“La política de Rajoy en memoria histórica es no hacer nada y divulgarlo como hazaña”

A Javier Giráldez no le gustan las poses, ni las fotos, ni aparentar, es prudente y es claro. Hay un consenso generalizado en torno a su figura. Podría ser definido como un hombre bueno, como llamaban a los mediadores que actuaban a modo de jueces de paz en la II República. Nació hace 42 años en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, en Montellano (7.000 habitantes). Cristina Cifuentes aún no ha dimitido cuando se sienta a charlar con La Marea. Cuenta que su padre no pudo estudiar, que fue albañil, cuando quizá podía haber sido un Velázquez o un Rodin. O un Giráldez. “Él podía haber estudiado Bellas Artes. Hace unos dibujos y unas esculturas increíbles. Yo estudié Historia por la memoria, porque yo iba a casa del padre de mi amigo Miguel y me contaba que su abuelo era concejal, que estuvo en un un campo de concentración, que el 23-F tuvo que quemar todos los documentos que tenía. Y porque mi abuela me hablaba de su tío. Toda la vida entera escuchando a Juan Pérez Mendoza [el primer alcalde republicano de Montellano, fusilado en 1936]… Y todavía tengo yo la biografía de Juan Pérez Mendoza por terminar, que me hubiera encantado que mi abuela la hubiera visto”, reflexiona desde su despacho de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

Su agenda es amplia: Jaén, Cádiz, Sevilla, Mauthausen… Tras tres años al frente de las políticas de memoria en esta comunidad, hace balance del primer año de aplicación de la ley, con las exhumaciones como piedra angular de su trabajo. «Actuaremos desde el rigor científico y los procedimientos administrativos que marca la ley y el protocolo», responde, días después de la realización de la entrevista, sobre la petición del sindicato CGT-A de buscar los restos del banderillero Joaquín Arcollas, supuestamente enterrado junto a Federico García Lorca, Dióscoro Galindo y Francisco Galadí.

¿Qué ha conseguido la ley este primer año en vigor?

Desde el punto de vista simbólico y también práctico, es muy importante que las políticas de memoria estén en [la Consejería de] Presidencia. No porque no tuviera encaje en Cultura, pero no es lo mismo esa transversalidad que tiene Presidencia, de máximo rango, que te da una visión de conjunto. Tenemos colaboraciones con las Consejerías de Salud, Cultura, Educación… Desde el punto de vista presupuestario, es importante, además del aumento –de 1,3 millones de euros a 1,7 millones de euros para 2018, un 30% más–, la financiación del contrato abierto para exhumaciones a un año, con 413.000 euros, que te da para hacer una planificación grande a nivel andaluz. Eso te permite que un equipo pueda estar exhumando en un sitio y que los antropólogos o documentalistas, por ejemplo, estén también estudiando en otras fosas. Y eso supone un cambio cualitativo.

En el terreno de la educación, hemos creado una comisión técnica con un gabinete pedagógico donde hay profesorado de primaria y secundaria que adaptarán la información, las investigaciones, los documentos, etc. para que puedan estar disponibles en un portal web de acceso para el profesorado. Por ejemplo, para abordar cualquier tema relacionado podrán tener materiales adaptados basados en las nuevas investigaciones llevadas a cabo por las distintas universidades. Y lo más importante, que la memoria esté entrando en los currículum como una cuestión de derechos humanos. La ley también ha conseguido hacer pedagogía y eso se ve en la implicación de las otras administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, que son cada vez más proactivos en las iniciativas. Por ejemplo, no hace mucho se presentó aquí un concejal de Almadén de la Plata, un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, y nos pedía ayuda para llevar a cabo actuaciones de memoria puesto que no existía ni siquiera una placa con los nombres. Tenía toda la ilusión y la prisa por empezar a trabajar por las víctimas de su pueblo. Pues bien, ya se ha erigido un espacio de recuerdo con los nombres de las víctimas. Conocer los nombres es clave, como decía Carlos Castilla del Pino, ese es el fundamento moral de recordarlos. Y en verano tenemos intención de comenzar las catas de localización.

Es llamativo, porque conocemos tantos ayuntamientos que se han opuesto todos estos años, sobre todo en el caso de las exhumaciones…

Exacto. Y eso es lo que está cambiando. Cada vez hay más interés y una mayor toma de conciencia de que trabajar por la memoria de las víctimas y sus familiares nos hace mejores, hace más sólido nuestro Estado de Derecho. Un ejemplo práctico es el caso de Salteras, donde hace muy poco recibimos petición de su ayuntamiento para ver una posible intervención en la fosa del cementerio y tuvimos ocasión de compartir con el investigador José María García Márquez, una figura fundamental a la hora de la localización de víctimas en la provincia de Sevilla, de gran ayuda para nosotros.

Los familiares de víctimas, aun así, siguen denunciando la lentitud en los procesos. ¿No siente que esto sea una lucha contra el tiempo?

En muchos casos creo que España llega tarde. Lo vemos a diario en las fosas en las que trabajamos. Eso es obvio y negarlo no ayuda. Cada vez hay menos hijos e hijas vivos y eso complica las localizaciones y las identificaciones, por no mencionar las afecciones sufridas, bien voluntaria o involuntariamente en las fosas de los cementerios, y que en Andalucía son la mayoría. Pero aun así y a pesar de que estamos acelerando los procedimientos administrativos (peticiones, los trámites de audiencia pública, etc.) el trabajo es enorme y complejo. Por eso resulta clave ganar en la batalla del futuro. Algo tan importante como las exhumaciones no es solo importante en el presente, que lo es y mucho para los familiares de las víctimas y para la sociedad en general, sino también para el futuro porque esas imágenes, esos vídeos y documentales nos darán más garantías de no repetición como nos recomienda Naciones Unidas. Y después la educación, la pedagogía, la divulgación de la memoria, el que los medios de comunicación traten el tema con un lenguaje adecuado, que la memoria no sea objeto de confrontación partidaria… todo eso ayudará a que nuestros hijos e hijas tengan un conocimiento real de lo que pasó y de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque eso los va a hacer mejores ciudadanos.

Sin embargo, a los actos de homenaje, a las jornadas, a las presentaciones de libros sobre memoria histórica siguen yendo las personas vinculadas estrechamente con las víctimas o el movimiento memorialista. Y por otra parte, hay dirigentes que siguen diciendo barbaridades de las víctimas… ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo hacemos entender que esto es una cosa de toda la sociedad?

A la memoria le queda mucho por hacer, está claro. Pero también hemos avanzado muchísimo. Y para entender que esto es cosa de todos y todas quiero referirme a las palabras del historiador Salvador Cruz Artacho, que tras la presentación del Mapa de Fosas en Jaén insistió en la pedagogía y en la educación en los derechos humanos como clave de nuestro trabajo. Si insistimos en eso, cada vez menos gente se atreverá a decir las barbaridades que por desgracia tenemos que escuchar sobre la recuperación de la memoria histórica. En cualquier caso, desde mi punto de vista, creo que nunca ha habido tanta movilización en torno a la memoria (actos, seminarios, congresos, etc.), igual me equivoco porque tengo una visión muy parcial, pero veo un resurgir del tema a nivel de colectivos, ayuntamientos y comunidades, a pesar de que el Gobierno ni está ni se le espera. Nuestro reto colectivo debe ser convertir el deber de la memoria en un derecho ciudadano. Cuando lo hayamos conseguido podremos pasar página.

Desde el punto de vista personal, ¿qué ha supuesto para usted la ley?

Una enorme responsabilidad, mucho trabajo, nuevos retos y problemáticas que afrontar. El artículo 5 de nuestra ley reconoce nuevos colectivos de víctimas con las que ya estamos trabajando y de las que estamos aprendiendo. Por ejemplo, todo lo relacionado con el colectivo LGTBI, esa represión terrible dentro de la represión es muy desconocida. Este libro, por ejemplo, es una maravilla [Muestra Ser tú misma era un delito, de Juan Ramón Barbancho y Alfonso Baya]. Hemos aprendido mucho también sobre los masones. He podido acercarme a la historia de la represión que se ejerció sobre las logias andaluzas. Tenemos que afrontar con urgencia lo relacionado con los menores desaparecidos, etc.

En definitiva, el trato con las víctimas y la atención es el leit motiv de nuestro trabajo que termina creando unos vínculos afectivos con ellas y con las entidades memorialistas, que cuando termine nuestra etapa en la Dirección General quedará para siempre.

El PSOE ya ha presentado una nueva ley estatal mientras Rajoy sigue sin dotar de presupuesto la existente.

La política del Gobierno de Rajoy en memoria histórica, porque tiene una política, es no hacer nada y divulgarlo como hazaña. A estas alturas ya sabemos que no les importan las fosas, las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos, los derechos humanos ni las víctimas. Esa es su política y es gravísimo. Hubiera sido más honesto por su parte derogar la ley. Pero no, vamos a dejarla morir de inanición y nos jactamos de ello. Afortunadamente, el mundo, la sociedad, los derechos humanos van por otro lado. Y este tren imparable ya ha adelantado al Gobierno. Ya hay gobiernos del PP como el de Castilla y León que, mejor o peor, están trabajando en normas para recuperar la memoria mediante el trabajo de búsqueda de desaparecidos. Hace poco nos reunimos en Navarra 14 comunidades autónomas. En la próxima reunión que tenemos a finales de septiembre en Andalucía esperamos que podamos estar las 17. Y allí pusimos encima de la mesa los trabajos que estamos llevando a cabo y las problemáticas que nos encontramos. En esa reunión la ausencia más significativa fue la del Gobierno, que nos ha dejado solas a las comunidades autónomas provocando una profunda asimetría entre las víctimas y colectivos de cada región. Y creemos con sinceridad que los gobiernos autonómicos podemos ayudar, impulsar, atender a las víctimas pero la memoria en España necesita una política de Estado. Y es que no podemos olvidar que la represión está directamente ligada con la deslocalización geográfica y la emigración forzada de las propias víctimas por todo el país. Ellos, el Gobierno, verán algún día la memoria como un derecho ciudadano, porque van a llegar, pero cuando lleguen y se den cuenta ya será tarde.

Es paradójico el discurso de reabrir heridas. ¿No se reabren heridas homenajeando el fascismo?

Esa expresión no tiene cabida en ningún discurso decente. Nadie por buscar la verdad y por trabajar en la reparación de una víctima reabre nada. No tiene sentido. Llamémoslo como queramos: derechos humanos, reparación, caridad cristiana… pero un país democrático no se puede permitir que los restos de personas víctimas desaparecidas permanezcan en fosas fuera de los espacios propios de enterramiento. Hay una responsabilidad social. Esto, insisto, es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Quizás a muchos este tema les preocupe porque, como he oído alguna vez, «cada fosa trae de la mano un verdugo». Y parece que tenemos una vergüenza colectiva. Recuerdo aquellas palabras del entonces ministro Mayor Oreja diciendo que el de Franco había sido un “régimen de mucha estabilidad”. Creo que cuando hablamos de derechos humanos no caben debates.

Sobre el banco de ADN, algunos colectivos piden que se hagan pruebas a todos los familiares independientemente de si la fosa se ha exhumado o no, también por la batalla del tiempo, porque las personas más mayores se están muriendo. ¿Es posible?

Lo que hicimos con el banco de ADN es un tema de seguridad, de protección de datos y de ser efectivos. Es decir, se analizan las muestras de los familiares relacionados con la fosa en la que se está trabajando. Y sí, queremos abrirlo a la generalidad, estamos trabajando con la Universidad de Granada para hacerlo pero no va a ser fácil. De eso hablaremos las tres comunidades que nos vamos a reunir próximamente –Andalucía, Navarra y País Vasco– con objeto de estudiar la posibilidad de compartir iniciativas en relación con los trabajos de identificación genética.

¿Qué sensación tuvo cuando el ADN determinó que los restos de la fosa de Paterna, en Cádiz, no pertenecían al padre de Luis Vega, que llevaba tanto tiempo esperando ese momento?

Recién nombrado director general, uno de mis primeros viajes fue a Paterna. Y allí, en el salón de plenos del Ayuntamiento, Luis me dijo: “En tus manos me pongo”. Aquello me cargó de responsabilidad. Imagina. Luis es una persona entrañable, de los mejores seres humanos que te puedas encontrar. Ha vivido toda su vida sin su padre y sin su madre. A quien no le conmueva eso es que no tiene corazón. Aquella fue de mis peores sensaciones desde que estoy aquí. Era muy difícil de explicar a una persona que sabe que se llevaron a sus padres que, tras recuperar los restos y hacer las comparativas, el informe dice que no hay coincidencias suficientes para poder devolverle los restos. Eso es terrible. Y eso ha pasado en más casos. En ello hay que insistir también mucho públicamente. Vamos a poder identificar muy poco. Exhumar no es identificar, decía el profesor Lorente en un artículo publicado en el año 2009.

No parece que vaya a ser fácil retirar todos los símbolos franquistas. ¿Cómo valora esta parte de la ley?

En España ha habido dos momentos de retirada masiva de símbolos franquistas. Al principio de la democracia y tras la ley de Zapatero. Pero han quedado muchos temas por cerrar y eso hay que afrontarlo. Hoy mismo [cuando se realizó la entrevista] se ha publicado en el BOJA el decreto de simbología franquista, en trámite de audiencia pública, que crea una comisión técnica con expertos en patrimonio, documentación. Ellos determinarán qué se retira y en el caso de que no se pueda, cómo tiene que ser la resignificación. Nosotros estamos en comunicación permanente y trabajando con los ayuntamientos en este sentido y se están dando los pasos adecuados en nuestra opinión. Aunque hay algunos con casos clamorosos que se deben abordar. Y el decreto va a regular todo eso. Todo tiene que estar bien armado y argumentado.

¿Y qué pasa con Queipo de Llano en la Macarena? Con esta ley en la mano tampoco se puede sacar de ahí, ¿cierto?

En el caso de Queipo hay dos planos. El jurídico, por un lado. Se trata de un enterramiento en un espacio de carácter privado en el que se retiró toda la simbología franquista y lo que queda es un enterramiento. Y luego está el plano de la propia ética y moral del comportamiento público. Creo que hay muchos hermanos de la Macarena que se sienten incómodos ante lo que supone que en un espacio de culto, de recogimiento, de bondad, esté enterrado una persona que fue un criminal de guerra (firmó los bandos de guerra y conocemos sus interlocuciones radiofónicas sobre lo que pensaba de las mujeres, de los republicanos, de todo el mundo. Mola salió de Pamplona, pero estaba en un espacio municipal. Nuestro posicionamiento, de todas formas, es que no debe estar ahí. Pero en cualquier caso, nosotros estamos esperando el informe jurídico de la Hermandad en ese sentido. Y estaría bien que lo hicieran público.

El PSOE votó recientemente en el Congreso en contra de reformar la ley de amnistía, junto al PP. ¿Qué opina de ello?

Con respecto a este asunto, con lo que más de acuerdo estoy es con lo que dice Joan Garcés, un jurista de reconocido prestigio. Aplicar la legislación internacional que considera los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. La ley de amnistía fue para mucha gente la oportunidad o bien de salir de la cárcel o de recuperar sus trabajos. Me acuerdo mucho de Jaime Baena, militante de las Comisiones Obreras que estuvo en cárceles franquistas por defender la libertad, en la comisaría de la Gavidia… A él no le puedes hablar de esto porque no entiende que queramos tumbar la ley por la que peleó para salir de la cárcel. Insisto, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no hay ninguna ley de amnistía que pueda ser utilizada para no investigar.

Pero los jueces se remiten a la ley de amnistía para archivar los casos. ¿Cómo hacemos entonces?

Sí, es un criterio. Lo que tiene que cambiar es ese criterio. Hay muchas opiniones en el debate jurídico sobre ese tema. Es una cuestión, que en todo caso, escapa del ámbito de competencia de las comunidades autónomas. Son crímenes de lesa humanidad, ideológicos, masivos. Cualquiera que haya pasado por la fosa de Puerto Real, en Cádiz, es difícil que pueda negar que fue un genocidio.