España necesita una reconstrucción

Las medidas de austeridad se adoptan en un contexto de crisis concreto. No pueden ser indefinidas. Y como ya se ha iniciado el tiempo de la recuperación económica, el Estado tiene que terminar con ellas. Punto. Es lo que la ONU viene a decirle a España en un informe con el que el Gobierno tendría que cambiar de arriba a abajo sus políticas, no solo económicas sino también sociales y culturales. Dicho de otra manera: España necesita una reconstrucción.

«[Es preocupante] que la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad continúe afectando desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual ha favorecido el incremento de la desigualdad», dice el documento del Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en respuesta al informe presentado por España ante este organismo a finales del mes pasado en Ginebra.

Así, le recomienda que realice una evaluación exhaustiva de los efectos de estas medidas sobre colectivos desfavorecidos como las mujeres, menores, personas con discapacidad, refugiadas, migrantes, solicitantes de asilo y la población gitana y romaní. Y exige otorgar a estos derechos el mismo estatus que los civiles y políticos en su ordenamiento jurídico, con protección y garantía en las leyes para su aplicabilidad y justiciabilidad.

Entre otras medidas concretas, la ONU pide a España una revisión de sus políticas dirigida a corregir las causas profundas del desempleo, que permita poner fin a la alta tasa de paro de larga duración, a la temporalidad y a la precariedad, y acabe igualmente con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sobre igualdad de género, incide también en el derecho específico a la salud sexual y reproductiva y reclama no poner obstáculos a la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, pide la revisión y derogación de todas aquellas medidas que, como el decreto de 2012 aprobado por el Gobierno del PP, ha implicado «una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades» entre las comunidades autónomas. Por ello, exige que los migrantes en situación irregular vuelvan a tener acceso «a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna». Y un apunte fundamental: el comité ve preocupante que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional normas autonómicas que corrigen las injusticias generadas con las leyes estatales. 

Sobre educación, la ONU destaca «la persistente segregación escolar» que, en algunos casos, se deriva de la segregación residencial y afecta particularmente a grupos desfavorecidos. El Estado, dice, debe asegurar «una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en materia de educación particularmente en las comunidades autónomas que cuentan con altos índices de riesgo de pobreza y exclusión social».

En políticas de vivienda, pide un nuevo marco legislativo que establezca «requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzados, que entre otros incorpore los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas que garanticen que tengan acceso a una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada; que sean informadas con un plazo suficiente y razonable de notificación sobre las decisiones que ordenen los desahucios y tengan acceso a un recurso judicial efectivo». Además, solicita un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales, los servicios sociales locales y entre los servicios sociales mismos.

También se detiene la ONU en la política fiscal y pide al Estado un sistema fiscal con un mayor efecto redistributivo y medidas estrictas para combatir el fraude, en particular el cometido por empresas y personas con grandes patrimonios. Y va más allá: pide investigar y asegurar la responsabilidad legal de las empresas sobre las violaciones de estos derechos no solo en España, sino también de las que se cometan en el extranjero por ellas mismas o sus filiales. 

Al comité también le preocupa el impacto negativo que han tenido los recortes presupuestarios en general en el disfrute de los derechos culturales, y en particular sobre la promoción y difusión de la ciencia y de la cultura. Igualmente, señala que la difusión y promoción de la identidad cultural y legado histórico de la población gitana continúa siendo limitada. Y lamenta no haber recibido información concreta sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los beneficios del progreso científico, incluyendo Internet.

Las recomendaciones de la ONU avalan el informe remitido por el Center for Economic and Social Rights (CESR). «El Estado debe informar dentro de los próximos 18 meses siguientes sobre el avance realizado en la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité sobre las medidas de austeridad; el derecho a la salud y vivienda (desahucios). Esta será una oportunidad para que el Estado muestre su voluntad política de cumplir con las obligaciones que ha contraído bajo el Pacto y de la coherencia de sus políticas para una recuperación económica justa y sostenible», destaca Médicos del Mundo, una de las organizaciones firmantes del informe alternativo.