Un centro de menores de Melilla oculta el supuesto apuñalamiento de un cuidador a un joven

Un cuidador apuñala, presuntamente, a un niño. Y así es como Melilla sigue encumbrándose como capital del oxímoron. Tras el apuñalamiento, nada de lo ocurrido consta en los partes de incidencia de aquel día, según informan fuentes vinculadas con el centro de menores La Purísima, el más cuestionado de España. Estos son los hechos que han relatado a La Marea bajo la condición de guardar su anonimato por temor a represalias laborales.

El apuñalamiento ocurrió en el módulo de primera acogida el 16 de junio, donde son internados los menores que ingresan en el centro, y el que, según diversos trabajadores consultados, entraña más dificultades, entre otras razones, por el hacinamiento sistemático que sufre: con una capacidad para 180 menores oficialmente, alberga a más de 350. Y más de 500 en el total de sus instalaciones.

El cuidador, de 32 años, intervino en una pelea entre varios menores, como recoge la denuncia presentada por dos vigilantes de seguridad, según fuentes de la Guardia Civil, y terminó asestando varias puñaladas en la espalda y el glúteo a uno de ellos. El enfrentamiento no fue registrado en el parte de incidencias y, según informan empleados del centro, desde el mismo se ordenó que no trascendiera públicamente. No fue hasta la semana pasada, después de que la Guardia Civil iniciara una investigación y se tomara declaración a varios trabajadores testigos de los hechos, cuando se detuvo al cuidador, que lleva trabajando en las instalaciones desde 2013, primero cubriendo bajas y sustituciones en los distintos módulos del centro de menores y, desde hace dos años, de manera fija en el de primera acogida.

El instructor del caso en la Fiscalía solicitó su encarcelamiento por “delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito de lesiones por uso de arma blanca contra un menor”, según fuentes de la Guardia Civil. Un día después fue puesto en libertad condicional tras el pago de una fianza de 6.000 euros. Fuentes cercanas al caso sostienen que el menor, de origen marroquí y en buen estado de salud, ha declarado «presionado» que los hechos sucedieron fuera del centro. La Marea ha contactado con la Fiscalía de la Ciudad Autónoma, que ha declinado hacer declaraciones hasta que no comience el juicio oral, cuyas diligencias está llevando el juzgado de instrucción nº 1 de Melilla.

Responsables de la Consejería de Bienestar Social, de la que depende el centro, han rechazado pronunciarse “sobre este asunto mientras esté en los juzgados”. La misma respuesta ofrecen al preguntarles si han abierto una investigación propia. Este capítulo vuelve a poner en el punto de mira la gestión de este centro, dependiente del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, que lleva más de una década siendo foco de denuncias por parte de ONG y el Defensor del Pueblo por ser un espacio donde se infligen malos tratos a los menores, y un hacinamiento sistemático por el que tienen que dormir varios adolescentes en la misma cama.

También vuelve a poner en tela de juicio el proceso de selección del personal, y en concreto el de los cuidadores para el que, según un trabajador del centro, hasta 2017 no se exigía formación adecuada. Es a partir de esta fecha, a raíz de la aprobación de unas nuevas condiciones para las contrataciones que se realicen en adelante, cuando se empieza a exigir haber finalizado, como mínimo, la educación secundaria.

En este sentido, Dunia Al-Mansouri, diputada local de Coalición por Melilla, recuerda que en 2017 fue detenido un educador auxiliar del centro, militante del PP, por ser integrante de una célula yihadista, y que “es recurrente, como en este caso del apuñalamiento, el intento de la Consejería de Bienestar Social de intentar tapar los escándalos a la opinión pública y al resto de los partidos políticos”. Por ello, Al-Mansouri anuncia en declaraciones a La Marea que su partido va a pedir al Gobierno de España que “se responsabilice de las competencias de menores, como ya hace con los adultos migrantes, por el interés general así como por la seguridad de los menores”.

No es extraño, por tanto, que muchos chicos prefieran vivir en la calle –en Melilla suele haber una media de un centenar de ellos en esta situación– que entre sus temidos muros. De hecho, tras la publicación a primeros de 2018 de vídeos en los que se constaban las condiciones infrahumanas de La Purísima –que llevaban años denunciándose–, la dirección del centro ha instalado literas hasta en los pasillos y salones.

video Centro Purisima from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

El caso del supuesto apuñalamiento es solo el último de los habituales escándalos que ocurren en Melilla con respecto al trato dado los menores que recalan en la ciudad autónoma de camino a Europa. El 9 de julio, Íñigo Domínguez publicaba en El País la contratación de un educador de calle para los menores que había sido despedido en 2015 del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla después de que dos solicitantes de asilo sirios denunciasen que les había tocado los genitales mientras les prometía acelerar los trámites para su traslado a la Península.

Otros 78 residentes del CETI firmaron un escrito acusando al mismo trabajador de malos tratos y vejaciones. Éste fue despedido después de que la Fiscalía abriese una investigación, lo que no fue un obstáculo para que fuese contratado como educador de calle, una figura creada por el consejero de Bienestar Social tras las numerosas críticas recibidas por el abandono, la estigmatización y la criminalización que sufren menores y adolescentes que llegan sin familiares a Melilla.

Según la información de Domínguez, el portavoz de la empresa adjudicataria de este contrato, Clece –propiedad de Florentino Pérez–, le comunicó que éste había dejado de trabajar el mismo día en el que fue llamado por el periodista. Preguntado por esta cuestión, el consejero Ventura criticó a los «periodistas que vengan no a hacer reportajes sobre la belleza de Melilla o la interculturalidad, sino a buscar porquería, a hacer sangre de algo que iba a hacer daño principalmente al servicio del programa de educadores de calle, a la imagen de Melilla y al propio sujeto, puesto que no ha tenido un juicio todavía que diga si es culpable o no».

Ventura instó a los informadores a que indaguen en la identidad de las personas que diariamente reparten alimentos a los menores en situación de calle, muchas de ellas reconocidas dentro y fuera de Melilla por su defensa de los derechos humanos desde hace años. Ventura añadió que se desconocen sus antecedentes penales y “si han cometido algún abuso sexual”, ironizando sobre el caso del educador de calle, como cuenta Jesús Andújar en Melilla Hoy. Y añadió que estarían incumpliendo la normativa si no tuviesen el carné de manipulador de alimentos. Las acusaciones tuvieron como respuesta una campaña por las redes sociales en el que ciudadanos y ciudadanas de todo el país se autoinculpan así: #Yohedadobocadillosenlacalle.

Antes, en diciembre y enero de este año –como informamos ampliamente en La Marea– Soufiane y Mamadou Barry, dos menores que estaban bajo la tutela de la ciudad autónoma, morían en condiciones que aún siguen sin aclararse. Sus familiares no solo no fueron informados de su defunción, sino que sufrieron obstáculos durante días para poder ver sus cuerpos y pedir más información sobre lo ocurrido en la consejería de Bienestar Social, de quien dependían los centros en los que estaban internos.  Ventura, después de negarse a recibirles, declaró públicamente que no tenía por qué hacerlo, dado que no tenía qué decirles ni sabía si eran quienes decían ser. “Para que vengan a llevarse un cadáver, que hubieran venido a llevarse a su hijo”, añadió. Los familiares tampoco fueron informados cuando Mamadou Barry fue enterrado. El Defensor del Pueblo lleva más de una década denunciando vulneraciones de derechos de los menores que viven en las calles de Melilla, y de los internados en centros.