Erosión ‘a la catalana’

La semana pasada España asistió a cómo el sistema judicial, apoyado por el Gobierno y gran parte de los diputados –PP, PSOE y Ciudadanos– trataban de imponer a la sociedad una idea de violencia que no respondía más que al empeño por criminalizar las manifestaciones y los pasos de los independentistas catalanes. En aquellos cuatro días, los papeles estelares, además del juez Pablo Llarena y el PP, fueron para dos políticos socialistas: José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, y Miquel Iceta, primer secretario del PSC. El primero comparó a los independentistas con movimientos armados latinoamericanos; Iceta habló de la posibilidad de “un enfrentamiento civil”·.

Todo ello respondía la necesidad de justificar el procesamiento de los líderes políticos independentistas por el delito de rebelión. Más allá de que dicha acusación carece de toda base jurídica, la forma en la que la mayoría de los políticos españoles y de los medios de comunicación la apoyaron dibujaba un panorama que podía derivar hacia lo grotesco o hacia una transformación brutalizante de la justicia, algo que no sorprendería a nadie dados los últimos pasos en recortes de las libertades individuales en España. Por lo que parece, y por ahora, la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Puigdemont ha puesto freno a la locura represiva en la que estaba entrando el país. Por ahora.

Eso, en cuanto a la semana pasada. Esta ha resultado más interesante si cabe. En solo cinco días han empezado a soltar arenilla las columnas que sostienen la Justicia, el Gobierno, la Universidad, el PSOE y el PP.

Este  podría ser un resumen del principio del fin:

Justicia española. La Justicia alemana ha rechazado que exista delito de rebelión. Ello deja al descubierto que la construcción de “violencia” que necesita dicho delito no tiene consistencia. Al menos no en Alemania, que pasaba por ser el “país más duro” al que se podía enfrentar el presidente Puigdemont. Con ello, además, quedan en evidencia los políticos y medios de comunicación que han ayudado a sostener tal disparate. Cabe añadir que el menoscabo que puede suponer todo ello a la Justicia española se une al varapalo que recibieron el Supremo y el Constitucional hace menos de un mes por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al decretar que quemar una foto del rey entra dentro de la libertad de expresión.

El Gobierno de España. Cuando Mariano Rajoy decidió dejar que las relaciones de Cataluña con España se pudrieran definitivamente, el apoyo independentista no llegaba a un tercio de la población, la mayoría pedía celebrar un referéndum sobre el asunto, y la posibilidad de mandar a las fuerzas del orden españolas a cargar contra la ciudadanía parecía una broma de El Jueves. Y, sin embargo, eso que algunos llaman “inacción” de Rajoy era en realidad una acción brutal: atizar el desprecio a las instituciones catalanas, hasta acabar ocupándolas, y ceder a la Justicia una labor convenientemente azuzada por la Fiscalía del Estado. La huida de Puigdemont y parte de sus correligionarios a Bélgica fue, como se ha demostrado, una hábil estrategia para internacionalizar el conflicto. Y de paso, recordar al resto de las democracias europeas que aquí tenemos parte de la dictadura franquista aún sin solucionar, entre otros detalles en descomposición. En este momento, resulta evidente que a Rajoy la jugada se le ha ido de las manos y que el papel de su Gobierno ya no solo ha quedado en cueros en la UE, sino también entre sus propios votantes españoles.

La Universidad española. Paralelamente a la libertad de Puigdemont corre el caso del máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que sería chusco de no resultar un golpe dramático a la credibilidad de la Universidad española. La mentira de Cifuentes ha quedado más que demostrada, a lo que hay que sumar que ni siquiera ha sido refutada con un mínimo de rigor. Ella sigue encastillada, pero no es lo peor. Lo peor es lo que arrastra consigo. Por un lado, evidentemente, la credibilidad del PP, a la que tampoco le quedaba ya mucho pelo. Pero por otro, haber obligado al rector a intervenir, e implicar con ello a varios catedráticos y catedráticas, deja a la altura del betún a una de las pocas instituciones que, pese a haber visto cómo la dejaban en los huesos, aún no había sido salpicada por la corrupción ya habitual y omnipresente en España.

El Partido Popular (PP). El papel que ha jugado el Gobierno de Mariano Rajoy, ya detallado anteriormente, amenaza con arrastrar al partido completo. Las formas políticas del propio Rajoy, rayanas en un autoritarismo de provincias, ha impuesto un argumentario a la posible “nueva generación” de políticos que parecían llamados a renovar una fuerza que empieza a descoserse por la parte del franquismo y la evidente decadencia. Son Javier Maroto, Andrea Levi y Pablo Casado quienes han defendido públicamente las posturas más insostenibles, que nos son pocas, de los últimos años: corrupciones varias, recortes de libertades, violencia en Cataluña…

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es el del PSOE quizás uno de los papeles más tristes en los últimos años, tocando la pandereta en el ya cuestionado concierto del Gobierno del PP en Cataluña. El artículo 155 de la Constitución no se habría podido aplicar sin su apoyo, y cabe recordar que se trata de un artículo que, justo un mes antes de que se hiciera, nadie pensó que pudiera aplicarse. Fruto de aquello, la tan bochornosa como sorprendente foto de Miquel Iceta con la plana mayor del PP en Cataluña, así como la participación socialista en las manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana. Su justificación de las cargas policiales del 1 de octubre, su apoyo al encarcelamiento de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, su sostén a la idea de un delito de rebelión… Todo ello debe sumarse al hecho de que fueron ellos quienes, con su abstención, permitieron en la práctica que el PP se hiciera con el Gobierno una vez conocidos ya los principales casos de corrupción y financiación irregular, así como la gestión de la crisis, terrible para la mayor parte de la población. Y, para finalizar, se le puede poner la guinda de haber vuelto a firmar con el PP la negativa a que se juzguen los crímenes del franquismo.

Así pues, si a alguien le cabía alguna duda de que el conflicto con Cataluña iba a suponer una de las mayores erosiones, si no la definitiva, al llamado Régimen del 78, ya puede ir despejándola.