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Poder mirarla a la cara
"El anuncio de la ministra de Justicia sobre las exhumaciones y las sentencias del franquismo es aún un anuncio, pero es también, sin duda, un paso imprescindible para poder mirar a miles de hombres y miles de mujeres como ellos a la cara".
Adelia Hermoso lleva años sin faltar a un solo acto sobre memoria histórica. Ella busca a Baldomero Durán, el primer marido de su madre, Beatriz. Antonio Narváez lleva desde los tres años sin su madre y sin su padre, ambos asesinados en 1936. Ascensión Mendieta consiguió enterrar a su padre sola, sin ayuda del Estado, casi 80 años después.
El anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado –asumir el deber del Estado de exhumar las fosas del franquismo, ilegalizar todas aquellas organizaciones que hagan apología del franquismo y declarar nulas las sentencias del franquismo– es aún un anuncio, pero es también, sin duda, un paso imprescindible para poder mirar a miles de hombres y miles de mujeres como ellos a la cara.
«No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento”, ha dicho la ministra de Justicia. “Ha sido el día más feliz de mi vida”, dijo Antonio Narváez cuando declaró en la causa de la querella argentina, que investiga los crímenes del franquismo al otro lado del Atlántico. Había contado esto:
A mi padre lo mataron luchando por la libertad. Ya habían dado el golpe de Estado, dos días después, el 20 de julio del 36. Era un hombre que sabía leer y escribir y por eso mayormente lo tenían entre ceja y ceja. Ese día, él iba andando por la calle y salió un tiro de una reja. No estaban luchando ni nada. Lo hirieron, lo llevaron al hospital y al otro día al cementerio. Como todavía no habían empezado las matanzas, lo metieron en un nicho. Luego lo sacaron y lo echaron en una fosa común. Tres o cuatro semanas después, a mi madre, después de raparla junto a su madre y otra hermana, la sacaron de la cama y le dijeron que la llevaban a dar un paseo. Mi hermano, de cinco años –ya fallecido– y yo, de tres, estábamos dormidos”.
Nunca más la volvió a ver: “No me acuerdo de su cara, pero jamás la he olvidado y quiero darles a los dos un entierro digno”. ¿Es esto acaso reabrir heridas? ¿Es esto acaso una venganza? No, es una obligación del Estado, una necesidad de la democracia.
No fue una “transición modélica” sino una “transacción vergonzosa” para contener a quienes buscaban justicia tras décadas de represión y muerte.
La organización anarcosindicalista ha recalcado que a pesar del paso de los años, la justicia para estas personas y sus familiares sigue sin aparecer. En este sentido, la CGT ha recordado varios casos de impunidad estatal, como el procedimiento contra los anarquistas Granado y Delgado, asesinados a garrote vil en agosto de 1963. SU SENTENCIA DE MUERTE LA FIRMO MANUEL FRAGA, quien pasaría a la historia como “padre de la democracia”. Granado y Delgado fueron torturados y acusados de instalar explosivos en dependencias estatales de Madrid, sin embargo jamás se pudieron demostrar estas acusaciones.
Los “incidentes” en los Sanfermines del año 78, en Pamplona (Navarra), son otro ejemplo de la represión fascista que se impuso en los primeros años de aquella modélica transición. La policía del régimen asesinó de un tiro en la frente a Germán Rodríguez, miembro de la sección vasca de la Liga Comunista Revolucionaria (LKI) que contaba por aquel entonces con tan solo 23 años de edad. La policía, a la orden de “tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis sin importar matar”, hirió también a más de 150 personas.
CGT, por otro lado, recuerda el periplo de muchas familias de vencidos y vencidas que tienen que buscar la justicia a través de sus propios medios porque el Estado les ha abandonado a su suerte. La ley de Memoria Histórica de Zapatero, según CGT, solo fue un “lavado de imagen” pero jamás tuvo la verdadera intención de rescatar de las cunetas a tantas personas que dieron su vida en la lucha por un mundo más justo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) por otro lado, también ha criticado que todavía sigan sin exhumarse y trasladarse a lugares privados los restos de asesinos fascistas, como el General Quipo de Llano, más conocido como el “carnicero de Sevilla” y que sembró el terror en toda Andalucía. Fue Gonzalo Queipo de Llano quien mandó ejecutar a una columna entera de mineros de Huelva, en su mayoría anarquistas. Hoy, sus restos, continúan sepultados en la basílica de la Esperanza Macarena de Sevilla, al amparo de la Iglesia católica y sus acólitos religiosos, los grandes beneficiados del franquismo.
CGT denuncia que no es suficiente con el cambio de nombres en las calles y plazas del Estado español o con la eliminación de la simbología franquista de pueblos y ciudades, utilizada políticamente en esta “democracia”. CGT señala que es necesario y urgente reclamar el fin de la impunidad franquista, tanto la del antiguo como la del nuevo régimen, y declara que como organización libertaria continuará luchando para que la memoria de quienes dieron su vida por un mundo más justo continúe viva, año tras años, en nuestra sociedad.