El juicio contra los líderes del Procés, una batalla que se librará en cuatro frentes

GUILLEM PUJOL // El juicio contra los líderes del Procés en Catalunya empieza el martes 12 de febrero. Durante más de tres meses, el Tribunal Supremo será el epicentro del conflicto legal, político y emocional entre el Estado y el movimiento independentista. Marcará la vida social y política en Catalunya. Y condicionará la agenda política en España. Pero el juicio tendrá también una dimensión internacional: más de 600 periodistas llegados de cincuenta países están acreditados para cubrir el juicio. Doce son los procesados: Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila. Exceptuando los tres últimos, que se hallan en libertad, los demás encausados llevan más de un año en prisión preventiva.

En el transcurso del juicio comparecerán más de quinientos testigos entre los que destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Una mayoría social en Catalunya considera que el juicio contra los líderes independentistas ejemplifica el fracaso político, democrático, y social de España. El diálogo sucumbió al ruido sordo y pesado de la ley. Analizamos cuatro claves que marcarán el desarrollo del juicio.

GRÁFICO: Sandra Vicente

Un juicio político

La decisión de si calificar como “presos políticos” o “políticos presos” a los doce líderes independentistas procesados ha venido a establecer, tanto en los medios de comunicación como en los mensajes políticos, una especie de sesgo ideológico. Afirmar lo primero es interpretado como una complicidad con el independentismo, mientras que defender lo segundo puede ser visto como un posicionamiento que traspasa la mera calificación jurídica del término.

Un Estado de Derecho nunca puede asumir la existencia de presos políticos, pues estaría reconociendo, de facto, que la supuesta separación de poderes no existe. Pero la realidad es mucho más compleja. La aplicación de los principios de Montesquieu en las democracias representativas en general, y en el diseño institucional del Estado español concretamente, no funcionan sin injerencias políticas. La justicia está politizada, en mayor o menor grado, por el propio diseño institucional, en el momento que, por ejemplo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son elegidos por los partidos políticos.

Un claro ejemplo de esta anomalía democrática es el mensaje de Whatsapp que se filtró de Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en el Senado, en noviembre de 2018. En dicho mensaje, el líder popular se vanagloriaba de controlar por la puerta de atrás la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como la Sala 61. No es casualidad que esta sala se encargue, entre otras cosas, de la ilegalización de partidos políticos. Afirmar, entonces, que todos los juicios son tratados con absoluta equidad, como si la justicia fuese una máquina burocrática perfecta, es como poco una afirmación atrevida.

La ofensiva legal contra el independentismo, ya antes de empezar la vista del juicio oral, ha hecho tambalear los cimientos propios del Estado de Derecho. Dos ejemplos: el hecho de recurrir a la violencia policial (con lanzamiento de pelotas de goma, prohibido su uso en Catalunya) para impedir, el 1 de octubre del 2017, un referéndum sin consecuencias políticas reales; y la aplicación de unas prisiones provisionales consideradas por instituciones internacionales como abusivas. Si no es un juicio político, es un juicio fuertemente politizado. Y si no son presos políticos son presos encarcelados por causas políticas.

Cargas policiales en la escuela Ramon Llull en Barcelona, durante el 1-O. Foto: Robert Bonet

El precedente de las euroórdenes

La orden de detención europea o “euroorden” es un procedimiento judicial transfronterizo que sirve para agilizar los trámites de extradición que solían existir entre países de la Unión Europea. Hasta en 32 tipologías distintas de delitos, la homogeneidad entre códigos hace que la extradición se realice sin la necesidad de doble tipificación. No así en aquellos casos donde el castigado es perseguido por penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de extradición.

Lo que no se esperaba el juez Llarena era que, al activar la orden de detención europea contra los exiliados del Procés empezaría un laberinto judicial que tendría repercusiones diplomáticas con Bélgica y Alemania. A diferencia de los doce políticos y activistas que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes que viene, un total de siete políticos vinculados a los hechos del Procés decidieron permanecer en el exilio. Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, se fueron a Bruselas; Marta Rovira y Anna Gabriel a Suiza, y Clara Ponsatí regresó a Escocia, donde imparte clases en la Universidad de Saint Andrews.

Puigdemont fue detenido el 26 de marzo de 2018 en el norte de Alemania por la policía del Estado federal de Schleswig Holstein. Pero el juez responsable de estudiar su caso para tramitar la euroorden consideró: “Hay razones suficientes para creer que los actos concretos […] constituyen actos delictivos, pero de otro orden, en concreto delitos de lesiones, de resistencia a la autoridad o perturbación del orden público. Sin embargo, […] la sala no aprecia que estas acciones individuales fueran capaces de poner seriamente en peligro el orden constitucional del Estado español”.

Consecuentemente, el tribunal alemán decidió tramitar la orden de extradición, pero únicamente bajo el precepto de delito de malversación de fondos. Un mes y medio después, la justicia belga rechazaba extraditar a Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un defecto formal en la tramitación de la euroorden. El juez Llarena, en un gesto sin precedentes en la jurisprudencia europea, decidió retirar la euroorden contra Puigdemont, así como la de los demás exiliados y exiliadas al considerar insuficiente la causa de malversación.

La renuncia del juez Llarena creó un contencioso diplomático con Alemania y Bélgica y puso en vereda el funcionamiento del mecanismo europeo de extradición. Pero, sobre todo, los respectivos reveses legales situaban al juez Llarena en concreto, y a la justicia española en general, en una posición que revelaba una voluntad judicial y política más acorde al castigo ejemplar que al de la neutralidad que se le supone a la Ley.

Manifestantes discutiendo alrededor de un contenedor durante las concentraciones del 21D en Barcelona. Foto: Sandra Vicente

El cleavage «independencia» define bloques políticos

El proceso independentista ha condicionado completamente la agenda de los partidos políticos tanto de ámbito autonómico como estatal. La decisión de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 puso al PSOE contra las cuerdas, forzandole a alinearse con el llamado “bloque constitucionalista” conformado por PP, PSOE y C’s. Si bien la decisión pudo ser comprendida en mayor o menor medida en el resto del Estado, en Catalunya hirió la sensibilidad de mucho votante socialista, cuya identidad aun remite a las ideas de pluralismo nacional y federalismo territorial del catalanismo político de Pasqual Maragall.

Por otro lado, el proceso judicial contra el independentismo cohesiona el bloque independentista: la CUP, ERC y la herencia de CiU, ya fuera en su forma PDeCAT o Junts pel Sí. La CUP ha intentado siempre mantener una identidad propia, pero no ha podido escaparse de la fuerza gravitacional que genera el bloque independentista. Hoy en día, la CUP sigue sosteniendo al Govern de la Generalitat.

En ciencia política, el término “cleavage” (o clivaje en español) se utiliza para definir aquellos temas que agrupan transversalmente a distintas fuerzas o grupos políticos. El clivaje “independencia” ha venido para quedarse, y ya ha tenido repercusiones reales en, por ejemplo, el mensaje político de VOX en Andalucía. Tanto es así que después de las elecciones, Susana Díaz mostró su descontento con la dirección de su partido por no dejarle utilizar “el tema catalán” como elemento central en su campaña. Con la elección de Casado en el Partido Popular y la irrupción de VOX, el ‘cleavage independencia’ tendrá presencia constante en los medios, y el inicio del juicio servirá para mantener la tensión entre partes.

Escuela La Sadeta, en Barcelona, durante el referéndum del 1-O. Foto: Sandra Vicente

La dimensión internacional del conflicto

La internacionalización del conflicto ha estado siempre en las mentes de los líderes independentistas, que veían en Europa un posible aliado a sus intereses. La estrategia que se barajaba antes de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017 era que la comunidad internacional se pronunciaría, no ya aceptando a Catalunya como Estado, sino interviniendo para forzar un referéndum de autodeterminación vinculante.

La estrategia independentista minusvaloró la fuerza diplomática del Estado y confundió la geopolítica con la buena voluntad. Pero internacionalmente, la batalla sobre el relato de independencia la perdió el Estado el 1-O, durante la celebración del referéndum en Catalunya. Aquel día, en el pensamiento estratégico de los líderes independentistas figuraba como mejor escenario posible para la internacionalización del conflicto una fotografía: miles de personas haciendo cola delante de un colegio electoral intentando votar en unos colegios electorales supuestamente cerrados por la policía.

Pero la actuación policial fue otra, así como la imagen internacional que proyectó aquel día España en el extranjero. Imágenes de brutalidad policial con una población pacífica, pasiva, y claramente heterogénea. El por aquel entonces ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, tuvo que defender, delante de medios internacionales, la bochornosa estrategia que llevó a centenares de catalanes al hospital por distintas heridas causadas por los golpes de la policía.

El 1-O marcó un punto de inflexión al que le será complicado dar la vuelta al actual gobierno de Pedro Sánchez. Recientemente, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ya ha manifestado su voluntad de luchar internacionalmente contra el relato independentista. Durante los días del juicio, todos los focos estarán puestos sobre el desarrollo de la vista oral. El Estado no puede permitirse dar la sensación de que, como arguye la bancada independentista, la sentencia ya ha sido dictada.

Artículo publicado en catalán en Catalunya Plural