Quince años de silencio

El 22 de marzo de 2004, Flayeh Al Mayali, traductor de varios periodistas españoles, fue detenido en Base España de Diwaniya (Iraq). Allí fue interrogado por miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), acusado de ser “colaborador necesario” en la emboscada que tres meses antes, en noviembre de 2003, segó la vida de siete agentes secretos en la localidad de Latifiya, al sur de Bagdad, la capital iraquí. Cinco días después fue trasladado a la cárcel de Abu Graib, un penal bajo responsabilidad del ejército de Estados Unidos. 

Tras pasar once meses encarcelado en los penales iraquíes de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005. En una entrevista publicada el domingo 20 de febrero de 2005 por este periodista en varios medios de comunicación, el traductor acusó a sus interrogadores de darle un trato inhumano y degradante con continuos golpes, insultos y amenazas de muerte.

El Ministerio de Defensa, encabezado por el entonces ministro José Bono, negó la versión del traductor y aseguró que este había firmado unos documentos en los que reconocía que había sido bien tratado. “Me obligaron a firmar unos papeles que no pude leer”, fue la respuesta del ciudadano iraquí.

En este hilo de Twitter se describe todo lo ocurrido en los últimos 15 años, se muestran documentos y cartas enviadas a las más altas autoridades del país. No hay que olvidar que el CNI o el Ministerio de Defensa jamás han presentado una sola prueba contra el traductor Flayeh al Mayali ni le ha exonerado de sus vergonzosas acusaciones. Ni siquiera le han pedido perdón en privado. Han faltado agallas (sorprende entre militares) para aceptar una equivocación muy grave que criminalizó a un ciudadano inocente.

Estamos hablando un traductor, Flayeh al Mayali, que está dispuesto a testificar ante la justicia española para demostrar su inocencia. Al que he visto llorar mientras me desgranaba las brutalidades a las que fue sometido por agentes del CNI durante su interrogatorio en Irak. pic.twitter.com/Kd7yOUoAn0

— Gervasio Sánchez (@gervasanchez) 9 de diciembre de 2018

El 29 de noviembre de 2003 fueron asesinados los agentes del CNI Alberto Martínez, Luis Ignacio Zanón, Carlos Baró, Alfonso Vega, José Carlos Rodríguez, José Merino y José Lucas. ¿Quién no recuerda aquellas imágenes de los cuerpos de los militares españoles ya muertos pisoteados por la turba? Solo un agente, José Manuel Sánchez Riera, consiguió escapar con vida de la emboscada preparada por un grupo fuertemente armado. Cuatro de ellos acababan de llegar a Iraq para relevar a sus compañeros y no habían deshecho sus maletas cuando fueron repatriados en ataúdes.  

A primera hora del 29 de noviembre de 2003, los ochos agentes secretos viajaron desde Diwaniya y Nayaf a Bagdad con coches sin blindaje y con armas cortas.  Tomaron el primer café en la embajada española a las nueve de la mañana y dedicaron las siguientes horas a visitar a otros compañeros militares españoles en distintas instalaciones de la capital iraquí, entre ellas la sede de la Autoridad Provisional de la Coalición que derrotó a Sadam Husein y en el aeropuerto de la capital.

Fuentes de máxima solvencia confirmaron a este periodista que los ochos comieron en la antigua casa del comandante Alberto Martínez, vacía por motivos de seguridad desde el asesinato en la puerta de su casa del también miembro del CNI el sargento primero José Antonio Bernal, crimen ocurrido a mediados de octubre de 2003.

Los ocho agentes regresaban a sus bases del sur de Iraq después de la comida cuando fueron interceptados por el grupo armado en Latifiya y siete de ellos asesinados en la emboscada. Alberto Martínez, jefe del operativo de la inteligencia militar española, era un militar muy querido, pero también muy dado a realizar acciones imprudentes. En mayo de 2003 fue detenido por una patrulla militar estadounidense cuando se desplazaba de noche por las oscuras calles de la capital. Su armamento individual fue requisado y nunca consiguió recuperarlo.

Tres semanas antes de su asesinato decidió viajar por tierra desde Bagdad hasta Ammán al suspenderse el puente aéreo que comunicaba ambas capitales. No quería perder el vuelo a Madrid y no se lo pensó dos veces. El viaje de mil kilómetros de distancia que atravesaba zonas muy convulsas lo realizó haciendo oídos sordos de los consejos de sus compañeros en la embajada española en Iraq. En la embajada española de Jordania su peligrosa decisión tampoco fue comprendida.

“El más grave error de mi carrera fue no sustituir a nuestros agentes en Bagdad tras la caída del régimen de Sadam Husein”, ha reconocido en privado el diplomático Jorge Dezcallar, máximo responsable del CNI en el periodo en que se produjeron los asesinatos. 

A pesar de que se trata del incidente con el mayor número de militares asesinados en todas las operaciones internacionales, Dezcallar nunca fue investigado ni sancionado y disfrutó de una carrera meteórica a partir de entonces: consejero internacional de la compañía petrolera Repsol y embajador en El Vaticano y Estados Unidos. Hoy se dedica a escribir libros y a pasar de puntillas por el caso que debería haber sentenciado su carrera diplomática para siempre si hubiera un mínimo de justicia en nuestro país.

El propio Alberto Martínez había pedido el regreso a España después de pasar varios meses en Iraq en la primera mitad de 2003. Sabía que era muy conocido porque había trabajado varios años en el país durante el régimen dictatorial de Sadam Hussein y podía estar en la lista negra de los servicios secretos del derrocado dictador en una etapa en la que empezaba una nueva guerra contra los invasores estadounidenses.

El militar, por fin, pudo regresar a España en junio de 2003. Pero un par de meses más tarde, en agosto, se le ordenó regresar a Iraq para trabajar con la Brigada Plus Ultra desplegada en las ciudades de Nayaf y Diwaniya. Al parecer decidió regresar porque no estaba contento de su nuevo destino en España.

El 4 de diciembre de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una investigación sobre el asesinato de los agentes secretos que definió como un acto de terrorismo contra ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras. El 13 de febrero de 2004, apenas dos meses después, dictó un sobreseimiento temporal, aunque advirtió en su auto que, en caso de aparecer nuevos datos, podría reabrirse la causa y continuar con las diligencias. Ni el ministerio de Defensa ni el CNI informaron al juez Andreu de esta detención a pesar de la gravedad de las acusaciones. Tras pasar once meses encarcelado en los penales de Abu Graib y Um Qasar, Al Mayali fue liberado sin cargos en febrero de 2005.

Tras las declaraciones de Al Mayali tras su liberación sobre malos tratos inhumanos y degradantes sufridos en el acuartelamiento militar español por miembros del CNI, Amnistía Internacional exigió al gobierno que se investigase los posibles abusos contra el traductor y otros prisioneros y Convergencia i Unió e Izquierda Verde pidieron explicaciones en el Congreso de los Diputados. El juez Andreu tampoco consideró pertinente reabrir el caso a pesar de que el traductor iraquí fue considerado “colaborador necesario” por sus interrogadores del CNI en los asesinatos, aunque admitió en privado ante este periodista en su despacho que el Ministerio de Defensa podría estar cometiendo un delito por denegar asistencia a la justicia.

En noviembre de 2004, el CNI aseguró a un diario de Madrid que Al Mayali “manejaba grandes sumas de dinero de origen incierto”, ocultando que el traductor había firmado más de una decena de contratos con el ejército español valorados en 300.000 dólares, que le supuso unos beneficios netos de unos 70.000 dólares, según su propia estimación. 

El 2 de marzo de 2005 el presidente José Luis Rodriguez Zapatero recibió en Zaragoza un completo dossier sobre el caso Al Mayali, que leyó en su viaje a Madrid, según fuentes de total solvencia. En una carta de presentación este periodista le rogaba: “Tome usted las riendas de este asunto y ordene una investigación interna que aclare por qué un iraquí ha pasado once meses de su vida encarcelado sin que ninguna autoridad civil y militar española haya presentado cargos contra él”. También se le comentaba que “España podría haber violado diferentes artículos de la Convención de Ginebra (en su protocolo cuarto)”. 

El CNI prometió a Flayeh al Mayali, a través de intermediarios, buscar una solución a su caso. “Se han comprometido a exonerarme de las acusaciones y a indemnizarme”, explicó confiado Al Mayali en diciembre de 2005 en Bagdad a este periodista. Este comportamiento abyecto fue confirmado por fuentes cercanas al organismo de seguridad en distintas conversaciones telefónicas y personales. Una fuente fue más explícita: “Quieren cerrarle la boca para siempre”. 

Tuve la suerte de conocer a Alberto Martínez y José Antonio Bernal en 2003. Siempre me parecieron dos militares íntegros. Conozco a Flayeh al Mayali desde ese mismo año, que sigue siendo mi traductor cada vez que regreso a Iraq y que también trabaja con la inmensa mayoría de los periodistas que viajan al país. Un hombre honesto al que acusaron sin ninguna prueba. 

Con la excusa de que sus labores son secretas, el CNI ha silenciado el asesinato de siete agentes secretos y la detención de un ciudadano iraquí y ha evitado que se realizase una investigación independiente que aclarase los errores cometidos y depurase responsabilidades en el interior del organismo de seguridad. Han sido colaboradores necesarios en sepultar el caso para siempre. 

Se cumplen 15 vergonzosos años de silencio.