“El caso de Ángela González muestra que la violencia de género puede imputarse a la responsabilidad del Estado”

El 3 de septiembre de 1999, Ángela González Carreño huyó con su hija Andrea después de que su marido, Felipe Rascón, la agrediera en la cocina a punta de cuchillo. La niña tenía entonces 3 años, y ya había cumplido los 7 cuando su padre le descerrajó un tiro mortal. Después mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes de asesinar a la niña, a la salida de una audiencia judicial, se había acercado a su exmujer para decirle “te quitaré lo que más quieres”. Sucedió el 24 de abril de 2003, y desde su huida hasta aquel mismo día, Ángela González Carreño cursó 51 denuncias en juzgados y comisarías. Una súplica: que no permitieran al padre quedarse a solas con la niña. De nada sirvieron declaraciones, pruebas o ruegos ante la Justicia, una detrás de otra hasta sumar 51.

Tras 15 años de lucha, el Tribunal Supremo acaba de reconocer al fin la responsabilidad del Estado español en el asesinato de Andrea a manos su padre durante un régimen de visitas sin supervisión, impuesto por un juzgado. La sentencia obliga a la Administración a indemnizar a Ángela González Carreño con 600.000 euros. Y reconoce el daño que la Justicia española le infligió, daño que “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”.

“Después de quince años, por fin la justicia me devuelve mi dignidad. Espero y deseo que esta sentencia del Tribunal Supremo sirva para que la justicia no entregue nunca más a ninguno de nuestros hijos e hijas a un padre maltratador”, afirma Ángela González Carreño.

La decisión del Supremo llega tras años de lucha, y después de que en 2014 Naciones Unidas condenara a España por violación de los derechos de madre e hija. Al frente de todo el proceso ha estado el equipo jurídico de Women’s Link, organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a defender los derechos de mujeres y niñas. Gema Fernández, al frente de la dirección legal de la entidad, explica en esta entrevista cuáles han sido las trabas desde la Justicia española y qué significa esta sentencia del Supremo.

Desde 2014 han pasado 4 años. ¿Qué sucedió tras la condena de Naciones Unidas?

Algo que en mi opinión ha sido desconcertante. Después de la decisión del Comité CEDAW (Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) que condenó a España por la violación de los derechos de Ángela y de su hija Andrea, no pasó absolutamente nada.

¿Qué significa nada?

Me refiero a que nadie en el Gobierno hizo nada. Enviamos numerosas cartas a los ministros de Justicia que se sucedieron ese verano –Alberto Ruiz Gallardón cuando el dictamen y, desde el 23 de septiembre, Rafael Catalá– y a un sinfín de autoridades preguntando qué medidas iban a adoptar para dar cumplimiento al Dictamen de Naciones Unidas y proponiéndoles una reunión con Women’s Link. Pedíamos que el Gobierno ofreciera una disculpa pública a Ángela. Pero nadie se puso en contacto con nosotras. Solo un tiempo después, hacia el otoño, nos convocó la entonces delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver. La reunión fue un desastre. No tenía nada concreto que decir, que ofrecer. No tenía un plan.

¿Qué hicieron entonces?

Decidimos que había que volver a judicializar el caso. Había que pedirle a la Justicia que reconociera la responsabilidad del Estado, tras 11 años negándolo, en el asesinato de Andrea, tal como el Comité CEDAW de Naciones Unidas había resuelto. Exigimos entonces que el Estado español indemnizara a Ángela por la vía del dictamen mientras nosotras seguíamos dando la pelea en el plano mediático. Pusimos dos procedimientos, uno de revisión, y de nuevo otra reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. El primero fue desestimado por el Ministerio de Justicia. Luego recurrimos por vulneración de derechos fundamentales ante la Audiencia Nacional, recurso que desestimó. Fuimos al Supremo y también lo desestimó.

En este caso, parece que “desestimar” es el verbo.

El segundo procedimiento contencioso-administrativo es el que ahora ha prosperado. Primero lo iniciamos ante el Ministerio de Justicia en base a la ley sobre Procedimiento para la protección de la persona. No se dignaron siquiera a responder. Recurrimos ante la Audiencia Nacional por el mismo procedimiento, y lo desestimó alegando que el dictamen no era vinculante y otra serie de cuestiones propias del legalismo mágico. Entonces recurrimos en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente nos ha dado la razón en esta sentencia

¿Cuál ha sido el escollo más difícil de salvar?

Uno de los más difíciles ha sido el alargamiento en el tiempo de los procedimientos. La sensación de infinitud, caer en el pesimismo de pensar que nunca iba a pasar nada relevante en España. Y lo que eso iba a significar para Ángela. También ha sido difícil poner en valor los pequeños avances que nosotras veíamos que iban produciéndose, así como los cambios en el discurso de algunas autoridades. Después, la permeabilidad del discurso mainstream al concepto de estereotipos de género en la Justicia. Recuerdo al hoy ministro Fernando Grande-Marlaska abriendo en 2014 un congreso sobre violencia de género en Santiago hablando sobre estereotipos de género, o el interés por parte de algunas instituciones en el caso, como el Defensor del Pueblo, cuando en realidad lo que Ángela necesitaba era otro tipo de respuesta, algo más contundente, algo que se dirigiera a reparar su dolor y a brindarle justicia. Sin embargo, ahora es bastante claro que todas esas cosas han contribuido decisivamente a esta sentencia.

¿Con la condena del Supremo acaba todo o aún puede negarse el Estado?

La sentencia del Tribunal Supremo es categórica: el Estado español debe cumplirla al haber firmado y ratificado en 1984 la Convención CEDAW de Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo. Por tanto, el dictamen del Comité CEDAW del 15 de agosto de 2014 sobre el caso de Ángela es vinculante. La sentencia determina y cuantifica la indemnización que el Estado le debe a Ángela por el daño que sus instituciones le han causado. Pero la indemnización es solo una de las cinco medidas que contenía el dictamen de 2014. Ahora que el Tribunal Supremo ha sentenciado que es de obligado cumplimiento, hay que exigir el acatamiento de esas medidas en su totalidad.

¿Cuáles quedan pendientes?

El Dictamen establecía las siguientes recomendaciones, que son las que queremos que el Estado implemente para mejorar su sistema de protección a mujeres, niñas y niños contra la violencia machista: con respecto a Ángela, otorgarle una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos; y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial con miras a determinar la existencia de fallos en las estructuras y prácticas estatales que hayan ocasionado una falta de protección de ella y su hija. En general, para empezar, tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de dichos derechos no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos. El interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado deberá prevalecer en todas las decisiones que se tomen en la materia.

Para seguir, reforzar la aplicación del marco legal con miras a asegurar que las autoridades competentes ejerzan la debida diligencia para responder adecuadamente a situaciones de violencia doméstica. Y para concluir, proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competentes sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia de género que incluya formación acerca de la definición de dicha violencia y sobre los estereotipos de género, así como una formación apropiada con respecto a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité. Así que ahora esta es la pelea

¿Qué supone esta condena en materia de derechos de las mujeres víctimas de violencia machista?

Supone la reafirmación de que la violencia de género es una vulneración de derechos humanos y de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. La sentencia habla del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la integridad moral. Y supone el reconocimiento de que la falta de reparación por parte del Estado perpetúa el daño que estas vulneraciones de derechos provocan en la persona. Además, establece que hay que cumplir los estándares internacionales de derechos humanos y que hay que poner en marcha los mecanismos para poder hacerlos efectivos en España.

O sea, la responsabilidad institucional.

Creo que se lanza un mensaje muy potente hablando de la responsabilidad del Estado por los actos de violencia que ejerce un maltratador: además de la responsabilidad de este sujeto, la violencia de género puede imputarse a la responsabilidad del Estado cuando este conoce la situación y no hace todo lo que está a su alcance para impedirla.