El juez que absolvió a cuatro agentes por tortura había sido condecorado por la Guardia Civil

El magistrado Alfonso González-Guija Jiménez de la Audiencia de Bilbao, que juzgó y absolvió en abril de este año a cuatro guardias civiles acusados por delitos de tortura y agresión sexual contra Sandra Barrenetxea, había sido galardonado unos meses antes por la Guardia Civil.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno contestó este martes que el juez González-Guija, uno de los tres magistrados que juzgaron el caso de Barrenetxea, había recibido la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco en septiembre de 2016, seis meses antes de absolver a los cuatro agentes imputados, con ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de este cuerpo de seguridad del Estado. Esta distinción se concede a personas ajenas a la Guardia Civil que «colaboran espontánea y generosamente al mejor y más completo logro de las misiones» de este cuerpo de seguridad.

Jon Iñarritu opina que el juez González-Guija «debería haberse inhibido, no era neutral para juzgar la causa», y puntualiza que «en el asunto de la tortura vemos un sinfín de anomalías, y una de ellas ha sido la connivencia entre Gobierno, fuerzas de seguridad y jueces».

En abril de este año la Audiencia de Bilbao absolvió a cuatro agentes de la Guardia Civil acusados de torturar y agredir sexualmente a Sandra Barrenetxea, detenida en 2010 por pertenecer a Ekin, una organización ilegalizada en 2001 que, a ojos del Ministerio del Interior y del entonces juez Baltasar Garzón, servía de cadena de transmisión entre ETA y varios colectivos de la izquierda aberztale. Barrenetxea aseguró haber sido vejada sexualmente, insultada, amenazada y golpeada en el coche que la trasladó de madrugada desde su domicilio en Bilbao hasta Madrid, así como en la celda donde permaneció incomunicada los primeros cinco días de su detención y en la sala de interrogatorios de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. En ninguno de esos lugares había dispositivos de videovigilancia.

La denuncia por tortura y agresión sexual había sido archivada en tres ocasiones (junio de 2012, junio de 2013 y noviembre de 2014), pero su defensa logró finalmente que los agentes comparecieran ante la Justicia. Barrenetxea aseguró que, entre otras vejaciones, los agentes la desnudaron, le cubrieron la cabeza con una bolsa, la golpearon, la amenazaron con violarla y la obligaron a sujetar una pistola para posteriormente amenazarla con utilizarla como prueba inculpatoria.

El médico forense Juan Miguel Monge Pérez negó indicios de agresión contra Barranetxea a simple vista (la detenida se negó a ser reconocida por el forense). Monge Pérez tiene un expediente abierto por la Asociación Médica Mundial por supuesto encubrimiento de tortura en los casos de Beatriz Etxebarria y Unai Romano. En el juicio, Barrenetxea reconoció a tres de los cuatro agentes absueltos por la Audiencia de Bilbao.

La sentencia determinó que los hechos denunciados «no han quedado suficientemente acreditados» y precisó que no se podía determinar que la denuncia fuera falsa, sino que solo fue posible concluir que la declaración de Sandra Barrenetxea «no tiene entidad suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia».

Uno de los agentes absueltos es el comandante Fernando Huete Chaparro. Según un boletín interno de la Guardia Civil al que ha tenido acceso La Marea, Huete Chaparro ha recibido en octubre de este año cinco condecoraciones de la Guardia Civil. A las preguntas de este medio acerca de los méritos que motivaron las condecoraciones, el Instituto Armado se niega a dar explicaciones porque se trata de información «no difundible porque es algo personal». No obstante, en un primer momento la Benemérita sí explicó a este medio que que Huete Chaparro habría recibido estos reconocimientos antes del juicio, pero que no se habrían materializado y publicado en el Boletín Oficial de la Guardia Civil hasta quedar cerrado el caso.

Un informe pericial de la psicóloga y perito Olatz Barrenechea, que pudo ver a la detenida en 2014, determinó que «el relato de Sandra Barrenetxea tiene máxima consistencia, es absolutamente creíble». El informe se realizó siguiendo el Protocolo de Estambul, guía empleada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para determinar si alguien ha sido torturado.

Las condecoraciones de la Guardia Civil a uno de los jueces que absolvió a los cuatro agentes acusados por tortura y agresión sexual podrían ser utilizadas por la defensa de Barrenetxea para elevar su caso a los Tribunales europeos, al entender que el magistrado no era totalmente imparcial en este asunto y, por tanto, debía haberse inhibido en esta causa.

Desde 2004 el Estado español ha tenido que hacer frente a más de 6.000 denuncias por delitos de tortura y malos tratos en los que con frecuencia figura como acusado alguno de los más de 80.000 agentes de la Guardia Civil. En la última década, 315 guardias civiles y 106 policías fueron expulsados por diversos delitos, entre ellos la tortura. Una investigación reciente señala que el País Vasco es la región con más denuncias de este tipo (registró un total de 4.009 casos de tortura). Solo en una minoría de casos la Justicia determinó la culpabilidad de los imputados.