Leyes que pisotean tus derechos humanos día a día

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Es 18 de noviembre. Twitter ha abierto la veda a los 280 caracteres. Un timeline cualquiera. «.@ppmadrid y @Cs_Madrid bloquean el trámite de la @ILPViviendaMad exponiendo a las familias madrileñas a los desahucios», se puede leer en la cuenta de la PAH de Barcelona. «A Cristina Fallarás le impusieron una multa en Madrid (600 euros o 13.000 pesos) por protestar por el asesinato de Javier Valdez frente a la embajada de México», recoge el perfil de Témoris Grecko. “Ha ido a volarle los sesos a la puerta del colegio cuando ella iba a recoger a su hijo. ¿Ni a tiros en lugares públicos se entenderá que la violencia machista es un problema de todas y todos?”, tuitea Carmen GMagdaleno. «Dando una conferencia sobre memoria histórica en Soria, para hablar de fosas comunes y explicar que las víctimas del franquismo han acudido a los tres poderes del Estado sin conseguir ni verdad, ni justicia ni reparación (…)», escribe Joaquim Bosch. “¡Triste noticia! El Senado rechaza derogar las devoluciones en caliente pese a la sentencia del #TEDH», lamenta CEAR en otro tweet. Y uno más: «¿Eres mujer? Pues debes saber que desde hoy hasta el 31 de diciembre trabajarás absolutamente gratis (…)», denuncia el perfil de Mujeres Periodistas de Sevilla. ¿Qué hay detrás de estas seis situaciones tan distintas, tan dramáticas y tan pegadas a la actualidad? Una violación diaria de derechos humanos aquí, en España.

«Prácticamente todas nuestras acciones cotidianas tienen que ver o están afectadas por los derechos. Es importante concienciar a la ciudadanía sobre este dato y sobre la necesidad de que estén vigilantes y atentos a su cumplimiento no solo por los poderes públicos, sino también por los particulares, por ejemplo, en las relaciones laborales», reflexiona Rafael Escudero, asesor en el Ayuntamiento de Madrid y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III. «Es muy significativo (y lamentable) que el gobierno del Partido Popular sitúe la Oficina de Derechos Humanos en el Ministerio de Exteriores, dando a entender que son algo que tiene que ver con la acción política fuera del territorio español, pero no dentro. Hay que romper con esta tendencia», concluye.

Que las mujeres cobren menos que los hombres, que se reduzcan las prestaciones sociales, que se genere un sistema de empleo precario como el que está dejando la reforma laboral, que ni siquiera trabajando se obtenga un salario digno, que se privatice la sanidad, que se mercantilice la educación, que uno de cada tres niños en España esté en riesgo de pobreza o exclusión social… Son violaciones de derechos humanos que se producen en el día a día de este país y que se han ido agrandando con la crisis económica y la aprobación, a su vez, de leyes contrarias a estos. Más allá de las vulneraciones flagrantes sistemáticas por las que España incluso ha sido condenada –migración y torturas–, analizamos con profesionales de distintos ámbitos en qué momento nos encontramos 69 años después de la firma, un 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y hacia dónde nos encaminamos.

No son políticas públicas, son derechos

“Hay muchos gobiernos que creen que la salud, la educacion o la alimentación no son derechos humanos sino que son simplemente políticas públicas. Y hemos vivido una época de crisis económica que se ha convertido en una crisis de derechos humanos que permanece», explica el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán. Otra cosa es que los DDHH deban introducirse en todas las políticas públicas, como indica Escudero. Es decir, que estas tengan en cuenta el impacto de las medidas sobre los derechos, como se hace –aunque no siempre– con el enfoque de género. «Por poner un ejemplo muy de moda últimamente –cita el profesor–, a la hora de regular el fenómeno de la economía colaborativa o de los apartamentos turísticos hay que hacerlo teniendo siempre presente el derecho a la vivienda (que se ve terriblemente afectado por fenómenos como Airbnb y la subida de precios que ha provocado en ciudades como Madrid o Barcelona), y no solo la libertad de empresa».

Normas contrarias

El decreto que dejó sin atención primaria a la población inmigrante sin documentación y a aquellas personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado a la Seguridad Social, es un claro ejemplo de legislación contra DDHH. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) consideró que no violaba la Carta Magna porque el Gobierno justificó su adopción en un contexto económico excepcional y ha anulado normas autonómicas que lo corregían. “La política que se lleva a cabo en el Estado español es implantar los DDHH en función del coste, en vez de en función de la necesidad. Lo que han hecho ha sido mercantilizar los derechos humanos, y hemos caído en esa derrota”, explica el presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, David Bondia. “Por eso el TC asume que en época de crisis se puede recortar este derecho. Pero oiga, no. Si quieres recortarlo, denuncia los tratados internacionales en los que te comprometes a dar asistencia sanitaria a todas las personas bajo tu jurisdicción. A todas. Por tanto, lo que intentan es rebajar los estándares de garantía en materia de DDHH que hay en los tratados mediante la legislación interna. Y por eso estamos recibiendo condenas”, añade Bondia.

Condenas, no obstante, sin mucho recorrido: «Los Estados tienen instrumentos para imponer sus normas e ignorar y descalificar cualquier denuncia ética. Ignoran a los parlamentos, ignoran recomendaciones de la sociedad, sea civil o religiosa. El poder es cínico, se ríe del llamado buenismo, desprecia y amedrenta a quien osa levantar la voz, cuenta con voceros sin escrúpulos que atropellan países, clases sociales, organizaciones y hasta continentes. Miremos el espectáculo que el poder da en el mundo y luego vomitemos«, dice la presidenta de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, que está impulsando una declaración de deberes basada en el discurso del escritor portugués al recibir el Nobel. El sistema manda –insiste–, y para el sistema, la declaración de DDHH «no es una norma de obligado cumplimiento, no la utilizan ni en los discursos oficiales, les da como repelúS citar ese articulado, salvo para condenar a un país al que le declararán una guerra».

La ley mordaza, que regulariza las devoluciones en caliente –por las que España ya ha sido condenada– y criminaliza la protesta, es probablemente el ejemplo estrella de legislación contra DDHH. “El Gobierno no entiende que es su derecho y su deber proteger el derecho de reunión y manifestación pacíficas. Con esta ley lo que se hace es apartarnos del derecho de reunión, de participación, de libertad de expresión… Y vamos viendo que la pretensión, en este caso, es reducir el número de manifestaciones públicas, algo que ha conseguido», admite Beltrán. En el caso de los periodistas, las multas son ya frecuentes. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado varias quejas al Defensor del Pueblo.

Evidentemente, la pobreza y la desigualdad suponen, como destaca el director de Amnistía Internacional, un caldo de cultivo en la violación de DDHH y una de las principales consecuencias de la crisis de DDHH desde 2007 hasta hoy. «Los DDHH no son un lujo, los necesitamos para mejorar como sociedad. El error está en haberlos convertido en privilegios», afirma Bondia, que pone un ejemplo muy concreto con la población que huye buscando refugio: «El asilo es un derecho humano y lo tiene cualquier persona que está siendo perseguida, que sufre por su integridad. Sin embargo, cuando hablamos de cuotas y de que vamos a aceptar a tantas personas, ya estamos hablando de un privilegio».

«Lo más doloroso es la normalización de la pérdida del derecho a la vida», sostiene la activista de Caminando Fronteras Helena Maleno, que lleva años denunciando las violaciones de DDHH en la Frontera Sur. En su reflexión, introduce cómo quienes se sentían intocables están siendo ahora despojados de derechos. «Estamos acostumbrados a que era ese sur global el que estaba siendo expulsado de los márgenes de los DDHH, pero con estas políticas de austeridad y recortes estamos dentro de ese proceso de expulsión también los que nos sentíamos en una situación de superioridad«. Desde su punto de vista, quien gana con ello es el poder económico y financiero, que se alimenta a su vez de lo que ella denomina «industrias criminales». La Fundación porCausa concluye en un informe que se ha conformado una industria del control migratorio sin la que no es posible llevar a término los objetivos declarados de la política de gestión de fronteras y que depende casi absolutamente de los fondos públicos que recibe. «A medida que España y la Unión Europea iban definiendo los fundamentos administrativos e ideológicos de sus políticas migratorias, un ecosistema de empresas y organizaciones privadas ha ido conformando la red de intereses y relaciones que caracteriza cualquier sector industrial», denuncia.

El poder financiero siempre gana

La relación entre derechos humanos y sistema económico está presente desde el propio nacimiento de la categoría. «Nacieron en el marco del Estado liberal del siglo XIX como un elemento de legitimación de las políticas favorecedoras de la propiedad privada (de ahí que la figura fuera objeto de crítica por parte de Marx). Después, fueron un elemento propio del Estado social de derecho propio de la segunda mitad del siglo XX», recuerda Escudero. Hoy la relación sigue siendo evidente. ¿Por qué el Estado permite las inasumibles subidas de las facturas de la luz? ¿Por qué, como plantea Bondia, el Gobierno deja el derecho al agua o a los recursos energéticos en manos privadas? ¿Quién gana, por ejemplo, con los recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno ha presentado contra leyes autonómicas antidesahucios? La andaluza, que fue suspendida, establecía la posibilidad de expropiar a las entidades financieras el uso de inmuebles durante tres años para personas en riesgo de exclusión social sujetos a un proceso de ejecución hipotecaria. Partiendo de un concepto que abrazaba el uso social de la propiedad, establecía además un régimen de sanciones contra entidades que mantuviesen viviendas vacías. Ninguno de los dos aspectos gustó al Gobierno central, que criticó que las medidas andaluzas ponían en riesgo la estabilidad económica del país. Así lo justificó en el recurso, en el que incluso hacía referencia a la prima de riesgo –que sin embargo bajó en los tres meses en los que la norma se mantuvo en vigor– y mencionaba informes de instituciones como el Banco de España, el memorándum suscrito con la Troika y la carta enviada por la Comisión Europea a raíz de la aprobación del primer decreto. Ahora ya ha anunciado que recurrirá las leyes valencianas antidesahucios y contra la pobreza energética.

La vivienda y el trabajo son, según Escudero, los derechos que se vulneran en mayor grado en la España actual: «En la Constitución de 1978 estos derechos se conciben más bien como principios orientadores y no como auténticos derechos. Es decir, detrás de ellos no hay obligaciones correlativas de los poderes públicos. Lo que supone que no cabe reclamación de los mismos ante los tribunales. Cualquier persona sí puede reclamar ante un juez su derecho a la manifestación, pero no puede reclamar su derecho al trabajo o a la vivienda. En estos casos solo pueden hacerlo de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen, según dice el artículo 53. Esta es una de las razones por las que se debería reformar esta Constitución», expone. El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU determinó el pasado julio que España había violado el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores porque, aunque la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referido al segundo trimestre de 2017, Cataluña fue donde se ejecutaron más desahucios –con 3.625, un 21,5% del total–, seguida de Andalucía (2.947), Valencia (2.287) y Madrid (1.791). Estas cuatro comunidades concentraron el 63,2% del total.

El CIE de Aluche. DANI GAGO

El mismo día que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ratificó también el CETA, «un tratado comercial que, una vez aprobado, vincula de manera efectiva a los Estados firmantes para afectar radicalmente a la sociedad en su conjunto», destaca en la misma línea la abogada y senadora de Podemos Maribel Mora. Ella ha seguido muy de cerca durante años la situación de la población reclusa y migrante como miembro de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). Un incumplimiento diario en las cárceles, denuncia, es el derecho a la salud: «Un 40% de la población reclusa de nuestro país padece algún trastorno mental. Un 6% es portador del VIH y hasta un 20% tiene hepatitis sin que, por ejemplo, tengan acceso a los últimos tratamientos para combatir la hepatitis C». Tras una reciente visita a España, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura ha pedido la eliminación de la detención incomunicada y la inmovilización mecánica.

En su libro Los CIE, el Guantánamo español (360º), el periodista Toni Martínez pone el foco, además, en el negocio que existe en torno a estos otros agujeros de los DDHH en España: “Quien ha estado cerca conoce el ajetreo de coches y furgonetas de la empresa Clece entrando y saliendo. Esta empresa, de la que es máximo accionista el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se encarga de la limpieza. Es casi imposible conocer las condiciones del contrato de Clece con el Gobierno, que, pese a ser de interés general, no se ha publicado”. La cocina, los servicios sanitarios y de trabajo social también dependen, indica el autor, de empresas privadas.  El Ministerio del Interior acaba de convertir la cárcel de Archidona (Málaga) en un CIE «provisional» en el que incluso hay menores.

Igualdad a la basura

«El Estado debe asegurar que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone su vida y salud en riesgo”, avisaba en su último informe el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la reforma de la ley del aborto impulsada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón. La OCDE también ha llamado la atención a España por la alta tasa de cesáreas injustificadas. Y por la brecha salarial. Y por un asunto tan grave que continúa sin ser reparado: el caso de Ángela González y su hija, asesinada por el padre en una visita. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha condenado a nuestro país por ello y, en su último informe, de este mismo verano, denuncia que obvia sus recomendaciones sobre violencia machista desde 2015. «En el campo en el que trabajamos, que es la justicia, hay una brecha muy grande entre lo que dice el derecho sobre el papel y cómo se aplica en la realidad. Los estereotipos y prejuicios que pesan sobre las mujeres y las niñas cuando intentan acceder a la justicia hacen que muchas veces queden totalmente desprotegidas», denuncia Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link Worldwide.

El último informe de la organización denuncia que las autoridades españolas retiran sistemáticamente la custodia de los hijos e hijas de las mujeres nigerianas víctimas de trata, en lugar de proteger la unidad familiar. «Existe una falta de formación en género muy grave en los órganos judiciales que lleva a que se produzcan este tipo de situaciones. Y hay un serio peligro de que sean revictimizadas por todo el sistema judicial», concluye.

Siempre nos quedará Estrasburgo

Los abogados de los detenidos por el caso Alsasua han denunciado varias anomalías en la instrucción del juicio en la Audiencia Nacional y la vulneración del derecho de defensa. «Esperamos no tener que llegar al Tribunal de Justicia Europea», destacaron. O a Estrasburgo. Frases como «Si hay que ir a Estrasburgo, iremos«, se repiten como un mantra entre quienes no encuentran justicia en España o consideran que esa justicia ha violado sus derechos. Y ahí comienza el fracaso, explica David Bondia: deberían ser los tribunales internos los que aplicasen los tratados internacionales sobre derechos humanos. “¿Qué ocurre? Que los DDHH son una asignatura optativa en las facultades de Derecho. Existe una laguna muy grande. Hay que empezar en la base y no solo en las efemérides, sino introducir proyectos transversales en primaria y secundaria que hagan que el alumnado los toque, los perciba y los conozca. Hace falta más pedagogía. No solo tenemos que hablar de DDHH cuando se violan. Los DDHH son una forma de vivir el día a día”, prosigue.

En el caso de España, además, el sistema de designación de los miembros del Constitucional reproduce las mayorías parlamentarias. «La mayoría de sus miembros son afines política e ideológicamente al PP, de ahí que previsiblemente acaben declarando la ley mordaza como constitucional», advierte Escudero. Y pesa también sobre el sistema judicial español, como ha denunciado el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU, la losa de no investigar con exhaustividad determinadas denuncias relacionadas con torturas. María –nombre ficticio– volvía de la discoteca. Sus dos amigas cogieron un taxi y ella decidió ir caminando hacia su casa, a apenas unos metros, en Córdoba. “Unos agentes me retuvieron y acabé en el hospital con la nariz rota”, narró a La Marea. Hace más de un año y medio, después de que todos los tribunales españoles archivasen su denuncia, llevó el caso al Comité contra la Tortura de la ONU. Según el abogado de la APDH-A Valentín Aguilar, que ha gestionado el caso, la última noticia que han tenido ha sido el requerimiento al Estado para que informara de los hechos. «Esto va lentísimo, es una vergüenza», denuncia.

Avances y retrocesos

Todas las personas consultadas coinciden en que, aunque se ha avanzado bastante en el cumplimiento de los DDHH desde 1948, se ha retrocedido también de forma considerable en los últimos años. Ninguna de ellas aventura qué ocurrirá en el futuro, pongamos 2049, por fijar una fecha cinematográfica reciente. Pero todas insisten en la necesidad de crear instrumentos efectivos de protección y promoción y de reformular el enfoque: los derechos humanos no son una entelequia, nos afectan a todos. «Podemos tener un magnífico catálogo, pero no servirá si no institucionalizamos mecanismos reales de defensa e implementación», avisa Escudero, que destaca otra cuestión importante a la hora de exigir responsabilidad a los gobiernos: «No contamos con indicadores de derechos humanos consensuados y aceptados generalmente que sirvan para medir su grado de cumplimiento, lo que dificulta la labor de rendición de cuentas y control de los poderes públicos».

Maleno sitúa el poder de resistencia de la ciudadanía hacia las industrias depredadoras y extractivas. «Hay que salir del marco racista y colonialista en el que se han construido los derechos humanos e ir hacia otros caminos. Esto no son teorías o utopías, es el día a día de los pueblos del sur global pero también de la Unión Europea». La historia no está escrita, anima Beltrán: «Depende de nosotros y nunca ha habido una sociedad civil tan coordinada, equipada y con tantas ganas de seguir resistiendo y avanzando en DDHH». «Soy optimista y quiero pensar que podemos invertir la última deriva que hemos vivido», añade Maribel Mora. Ojalá no sea necesaria otra guerra mundial.

8 DDHH QUE NO PUEDES OLVIDAR

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión

Artículo 23

Toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y a la protección contra el desempleo

Artículo 26

Toda persona tiene derecho a la educación

Esta información forma parte del dossier Cuestión de Derechos (Humanos) de #LaMarea55.