Las razones para votar de quienes más perdieron con la crisis

Durante esta campaña electoral –y anteriormente en Andalucía–, hemos visto cómo el partido ultraderechista Vox ha impedido trabajar a los medios de comunicación, cómo ha expulsado directamente a periodistas de sus actos o cómo ha anunciado, como una promesa heroica, el cierre de determinados medios. Es el mayor ataque a la libertad de prensa y al derecho de información al que estamos asistiendo desde la dictadura. Esta es una razón para que la ultraderecha no llegue al Congreso de los Diputados. Pero hay tantas como cada punto de su disparatado programa electoral. Representantes de diversos colectivos reflexionan sobre sus miedos ante una cita electoral donde nunca antes en democracia nos jugábamos tanto.

Antonia Ávalos, víctima de violencias machistas

¿Qué supondría para las víctimas de violencia machista, para las mujeres en general y para usted en particular que Vox triunfara en las elecciones? Antonia Ávalos, una de las mujeres enjuiciadas por la procesión del coño insumiso, responde con angustia y miedo: “Me llena de espanto. Es la negación de nuestros derechos, es la negación de nuestra humanidad como sujetos políticos. Es seguir alimentando imaginarios machistas que cuestionan el derecho a la vida y a la protección de las víctimas de violencias machistas de ellas y sus hijos e hijas”.

Ella, que dejó su país, México, hace más de una década huyendo de todas las violencias, fue acusada, junto a Rocío Ballesta, por la Asociación Española de Abogados Cristianos de un delito contra las creencias religiosas y otro de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por los mismos motivos. Una jueza archivó el caso y la Audiencia de Sevilla lo volvió a abrir. «El peligro mayor es que estos imaginarios legitiman prácticas violentas hacia los cuerpos de las mujeres como son las violaciones sexuales en manada y los asesinatos machistas. Las mujeres inmigrantes somos, además, despreciadas por estos políticos por ser extranjeras. Ya de por sí la Ley de Extranjería nos perjudica para trabajar o poder agrupar a nuestra familia, criminalizando nuestra condición”.

“Con un partido de ultraderecha tomando decisiones –añade– nos quitarán la sanidad, oportunidades de empleo, formación, vivienda, ni siquiera en alquiler… Estaremos ‘huyendo’ de un lugar a otro para que no nos localicen y quieran expulsar”. Ávalos se remonta a los “tiempos oscuros del nazismo”: «Como cuando la Gestapo perseguía a los judíos. Ese rechazo y xenofobia se cierne ahora hacia los migrantes”.

Safia Elaaddam, impulsora de #DejadnosVotar

Safia Elaaddam nació en España, pero no tiene nacionalidad española ni, por tanto, derecho a votar este domingo. Lleva desde que cumplió los 18 años enredada en la burocracia de la Administración intentando que se reconozca lo obvio: que es española. En estos cinco años transcurridos, lo único que ha logrado es perder mucho tiempo, dinero y energías. Ha pedido una dispensa para no tener que hacer el test sobre cultura española que exige como requisito para acceder a la nacionalidad.

Estudia Filología Árabe de manera presencial y Educación Social a distancia. Compatibiliza sus estudios con su trabajo en una entidad dedicada al acompañamiento de menores no acompañados. Hace dos semanas, lanzó en su cuenta de Instagram una campaña denunciando que, como ella, medio millón de hijos e hijas de inmigrantes, nacidos en España, no tienen derecho al voto. Empezó a recibir mensajes de muchos y muchas jóvenes en su misma situación y de otras personas que no tenían previsto votar y que les cedían su voto. Hasta el momento, en la web que han puesto en marcha (votaresunderecho.es) hay registrados 800 solicitantes del derecho al voto y 400 donantes.

Le interesa la política desde hace años: «Porque soy de aquí, me preocupa este país, es donde tengo mi futuro laboral y siento mucha impotencia”. Sobre el auge de la extrema derecha, “que digan lo que quieran. Aquí estamos nosotros luchando contra ellos también”, responde. Este sábado han convocado una concentración por el derecho al voto a las 6 de la tarde en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona.

Pepi Santiago, desahuciada de Argumosa 11

Es la cabeza de familia de una de las cuatro desahuciadas del edificio de la calle Argumosa de Madrid en febrero de 2019. Desde entonces, ella y sus hijas, como las otras tres familias, están viviendo en una pensión, aunque el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a realojarlas en una vivienda de protección oficial. El 25 de abril estaba previsto el desahucio de su sobrina, el marido de esta y sus hijos. Gracias a la intervención de los servicios sociales se ha pospuesto un mes su ejecución.

Pepi Santiago no sabe a quién votar. “Lo normal sería que votásemos, pero ¿a quién? Supuestamente el PSOE está con el pueblo, pero a mí no me lo está demostrando. Y Podemos es el único que nos defiende, pero tampoco tiene la fuerza para decir ‘venga, les vamos a realojar’”. Tras dos meses viviendo en una pensión y yendo todos los días a su barrio de toda la vida, Lavapiés, para cocinar y comer en casa de su sobrina –porque no tienen dinero para andar todos los días de restaurantes–, se muestra desesperada. “Esto es una pesadilla que no le deseamos a nadie. Pero que le puede pasar a cualquiera, que nosotros somos gente trabajadora, que hemos vivido en la precariedad, sí, pero pagando por nuestra casa, y comprándote a veces unos zapatos de 50 euros y otras de 10. ¡Pero no tener dónde meterte! Esto no tiene ni pies ni cabeza”. 

Anielka Bustamante, solicitante de asilo

Llegó a España con sus dos hijos, de 9 y 3 años, huyendo de la represión empleada por el gobierno nicaragüense de Ortega tras las protestas ciudadanas. Tras cuatro meses viviendo en una pensión, el programa estatal de acogida la ha realojado, junto a sus dos hijos, en un piso que comparte con una solicitante de asilo colombiana. Vio los dos debates electorales y cada mañana enciende el televisor para ver las noticias. “Aunque haya cosas que no entiendo porque no domino aún el contexto, sigo el hilo. Desgraciadamente, siento que nuestra estancia en España no va a ser tan corta como pensábamos, y sé que las políticas migratorias pueden afectarnos”, explica.

“Hay muchos rumores en nuestros círculos: que el gobierno va a restringir la entrada de nicaragüenses porque la Unión Europea ha negociado con Ortega para apoyar el retorno de los exiliados… Nos da miedo que llegue un presidente al que no le importen nuestras vidas y que nos meta en un avión para mandarnos de vuelta”.

Bustamante era diseñadora en su país, tenía un trabajo y una vida estable cuando decidió sumarse a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, cansada de la corrupción, el control estatal de los medios de comunicación y el voraz autoritarismo que, cada vez más, impregnaba cada faceta de la vida. Cuando empezaron las muertes, desapariciones y encarcelamientos, supo que tenía que abandonar su país. La joven seguirá con atención los resultados de las elecciones este domingo por la noche, aunque aún no sabría a quién votar porque, dice, no conoce bien sus programas ni trayectorias. Pregunta, de hecho, por los diferentes candidatos.

Bustamante ya no se sienta en los asientos del metro porque más de una vez le han espetado que “vienen a este país a quedarse con todo” o le han mirado mal por hacerlo. Le sorprende que en España se siga percibiendo a los inmigrantes “como una amenaza, en lugar de como a una oportunidad. ¿Cuántas personas llevan años aquí, sin poder legalizar su situación y, por tanto, no pudiendo contribuir al Estado con sus impuestos?”, pregunta.

Cristina Junquera Gómez, maestra interina y activista

Desde hace años, cuando no tiene trabajo como maestra en la educación pública, Junquera suele viajar a Atenas para apoyar a las mujeres y niños de países en conflicto o empobrecidos que sobreviven en edificios abandonados. Ahora, en España, pasa buena parte de su tiempo desmontando noticias y rumores en su entorno para “contagiar verdad: que la gente pueda votar lo que quiera, pero apoyados en la verdad”. Lo que más le apena es “la ignorancia que hay detrás de muchos de los comentarios racistas que se escuchan”.

Está convencida de que los medios de comunicación, especialmente algunas televisiones, tienen mucha responsabilidad en el crecimiento de la extrema derecha: “No tenían por qué darles todo ese espacio, por su orientación ideológica y porque no tenían representación parlamentaria. Han creado el monstruo dándoles el altavoz por el morbo y la audiencia. Como leí en una viñeta: ‘Si una persona dice que llueve y otra que no, el trabajo del periodista no es darle voz a los dos, sino abrir la ventana y comprobarlo”.

Junquera opina que, a partir del lunes, si ganan las derechas, “habrá que cuadruplicar el activismo y estar en la calle a la mínima que quieran suprimir derechos”.

Axel Sarraillé, coordinador de Arcópoli

El principal miedo del coordinador de una de las principales asociaciones LGTBI de la Comunidad de Madrid es “que se vuelvan a cuestionar y a poner sobre la mesa ciertos temas y libertades que habíamos conseguido”. Sarraillé cree que, por ejemplo, podría ponerse en cuestión el matrimonio homosexual: “Son derechos y libertades que están conquistados y simplemente ponerlo sobre la agenda es una victoria que se están apuntando”.

A nivel personal, asegura que desde hace unos meses viene escuchando ciertos comentarios que antes eran impensables. “A nivel general, en nuestro informe de 2018, hemos detectado por ejemplo que han aumentado notablemente las agresiones por parte de ciertas personas a las que, por su vestimenta, se le puede reconocer como neonazi o similar. No podemos establecer una relación directa entre el auge de la ultraderecha desde finales de 2018 hasta ahora, pero sí se puede interpretar que estas actitudes están vinculadas a ello”, denuncia.

Finalmente, el coordinador de Arcópolis cree que una victoria de las derechas no va a frenar su activismo, “si acaso será una motivación más para seguir trabajando”.

Lucas Barrero, activista por el clima y miembro fundador de Fridays For Future Girona

Afronta las elecciones del domingo “enfadado y decepcionado” ante la ausencia del cambio climático durante la campaña electoral y, concretamente, en los dos debates televisados celebrados esta semana. El joven activista, ante la posible irrupción de la ultraderecha en el gobierno, coincide en la necesidad de frenar a un partido “que abiertamente diga que no cree en el cambio climático”. No obstante, aún no tiene claro a quién votará y critica que la izquierda haya basado su campaña en pedir a la gente que vote para frenar a las derechas sin proponer ellos medidas lo «suficientemente ambiciosas» para combatir el desastre climático.

De cara a las posibilidades que se abren a partir del lunes, cuando las negociaciones para formar gobierno comiencen, teme que “todo siga igual” y “nos sigan tomando por tontos”. Y apunta a la importancia de un cambio de cara a los comicios municipales y europeos. “No me sirve que ningún partido hable de cambio climático y pase de nosotros”, concluye Barrero.

Ismael Furió, Salvamento Marítimo

Ismael Furió ha trabajado toda su vida en Salvamento Marítimo. Vivió como segundo oficial de la guardamar Talía la crisis de los cayucos de 2006, en la que llegaron a rescatar en un día más de 500 personas. “Aquellas eran operaciones mucho más complicadas y no sufrimos ni la presión ni el chantaje que estamos padeciendo ahora”, explica.

Furió se refiere a la reducción de personal que ha vivido Salvamento Marítimo en los últimos meses, después de que el gobierno aumentase la pasada primavera la flota con contratos de tres meses para atender al aumento de llegada de pateras. Furió explica que con los recortes ejecutados con la excusa de la crisis, Salvamento Marítimo se había quedado en mínimos. Una situación que mejoró puntualmente en 2018, y que ha vuelto a sus peores momentos ahora, al eliminar una de las tres tripulaciones que tenía cada embarcación. Por ello, sus trabajadores han pasado de hacer turnos de tres jornadas de guardias de 24 horas, a turnos de unas semana.

El experimentado patrón es ahora secretario de organización del Sector Mar y Puertos de la CGT y marca el punto de inflexión en el cambio de política del gobierno de Sánchez en el momento en el que el Partido Popular y Vox empezaron a utilizar como arma arrojadiza los rescates. “Entonces, la SASEMAR (la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima), dejó de informar de los rescates y comenzó el desmantelamiento de este cuerpo civil para militarizarlo. De hecho, van a retirar los refuerzos de la salvamar Clara Campoamor, que habían enviado a Málaga, pero mantienen los antidisturbios de la Guardia Civil, cuando no tenemos claro que sea legal llevar cuerpos militares en un barco civil”.

Furió explica que, con esta política, el Ministerio de Interior está aplicando las indicaciones de la UE y el Frontex, la agencia europea para la gestión de las fronteras. “Están dando dinero a España para que la Guardia Civil se haga cargo de una labor que Salvamento Marítimo ha desarrollado ejemplarmente hasta ahora”.

El patrón subraya que desde la visita del Rey Felipe VI y varios ministros españoles en febrero de 2019 a Marruecos para la firma de una veintena de acuerdos, incluido uno sobre el freno de la inmigración, ha cambiado el modo de actuación. Con la imposición de un mando único de la Guardia Civil a las labores de rescate “se decidió que no hacía falta que actuásemos tanto”, dejando a un sólo tripulante en la cubierta para los rescates. En el caso de la unidad de Tarifa, una de las más activas por estar en el Estrecho de Gibraltar, ahora, cuando sale a rescatar “la orden es que mantenga la patera en un costado hasta que la recoja la Guarda costera marroquí”. Y en aquellos casos en los que están obligados a llevarles a puerto español, ya no se respeta, según nos informa, la norma de que sea al más cercano seguro. “Hay veces que se ordena que se lleve, por ejemplo, a Algeciras en vez de a Tarifa, aunque esté más lejos, para no tener que fletar un autobús y llevarlos por tierra”.

Por todas estas cuestiones, Furió no confía mucho en los resultados electorales de uno u otro partido: “Lo que está haciendo el PSOE es que perdamos medios y operatividad a pasos acelerados. Así que, aunque me sepa mal decirlo, a día de hoy, creo que iba a pasar lo mismo con un gobierno de derechas o izquierdas”.

Paqui Maqueda, familiar de víctima del franquismo

Con los ríos de tinta que han corrido últimamente en torno a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, tampoco se habló de memoria histórica en ninguno de los dos debates. Escribía hace unos días en La Marea Paqui Maqueda un artículo conmovedor en el que recordaba cómo visitaba con su abuela Frasca la Basílica de la Macarena cuando era una niña. «El responsable de la tragedia familiar, Queipo de Llano, descansa con honores a pocos metros de la imagen que ella veneraba», decía. Maqueda es una mujer incansable que lleva años peleando por la justicia, la reparación y la verdad para las víctimas del franquismo. Ahora lo hace desde la asociación Nuestra Memoria, en Sevilla. Hace dos meses, la misma tarde que Pedro Sánchez presentaba su libro, Manual de resistencia, Maqueda presentaba el suyo, un manual de resistencia titulado La Cuerda.

«Pienso que el franquismo siempre ha estado presente en nuestro país y que las víctimas hemos sido invisibilizadas y ninguneadas por ese franquismo que a veces incluso ha gobernado: el PP de Rajoy cerró la Oficina de Atención a las Víctimas que creó Zapatero y, de paso, cerró el grifo de las subvenciones a las asociaciones memorialistas)», explica Maqueda, que considera que el franquismo sociológico hace que, por ejemplo, sea vivido con ‘normalidad’ que la imagen de una virgen pasee por las calles de Sevilla con un fajín de Franco en su cintura. «Por tanto, si gana la ultraderecha, las víctimas sabemos ya y conocemos en nuestra piel la indiferencia y el desprecio. Pero qué duda cabe de que la situación de impunidad hacia las víctimas se agravaría aún más y que esos avances, que aunque pequeños nosotras hemos vivido como enormes pasos, estarían en peligro».