalmente los estudiantes”.

Hacer familia buscando a las personas desaparecidas 

En 2014, 43 estudiantes de magisterio fueron asesinados en Ayotzinapa, México, presuntamente por miembros de la Policía. Cuando sus familiares empezaron a excavar buscando a sus hijos, encontraron más de 100 fosas comunes y ninguna contenía los restos de los futuros maestros. Fue así como surgió un movimiento cívico de miles de personas, mayoritariamente madres, que con tan solo un pico están agujereando el país persiguiendo el rastro de sus hijos e hijas. Se estima que en México hay unas 40.000 personas desaparecidas por los cárteles de la droga y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resultado de la llamada ‘guerra contra el narco’ lanzada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. La mayoría de sus víctimas no tenían un vínculo con el narco, según las organizaciones de derechos humanos.

Según Aída Hernández Castillo, antropóloga social que está acompañando con su equipo interdisciplinar a uno de estos grupos, estas madres han expandido el sentido del concepto de familia, incluyendo a todos los hijos e hijas desaparecidos. “Muchas han encontrado los restos de sus seres queridos y siguen buscando porque es parte de la ética del cuidado que se nos ha adjudicado socialmente, pero ellas han resignificado ese rol tradicional de madre; le han dado una nueva identidad política y se han convertido en la conciencia de nuestro país”. 

Según Hernández Castillo, especializada en el área jurídica de la antropología con enfoque de género por la Universidad de Stanford, las mujeres dicen que son ellas las que van a buscar a sus descendientes porque tienen horarios más flexibles y porque es más difícil que las maten, “pero cuando indagas, no es cierto y sí que las matan”. De hecho, tienen que excavar en territorios en disputa entre distintos actores armados, por lo que son amenazadas continuamente, a menudo con acabar con sus vidas y las de los hijos e hijas que siguen vivos. 

Cualquiera que conozca el funcionamiento de las asociaciones de la memoria histórica de España y de los equipos que llevan dos décadas realizando las exhumaciones de los restos de las personas exterminadas por el franquismo, sabe que también estos han tejido lazos familiares basados en saberse herederos y supervivientes de un genocidio y actores protagónicos de la restitución de la justicia para sus víctimas. Así lo contaba Olivia Carballar en el artículo Buscadores de huesos.

Hay distintas concepciones y tiempos para lo que se entiende por justicia

Uno de los grupos de madres buscadoras mexicanas, antes de adentrarse en el territorio donde pensaban que podían encontrar restos, pusieron anuncios en la radio local diciendo “No queremos justicia, buscamos a nuestros tesoros”. 

Sabían que demandar acciones contra sus perpetradores les acarrearía riesgos para su integridad y la de sus familiares vivos, así como el bloqueo del acceso a las fosas, explica Hernández Castillo. Y añade que «para algunas de esas mujeres justicia es que su comunidad entera pueda vivir en paz y dar santa sepultura a sus seres queridos».

En España, recuerda la antropóloga que necesitamos tres generaciones para romper el silencio. «En América Latina han sido mayoritariamente las madres las que lo han roto. Y lo están haciendo mientras sigue vigente ‘la pedagogía del terror’, un concepto que Rita Segato utilizó sobre cómo los hombres armados emplean los cuerpos para imponer un silencio y control en los territorios”. 

Durante décadas, en España, los familiares de las personas ejecutadas por los franquistas tenían que pasar por delante de donde intuían o sabían que podían estar enterrados sus seres queridos sin ni siquiera poder pararse, ponerles unas flores, una lápida o derramar una lágrima; huérfanos tuvieron que trabajar con o para los sicarios de sus padres sin poder decirles nada, más que «sí, señor»; y desde hace cuarenta años, si quieren recuperar sus huesos, se harán acompañar de esa familia que viste pantalones de senderismo y sostiene en sus manos azadas y pinceles para, sin ningún tipo de apoyo institucional, abrir en canal la tierra para devolverles los cuerpos que cayeron para sembrar en España la pedagogía del terror.

Si Pinochet fue un alumno aventajado de Franco, dejemos que sean ahora sus supervivientes y los del resto de las dictaduras del Cono Sur los que nos guíen sobre cómo construir una memoria social colectiva que asiente en nuestra sociedad una cultura de derechos humanos. Nos llevan décadas de ventaja.