Impunidad en Honduras

Tegucigalpa (Honduras) // A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer a periodistas que estaban en el punto de mira de los sicarios que hacen el trabajo sucio. En contadas ocasiones se detienen a los autores materiales de los asesinatos. Casi nunca a los hombres poderosos que han dado la orden y han pagado la sangre derramada.

Un día de abril de 1990 tuve ocasión de charlar largo y tendido con mi amigo Lucho Morales en el departamento de Ayacucho (Perú). Volvíamos de una zona muy conflictiva empotrados en un convoy militar por carreteras ideales para las emboscadas cuando me dijo entre murmullos: “Sé que un día me matarán, pero qué puedo hacer para evitarlo”. Sabíamos tanto él como yo que la única solución era huir de aquella ciudad, capital del departamento en el que había nacido y crecido Sendero Luminoso, el ISIS de la época, y donde el terror y la muerte, ejercidas por el grupo guerrillero y las fuerzas armadas, eran pasatiempos diarios. “Pero no me quiero ir de la ciudad donde nací, crecí y me hice periodista”, cortó cuando se cansó de escuchar a un joven periodista español que le rogaba que se marchara a Lima, la capital peruana donde ya vivía su familia.

Quince meses después, el 13 de julio de 1991, me llegó la noticia de su asesinato. Había sido tiroteado cuando abandonaba su casa en Ayacucho. Nadie reclamó la autoría del crimen, pero se consideró responsable a Sendero Luminoso aunque también pudo ser el Ejército. Recuerdo que un reguero de lágrimas me acompañó mientras escribía un texto recordando mi relación con aquel valiente periodista.

Una compañera de Reporteros sin Fronteras me dio sus datos y subrayó que se trataba de “una mujer amenazada de muerte que es valiente como ella sola”. Al encontrarme con Dina Meza en un hotel de Tegucigalpa pienso inmediatamente en esas palabras: “Amenazada de muerte y valiente”. Me viene a la memoria Lucho Morales: él también estaba amenazado de muerte y era muy valiente. Pero, evidentemente, no se lo comento.

Dina Meza, nacida en diciembre de 1962 y madre de tres hijos, es una periodista independiente que defiende sin tregua los derechos a la libertad de expresión e información en un país roto por la violencia y la inestabilidad. En el año 2007 recibió el premio especial de Amnistía Internacional de Reino Unido para periodistas en riesgo y, en 2014, fue galardonada con el premio Oxfam Novib/PEN International a la Libertad de Expresión. Hoy es la presidenta del Centro Pen Honduras y ejerce de corresponsal de Reporteros sin Fronteras, y desde mayo de 2014 es acompañada permanentemente por miembros de Brigadas Internacionales de Paz, una organización internacional que brinda protección a personas que sufren amenazas y hostigamientos continuos.

Dina es poco partidaria de hablar de su situación personal. Sabe que ser periodista en Honduras es peligroso si denuncias los excesos del Estado, la corrupción de las grandes empresas hidroeléctricas y mineras y las vinculaciones del narcotráfico con sectores gubernamentales. Pero también lo es ser activista o abogada de derechos humanos, ser líder indígena que lucha por que no te esquilmen tu tierra, ser lesbiana o, simplemente, ser mujer.

Por ejemplo, si eres mujer y te matan, tu asesinato tiene un 95% de posibilidades de quedar impune, como ha ocurrido con los 417 casos de mujeres asesinadas entre 2017 y los primeros días de 2018, según el Centro de Derechos de la Mujer. Las autoridades solo investigaron 15 de los 483 casos de mujeres asesinadas en 2016 y solo en dos casos se obtuvieron sentencias condenatorias. “Vamos a impulsar desde la Asociación por la Democracia y Derechos Humanos una red de periodistas en siete departamentos del país con el objetivo de formar comités locales que defiendan la libertad de expresión y comunicación y presenten denuncias ante la fiscalía contra los perpetradores de las amenazas”, me cuenta a los minutos de conocernos y saludarnos cariñosamente como si fuéramos viejos amigos.

Dina se tuvo que marchar del país entre enero y mayo de 2013. Aprovechó para realizar una maestría en la Universidad de York. “Me fui porque las amenazas eran muy intensas e insoportables”, recuerda. En aquellos años estaba denunciando en sus reportajes el comportamiento de terratenientes que habían arrebatado las tierras ancestrales a los pobladores indígenas.

El 18 de abril de 2012, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional emitió una acción urgente con el fin de salvaguardar la vida de la periodista y defensora de los derechos humanos tras recibir amenazas de violencia sexual por teléfono. Semanas más tarde, a su hijo de 19 años le obligaron a entregar el teléfono en un autobús y le quitaron la tarjeta. “Manténte tranquilo porque hay hombres armados vigilando desde la parte de atrás del bus”, le dijo el hombre mientras le abría el teléfono. A su hija la siguieron por la calle y le tomaron fotografías. La propia Dina sufrió un intento de secuestro en un taxi y la presencia   de hombres armados cerca de casa era constante. Un hombre y una mujer se presentaron un día en su casa haciéndose pasar por funcionarios públicos. Fue la primera vez que decidió cambiarse de casa. Desde 2012 ya lo ha hecho cinco veces.

“¿Hay que tomarse las amenazas en serio en Honduras?”, le pregunto. “A veces cometemos el error de no hacerlo, pero es importante tenerlas en cuenta siempre. Pensábamos que nunca matarían a Berta Cáceres, ambientalista respetada mundialmente, y lo hicieron hace dos años”, explica con sencillez.

El día anterior se lo pasó en la Dirección General del Sistema de Protección, que es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia y Descentralización, acompañando a dos de los 38 periodistas hondureños que tienen medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o están bajo la tutela de la hondureña Ley de Protección a defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, en vigencia desde mayo de 2015.

Varios periodistas tienen causas abiertas y otros, como Milton Robles, han tenido que abandonar el país después de publicar reportajes de investigación sobre bandas armadas conectadas con la policía. Vive en España desde diciembre de 2016 con el apoyo de Reporteros sin Fronteras. También se fueron Félix Molina después de ser baleado en las dos piernas en mayo de 2016 y Fred Alvarado tras sufrir un intento de secuestro por encapuchados. Fred, que recibió en 2016 el Premio Escribir sin Miedo, que promueven Pen Canadá y Pen Honduras, con el patrocinio de la Embajada británica de Guatemala, es hijo del también periodista Julio Ernesto Alvarado, quien ha sido víctima de la criminalización judicial e intento de inhabilitación de su oficio por denunciar un caso de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Carlos Alejandro Ponce tuvo que marcharse a otro país sudamericano en septiembre del año pasado gracias a la ayuda económica conseguida por sus compañeros hondureños. Sus reportajes sobre la corrupción en el gobierno y en la UNAH le habían supuesto serias amenazas de muerte que le obligaban diariamente a cambiar de casa. Algunos periodistas han preferido abandonar el país en silencio, sin hacer ruido.

Uno de los proyectos de la red de apoyo a periodistas es establecer un área de protección para el informador con acogidas temporales en otras zonas del país. “Queremos crear una casa de acogida para periodistas y defensores de derechos humanos que le permitan seguir trabajando y recibir terapia psicosocial ya que llegan muy afectados por la tensión que sufren. Costaría unos 85.000 dólares (70.000 euros) al año y protegería a cinco personas”, me explica Dina.

El número de periodistas asesinados por el ejercicio de la profesión es una incógnita. Desde 2003 han matado a 71 periodistas o trabajadores de la comunicación aunque en muchos casos no está claro si la causa del asesinato estaba vinculada al periodismo. Dina cree que, al menos, diez de ellos sí que murieron porque sus reportajes incomodaban. “¿Vale la pena arriesgar la vida por tus principios?”, vuelvo a preguntarle a Dina. “Tienes que tenerlo muy claro. Me ofrecieron exiliarme a varios países en 2013. Pero el exilio no está en mi agenda. No lo descarto pero ahora mismo mi objetivo es fortalecer nuestra organización  y proteger a las personas más amenazadas antes de que las maten”, contesta con gran entereza.

Las amenazas siguen persiguiendo a Dina. El 31 de marzo de 2017, un hombre se sentó a su lado en el autobús en el que se desplazaba por la capital y le dijo al oído: “Vengo bien armado y atrás hay otras cuatro personas armadas. Hay órdenes de matarla”. Dina intentó ganar tiempo y preguntó con calma: “¿Por qué me quieren matar?”. El hombre le respondió: “Porque hay una orden y yo no la puedo detener”. “Pero yo no he hecho nada”, le recriminó Dina. Cuando el hombre le quiso tomar una fotografía con el teléfono móvil, Dina se levantó apresuradamente y le dio la mano con la intención de verle la cara antes de bajarse del autobús.

“Me refugié en una farmacia y espere un rato, pero al salir había cuatro hombres en la esquina y un coche con los cristales oscurecidos estaba parado justo enfrente. Llamé a la oficina de Brigadas Internacionales de Paz y les pedí que me viniesen a buscar”, recuerda. Tuvo que esperar siete meses hasta noviembre de 2017 para que la institución del Estado encargada de la protección de personas amenazadas hiciera el análisis de riesgo de su caso.

Dina no olvida que “es una institución del Estado que incluye a funcionarios de la secretaria de seguridad, un organismo muy oscuro”. No ha aceptado el acompañamiento de policías “porque lo tendrían fácil para seguir mis movimientos”. Y ha pedido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que averigüen por qué no hay constancia en la fiscalía de las doce denuncias que ha hecho hasta la fecha contra los perpetradores de las continuas amenazas. Desde noviembre, Dina tiene un enlace policial y se mueve con un botón de asistencia para auxilio urgente. Amenazada de muerte y muy valiente.