El copago en la dependencia se aplicará incluso a rentas de sólo 400 euros

El Gobierno pisa con fuerza el acelerador en su carrera por apretar las tuercas a la Ley de Dependencia. Tendrán que contribuir al pago de las prestaciones personas incluso con rentas más bajas de las que se marcaban como límite hasta ahora; se congelará la introducción en el sistema de ayudas a dependientes moderados y se fomentará la privatización de la atención. Son algunas de las medidas que el Gobierno aprobará el viernes de la semana que viene y que hoy ha trasladado a sindicatos, patronal, autonomías y Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en el denominado Consejo Consultivo.

Uno de los mayores retrocesos es que si hasta ahora quedaban exentos del copago de los servicios no residenciales quienes no superaban los 532 euros al mes, ahora sólo lo estarán las rentas de menos de 399 euros. Esta es la medida más llamativa del Real Decreto cuyo borrador ha entregado el Imserso a los asistentes al encuentro y al que ha tenido acceso MásPúblico. Esta y otras decisiones fueron tomadas el martes pasado por los directores generales de cada autonomía y se harán públicas el martes que viene, cuando las autonomías celebren el Consejo Territorial.

El Ejecutivo también ha informado de que se congela la entrada en el sistema de nuevos dependientes moderados de nivel 2 hasta 2014. En enero de 2011, este colectivo empezó a beneficiarse de la ley. Los futuros solicitantes de ayudas para ese grado de dependencia deberán esperar dos años, al igual que los dependientes moderados de nivel 1, a quienes ya se le retrasó un año la entrada en el sistema. Además, el Ejecutivo dejará de pagar la cotización de los cuidadores familiares, como adelantó MásPúblico.

Fuentes presentes en la reunión la califican de «dura», por la ruptura total entre administraciones y patronal y sindicatos. Además, critican que el Gobierno les esté dando la información «con cuentagotas». En el encuentro no se ha aclarado qué forma legal tendrán las nuevas medidas. Se sabe que los cambios en el copago se articularán en un Real Decreto, pero no qué forma adquirirá el resto de recortes, a una semana de que el Consejo de Ministros apruebe los cambios.

El Gobierno se ha referido a las ayudas económicas vinculadas a la asistencia a los dependientes (el dinero que se da para pagar por ejemplo la ayuda a domicilio, que se planteó como pública) como un servicio sin más. Esto cambia por completo la idiosincrasia de la ley. El objetivo oculto es crear una red de servicios privados que el usuario sufrague con su paga. Así, se creará una red de mera financiación pública, muy diferente a la red de asistencia de responsabilidad pública que se ideó cuando se formuló la Ley de Dependencia.

Por otra parte, fuentes presentes en la reunión aseguran que el Gobierno acabará cediendo a las presiones de la patronal para que los seguros privados de dependencia no contabilicen como ingresos. De esa forma, saldrá beneficiado quien tenga recursos suficientes para pagar uno de esos seguros, en detrimento, por ejemplo, de un jubilado que haya estado toda su vida ahorrando y tenga su dinero en el banco. En este último caso, se contabilizarán esos ahorros para establecer si tiene que pagar una parte de la asistencia, mientras que los seguros privados no se tendrán en cuenta a la hora de exigir el copago.

Estas medidas se suman a la supresión de los 285 millones de euros que el Gobierno ha eliminado de un plumazo en los Presupuestos Generales, al eliminar la partida llamada de «nivel acordado» con que el Estado alimentaba al sistema.

Las plataformas de la dependencia del País Valenciano y Castilla-La Mancha han anunciado que saldrán a la calle contra un nuevo recorte de derechos que se suma al retraso en el pago de las ayudas económicas y al ya endémico retraso en su concesión.